APSE REITERA SU RECHAZO AL ACTUAL PROYECTO DE REFORMA FISCAL 20.580 ASÍ COMO A LAS MOCIONES IMPULSADAS QUE AFECTAN A LA CLASE TRABAJADORA
APSE reitera una vez más ante la opinión pública, su rechazo rotundo a la reforma fiscal y del empleo público contenidas en el actual proyecto de ley expediente 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, por los efectos directos que podría afectar a la clase trabajadora costarricense, los cuales serán aún más nocivos debido a una serie de mociones propuestas e impulsadas por la mayoría de las bancadas legislativas, que castigan directamente a las personas asalariadas de las clases medias y bajas, al agregarles mayores cargas tributarias y recortes o congelamiento sobre sus salarios y los componentes del mismo, así como a los programas sociales que cubren a estas poblaciones.
APSE se opone rotundamente a estas enmiendas agregadas al proyecto de ley, debido a que buscan ampliar la base de ingresos a las arcas públicas, echando mano de parte del salario y otros componentes sociales tales como la cesantía y las anualidades de quienes sobreviven con sus sueldos, mientras que siguen sin aprobarse reformas para gravar las principales ganancias de capital que existen en el país, ni para acabar con la evasión y elusión fiscal que hoy favorecen a los sectores más enriquecidos, y que superan el 8% del PIB.
Además de endilgar injustamente la culpa por el déficit fiscal a los funcionarios públicos , quienes nunca hemos sido los responsables de este problema, ahora los diputados aprueban mociones para arrebatarnos parte de nuestros ingresos, mediante medidas que rechazamos de plano, tales como:
– La imposición de topes a la cifra por concepto de anualidades, hasta un máximo de 1,94%, donde no se realiza ningún reconocimiento adicional para las categorías salariales de menores ingresos (como se ha realizado en el pasado con los funcionarios del Título I del Estatuto de Servicio Civil como conserjes y agentes de seguridad), afectando gravemente sus ingresos, lo que implica un estancamiento de los salarios más bajos.
– La sujeción del pago de anualidades al cumplimiento de metas institucionales, pues provocará que los trabajadores no puedan gozar de tales incentivos salariales si la institución no cumple sus metas o ejecuta mal sus recursos, a pesar de que los funcionarios sí hayan cumplido y hasta superado sus metas de desempeño,
– La restricción del tope de cesantía a 8 años y la propuesta de aplicación de un impuesto para cesantías con mayor cantidad de años, ya que implica un arrebato de los ingresos de la clase trabajadora adquiridos justamente y en consonancia con las normas legales vigentes durante su vida laboral;
– La implementación de un impuesto del 15% sobre los montos que perciben los beneficiarios de las pensiones complementarias y voluntarias.
Otro de los elementos que provocarán el empobrecimiento de la población en general, es la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre una base ampliada de bienes y servicios que hoy no están gravados, y que posiblemente provocará una espiral de inflación creciente.
Además, nos oponemos rotundamente a los preceptos establecidos por la regla fiscal, que obliga al Estado a reducir el crecimiento del Presupuesto ordinario en caso de dispararse la deuda, comprometiendo las pensiones, los salarios y todos sus componentes, ya que se establece que si la deuda supera el 60%, las jubilaciones y los sueldos del sector público no podrán crecer por ningún motivo, ni siquiera de forma retroactiva.
Las medidas de la regla fiscal igualmente comprometen los presupuestos del Estado de forma casi indiscriminada, exigiendo la reducción del gasto público, sin contemplar los sectores que se verán afectados por los recortes, lo que deja en riesgo el financiamiento de la educación pública, la salud, los programas sociales y la inversión en obra pública.
La regla fiscal es un cheque en blanco para que los Gobiernos de turno sean los que determinen cuáles serán las instituciones más afectadas por los recortes, lo que podría implicar el desfinanciamiento y desaparición de instituciones elementales del Estado y cruciales para la democracia y la paz social costarricense.
Ante este panorama político, APSE da inicio a una campaña informativa para nuestras bases sobre los avances en el trámite de este proyecto de ley, el cual seguiremos de cerca. APSE estará muy atento a los avances en el debate sobre esta iniciativa.
APSE ha convocado a un Encuentro de Organizaciones Sociales el sábado 07 de abril, en el auditorio de las oficinas centrales de APSE en San José, donde se ha extendido una invitación a numerosas organizaciones sindicales, sociales, culturales, indígenas, de mujeres, artísticas y juveniles, a efectos de unificar fuerzas para oponernos conjuntamente a estos atropellos contra los funcionarios públicos y la clase trabajadora.
_Mélida Cedeño Castro, Presidenta
Giannina Francesa Blanco, Vicepresidenta
Roblin Apú Murillo, Secretario General_
Prensa APSE – 06 de abril de 2018.