Las organizaciones sociales del sector educativo costarricense, considerando que:
1- La educación pública, en sus modalidades preescolar, general básica, diversificada y universitaria, son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación, como lo establece claramente el artículo 78 de la Constitución Política.
2- Para garantizar el financiamiento de este derecho fundamental, el mismo artículo de la Carta Magna, indica claramente que “en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto”.
3- El Estado costarricense está obligado a facilitar el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios, mediante la adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP).
4- A pesar de la claridad expresada por los legisladores constituyentes, los distintos gobiernos de la República han incumplido con preceptos básicos, tales como la asignación del monto mínimo del presupuesto, el acceso a recursos tecnológicos a plenitud en todo el territorio nacional, y la cobertura plena de los programas de equidad del MEP.
5- El MEP actualmente ejecuta una política contraria a estos principios constitucionales que juró defender, lo que se refleja en su propia justificación en el millonario recorte presupuestario, la creciente cantidad de centros educativos con órdenes sanitarias, la pobre atención a la creciente ola de violencia en centros educativos, y la desatención para con sus trabajadores que se refleja en el incumplimiento con el pago puntual y completo de sus salarios.
Por todo lo anterior, hemos decidido constituir un Frente de Lucha por la Educación Pública, para lo cual, acordamos una primera reunión de análisis de la realidad educativa en Costa Rica, celebrada el sábado 20 de julio en San José.
Este Frente de Lucha, igualmente, estará valorando las acciones que resulten pertinentes para no ceder en la defensa de nuestra educación pública, uno de los garantes de nuestra democracia y del Estado Social de Derecho.
Firman por las organizaciones sociales:
APSE
ANDE
SEC
SINAPRO
ADEM
SINAE
UCEPA
SITRACOME
ADEP
SIUNED
SINDEU
FEUCR
FNL
UNEUNED
FEITEC
SITUN
CGT
SEPI
SINAE
SIPROCIMECA
SISS
SINAA
UNDECA
UTRAUTN
SITRAPSE
FRENASS
5 de agosto de 2024