APSE se pronunció en rechazo al proyecto de ley 21.009
“Ley de alternancia temporal en las organizaciones sindicales”,
porque generaría una discriminación contra las mujeres al restringir su derecho
a participar libremente en procesos electorales, además de implicar una
intromisión en la organización interna de los sindicatos.
Esta posición fue externada por APSE mediante una consulta
de criterio requerida por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea
Legislativa, la cual fue contestada en escrito enviado el 14 de enero de 2019.
PROYECTO 21.009 DISCRIMINA A LAS MUJERES
El concepto de “alternancia histórica” que
establece el proyecto 21.009 no queda suficientemente claro y carece de
sustento jurídico. Actualmente, la ley N° 8901 ya garantiza la paridad de
género en los espacios de toma de decisiones de sindicatos, asociaciones y
otras organizaciones.
La gran mayoría de trabajadores de la educación
costarricense son mujeres, ocupando un
porcentaje mayoritario del sector docente, de trabajadores misceláneos y de
personal de comedores escolares (70% o más).
A pesar de esta notable disparidad en la composición de nuestra
afiliación, los procesos electorales en APSE se rigen por el principio de
paridad, fomentando la libre participación tanto de mujeres como de varones,
como lo establece nuestro Estatuto.
El proyecto 21007 es absolutamente injusto, porque pretende
impedir a las mujeres el derecho de presentar su candidatura y quedar electas
en un puesto en específico en una Junta Directiva, solamente porque el mismo ya
fue ejercido por otra mujer en el periodo anterior.
Esta imposición más bien desestimula la libre participación
de las mujeres en procesos políticos. De igual forma, también limita el
ejercicio del mismo derecho para los hombres. En el caso de un sindicato como
APSE, la aplicación de la “alternancia histórica” podría provocar una
excesiva representación del género masculino en los puestos directivos.
Este requerimiento se constituye más bien en una
discriminación odiosa en función del sexo o género, lo cual está claramente
prohibido por los preceptos constitucionales y las normas legales vigente.
PROYECTO 21.009 CAUSA INTROMISIÓN EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SINDICATOS
Se trata de una iniciativa que pretende reformar el inciso
e) del artículo 345 del Código de Trabajo, a efecto de imponer en los estatutos
de las organizaciones sindicales, como modo de elección, la obligatoria
“alternancia histórica de ambos sexos en todos los cargos”. Esto
implica una intromisión en la organización interna de los sindicatos, como se
detalla.
El proyecto 21.009 desconoce los mecanismos electorales
internos que rigen en nuestro sindicato, donde la elección de los cargos
directivos se realiza de forma nominal (los electores votan por un candidato
para cada puesto) y no por papeleta. La “alternancia histórica”
impediría a las bases de nuestra afiliación, postularse libremente al cargo
para el que se quiera elegir.
El proyecto desconoce la dinámica histórica y política
interna de cada sindicato. Si en determinado momento surge un liderazgo
político claro, y la voluntad de la afiliación es elegir a quien consideran la
persona idónea para ocupar el cargo, no debería existir una ley que impida este
ejercicio.
Se violentaría así el ejercicio de la libertad sindical
garantizado por el artículo 60 de la Constitución Política, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y
el Convenio N° 87 de la OIT, referente a la autonomía de las organizaciones
sindicales para autorregularse.
De conformidad con lo expuesto, APSE hace manifiesto su
rechazo absoluto a este proyecto de ley, y solicita que se archive de forma
inmediata.
La Presidenta de APSE, Mélida Cedeño Castro, (derecha) expuso los motivos del rechazo al proyecto de ley 21.049, ante los diputados de la Comisión especial que conoce este tema, en audiencia celebrada el 15 de enero de 2019. Le acompaña Ileana Vega Montero, asesora Legal de la Junta Directiva de APSE.
APSE participó el martes 15 de enero de 2019 en una audiencia convocada por los diputados de la Comisión especial que tramita por vía rápida el proyecto de ley 21.049, que pretende imponer restricciones al ejercicio del derecho a huelga y amenaza con crear nuevas causales de disolución de los sindicatos.
La Presidenta de APSE; Mélida Cedeño Castro, manifestó el rechazo absoluto de nuestro sindicato a este proyecto de ley, al que calificó de autoritario, antidemocrático e inconstitucional, por lo que exige que el mismo sea archivado. En esta audiencia, también participó la asesora legal de APSE, Ileana Vega Montero. Fueron citados también a esta comparecencia, representantes de los sindicatos del sector educación ANDE y SEC.
RESUMEN DEL CRITERIO EXPUESTO POR APSE:
– APSE manifestó su inconformidad con el trámite legislativo que se acordó facilitar a este proyecto, fundamentado en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, ya que implica curso atropellado a un asunto que resulta de la mayor importancia para el sistema democrático y para la clase trabajadora costarricense.
– Recordó que la huelga es un derecho de rango constitucional, establecido en el artículo 61 de la Constitución Política de 1949, la cual determina el carácter que tiene nuestro ordenamiento: un Estado Democrático de Derecho. Estos valores y principios constitucionales no se podrían cumplir sino se reconoce, promueve y garantiza efectivamente la Libertad Sindical.
– La Libertad Sindical no se agota en el derecho de asociación, sino que configura un haz de libertades con amplio reconocimiento y tutela en nuestro ordenamiento jurídico. El proyecto de ley que aquí se examina, trastoca severamente el derecho de huelga, por lo que en su conjunto la Libertad Sindical resulta violentada en esta iniciativa legislativa.
– Existe un conjunto de instrumentos supranacionales de Derechos Humanos que reconocen el derecho de huelga, en el máximo nivel normativo del ordenamiento internacional. Por mandato del artículo 7 de nuestra Constitución, se exige a los poderes públicos garantizar la máxima eficacia y efectividad del Derecho de Huelga.
– En la Constitución Política vigente, el derecho de huelga está reconocido en el artículo 61. La norma reconoce el derecho de huelga, pero a la vez establece una limitación en los servicios públicos. Esta limitación no es absoluta. La educación no constituye un servicio esencial, como lo han determinado reiterados pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical.
CONTENIDO AUTORITARIO, ANTIDEMOCRATICO E INCONSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE LEY DE PARA BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA SOBRE LAS HUELGAS:
1.- Modificaciones sustanciales del proceso común de declaratoria de huelga
El proyecto quiebra el carácter único que tiene la regulación actual e introduce modificaciones esenciales del proceso común de declaratoria.
– 1.1.- Mención obligatoria en el Estatuto sindical de medio electrónico para atender notificaciones: El proyecto propone la modificación del inciso b) del artículo 345 CT, a cuyo efecto los sindicatos deben modificar sus estatutos, debiendo señalar un medio electrónico para recibir notificaciones de cualquier naturaleza. Esta modificación es totalmente innecesaria, porque la norma actual dispone soluciones efectivas para lograr la inmediata notificación de cualquier demanda de calificación de huelga, como realizar una comunicación en un periódico de circulación nacional. La propuesta de reforma significa una grave lesión de la autonomía sindical, particularmente la autonomía estatutaria, amparada en el artículo 3 del Convenio N° 87 de OIT. El proyecto en cuestión violenta palmariamente este Convenio, porque impone una regla preceptiva, detallada y estricta, en menoscabo de la autonomía estatutaria de los sindicatos, protegida en este instrumento internacional.
– 1.2.- Reducción irrazonable del término para contestar la demanda de huelga: El término para que los sindicatos contradictores contesten la demanda de calificación, se reduce abruptamente de tres días hábiles, a tan sólo un día hábil. De esta manera, se propone un término absolutamente irrazonable para contestar una demanda de calificación de huelga. Prácticamente sería imposible ejercer de manera adecuada el derecho de defensa, desde el punto de vista técnico y material. 1.3.- Efectos retroactivos, de carácter salarial, de la sentencia de declaratoria de ilegalidad de la huelga: El artículo 379 del Código de Trabajo ha sido interpretado en recientes pronunciamientos de los Tribunales de Apelación, que han determinado que la declaratoria de ilegalidad de un movimiento de huelga, sólo tiene efectos hacia futuro y que al amparo de un pronunciamiento judicial de esta especie, no se pueden descontar salarios de manera retroactiva o aplicar sanciones disciplinarias. El proyecto 21.049 pretende que una eventual declaratoria de ilegalidad, tenga efectos retroactivos. Esta disposición resulta inconstitucional, porque en lugar de potenciar el ejercicio de este derecho fundamental más bien pretende desincentivarlo, se erradica la presunción de legalidad del movimiento de huelga al que trabajadores se sumaron de buena fe, y se penaliza económicamente el ejercicio de un derecho fundamental. Por esta vía, el proyecto desmonta totalmente el derecho de huelga.
2.- El proceso extraordinario de calificación de huelga en los servicios públicos (no esenciales)
Además de las anteriores disposiciones, el proyecto de ley somete los procesos de calificación de huelga en los servicios públicos (no esenciales) a un conjunto de disposiciones de excepción o reglas restrictiva.
– 2.1.- Modificación de la organización y funciones del Poder Judicial: la calificación de huelga en servicios públicos: El proyecto establece disposiciones que modifican la organización y funcionamiento del Poder Judicial, por lo que en la eventualidad que la Corte Suprema de Justicia manifieste su inconformidad, requerirá inevitablemente una votación de mayoría calificada.
2.2.- Reducción arbitraria e irrazonable de los términos judiciales, en menoscabo del derecho de defensa y el debido proceso: El término para apelar la sentencia se reduce de 3 días hábiles a 48 horas, a partir de la correspondiente notificación. Asimismo, reduce sustancialmente los plazos para que el juzgado de trabajo y el Tribunal de Apelaciones dicten la correspondiente sentencia. No tienen ningún sustento razonable estas reducciones abruptas de los plazos judiciales, cuyas reglas desnaturalizan el proceso.
2.3.- Terminación de la huelga por sentencia judicial: El proyecto contiene un nuevo artículo que introduce una figura que no está en la legislación actual (artículo 661 bis). Se impone un límite temporal a la duración del movimiento, aún si la huelga es calificada como legal, que licencia al juez de trabajo dar por terminado, de un solo plumazo, la medida legítima de presión. Además, es de muy dudosa constitucionalidad, que se le pueda atribuir a un juez de trabajo esta potestad.
3.- Proscripción del proceso de calificación de huelga en los servicios esenciales El proyecto parte de la premisa que la huelga en los servicios esenciales “es manifiestamente ilegal.” De esta premisa de origen, concluye que el proceso de calificación normado en el Código de Trabajo, no resulta aplicable cuando la huelga se ejecuta en los servicios esenciales.
La proposición legislativa parte de una premisa que no se adecua a nuestro ordenamiento jurídico y resulta contraria a la Constitución Política. El artículo 61 no establece una prohibición absoluta de la huelga en los servicios públicos, cuya norma se desarrolla en los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo. Al tenor de ambas disposiciones, únicamente no tienen derecho a la huelga aquellos trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento mínimo de estos servicios. El resto de los trabajadores, es decir quienes no son absolutamente imprescidibles, no tienen ningún impedimento para ejercer el derecho de huelga.
4.- Nuevas causales de disolución de los sindicatos
Se pretende modificar el artículo 350 CT, adicionando nuevas causales de disolución de los sindicatos. Aquí el proyecto refleja la cicuta de la pluma de sus redactores, creando nuevas causas de disolución de los sindicatos, con la finalidad de restar fuerza, efectividad a la huelga y eliminar los sindicatos.
La organización de manifestaciones públicas, las acciones de protesta, son derechos de participación política, inherentes a una sociedad democrática y plural, que los trabajadores, que no son menos ciudadanos, pueden ejercer de manera coetánea e integrados inescindiblemente al derecho de huelga.
El proyecto de ley, en lugar de potenciar el ejercicio de estas libertades públicas, inseparables de la huelga, repele de manera desproporcionada estas libertades fundamentales y las penaliza, transformándolas en nuevas causas de disolución de los sindicatos.
CONCLUSIONES:
Con fundamento en los motivos expuestos, la representación de la APSE plantea las siguientes conclusiones:
1.- En primer lugar, advertimos que no es lo más prudente y objetivo que se impulse una iniciativa legislativa, que tenga de caldo de cultivo el último movimiento de huelga que convocamos los sindicatos contra el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
No queda la menor duda que se trata de una iniciativa legislativa de carácter reactiva, visceral, que la emprende animosamente contra la huelga, derecho fundamental de la clase trabajadora y los sindicatos.
2.- En segundo lugar, deploramos que este proyecto se tramite al cobijo de un procedimiento extraordinario, fundamentado en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que restringe la participación de los actores sociales interesados en este asunto.
Mucho menos podríamos estar de acuerdo que este proyecto, que concierne a un derecho fundamental, se tramite a la sombra de un procedimiento de esa especie, que defrauda el sistema democrático y los pilares de la actividad parlamentaria.
Denunciamos, entonces, que el derecho de huelga queda secuestrado en los conciliábulos políticos que licenciaron este desafortunado procedimiento legislativo ad hoc.
3.- La iniciativa de ley responde a una lógica política reaccionaria, antidemocrática y autoritaria, que configura una auténtica contrareforma laboral, un retroceso histórico y social, que nada tiene que envidiarle a los proyectos de reforma que en Chile está impulsando el Presidente Piñera, en Argentina, Macri y en Brasil, Bolsonaro, todos que propenden la destrucción de los sindicatos, los derechos fundamentales de la clase trabajadora, para luego, en definitiva, acometerse contra lo poco que quede de la democracia.
4.- El Estado Social y Democrático reconoce la huelga como un derecho fundamental de la clase trabajadora.
El proyecto de ley, como se demostró, enerva el núcleo esencial del derecho de huelga y en consecuencia, hace nugatoria la actividad de los sindicatos.
Por contrario a su título, en lugar de brindar seguridad jurídica acerca de la huelga, el proyecto lo que asegura es el desbaratamiento del derecho de huelga.
5.- La iniciativa legislativa sanciona económicamente a los trabajadores, imponiendo el descuento retroactivo de los salarios devengados, a consecuencia de una huelga que sea declarada ilegal.
En consecuencia, el proyecto penaliza patrimonialmente el ejercicio de un derecho fundamental, quebrando la presunción de legalidad y legitimidad de la huelga, de base constitucional.
6.- El proyecto invade la autonomía sindical, particularmente la autonomía estatutaria, quebrantando el Convenio N° 87 de OIT, imponiendo a los sindicatos la obligación de modificar sus estatutos, para que definan un medio electrónico para atender notificaciones, de cualquier naturaleza, particularmente demandas de calificación de ilegalidad de huelgas, cuya omisión tendría consecuencias muy serias para los sindicatos.
7.- En su desenfreno, el proyecto no tiene reparo de violentar el principio de tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa, de la solera constitucional, imponiendo, de manera arbitraria, plazos absolutamente irrazonables para contestar una demanda de calificación, apelar la sentencia y dictar los pronunciamientos judiciales, configurando un pseudoproceso judicial, reducido a un mero trámite procesal, incompatible con los principios de justicia y del Estado de Derecho.
8.- El proyecto concede patente de corso a los jueces de trabajo para que puedan, con una simple solicitud del patrono, finalizar un movimiento de huelga que haya sido declarado legal.
De esta manera, el proyecto cohonesta prácticas patronales desleales y le pone, desde el principio un límite temporal a aquellas huelgas, afectando su efectividad, cuando por contrario, el legislador debería potenciar al máximo la efectividad de este derecho fundamental.
Además, es de muy dudosa constitucionalidad que los jueces, por un mandato draconiano, puedan intervenir y ordenar la finalización de un movimiento de huelga, con mayor razón, por tratarse de un derecho fundamental, que debe tener la máxima protección del ordenamiento.
9.- La prohibición absoluta del derecho de huelga en los servicios esenciales, desnuda su contenido autoritario contra la clase trabajadora, que no por ser trabajadores que prestan sus actividades en estos servicios, están proscritos del derecho de huelga. Al tenor del artículo 61 constitucional, no existe sustento para sostener esa prohibición absoluta del derecho de huelga, desconociendo, además, importantes pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical.
Así mismo, advertimos que por más que se prohíba la huelga en los servicios públicos esenciales, los trabajadores no renunciarán al ejercicio de este derecho fundamental. Por tanto, en lugar de prohibir, lo que corresponde es que en estas actividades, se regule adecuadamente el ejercicio del derecho de huelga partiendo de lo que estipula el inciso d) del artículo 376 del Código de Trabajo.
10.- Como corolario, el proyecto criminaliza la manifestación pública, la libertad de reunión, la movilización de las personas trabajadoras, que son manifestaciones de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, valor supremo de nuestro ordenamiento, inseparables del ejercicio del derecho de huelga, las cuales el proyecto transmuta en nuevas causas de disolución de los sindicatos, haciendo evidente y manifiesto el contenido represivo de la propuesta legislativa.
11.- En las sociedades democráticas el conflicto se asume como un componente estructural, manifestación de la voluntad popular, que debe encauzarse por los procedimientos de solución dispuestos en el ordenamiento jurídico.
El conflicto no se resuelve vaciando de contenido, ni prohibiendo el derecho de huelga, ni mucho menos reprimiendo, penalizando las acciones de tutela de los trabajadores y liquidando a los sindicatos.
12.- En definitiva, nuestra organización advierte que este proyecto de ley refleja el autoritarismo y la hegemonía de la clase política que gobierna este país, que tiene sumida en una profunda crisis la democracia costarricense.
Esta crisis denota que los cauces institucionales se están agotando y no existen instrumentos suficientes y eficaces para garantizar la supervivencia de los derechos sociales, laborales y democráticos. La orientación ideológica que se le ha venido dando a la gestión política, económica y social, que tiene de referente la aprobación del TLC, implica una profunda mutación del pacto constitucional, que deja en serio predicamento la vigencia y aplicación efectiva de las garantías y derechos sociales contemplados en la Constitución de 1949, entre ellos, la Libertad Sindical y el derecho de huelga. Insistimos en que se viene profundizando, de manera acelerada, el proceso de descontitucionalización del Derecho del Trabajo, particularmente el Derecho Colectivo del Trabajo y desmontando la cláusula social y democrática, traducido en una ruptura del pacto constitucional, para favorecer los intereses de las grandes corporaciones que se apropian de los recursos económicos y naturales de nuestro país y explotan la clase trabajadora.
Esta disrupción del orden constitucional se garantiza y complementa con políticas que reprimen las libertades públicas y las libertades colectivas de las personas trabajadoras, que viene retratada, de cuerpo entero, en este regresivo proyecto, redactado en los astilleros de los partidos políticos que representan aquellos intereses económicos contrarios a los intereses de la gran mayoría de la población.
13.- Finalmente, advertimos que este proyecto de ley afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Por los anteriores motivos APSE se opone rotundamente a este funesto proyecto de ley y advierte que haremos hasta lo imposible hasta que sea archivado.
Desde el JUEVES 20 DE DICIEMBRE de 2018hasta el DOMINGO 06 DE ENERO de 2019
Informamos a nuestra afiliación y público en general que las oficinas centrales de APSE en San José, atenderán público hasta LAS 4:30 P.M. DEL JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018.
NUESTRAS INSTALACIONES PERMANECERÁN CERRADAS DESDE EL VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018, INCLUSIVE, HASTA EL DOMINGO 06 DE ENERO DE 2019, INCLUSIVE.
Estaremos abriendo nuestras puertas a partir del LUNES 07 DE ENERO DE 2019, en horario de 7:30 a.m. hasta 4:30 p.m.
¡Les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2019!
En reunión efectuada el día 19 de diciembre de este año entre la Licda. Mélida Cedeño Castro, Presidenta de APSE, la Licda Ileana Vega Montero, asesora legal de APSE, y autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), se procedió a analizar e interpretar los alcances de la Circular DM-0087-12-2018 del 17 de diciembre del 2018, en relación con la regulación de los períodos de vacaciones aplicables al personal cubierto por el Título I y Título II del Estatuto de Servicio Civil, que labora para el Ministerio de Educación Pública.
Al respecto, APSE se permite manifestar lo siguiente:
1.- Lamentamos y deploramos enfáticamente, el contenido de la citada circular, que en forma absolutamente tardía, luego de la finalización del curso lectivo y de la culminación de las labores administrativas en los centros educativos, procede a emitir nuevos lineamientos e interpretaciones del Estatuto de Servicio Civil, sobre la forma en que se han venido regulando los períodos de vacaciones del personal administrativo-docente y técnico docente de centros educativos.
Consideramos además inaceptable, que las autoridades del MEP, hasta el 17 de diciembre en curso, procedan a modificar las fechas establecidas en el calendario escolar, para la finalización de las labores del personal administrativo-docente y técnico docente de los centros educativos, determinándose que sus funciones culminan hasta el 21 de diciembre de este año, siendo que la fechas calendarizadas fueron el 14 y 17 de diciembre, con los actos de graduación.
Este tipo de acciones a todas luces, generan no solo inseguridad jurídica para la persona trabajadora, sino que eventualmente afectaciones; por lo que desde ya exigimos a ese Ministerio asumir su responsabilidad por este tipo de actos administrativos que nunca podrán aplicarse en perjuicio del administrado.
2.- La regulación de los períodos de vacaciones, conforme a la citada Circular y normativa vigente es la siguiente:
1.- PERSONAL PROPIAMENTE DOCENTE:
De conformidad con el Calendario Escolar 2018 y la normativa contenida en los artículos 176 de la Ley de Carrera Docente y artículo 88 de su Reglamento, sus labores concluyeron el día jueves 13 de diciembre en curso, fecha en la que finalizó el curso lectivo, excepto la asistencia a los actos de graduación. Su período de vacaciones rige del 13 de diciembre 2018 (con la excepción indicada) y hasta la apertura del curso lectivo 2019. A efecto de cumplir con las labores propias de la apertura del curso lectivo, los directores institucionales tienen la potestad de convocatoria, sin que esto signifique cumplir con la jornada horaria.
2.-PERSONAL TECNICO-DOCENTE Y ADMINISTRATIVO-DOCENTE QUE IMPARTE LECCIONES (ORIENTADORES, UNIDOCENTES Y DIRECTORES UNO)
En relación con el personal administrativo docente y técnico docente que imparte lecciones en los centros educativos, se procede en el seno de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, a interpretar la Circular DM-0087-12-2018, en el sentido que el período de vacaciones de este personal, rige del 13 de diciembre 2018 (con la excepción de la asistencia a los actos de graduación 14 y 17 de diciembre) y hasta la apertura del curso lectivo 2019.
El fundamento legal de esta interpretación, lo constituye el artículo 176 de la Ley de Carrera Docente, que expresamente dispone:
“… El lapso comprendido entre el cierre de un curso y la apertura del próximo, se tendrá como vacación para quienes impartan lecciones…” ( El énfasis es nuestro).
Conforme a lo expuesto y siendo que el personal de Orientación de III Ciclo y Educación Diversificada imparten lecciones de Orientación, no puede hacerse distinción alguna, en relación con el régimen de vacaciones del personal propiamente docente, convirtiéndose ésta en una interpretación novedosa para estas personas trabajadoras. En relación con las labores propias de la apertura del curso lectivo, los directores institucionales o jefe inmediato tienen la potestad de convocatoria, sin que esto signifique cumplir con la jornada horaria
3.- CONSERJES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Finalizaron sus labores el día jueves 13 de diciembre, conjuntamente con los docentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Código de Educación, los artículos 37 y 38 del Reglamento de Servicios de Conserjería; de manera que no existe obligación de su parte de presentarse a la institución después de esa fecha.
Todas las labores de limpieza después del 13 de diciembre, deben ser contratadas y coordinadas por las Juntas de Educación o Administrativas.
A efecto de cumplir con las labores propias de la apertura del curso lectivo, los directores institucionales o jefe inmediato tienen la potestad de convocatoria, sin que esto signifique cumplir con la jornada horaria.
4.- PERSONAL TECNICO-DOCENTE Y ADMINISTRATIVO-DOCENTE QUE NO IMPARTE LECCIONES (DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS, ASISTENTES DE DIRECCIÓN, SUBDIRECTORES, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, ORIENTADORES DE I Y II CICLO, ORIENTADORES DE COLEGIOS NOCTURNOS, BIBLIOTECARIOS.
En relación con el personal técnico-docente y administrativo-docente que labora en centros educativos y no imparte lecciones, la Circular DM-0087-12-2018, contiene una serie de disposiciones, que representan un tratamiento diferente al régimen de vacaciones de este tipo de personal. Veamos:
1.- Según lo dispone el artículo 176 de la Ley de Carrera Docente y 88 de su Reglamento, gozan de UN MES de vacaciones anuales y se les reconocen dos semanas de descanso en el mes de julio.
2.- El artículo 32 del Reglamento de Título I del Estatuto de Servicio Civil, dispone que: “ los servidores deben gozar sin interrupción de su período de vacaciones…”.
3.-No obstante cuando las vacaciones se fraccionan, el mes calendario de vacaciones, se convierte en 26 días hábiles ( artículo 29 del Reglamento de Título I del Estatuto de Servicio Civil).
4.- Conforme a la citada Circular, gozarán de vacaciones colectivas comprendidas del lunes 24 de diciembre de 2018 al 04 de enero de 2019, para un total 8 días hábiles, quedando un restante de 18 días hábiles de vacaciones adicionales.
5.- Deben descontarse tres días hábiles de vacaciones colectivas de Semana Santa ( lunes, martes y miércoles). Art. 46 de la Convención Colectiva.
6.- Quedan disponibles 15 días hábiles de vacaciones adicionales, las cuales se otorgarán por el superior jerárquico inmediato, preferentemente en los días hábiles comprendidos entre el cierre y la apertura del curso lectivo.
No obstante lo anterior, cada persona trabajadora según su conveniencia, puede disponer el momento en que decide disfrutar de sus vacaciones adicionales.
7.-Debe quedar absolutamente claro, que si se decide disfrutar de las vacaciones adicionales restantes, en su totalidad, o parte de ellas; debe hacerse la correspondiente solicitud al jefe inmediato, como fecha máxima el 21 de diciembre 2018, de lo contrario se entenderá que inicia labores el lunes 07 de enero 2019.
5- LOS AGENTES Y AUXILIARES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Los agentes de seguridad y vigilancia que laboran en las diversas dependencias del M.E.P e instituciones educativas, por la naturaleza de sus funciones, laborarán normalmente, de acuerdo con los horarios establecidos, a excepción de los días 25 de diciembre 2018 y 01 de enero 2019, que por tratarse de feriados de pago obligatorio, debe remunerárseles doble por parte de las Juntas de Educación y Administrativas, si voluntariamente desean laborar esos días, de lo contrario las Juntas deben contratar al sustituto.
6.- OFICINISTAS, COCINERAS DE COMEDORES ESCOLARES, Y MIEMBROS DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
Para el resto de servidores NO comprendidos en la Carrera Docente que laboran en los centros educativos, su periodo de vacaciones se regula por el Título I del Estatuto de Servicio Civil, artículo 37 inciso b) y 28 de su Reglamento.
No obstante conforme a la citada Circular, gozarán de vacaciones colectivas comprendidas del lunes 24 de diciembre de 2018 al 04 de enero de 2019, para un total 8 días hábiles.
Además disfrutarán de tres días hábiles de vacaciones colectivas de Semana Santa ( lunes, martes y miércoles). Art. 46 de la Convención Colectiva.
Elaborado por Licda. Ileana Vega Montero Asesora Legal APSE
En alcance a La Gaceta N° 209 del miércoles 12 de diciembre de 2018, se publicó el proyecto de ley expediente N° 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.
Este proyecto busca eliminar el derecho a huelga en el sector público, establecer fuertes limitaciones al derecho a huelga en general y al ejercicio de la libertad sindical.
Respecto a las limitaciones al derecho a huelga, el proyecto prohÍbe el ejercicio de este derecho en los servicios públicos al calificarla de manifiestamente ilegal, haciendo nugatorio este derecho, sin ninguna posibilidad de defensa de los sindicatos en huelga.
Se busca modificar el proceso de calificación de huelga en detrimento de los sindicatos, acelera la notificación de la demanda estableciendo términos irrazonables que deniegan la justicia pronta y cumplida contradiciendo la Constitución Política, elimina audiencias previas, reduce abruptamente los plazos judiciales, y limita el ejercicio de la defensa de los sindicatos, mientras brinda un trato privilegiado a las demandas interpuestas por los patronos.
Además, se aceleran los efectos de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, ordenando de forma inmediata el regreso a labores en los servicios públicos, y eliminando el requisito de publicar este aviso en medios de circulación masiva.
El proyecto buscaría intimidar a los huelguistas a no ejercer este derecho, pues contempla el rebajo de salarios de forma retroactiva en caso de que la huelga sea declarada ilegal, y se ordenaría la suspensión de la misma si afecta los intereses de la ciudadanía.
Finalmente se pone en riesgo la existencia de los propios sindicatos al establecer nuevas causales para la disolución de los gremios, criminalizando la reunión pública, la manifestación y la movilización de los trabajadores en vías públicas, lo que implica un atropello a la libertad sindical.
Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
14 de diciembre de 2018
Prensa APSE
LEA EL PROYECTO DE LEY N° 21.049 EN EL SIGUIENTE ENLACE:
En alcance a La Gaceta N° 209 del miércoles 12 de diciembre de 2018, se publicó el texto sustitutivo del proyecto de ley N° 20.786, “Ley de Educación Dual y Formación Técnica Dual”.
APSE hizo oficial su rechazo a este proyecto de ley ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, mediante consulta de criterio realizada en relación con el proyecto, del 03 de agosto de 2018.
Así se consigna en el Dictamen Afirmativo Unánime de esta comisión, del 15 de noviembre de 2018, donde se indica que APSE “en el pasado y actualmente rechazan en todos sus extremos, toda iniciativa de ley que pretenda imponer la formación dual en nuestro país y que involucre dentro de su ámbito de aplicación, a los Colegios Técnicos de Segunda Enseñanza pertenecientes al Ministerio de Educación Pública. Mencionan que han sido claros y advierten sobre la gravedad de esta modalidad educativa, cuyo propósito es poner la educación costarricense al servicio de las cámaras empresariales, creando mano de obra barata, y formando personal “obediente” con un mínimo de educación general o académica, entre otros. Rechazan de esta absoluta este proyecto en tanto incluya a los Colegios Técnicos Profesionales del sistema público del país.”
Este proyecto ya recibió Dictamen Afirmativo Unánime en la comisión que lo tramitaba, por lo que puede ser conocido y votado por el Plenario legislativo.
LEA EL PROYECTO DE LEY 20.786 EN EL SIGUIENTE ENLACE:
Consulta de criterio remitida por APSE a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, 03 de agosto de 2018:
APSE RECHAZA ROTUNDAMENTE EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL EXPEDIENTE 20.786
APSE externa ante la comunidad educativa y ante el país en general, el criterio solicitado por y emitido ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, respecto al proyecto de ley 20.786 “Ley de Educación Dual”. APSE rechaza este proyecto de ley, por considerar que esta iniciativa coloca en desprotección al estudiantado, resta competencias al cuerpo docente, pretende beneficiar al sector empresarial con personal humano no pagado y no asegurado, e implica la inobservancia plena de la legislación laboral vigente.
03 de agosto del 2018
Señores y Señoras
Diputados y Diputadas
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación
Asamblea Legislativa
S.D.
Estimados señores y señoras:
La suscrita, MÉLIDA CEDEÑO CASTRO, en mi condición
de Presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
(APSE); conforme a la consulta de criterio realizada en relación con el
Proyecto de Ley Nº 20786, denominado “ Ley de Educación Dual”; en el plazo otorgado al efecto, con el debido respeto MANIFIESTO:
1.- La APSE rechaza y ha rechazado en el pasado
en todos sus extremos, toda iniciativa de ley que pretenda imponer la
formación dual en nuestro país y que involucre dentro de su ámbito de
aplicación, a los Colegios Técnicos de Segunda Enseñanza pertenecientes
al Ministerio de Educación Pública.
2.- Siempre fuimos claros y advertimos sobre la
gravedad de esta modalidad educativa, cuyo propósito es poner la
educación costarricense al servicio de las cámaras empresariales,
creando mano de obra barata, y formando personal “obediente” con un
mínimo de educación general o académica, entre otros.
3.- En esta oportunidad, se somete a nuestra
consideración un nuevo Proyecto de Ley, que sin duda contiene cambios
significativos en relación con el PROYECTO DE LEY DEPARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN O FORMACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA EN LA MODALIDAD DUAL EN COSTA RICA, EXPEDIENTE N.° 19.019. No
obstante, en el tanto esta iniciativa de ley aplica tanto para
instituciones públicas como privadas, entre ellas los centros educativos
del sistema educativo formal del Ministerio de Educación Pública,
debemos hacer las siguientes observaciones:
a.- Si bien es cierto, se concibe la educación
dual como un mecanismo de educación y aprendizaje metódico, integral,
practico, productivo y formativo, complementario y no excluyente tal y
como se establece en el artículo 2 del proyecto de
Ley, no debe dejarse de lado, la obligación del MEP y demás
instituciones participantes del sistema educativo, de garantizar la
integralidad de la educación, no solo centrada en el aprendizaje
técnico y la formación para el trabajo, sino también en el conocimiento
académico, histórico y valores. Es por ello que dentro de los objetivos
plasmados en el artículo 3, debe complementarse su inciso a), a efecto
de que se incluya como parte del objetivo la siguiente frase: “sin
dejar de lado la formación académica, valores y complementos que le
permitan incorporarse a la sociedad como un ciudadano de bien”.
b.- El artículo 5 sobre la aplicación del principio dual en el proceso, establece la duración del proceso según “… el diseño curricular del programa de educación y formación correspondiente”.
Sin embargo, es necesario considerar, que por la estructura del
sistema educativo, no es posible ni conveniente, que un estudiante en
ninguna especialidad, se integre de inmediato a la empresa. Es decir,
debe primero establecerse cierta base teórica que le permita al
estudiante, al menos haber desarrollado conocimientos y habilidades
básicas para luego proceder a la puesta en práctica en la empresa.
Por lo tanto recomendamos, que en este articulo se establezcan
plazos de tiempo, de al menos 6 meses luego del inicio del programa,
para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos básicos y
teórico necesarios y luego de este plazo establecerse un proceso
paulatino de formación hasta llegar a los dos tercios (2/3)
establecidos.
c.- El artículo 6 propone la creación de la
“Promotora de Educación Dual”, como un órgano superior jerárquico
nacional, con desconcentración máxima, adscrito y bajo la rectoría del
Ministerio de Educación Pública.
Al respecto consideramos, que la situación económica del país,
marcada por un serio déficit fiscal, que ha impedido cumplir con el
mandato constitucional de asignar el 8% del PIB para el presupuesto del
Ministerio de Educación Pública y donde más bien se pretende reducir el
gasto y castigar a la clase trabajadora con más impuestos, no es
posible pensar en la creación de un nuevo ente público con cargo al
presupuesto del MEP.
Debe buscarse otra opción, que no permita incurrir en mayor erogación presupuestaria.
d.- En el artículo 16 no se establece que
características debe tener el personal de las empresas formadoras. En su
inciso b) solo se indica que el personal debe ser “competente. Sin
embargo no se establecen las competencias o certificaciones con que
debe contar ese personal, como requisito mínimo. Lo mismo ocurre con las
condiciones de la empresa, no se dice si deben tener aulas de
entrenamientos, sistemas de seguridad, equipos de entrenamiento, entre
otros.
e.- En el artículo 17 se establece sobre la pérdida
de acreditación, por parte de la institución educativa que incumpliere
los requisitos establecidos. No obstante no existe regulación alguna
sobre la seguridad que se le ofrece al estudiante, en relación con la
continuidad del programa, ante una situación de esa naturaleza.
f.- En el artículo 22 deben cerrarse los requisitos
de edad y nivel educativo necesarios para acceder al programa, de
manera que no solo aplique la edad mínima de 18 años. Deben establecerse como requisitos adicionales los siguientes:
“Para ser estudiante de un plan o programa de educación dual se requiere:
1- Que los estudiantes hayan concluido los estudios secundarios o de educación técnica establecidos por el MEP
2- Ser mayor de 18 años y haber permanecido fuera del sistema educativo formal por al menos 2 años.
3: Ser mayor a 18 años y que pertenecer al campo laboral por al menos 1 año.
Los requisitos establecidos en los puntos 2 y 3 deberán ser demostrados por los interesados.”
g.- En el artículo 23 se establecen las condiciones
para la persona estudiante, sin embargo, esta queda desprotegida debido
a que no hay ninguna responsabilidad por parte de las empresas
participantes. Debe establecerse una suma de dinero con un porcentaje
definido a favor del participante al inicio del Programa, sin que esté
condicionado a otorgamiento de una beca monetaria. Sin embargo conforme
el estudiante avanza, no se le puede catalogar como un principiante,
sino que el sistema debe certificarlo de acuerdo a las funciones y
competencias adquiridas. Es por esto, que el estudiante debe tener por
parte de la Empresa un reconocimiento económico mayor.
h.- El artículo 29 no hace responsable a la
institución, la empresa y la promotora en cuanto a la contratación del
estudiante, es necesario que la promotora se involucre en el proceso de
contratación respaldando a la persona estudiante una vez finalizado el
proceso de formación.
i.- Respecto a la Junta examinadora no establece
ningún incentivo para los docentes de la institución, debe establecerse
el pago de viáticos adecuados establecidas por la normativa vigente dado
que el tutor debe trasladar se a los diferentes lugares donde se
encuentren los estudiantes.
4.- De no atenderse nuestras observaciones
concretas, con las que se deja patente nuestra posición de excluir del
ámbito de aplicación de esta iniciativa de ley a los Colegios Técnico
Profesionales del sistema educativo público, conforme lo indicado supra,
estaríamos ante un Proyecto de Ley que cuenta con nuestra rotunda
oposición por las siguientes razones:
a.-)DESPROTECCIÓN DEL ESTUDIANTE
Obliga a la persona estudiante a desempeñar tareas y funciones en la
empresa, sin recibir suma de dinero alguna, quedando a criterio
discrecional el otorgamiento de una beca monetaria, que en caso de no
ser otorgada, debe el estudiante aportar de su peculio los recursos
necesarios para su formación y desempeño en la empresa. ( artículo 23)
Deja a los estudiantes en absoluta indefensión, pues no éste contará
con seguro social, ni pólizas, ni seguros de riesgo de trabajo, ni
derecho a gozar de licencias, incapacidades, cesantía, preaviso, ni
ninguna figura de salud ocupacional, permisos especiales ni ninguna
otra figura de protección.
No se delimita la cantidad de horas ni días que debe dedicarse, ni
las jornadas de formación y capacitación, sometiendo al estudiante a un
régimen de explotación laboral, favorecida por la falta de formación y
experiencia laboral, sumado a las necesidades de la persona.
Obliga al estudiante a conservar el secreto comercial de la empresa,
lo que lo expone a un eventual problema jurídico si incumple con estas
normas. ( 30 inciso g)
Obliga al estudiante a brindar un preaviso de 4 semanas, sin el cual
se dará por terminada la relación formativa en perjuicio de la persona
estudiante. ( artículo 25)
No obliga al empresario a brindar justificación para dar por
terminada anticipadamente la relación de educación dual, sino que ésta
podrá darse por terminada por parte del empresario, con solo aducir
“motivos válidos”, los cuales no están delimitados ni definidos. (
artículo 25)
Limita las posibilidades de formación didáctica al imponer un oficio
formativo de acuerdo con los criterios de la empresa, la cual tendrá
amplias potestades para definir quiénes y en que especialidades
empleará, por lo cual se limita la posibilidad de escogencia vocacional
de la persona estudiante, y lo expone al riesgo de no contar con las
habilidades o las aptitudes necesarias para desempeñar las funciones que
le asignan.
Convierte las responsabilidades del estudiante en obligaciones, mientras no cambia las responsabilidades de las otras partes.
Permite a las empresas discriminar sin observancia alguna de la ley,
a quiénes requerirá, imponiendo un límite de 10% sobre la totalidad de
su planilla para emplear estudiantes, lo que se presta para que en zonas
con poca dinámica económica, muchos estudiantes no tengan oportunidad
real de estudiar en la educación dual. (artículo 31 inciso d)
El régimen disciplinario del estudiante queda sujeto a las reglas de
la empresa, al eliminar la cláusula que establecía que se debía regir
por la normativa interna del centro educativo.
Se elimina el plazo límite para dar por concluido el proceso formativo.
Se aumenta a 5 estudiantes por cada mentor. ( artículo 31 inciso c)
Se deja abierto el portillo para que estudiantes que no han
formalizado sus estudios puedan optar por otros programas para
terminarlos, sin definir los mecanismos didácticos necesarios para ello.
Se elimina la obligación de ocupar al estudiante solamente en
actividades correspondientes a su proceso de formación-capacitación.
b.- DESPROTECCIÓN E INOBSERVANCIA DE LAS NORMATIVAS LABORALES, DESPROTECCIÓN DE LA FIGURA DOCENTE
El docente pierde toda potestad de ser quien esté a cargo del proceso formativo, compartiendo esta condición con la empresa.
No existen mecanismos para garantizar que la persona en formación
adquiera correctamente las competencias necesarias para el desempeño de
sus funciones, ni existe la posibilidad de que el docente corrobore que
el estudiante ha adquirido estas competencias y lo acompañe en ese
proceso.
Ni el docente ni la institución educativa tienen potestad para
supervisar las condiciones en que se encuentra la persona estudiante,
así como tampoco verificar las condiciones y recursos que le brinda la
empresa.
c.- SOBRE LAS POTESTADES DE LA PROMOTORA
Asume funciones propias de una figura con potestad contractual.
Asume las funciones de elaboración de los programas de estudio, de
su aplicación y de su adaptación, viéndose forzada a tener que
identificar y promover las necesidades del sector empresarial.
Se convierte en la última instancia administrativa.
El currículum y los programas serán determinados por los intereses del mercado.
Estandariza los programas de educación dual al no ajustarle a la
realidad de las condiciones y particularidades de las distintas ofertas
educativas que existen.
Aumenta la representación del sector empresarial, sus potestades y su peso en la toma de decisiones.
Deja sin definir la integración, el concepto ni las competencias de
la Promotora y del Consejo. Este último no está definido ni limitado, ni
quedan claras sus funciones.
No queda claro quién es el obligado a pagar pólizas, y las mismas
serán solo de naturaleza estudiantil, dejando en absoluta desprotección
al estudiante laboral y civilmente, sin posibilidades de entablar ningún
proceso de reclamo sobre este asunto.
De conformidad con lo expuesto, en nombre de la membresía de la
Organización que represento, dejo manifiesto nuestras observaciones y
el rechazo absoluto a este Proyecto de Ley en el tanto incluya a los
Colegios Técnicos Profesionales del sistema educativo público del país.
Finalmente, solicito a esta Comisión, se nos otorgue una audiencia
presencial, en la cual podamos ampliar los razonamientos vertidos en
este documento.
El siguiente, es el resultado de la consulta a las bases realizada hoy jueves 29 de noviembre de 2018, en relación con la propuesta de acuerdo entre el MEP y los sindicatos del sector educativo.
Al ser las 10 horas con 20 minutos de este día, se han terminado de conocer los reportes, obteniéndose el siguiente resultado:
– el 97% rechazan la propuesta,
– el 3% la acepta,
Conforme a lo anterior, APSE Sindicato se mantiene en huelga indefinida.
Que desde el día 26 de noviembre en curso, las organizaciones sindicales del sector educativo, en Unidad
Sindical, se han mantenido en sesión permanente con el fin de tratar diversos temas de interés, a saber:
1.-Análisis del criterio emitido por la Sala Constitucional en relación con el Proyecto de Ley 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
2.-Análisis sobre la situación del movimiento de huelga del sector educativo y visualización de distintos escenarios tendientes, para procurar una solución adecuada y pronta a este conflicto.
Conforme a lo expuesto, las tres organizaciones arriban al
consenso de hacer una instancia al Ministro de Educación
Pública, para que comprometamos voluntades y se
busquen vías que nos permitan sentarnos a dialogar,
concertar soluciones atinentes a aspectos laborales y procurar un adecuado cierre del curso lectivo.
3.-Es en esa dirección, que la tarde de ayer (martes 27 de noviembre), nos reunimos con el Ministro de Educación
Pública, Édgar Mora y le entregamos una propuesta que
será presentada para consulta a las bases magisteriales en huelga.
Para estos efectos, cada Organización, procederá a realizar las convocatorias correspondientes.
Hoy martes 20 de noviembre se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de APSE, convocado para realizar un balance del estado de huelga, en el que además se conocen los detalles de la sentencia del Tribunal de Trabajo, que anuló la sentencia de primera instancia del Juzgado de Trabajo que había calificado como ilegal la huelga ejercida por los trabajadores del sector educativo contra el Combo Fiscal por considerar que no fue un movimiento pacífico.
Los vicios en que se fundamenta la nulidad de la sentencia son:
1)- Omisión de resolución sobre la excepción alegada por APSE de improponibilidad de la demanda, tema sobre el cual el Tribunal de Apelaciones de Trabajo dice que “no se resolvió ni se dijo nada al respecto… Esta excepción debió ser oportunamente resuelta… (pero) este aspecto fue omitido durante todo el procedimiento, y lo que es más grave aún, en la sentencia que se conoce”.
2)- Falta de fundamentación de la sentencia de primera instancia. La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo indica que el fallo de primera instancia “es carente de fundamentación, no incluye la motivación, la explicación sobre la que asiente su decisión, ni siquiera analizó el contenido de la prueba aportada en soporte CD que dice ser sustento de su decisión y lo llevó a la total convicción de que las manifestaciones llevaron a bloqueos totales de muchas vías de comunicación.” El Tribunal de Trabajo recuerda al juez de primera instancia que debió basarse únicamente en los hecho PROBADOS para calificar la huelga de violenta. Considera el Tribunal de Trabajo que “hay una fala de consignación de análisis de los elementos de juicio para arribar a la conclusión adoptada”, que califica como “violación importante al debido proceso…”
3)- En tercer ámbito, indica el Tribunal de Trabajo que “omitió indicar el juez, con qué fundamento liquidó las costas procesales”.
Los vicios procesales aquí señalados, llevaron al Tribunal de Apelaciones de Trabajo a concluir que “no queda más que anular la sentencia apelada, con el fin de que se corrijan los yerros apuntados para que la parte que así lo estime oportuno, pueda ejercer su derecho de defensa, pudiendo recurrir, ante este órgano jurisdiccional, la resolución en lo que la estime desfavorable a sus intereses.”
La Licda. Ileana Vega Montero, asesora legal de APSE, explicó los pormenores de la sentencia n° 443 del Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José de las 15 horas del 16 de noviembre (notificada ayer lunes 19), y señaló que se trata de un logro jurídico sin precedentes en la historia del movimiento sindical, que deja sin efecto la ilegalidad de este movimiento de huelga, y que lo cubre nuevamente de una presunción de legalidad.
La anulación de esta sentencia, NO implica que se deba reiniciar el proceso judicial, debido a que el juez de primera instancia debe resolver los yerros y omisiones señaladas, sin participación de las partes y con base en los elementos que ya contiene el expediente.
Esto significa que NO es necesario que los sindicatos aporten nuevos elementos de defensa, NO se otorgan nuevas audiencias a las partes, NO son necesarias inspecciones para verificar apoyo a la huelga, NO procede calcular el porcentaje de apoyo a la huelga, y NO es el mismo juez el que resolverá en primera instancia.
El Consejo Nacional de APSE conoció los pormenores de esta sentencia, y abordó en su debate, los posibles escenarios que se plantea para la actual huelga indefinida contra el Combo Fiscal. El Consejo Nacional acordó respaldar a la Presidencia y Secretaría General de APSE, para propiciar el diálogo con el Gobierno y el Ministerio de Educación Pública, manteniéndose siempre en estado de huelga.
El Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, en sentencia n° 443 de las quince horas del 16 de noviembre de 2018 (hecha pública hoy lunes 19 de noviembre), ANULÓ la sentencia de primera instancia que declaraba ilegal la huelga contra el Combo Fiscal en el sector educación, dejando si efectos esta primera sentencia.
Con este fallo “se anula la sentencia del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José n° 2018-1980 de las 10:25 horas del 9 de octubre de 2018. Debe el juzgado de instancia proceder, sin mayor demora, a resolver las omisiones apuntadas al momento en que dicte la nueva resolución de fondo.
La anulación de esta sentencia es un triunfo para el Magisterio nacional y toda la clase trabajadora, por cuanto deja sin efectos una primera sentencia que carecía de fundamento para determinar la ilegalidad, por lo que de nuevo nuestro movimiento se cubre de presunción de legalidad.
APSE SE REFIERE A ANULACIÓN DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE HABÍA DECLARADO LA ILEGALIDAD DE LA HUELGA EN EL SECTOR EDUCATIVO
Declaraciones de la Presidenta de APSE, Mélida Cedeño Castro, sobre reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo que anula la sentencia de primera instancia que declaró ilegal la huelga en el sector educativo.
SENTENCIA QUE ANULA LA DECLARATORIA DE PRIMERA INSTANCIA DE ILEGALIDAD DE LA HUELGA EN EL SECTOR EDUCATIVO
Expediente: 18-001838-0166.La.
Proceso: Calificación de Huelga.
Actor: El Estado.
Demandado: APSE, ANDE, SEC
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA N° 443.
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSÉ. SECCIÓN TERCERA
a las quince horas del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.-
Diligencias de Calificación de Huelga, establecidas por el Licenciado Julio Alberto Jurado Fernández, en su calidad de Procurador General de la República, se resuelve;
Redacta la Jueza GUTIÉRREZ MURILLO; y, CONSIDERANDO:
I.- Reza el artículo 592 del Código de Trabajo: “El tribunal se pronunciará sobre la apelación dentro de los quince días posteriores al recibo de los autos. En primer término revisará la procedencia formal del recurso, el procedimiento y las cuestiones de nulidad propuestas y podrá acordar nulidades únicamente en el caso de que los defectos constituyan vicios esenciales al debido proceso. En todos los casos dispondrá las correcciones que sean necesarias y conservará todas las actuaciones no afectadas por el vicio o que sea posible subsanar. Enseguida, si no fuera del caso declarar la inadmisibilidad de la alzada o alguna nulidad, reposición o corrección de trámites, emitirá el pronunciamiento correspondiente a los demás agravios del recurso.”
II.- Habida cuenta que el artículo 668, establece un plazo para resolver menor que el establecido en el ordinal transcrito, igual es menester que el órgano de segunda instancia realice, cuando conoce un proceso de calificación de huelga, el iter procesal contenido en ese numeral. Sea, se debe revisar la procedencia formal del recurso, revisar el procedimiento y las cuestiones de nulidad alegadas y acordar, como tales, solamente las. que constituyan vicios esenciales del debido proceso. Además se deben señalar, según dispone la norma, las correcciones que sean necesarias y conservar todas las actuaciones no afectadas por el vicio o que sean posibles de subsanar.
III.- Las sentencias y todas las resoluciones pronunciadas por los tribunales deben ser claras, precisas, congruentes y fundamentadas. Claras, para la fácil comprensión literal. de la escritura a través de un lenguaje fluido y nítido, y para evitar incertidumbre o. confusión; precisas porque la autoridad judicial debe de abocarse a satisfacer los requerimientos propios de la contienda, sin entrar en desviaciones; congruentes, que significa guardar la debida correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, sea que se acoja o se rechace, con el respectivo fundamento en uno u otro caso; fundamentadas, en el tanto deben darse las razones precisas que llevan al juzgador a tomar la decisión, con mención y análisis de todos los elementos de prueba que respaldan los hechos tenidos por probados. Si no se cumplen estos requisitos, la nulidad se declarará de oficio, según lo preceptuado en el numeral 560,592 Código de Trabajo, en relación con el numeral y 61.2 párrafo primero del Código Procesal Civil, por remisión de numeral 428 del Código de Trabajo.
IV.- En el presente proceso es criterio de este Tribunal que, se advierte, la presencia de vicios de tal relieve que amerita sancionar la nulidad de la resolución que se conoce y disponer la emisión de una nueva, por lo que se indica a continuación. Sobre Nulidad Procesal. Con la contestación, la Asociación APSE, invoca como defensa la improponibilidad de la demanda, sin embargo durante el íter del proceso no se resolvió ni se dijo nada al respecto, aunque la sentencia, si bien hace mención de ello, tampoco lo aborda y resuelve este específico tema. Esta excepción debió ser oportunamente resuelta, siendo uno de los puntos sobre los cuales se trabó la litis, sin embargo, tal y como se ha expuesto, este aspecto fue omitido durante todo el procedimiento y, lo que es más grave aún, en la sentencia que se conoce. Luego, mediante resolución del cuatro de octubre del presente año, se concede audiencia de la prueba ofrecida por el Estado mediante soporte digital CD a la parte contraria, quien en tiempo se opuso, aduciendo extemporaneidad de la misma, así como alegación de no ser útil ni conducente a los objetos del proceso. Al igual que el vicio anterior, existe una evidente lesión al debido proceso, pues el argumento planteado sobre la admisibilidad de esa prueba y su respectiva incorporación al proceso, no. fue abordado, causando una lesión al derecho de defensa que le asiste a la parte accionada; se acentúa la lesión cuando dicha prueba es utilizada por el A-quo como apoyo a la hora en que elabora el hecho no probado primero. Sobre la falta de fundamentación. El juez sentenciador estimó que el movimiento que se conoce no fue pacífico, en lo conducente señaló, “En lo tocante al actuar de los gremios sindicales, incluidos los contradictores del presente asunto, los cuales participaron –de forma colectiva- de las manifestaciones que llevaron a bloqueos totales de muchas vías de comunicación nacional, se debe indicar que es reprochable su actuar y que no puede ser considerado como un movimiento pacífico.
Además como se tocó en la parte inicial del presente fallo, a parte de la prueba que autos corre, ese actuar es un hecho notorio, de transcendencia colectiva, en el que el derecho al libre tránsito se vio totalmente transgredido”. Pero ello es carente de fundamentación, no incluye la motivación, la explicación sobre la que asiente su decisión, ni siquiera analizó el contenido de la prueba aportada en soporte CD que dice ser el sustento de su decisión y que lo llevó a la total convicción de que las manifestaciones llevaron a bloqueos totales de muchas vías de comunicación. De haber tenido un verdadero análisis de las probanzas, le permitiría un relato en el acervo probatorio de los elementos de juicio que le abonaría a la motivación de lo sentenciado. Se le hace saber al juzgador de instancia que debe tener presente que los hechos probados son quizás la parte más trascendente del fallo, aquí se debe consignar de forma precisa y clara el relato de lo acaecido, según su criterio, tras valorar las pruebas contenidas en autos. El A-quo se limita en el HECHO NO PROBADO primero a señalar “Que el movimiento de huelga en el cual participaron los tres gremios del Ministerio de Educación Pública acá contradictores haya sido una suspensión pacífica del trabajo (Ver publicaciones en prensa aportadas como prueba adjunta en disco compacto No.2. Ver publicaciones de prensa escrita adjuntas con contestación de sindicatos.
Notoriedad y transcendencia del movimiento y sus alcances en el territorio nacional)”, lo que no es técnicamente correcto, puesto que todos los elementos probatorios que permiten. la decisión del juzgador, debe estar contenido en el considerando de HECHOS PROBADOS, sin embargo, aún y cuando lo hizo en aquel apartado, hay una falta de consignación de análisis de los elementos de juicio para arribar a la conclusión adoptada, tal y como se indicó supra. La falta de fundamentación también es una violación importanteal debido proceso, porque le permite a las partes conocer y tener acceso a las consideraciones y motivaciones que tuvo el juzgador para tomar la decisión adoptada. Lo anterior supone todo un proceso que involucra el análisis de las posiciones de las partes, sus. argumentos sus pretensiones y excepciones y una valoración integral de todos los elementos de prueba que hayan hecho llegar al expediente. Solo así las partes podrán atacar eventualmente los aspectos de la sentencia que consideren desfavorables y que no fueron analizados correctamente según su criterio. Finalmente, omitió indicar el señor juez, con qué fundamento liquidó las costas procesales, no señaló los elementos probatorios para concluir que el monto de un millón de colones es el pertinente y el que debe satisfacer solidariamente los demandados, lo que violenta la debida fundamentación de la sentencia, que es esencial como garantía para las partes. Todas estas falencias no pueden ser subsanadas en el desempeño de esta competencia funcional, pues se estaría lesionando el principio de la doble instancia.
V.- Así pues, no queda más que anular la sentencia apelada, con el fin de que se corrijan los yerros apuntados para que la parte que así lo estime oportuno, pueda ejercer su derecho de defensa, pudiendo recurrir, ante este órgano jurisdiccional, la resolución en lo que la estime desfavorable a sus intereses.
VI.- Finalmente se le recuerda a la persona juzgadora que según la circular N° 014-07 del Consejo Superior del Poder Judicial, adoptada en la Sesión N° 07-07, celebrada el 30 de enero de 2007, bajo artículo LXVIII, se ha dispuesto comunicar a todos los juzgadores la obligación de dar prioridad a los asuntos de reposición de diligencias, esencialmente en situaciones como la presente cuando ese trámite tenga como fundamento la anulación por el superior en grado. Lo anterior, con el fin de que la nueva sentencia sea dictada con la mayor celeridad.
POR TANTO: Se anula la sentencia del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, N° 2018-1980, de las 10:25 horas, del 9 de octubre de 2018. Debe el juzgado de instancia proceder, sin mayor demora, a resolver las omisiones apuntadas al momento en que dicte la nueva resolución de fondo.
