La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE Sindicato) denuncia públicamente la reiterada desobediencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) a los mandatos emitidos por la Sala Constitucional, en perjuicio de un docente de español con discapacidad visual, afiliado a nuestra organización, quien desde el año 2016 ha debido recurrir a la vía constitucional para exigir condiciones mínimas que le permitan ejercer su labor en igualdad de condiciones.
Desde ese año, la Sala Constitucional resolvió con claridad que el docente debe contar de forma permanente con una “asistencia calificada” que le permita impartir sus lecciones. No obstante, el MEP ha incumplido de manera sistemática dicha orden, obligando a este trabajador a enfrentar más de una década de barreras injustificadas.
Ante este incumplimiento reiterado, APSE promovió nuevas gestiones por desobediencia ante la Sala Constitucional en el año 2026, lo que derivó en un nuevo pronunciamiento que reafirma la obligación del MEP de nombrar dicha asistencia calificada, evidenciando que la Administración ha persistido en su conducta omisiva e ilegal.
Como resultado directo de estas acciones legales impulsadas por APSE, el pasado 17 de abril funcionarios de la Dirección de Gestión del Talento Humano del MEP realizaron una inspección en el Liceo de Paraíso de Cartago. En dicha diligencia participaron el Presidente de APSE, Dennis Solís Cruz, la asesora legal de Junta Directiva, Ileana Vega Montero, y el Presidente de la Base, Hugo Marín Guillén.
La presencia de APSE fue determinante para garantizar que esta inspección no se convirtiera en un ejercicio meramente formal o dilatorio. En ese espacio, nuestra organización fue enfática en señalar que:
“No se avalará ninguna medida alternativa, parcial o sustitutiva que pretenda evadir el cumplimiento pleno del mandato constitucional!
La única respuesta jurídicamente válida y aceptable es la dotación inmediata de un recurso humano calificado, que asista y acompañe al docente durante el ejercicio de sus funciones, tal y como lo ha ordenado la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones.”
APSE advierte que cualquier intento del MEP de sustituir esta obligación mediante soluciones incompletas, improvisadas o meramente administrativas, constituirá una nueva violación de derechos fundamentales y será combatida por las vías legales correspondientes, incluyendo nuevas gestiones por desobediencia.
Desde APSE reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la defensa de los derechos laborales, la inclusión real de las personas con discapacidad y el respeto pleno a la lo resuelto por la Sala Constitucional.
Dennis Solís Cruz, Presidente
Jessie Valverde Andrade, Vicepresidente
Carmen Quesada Campos, Secretaria General
Prensa APSE, 22 de abril de 2026
