Los profesores del Instituto de Alfaro Ruiz mostraron mucho interés en la
charla ofrecida por la presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto (der.),
sobre el anteproyecto que suprimiría los incentivos salariales.
Sindicatos piden plazo para realizar diagnóstico de empleo
Proponen negociar una política de empleo y salarial en enero
– La presidenta de la APSE llama a enfrentar esta lucha con hidalguía
Las organizaciones sindicales, representadas en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), acordaron rechazar el Anteproyecto para el Ordenamiento de las Remuneraciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, y exigir que sea archivado, por suprimir los incentivos salariales y otros derechos de los trabajadores.
!/media/import/2012/10Octubre/fts/pluses/2.jpg!El movimiento sindical elaborará su propio diagnóstico de empleo y salarios del sector público, ya que el que presentó el Gobierno está sesgado.
Solicitará al Gobierno que se inicie la discusión, en el seno de la Comisión, a partir del 15 de noviembre de este año y se concluya en febrero del 2013, fecha en que se cumplen los seis meses establecidos para llegar a un eventual acuerdo.
Los representantes sindicales advirtieron que, si una vez vencido ese plazo, el Gobierno decide presentar a la Asamblea Legislativa, unilateralmente, un proyecto que violente los derechos de los trabajadores, se utilizarán las medidas de presión necesarias para frenarlo.
El anuncio lo hizo la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Beatriz Ferreto López, en la charla ofrecida al personal docente y administrativo del Instituto de Alfaro Ruiz, en Zarcero de Alajuela, el jueves 4 de octubre.
El próximo 11 de octubre se realizará la primera negociación con el Gobierno, ocasión en que los representantes de los trabajadores entregarán un documento consensuado.
Cero tolerancia. La dirigente Ferreto López llamó a los profesores del colegio de Zarcero a enfrentar con hidalguía cualquier pretensión del Gobierno de Laura Chinchilla de arrebatarles derechos salariales que “hemos obtenido tras duras luchas, y no como resultado de una evaluación del desempeño del trabajador”.
Por ejemplo, los educadores tuvieron que realizar dos huelgas entre 1991 y 1992, para obtener el incentivo por “carrera profesional”, mientras que para lograr el “incentivo didáctico” se efectuó otro movimiento extenso y complicado en 1989.
La iniciativa gubernamental, que eliminaría incentivos salariales, afectará a
todos los profesores, nuevos y antiguos.
Golpe salarial. La presidenta Ferreto dijo que de aprobarse la iniciativa gubernamental, los educadores perderían el 40% del salario que devengan en la actualidad, debido a la eliminación de los pluses.
Explicó que el Gobierno está considerando como incentivos salariales lo que esté por encima del costo de 30 lecciones.
Es tan nocivo el anteproyecto de ordenamiento de las remuneraciones que solo las anualidades y el aguinaldo clasificarían como “derecho adquirido”, de acuerdo con la definición utilizada por las autoridades gubernamentales.
El anteproyecto habla de equidad salarial, pero hacia abajo, es decir, acercar los salarios del sector público al privado, donde no hay pluses.
Esta ley no se aplicaría a los servidores de los bancos estatales, el ICE y el INS, “por encontrarse en un régimen de competencia”.
“Sin embargo, la educación pública debió estar amparada bajo ese régimen porque tiene que competir arduamente con la educación privada”, dijo la dirigente Ferreto.
Uno de los artículos más nocivos es el 6, dado que condiciona “la creación y reconocimiento de retribuciones adicionales al salario base, a la evaluación de desempeño, mediante un estudio técnico que deberá ser aprobado por la Comisión Técnica y se deberá identificar la fuente de financiamiento, cuya efectividad deberá ser acreditada por la Contraloría General de la República”.
La Comisión Técnica estaría integrada por los Ministros de Planificación Nacional y Política Económica, quien la coordinará, de Hacienda, de Trabajo y Seguridad Social y el Director de la Dirección General de Servicio Civil.
En cuanto a la compensación económica por disponibilidad, el anteproyecto señala, en su artículo 11, que no podrá sobrepasar el 15% del salario base.
La iniciativa eliminaría el subsidio del 40% del salario que otorga el MEP para completar el 60% que concede la CCSS en casos de incapacidad.
“Los subsidios percibidos durante una incapacidad no serán considerados para el cálculo del aguinaldo, de las vacaciones, o de cualquier otra prestación laboral”, señala el artículo 12.
Precisamente, un fallo reciente de la Sala Segunda deja claro que el 40% de subsidio por incapacidad que otorga el patrono “no tiene una finalidad remunerativa”, por lo tanto, no procede la rebaja de las cargas sociales, incluyendo la cotización al régimen de pensiones.
Todos los servidores de nuevo ingreso devengarán solo el salario base, y los incentivos, como los anuales, serán concedidos por méritos.
La iniciativa del Gobierno afectará tanto a los trabajadores que ingresen a laborar a partir de la vigencia de la ley, como a los antiguos, porque todos los pluses van a ser revisados.