Tema de fijación del dólar se suma a agenda de lucha de APSE

La presidenta de la APSE, Ana Doris González, dijo, en conferencia de prensa, que los

derechos adquiridos se defienden en la calle, no en una mesa de

negociación con el Gobierno

Tema de la fijación del dólar se suma a agenda de lucha de APSE

– Huelga regionalizada 20 de marzo del 2014

– Regionales de la Gran Área Metropolitana se concentrarán a las 9 a.m. en el parque Central

– Marchas y concentraciones en el resto de las regiones del país

La inestabilidad de la cotización del dólar, rodeada de secretismo,  que está golpeando los bolsillos de la clase trabajadora, se sumó a la agenda de lucha de la APSE y, por siguiente, de la huelga regionalizada que se efectuará el jueves 20 de marzo del 2014.

Las regionales de la 1 a la 7 (Gran Área Metropolitana) se concentrarán a las 9 a.m. en el parque Central, para luego unirse a las organizaciones del Bloque Sindical y Social en la Fuente de la Hispanidad y enrumbarse hacia la Casa Presidencial. El resto de las 27 regionales realizarán manifestaciones o concentraciones en puntos claves del país.

Aunado al tema de la depreciación del colón, se protestará contra una reforma tributaria, el salario único (eliminación de los pluses salariales), la homologación de los regímenes de pensiones, la corrupción, la impunidad, las concesiones de obra y servicios públicos, el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, entre otros.

Ana Doris González González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), dijo, en conferencia de prensa el martes 18 de marzo, que la lucha de este sindicato es permanente contra el modelo neoliberal.

Indicó que “el gran poder ha tejido su telaraña desde hace mucho tiempo, pero el pueblo es el que no se ha dado cuenta”.

Tras la pregunta de un periodista sobre si se negociará con el Gobierno, la dirigente dijo enfáticamente: “La defensa de los derechos adquiridos se da en la calle, no en una mesa de negociación”.

A continuación los ejes de lucha de la APSE:

1- Democratización económico-social y política. No basta con radicalizar la democracia política, impulsando la transición hacia un régimen de democracia participativa. Este paso debe complementarse con un planteamiento de democracia económico-social, teniendo en cuenta que es en la economía donde la democracia puede funcionar mejor. Esto puede hacerse mediante la puesta en marcha de una auténtica banca de desarrollo y la creación de una amplio sector de economía social y solidaría, compuesto por empresas cooperativas y autogestionarias que sean propiedad de los trabajadores y trabajadoras, y que se constituyan como el principal eje de la lucha contra la informalidad laboral, la desigualdad y la exclusión social.

2- Transparencia en el manejo y fijación del tipo de cambio. No puede haber democracia económica y ética, si los bancos estatales y el Banco Central siguen funcionando en medio del mayor secretismo, por tanto con falta total de transparencia y sujetos a graves conflictos de interés público-privado que favorecen a nebulosos intereses del poderoso sector corporativo y financiero. Exigimos que la fijación y el manejo del tipo de cambio se hagan de manera diáfana, según reglas de juego claras y sin apegarse a una brecha tan grande como la de ahora entre el “piso” y el “techo” de las bandas de flotación, la cual abre margen a la especulación, la inestabilidad monetaria y financiera, así como desata otros desequilibrios que afectan negativamente los niveles salariales y el costo de vida para las clases medias y trabajadoras.

3- Reforma tributaria y fisca integral. Antes de restringir el gasto público – una medida inconveniente en una etapa de recesión y pérdida de dinamismo de la economía- este gasto debe recortarse en aquellos rubros donde haya despilfarro, duplicaciones, pagos de asesorías y consultorías, etc. Igual, hay que meterle tijera a exenciones y al binomio elusión-evasión fiscal que en conjunto suman más del 12% del PIB (el déficit fiscal es un 5% del PIB). En vez de intentar nuevas reformas tributarias fallidas o pegar parches, conviene retomar la discusión del Proyecto de “Ley de Impuesto Único”, No. 15.865.

4- Lucha anticorrupción y antiimpunidad. No solo deben mejorarse la legislación y los procedimientos judiciales para atacar ambos males que atentan contra la democracia y la justicia, sino, además, debemos impulsar la democratización económico-social del sector privado de la economía como eficaz antídoto complementario, ya que está comprobado que las empresas propiedad de los trabajadores(as) funcionan de manera mucho más transparente y ética que las grandes empresas capitalistas que conforman la contraparte del Supersistema de la Corrupción Planificada (SSCP), tan predominante en el sector público y que solo funciona si tiene fuertes ramificaciones y enlaces con el sector privado empresarial, inmobiliario, comercial y financiero.

5- Rechazo total a cualquier Ley de Empleo y de Salario Único en los términos hasta ahora formulados por el bloque político-financiero-empresarial en el poder. Nos comprometemos a presentar al parlamento una propuesta propia de ley en este terreno y a la mayor brevedad, las cual parta de un respeto absoluto a los derechos, pluses laborales y organizaciones de los trabajadores(as), y establezca un régimen actualizado de Servicio Civil, en vez del adefesio existente, que cubra a todo el sector público centralizado y descentralizado.

6- Defensa a ultranza de los derechos laborales y las Garantías Sociales (incluido el Código de trabajo), para que tengan plena vigencia en todo el sector estatal, lo cual implica nuestra oposición frontal a los intentos de imponer en el sector público una flexibilización e inseguridad laborales semejantes a las que prevalecen en el sector privado dessindicalizado; todo ello en claro detrimento de los derechos, necesidades e intereses de los trabajadores(as). Presentaremos reformas procesales que pongan fin al estilo actual de negociar salarios y establezcan parámetros razonables y objetivos para su aumento en términos reales, y no solo con el fin de compensar la inflación. También objetamos frontalmente las medidas orientadas a la sustitución del Derecho Laboral por el Derecho Administrativo y la vía contencioso administrativa en materia de conflictos y relaciones obrero-patronales o jerarca-empleado público.

7- Repudiamos el actual sistema de concesión de obra y servicios públicos, conducente a estimular la privatización del Estado, y que, adicionalmente, se ha convertido en una fuente inagotable de todo tipo de corruptelas e irregularidades en asocio con la creación de superintendencias prisioneras de espurios intereses privados alentados, además, por el pésimo funcionamiento de la Aresep. Incluimos en este punto la urgencia de revisar los sistemas de manejo y fijación de tarifas (luz, agua, gasolina, transporte público, electricidad, gas, etc.) por parte de esta institución, cuyos arbitrarios aumentos han encarecido en costo de vida para las clases populares.

8- Reclamaremos insistentemente medidas que pongan fin al deterioro de la calidad y cobertura de los servicios públicos sociales. Especial atención pondremos en la forma como se administren en el nuevo gobierno la Caja (incluido el manejo de su crisis político-estructural y no solo financiera), los Ministerios de Salud y Educación, de Obras Públicas y Transportes, de Seguridad y, en general, otras instancias gubernamentales de vital importancia para el bienestar de la población y en particular de sus clases medias y trabajadoras de menores ingresos.

9- Advertimos desde ahora nuestra total oposición al ingreso de Costa Rica a la llamada “Alianza del Pacífico”, lo mismo que la “Trans-Pacificic Partnership (TPP)”, porque amplían y radicalización las desregulaciones y privatizaciones ya contenidas en otros acuerdos comerciales y de inversiones, como el TLC con EEUU y aquellos pactados con la Organización Mundial del Comercio, cuya revisión, denuncia o derogación demandaremos en todos aquellos casos en que se produzcan lesiones a los intereses públicos y nacionales, incluidos los de las clases trabajadoras y los relativos a la soberanía e  independencia nacionales, la protección ambiental y de nuestros recursos naturales, la propiedad intelectual y los servicios públicos, entre otros rubros.

10- Lucharemos contra la represión y penalización de la protesta social, realizada mediante una combinación de intervenciones policiales represivas manifiestamente arbitrarias, abusivas y violadoras de los derechos humanos, seguidas por acciones judiciales de muy dudosa legitimidad, amparadas a interpretaciones alevosas y torcidas de la legislación penal vigente, la cual en los últimos años se ha hecho cada vez más dura, brutal e inhumana. Estaremos vigilantes, denunciaremos estas anomalías vengan de donde vengan, incluida la DIS, y haremos todo lo posible por desmontar los nefastos engranajes del aparato represor policial-militar y antidemocrático construido en los últimos años. Nos hacemos solidarios con todos los ciudadanos, comunidades y regiones que luchan en distintos frentes por sus derechos y su bienestar integral, y nos comprometemos a garantizar que no sean víctimas de la penalización de sus luchas y protestas sociales.

11- Nos comprometemos a que sean realidad la seguridad y la soberanía alimentarias, junto al derecho a la alimentación, todo orientado a erradicar el hambre y la malnutrición en nuestro país. Los costarricenses deben tener la seguridad de poder acceder de modo permanente a suficientes alimentos inocuos y nutritivos producidos en el país en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, para una vida sana. Asimismo, debe estar el país en condiciones de fijar sus propias políticas de producción, comercialización y consumo de alimentos de óptima calidad, así  como de uso de la tierra y demás recursos naturales. Proponemos que esta lucha nos lleve a contar lo más pronto con una “Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria en Defensa del Derecho a la Alimentación con rango de Derecho humano”, tomando como base la propuesta que al respecto han propiciado la FAO y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.

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