“En un país donde no se le paga el salario a los docentes, no se puede hablar de calidad de
educación”, dijo la presidenta Ana Doris González González en conferencia de prensa.
APSE solicita declaratoria de emergencia por problemas de pago
– Miles de recursos de amparo se presentarán contra el MEP la próxima semana
– En peligro 500 plazas en centros educativos porque la Autoridad Presupuestaria no da el aval
Norma Umaña/APSE/Abril 2014
Pese a las gestiones que realiza la APSE ante el Ministerio de Educación Pública para que a miles de trabajadores les cancelen los salarios adeudados, no se vislumbra una pronta solución.
Ante la angustia y las penurias económicas por las que están atravesando los docentes y administrativos de los centros educativos, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) solicita al Gobierno la declaratoria de emergencia del sistema de pagos.
La APSE tiene el reporte de más de 3.000 afiliados que no han recibido el salario parcial o totalmente.
Peligran 500 plazas
!/media/import/2014/4Abril/fts/integra/2.jpg!En la reunión realizada el miércoles 23 de abril, la viceministra Administrativa, Silvia Víquez Ramírez, le dijo a la presidenta de la APSE, Ana Doris González González, que a 500 administrativo-docentes, técnico-docentes y administrativos puros no se les va a pagar el salario.
Los salarios de febrero y marzo se los pagó el MEP, pero al entrar a funcionar el programa Integra 2, el Ministerio de Hacienda detectó que esas 500 plazas no cuentan con el aval de la Autoridad Presupuestaria.
Se trata de nombramientos nuevos tras el cambio de modalidad de centros educativos o recargos concedidos a personas que tienen plaza en otra institución. El Ministerio de Educación les asignó un código a las plazas y ahora están en el limbo.
“Hemos recibido la información de que el sistema Integra 2 no acepta el pago retroactivo. Entonces, ¿los mantendrán trabajando? ¿Cuándo les van a pagar? ¿Quién les va a pagar? ¿Los cesarán?”, manifestó la dirigente González.
“Al existir el presupuesto para cancelar los salarios, pareciera entonces que la Autoridad Presupuestaria está decidiendo unilateralmente y dejando sin el personal necesario a instituciones educativas”, manifestó la profesora González.
Víquez prometió entregarle a la presidenta González los nombres de esos trabajadores, sin que hasta el momento lo haya hecho.
“El MEP debe asumir su responsabilidad como patrono y exigirle a la Autoridad Presupuestaria una explicación sobre su negativa a otorgar el aval”, dijo la dirigente.
Miles de reclamos
La viceministra Víquez se comprometió a cancelar el dinero adeudado a docentes nombrados en forma interina en la planilla de la segunda quincena de abril (próximo lunes). Sin embargo, se presume que el problema persistirá.
Para el pago adeudado de lecciones interinas y complementos salariales a los docentes nombrados en propiedad, la APSE solicitó la elaboración de una planilla extraordinaria para el día siguiente del pago ordinario de la segunda quincena de abril. La viceministra prometió gestionarla ante el Ministerio de Hacienda y responder al sindicato a la mayor brevedad, pero tampoco ha cumplido.
De no solucionarse los problemas de pago, los afectados empezarán a presentar los recursos de amparo el 28 de abril, y, una vez se cuente con la resolución de la Sala Constitucional, podrán elevar sus casos al Tribunal Contencioso Administrativo.
La dirigente González hizo un llamado de atención a la ministra de Educación designada, Sonia Marta Mora, y al presidente electo Guillermo Solís por no haberse pronunciado sobre la grave situación de pagos a los trabajadores de la educación.
La APSE pide a la nueva Ministra que le conceda una audiencia urgente para plantearle una extensa agenda de problemas que aquejan al sector educativo.
A solicitud de la APSE, el próximo lunes a las 8 a.m. en el edificio de Colypro, ubicado en Paseo Colón, los técnicos del Ministerio de Educación Pública ofrecerán una charla a las organizaciones magisteriales sobre el avance y el estado actual del programa Integra 2.
La APSE es la única organización masiva que pidió audiencia a la viceministra Víquez para tratar la problemática del atraso salarial.