CONSEJO NACIONAL DE APSE APROBÓ PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO 2019

En sesión ordinaria N°2 del sábado 16 de febrero de 2019, el Consejo Nacional de APSE conoció y aprobó con algunas modificaciones, el Plan Anual de Trabajo para el año 2019, en el cual se definen los objetivos, estrategias y responsables de implementar las acciones cotidianas de trabajo del sindicato para este año.

Durante esta sesión, se recibió en audiencia a los integrantes del Tribunal Electoral de APSE, quienes expusieron el cronograma de elecciones regionales.

El Consejo otorgó audiencia, a la Sra. Elvira Solano, representante de APSE ante la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, quien brindó un informe de las gestiones que realiza ante JUPEMA.

También se contó con la participación de los integrantes de la Comisión Técnica de APSE, que tiene a cargo el análisis del proyecto de Ley 20.786, “Ley de Educación Dual”. La comisión expuso los últimos cambios realizados a esta iniciativa de ley (que registra numerosos cambios respecto a la redacción original) así su procedimiento legislativo actual. Es posible que se presente una nueva moción de texto sustitutivo que cambiaría de nuevo el contenido de dicho expediente.

En esta sesión ordinaria, se conocieron los informes de Presidencia y Secretaría General, se abordaron asuntos varios y se procedió con la votación de mociones.

Mélida Cedeño Castro

Presidenta

Roblin Apú Murillo

Secretario General

16 de febrero de 2019

Prensa APSE

APSE ALERTA A SU AFILIACIÓN POR REBAJOS NO AUTORIZADOS EN SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO


APSE alerta a su afiliación, que algunas personas trabajadoras de la educación, han reportado rebajos no autorizados, en sus salarios de la primera quincena de febrero de 2019.

Estas deducciones automáticas, solo pueden ser ejecutadas por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Se registran rebajos similares con funcionarios de otras instituciones públicas.

APSE exige a los ministerios de Educación y de Hacienda, una explicación pública del motivo de haber aplicado estas deducciones no autorizadas. Demandamos una solución inmediata para reintegrar las sumas retenidas.

Recomendamos a nuestra afiliación revisar con detenimiento el desglose de sus salarios de esta quincena, y en caso de reportar rebajos no autorizados, canalizar su denuncia ante el Departamento Laboral de APSE, para brindarle la asesoría respectiva.

Mélida Cedeño Castro
Presidenta

Roblin Apú Murillo
Secretario General

14 de febrero de 2019
Prensa APSE

COMUNICADO DE LOS SINDICATOS DEL MAGISTERIO NACIONAL SOBRE REUNIÓN SOSTENIDA CON EL SR. CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Los sindicatos del Magisterio Nacional informan a su afiliación y al pueblo de Costa Rica, que en el marco del acercamiento promovido por el Gobierno de la República, se han sostenido una serie de reuniones con diferentes autoridades gubernamentales (Ministro de la Presidencia, Ministra de Planificación, Ministro de Educación Pública y Ministro de Trabajo y Seguridad Social), tal y como oportunamente ha sido comunicado.

El día 29 de enero de 2019, se sostuvo una reunión con el señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, donde se le plantearon las siguientes solicitudes puntuales:

1.Los Sindicatos del Magisterio Nacional comunican la aprobación y firma del proyecto de ley 21.007, donde se recuperan los porcentajes establecidos para recargos y otros componentes salariales de los trabajadores del Magisterio Nacional, como resultado de la lucha por las reivindicaciones salariales.

2. Asunto: supresión del pago del sobresueldo de Doble Jornada para Directores de Colegios Rurales, para el curso lectivo 2019.

Esta situación lesiona el derecho a la educación de los estudiantes, especialmente en pueblos indígenas y zonas rurales.

Solicitud: se giren instrucciones a la Dirección General de Servicio Civil, a efecto que se modifique la resolución DG-167-2017 y el Informe Técnico AOTC- UCOM -INF -033-2018 mediante los cuales se suprimen estos sobresueldos, siendo que desconocen las particularidades propias del funcionamiento de los Liceos Rurales, donde se requiere la presencia del Director ante la ampliación de la jornada laboral de estas modalidades educativas, con el objetivo de cumplir con su plan de estudios y malla curricular. Es importante destacar que la mayoría de estas instituciones educativas, se ubican en pueblos indígenas y zonas rurales de difícil acceso y de muy bajas condiciones socioeconómicas, por lo que, medidas como ésta, lesionan el derecho a la educación de las poblaciones más vulnerables.

Resultado: el Gobierno asume el compromiso de resolver esta problemática a la mayor brevedad posible, girando las instrucciones pertinentes a la Dirección General de Servicio Civil.

Demandamos la solución inmediata a esta situación.

3. Asunto: cambio en el calendario de pagos de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto, por parte del Ministerio de Hacienda, que implicó un ajuste en la fecha de pago para mediados de cada mes.

El cambio en la fecha de pago de las personas pensionadas y jubiladas, que incluye una importante población adulta mayor, y en algunos casos personas con algún tipo de discapacidad, tiene serias repercusiones en su calidad de vida, al alterar el flujo normal de sus pagos.

Solicitud: mantener la fecha de pago de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) en la primera quincena de cada mes, tal y como históricamente se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda, y conforme a lo indicado en el oficio FPS-001-01-2019 del 16 de enero 2019, dirigido al señor Presidente de la República.

Es importante recordar, que los argumentos externados, por parte de Hacienda, para el cambio del cronograma de pagos en razón de una mayor recuperación de sumas pagadas de más a personas fallecidas, NO son atendibles para el Magisterio Nacional.

Resultado: el planteamiento de los Sindicatos es mantener las fechas de pago establecidas, solicitud que no fue atendida en los términos expuestos. No obstante, el compromiso asumido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Presidencia de la República fue emitir una directriz dirigida a la Instituciones Públicas y Bancarias para que puedan adaptar las fechas de cobro al calendario actual de pagos. Asimismo, se solicitaría apoyo al Sistema Financiero en general a efecto que se pueda acoger la directriz para sus operaciones.

A la fecha esta directriz no ha sido emitida.

4. Asunto: pago de la deuda recurrente que se tiene con las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

Solicitud: resolver de forma urgente, el problema recurrente que representa el traslado de los fondos que se adeudan a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, provenientes de la Ley N° 6746, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018. Esos recursos resultan indispensables para cumplir con el Plan Anual de Trabajo que ejecutan dichas Juntas y se encuentran directamente asociados al derecho de la educación de nuestra población estudiantil.

Resultado: Tal y como se ha comunicado por parte del Ministerio de Educación Pública, se han girado parcialmente los recursos adeudados a las Juntas de Educación y Administrativas, por tanto, nos mantendremos vigilantes para que se complete el pago.

5. Otros temas de interés:

Además de los asuntos puntuales supra mencionados, se mantuvo la presión sobre otros temas de trascendencia nacional que perjudican al sector educativo y que tienen afectación directa sobre la educación pública costarricense:

• Modificaciones al sistema de pensiones del Magisterio Nacional: la discusión sobre el tema de pensiones en Costa Rica debe basarse en criterios técnicos, de tal forma que no afecten a las clases más desposeídas o vulnere la sostenibilidad de regímenes de pensiones estables, como el Régimen de Capitalización Colectiva.

• En materia de educación se analizan temas como:

  • Educación dual: los Sindicatos del Magisterio Nacional reiteramos nuestra oposición al proyecto de ley 20.786 sobre educación dual. Este proyecto restringe y atenta contra el derecho humano a la educación costarricense; además, significa un retroceso para la sociedad en términos de calidad de vida y trabajo digno.
  • Evaluación del desempeño: la Ley 9536 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su Título III, capítulo VI, artículos del 45 al 50, establece lineamientos generales para la construcción de un instrumento de evaluación del desempeño. La población trabajadora del Ministerio de Educación Pública es particular en cuanto a su proceso y condiciones de trabajo, por tal motivo, abogamos por mantener el actual instrumento de calificación, que ya contempla elementos cualitativos de medición.

Reactivación económica: el desarrollo de un país está directamente correlacionado con la base material para el crecimiento económico. La discusión sobre este tema recién inicia y la agenda planteada requiere ser completada. En este punto, es importante el aprovechamiento de los recursos provenientes del ahorro nacional generado por los fondos de pensiones para inversión en obra pública, como parte de una estrategia nacional para mejorar las condiciones de infraestructura educativa (la cual pasó de ser una necesidad a una demanda real del sector), como elemento clave que permita mejorar la educación pública, así como garantizar el efectivo pago de las pensiones.

• Derecho a la Huelga: defendemos el derecho humano fundamental a la huelga, ya que en la Asamblea Legislativa se promueven dos proyectos de ley que pretenden limitar su ejercicio y criminalizar la protesta social, como instrumentos de lucha que tiene la clase trabajadora, lo que contraviene convenios internacionalesy recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Por tanto, rechazamos y exigimos el retiro inmediato de estos proyectos de ley de la corriente legislativa.

Los Sindicatos del Magisterio Nacional demandamos de manera enfática y directa al Gobierno de la República la pronta resolución a las situaciones expuestas.

Magisterio Nacional
13 de febrero de 2019

— Campo pagado publicado en edición impresa de Diario Extra del miércoles 13 de febrero de 2019. —

APSE EXIGE EL ARCHIVO DEL PROYECTO DE LEY 21049 QUE PRETENDE LIMITAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A HUELGA


La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE; participó el martes 15 de enero de 2019 en una audiencia convocada por los diputados de la Comisión especial que tramita por vía rápida el proyecto de ley 21.049, que pretende imponer restricciones al ejercicio del derecho a huelga y amenaza con crear nuevas causales de disolución de los sindicatos. APSE manifestó el rechazo absoluto de nuestro sindicato a este proyecto de ley, por los siguientes motivos:


1.- En primer lugar, advertimos que no es prudente ni objetivo que se impulse una iniciativa legislativa, que tenga de referente, el último movimiento de huelga que convocamos los sindicatos contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.


No queda la menor duda que se trata de una iniciativa legislativa de carácter reactiva, visceral, que la emprende animosamente contra la huelga, derecho fundamental de la clase trabajadora y los sindicatos.


2.- En segundo lugar, deploramos que este proyecto se tramite al cobijo de un procedimiento extraordinario,
fundamentado en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que restringe la participación de los actores sociales interesados en este asunto.


Mucho menos podríamos estar de acuerdo que este proyecto, que concierne a un derecho fundamental, se tramite a la sombra de un procedimiento de esa especie, que defrauda el sistema democrático y los pilares de la actividad parlamentaria.


Denunciamos, entonces, que el derecho de huelga queda secuestrado en los pactos políticos que licenciaron este desafortunado procedimiento legislativo ad hoc.


3.- La iniciativa de ley responde a una lógica política reaccionaria, antidemocrática y autoritaria, que configura una auténtica contrareforma laboral, un retroceso histórico y social, que nada tiene que envidiarle a los proyectos de reforma que están impulsando en Chile el presidente Piñera, en Argentina el presidente Macri y en Brasil el presidente Bolsonaro, todos que proponen la destrucción de los sindicatos y los derechos fundamentales de la clase trabajadora, para luego, en definitiva, acometerse contra lo poco que quede de la democracia.


Establece nuevas causales de disolución de los sindicatos. Se pretende modificar el artículo 350 del Código de Trabajo, penalizando diversas formas de manifestación pública, y adicionando nuevas causales de disolución de los sindicatos.


4.- El Estado Social y Democrático reconoce la huelga como un derecho fundamental de la clase trabajadora.


El proyecto de ley, como se demostró, ataca el núcleo esencial del derecho de huelga y en consecuencia, hace imposible la actividad de los sindicatos.
Por contrario a su título, en lugar de brindar seguridad jurídica acerca de la huelga, el proyecto lo que asegura es el desbaratamiento del derecho de huelga.


5.- La iniciativa legislativa sanciona económicamente a los trabajadores, imponiendo el descuento retroactivo de los salarios devengados, a consecuencia de una huelga que sea declarada ilegal.


En consecuencia, el proyecto penaliza patrimonialmente el ejercicio de un derecho fundamental, quebrando la presunción de legalidad y legitimidad de la huelga, de base constitucional.


6.- El proyecto invade la autonomía sindical, particularmente la autonomía estatutaria, quebrantando el Convenio N° 87 de OIT, imponiendo a los sindicatos la obligación de modificar sus estatutos, para que definan un medio electrónico para atender notificaciones, de cualquier naturaleza, particularmente demandas de calificación de ilegalidad de huelgas, cuya omisión tendría consecuencias muy serias para los sindicatos.


7.- En su desenfreno, el proyecto no tiene reparo de violentar el principio de tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa, de la solera constitucional, imponiendo, de manera arbitraria, plazos absolutamente irrazonables para contestar una demanda de calificación, apelar la sentencia y dictar los pronunciamientos judiciales, configurando un pseudoproceso judicial, reducido a un mero trámite procesal, incompatible con los principios de justicia y del Estado de Derecho.


8.- El proyecto autoriza a los jueces de trabajo para que, con una simple solicitud del patrono, puedan finalizar un movimiento de huelga que haya sido declarado legal.


De esta manera, el proyecto fomenta prácticas patronales desleales y le pone desde el principio un límite temporal a aquellas huelgas, afectando su efectividad, cuando por contrario, el legislador debería potenciar al máximo la efectividad de este derecho fundamental.


Además, es de muy dudosa constitucionalidad que los jueces, por un mandato draconiano, puedan intervenir y ordenar la finalización de un movimiento de huelga, con mayor razón, por tratarse de un derecho fundamental, que debe tener la máxima protección del ordenamiento.


9.- La prohibición absoluta del derecho de huelga en los servicios esenciales, desnuda su contenido autoritario contra la clase trabajadora, ya que los trabajadores que prestan sus actividades en estos servicios, no están proscritos del derecho de huelga.


Al tenor del artículo 61 constitucional, no existe sustento para sostener esa prohibición absoluta del derecho de huelga, desconociendo, además, importantes pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical.


Así mismo, advertimos que por más que se prohíba la huelga en los servicios públicos esenciales, los trabajadores no renunciarán al ejercicio de este derecho fundamental. Por tanto, en lugar de prohibir, lo que corresponde es que en estas actividades, se regule adecuadamente el ejercicio del derecho de huelga partiendo de lo que estipula el inciso d) del artículo 376 del Código de Trabajo.


10.- El proyecto criminaliza la manifestación pública, la libertad de reunión, la movilización de las personas trabajadoras, que son manifestaciones de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, valor supremo de nuestro ordenamiento, inseparables del ejercicio del derecho de huelga, las cuales el proyecto establece como nuevas causas de disolución de los sindicatos, haciendo evidente y manifiesto el contenido represivo de la propuesta legislativa.


11.- En las sociedades democráticas el conflicto se asume como un componente estructural, manifestación de la voluntad popular, que debe encauzarse por los procedimientos de solución dispuestos en el ordenamiento jurídico.


El conflicto no se resuelve vaciando de contenido, ni prohibiendo el derecho de huelga, ni mucho menos reprimiendo, penalizando las acciones de tutela de los trabajadores y liquidando a los sindicatos.


12.- En definitiva, nuestra organización advierte que este proyecto de ley refleja el autoritarismo y la hegemonía de la clase política que gobierna este país, que tiene sumida en una profunda crisis la democracia costarricense.


Esta crisis denota que los cauces institucionales se están agotando y no

existen instrumentos suficientes y eficaces para garantizar la supervivencia de los derechos sociales, laborales y democráticos.


13.- Finalmente, advertimos que este proyecto de ley afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.


APSE Sindicato se opone rotundamente a estenefasto proyecto de ley y exige su archivo definitivo.


Mélida Cedeño Castro

Presidenta


Roblin Apú Murillo

Secretario General


09 de febrero de 2019

Prensa APSE


— Campo pagado publicado en edición impresa de Diario Extra del sábado 09 de febrero de 2019 —

SONY DSC

APSE RECHAZA EL PROYECTO DE LEY 21097 QUE LIMITA EL EJERCICIO DE LA HUELGA EN SERVICIOS ESENCIALES


—- Síntesis de la consulta de criterio enviada por APSE el 21 de enero de 2019, a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa —


La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, elevó el 21 de enero de 2019 ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la respuesta a la consulta de criterio solicitada por los legisladores, acerca del proyecto de ley 21.097 que definiría el listado de servicios esenciales donde se limitará el ejercicio del derecho de huelga.


1. APSE manifestó su rechazo a este proyecto de ley, porque establece en su artículo 2, una lista excesiva y no taxativa de servicios considerados esenciales, que supera por mucho las definiciones emitidas por la legislación vigente y por los criterios de la Organización Internacional del Trabajo.


El listado supera la definición de “servicio esencial” que incluye el propio proyecto, donde considera que son aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población.


Además, el nuevo listado incluye numerosas actividades que el Comité de Libertad Sindical de la OIT considera como “servicios no esenciales”. Cabe señalar que la educación NO es considerada un servicio esencial de acuerdo con múltiples criterios emitidos por el Comité de Libertad Sindical.


2. El proyecto permitiría incluir en este listado de servicios esenciales “todos aquellos que se lleguen a determinar en la vía judicial o reglamentaria“. Este sistema abierto resulta contrario al ordenamiento jurídico porque se violenta el principio de reserva de ley contemplado en el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública.


Por ser el derecho a huelga un derecho de rango constitucional (definido en el artículo 61 de la Constitución Política), la regulación y limitaciones al ejercicio del mismo solamente pueden establecerse por ley, nunca por medio de sentencias judiciales ni de reglamentos.

3. El proyecto persigue limitar de forma absoluta el ejercicio de la huelga en servicios esenciales, el cual ya existe y está regulado por ley.


El inciso d) del artículo 376 del Código de Trabajo ya define quienes son “los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no pueden suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como lo son las clínicas y los hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado público en las poblaciones…


Se sobreentiende que las demás personas trabajadoras que no resulten indispensables para mantener funcionando ese servicio esencial, si gozan de plena libertad de ejercer el derecho de huelga, al garantizarse la prestación del “servicio mínimo”.


4. Finalmente, cabe recordar que la huelga, además de ser un derecho de rango constitucional que ostenta reconocimiento y protección en el ordenamiento jurídico nacional y supranacional, constituye en sí mismo un hecho social que expresa las contradicciones de clase y la inconformidad de los trabajadores con el sistema económico imperante. Por tanto, intentar prohibir de manera impositiva su ejercicio, socava las bases del sistema democrático, amenaza la libertad sindical, y vacía de contenido el Estado Social Democrático y de Derecho.


En virtud de lo anterior, APSE se opone a este proyecto de ley, así como a todos los proyectos que atenten contra la libertad sindical, contra el derecho a la protesta social y contra la manifestación pública.



Mélida Cedeño Castro

Presidenta


Roblin Apú Murillo

Secretario General


Prensa APSE

08 de febrero de 2019


— Campo pagado publicado en edición impresa de Diario Extra, viernes 08 de febrero de 2018. —

SONY DSC

ESCUELA SINDICAL “LUISA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ” DE APSE IMPARTE TALLERES DE CONCLUSIÓN DEL NIVEL SUPERIOR CORRESPONDIENTES AL CURSO LECTIVO 2018


La Escuela Sindical de APSE “Luisa González Gutiérrez” dio inicio el viernes 25 de enero de 2019, al ciclo de talleres de conclusión del programa de estudios del Nivel Superior de la VII Promoción del año 2018, reprogramados tras la participación activa de todas las estructuras de APSE en la huelga contra el Combo Fiscal del año pasado.

Ariane Grau, coordinadora de la Escuela Sindical de APSE “Luisa González Gutiérrez” , indicó que se trata de un taller intensivo sobre temas como economía política, reformas educativas neoliberales, comunicación sindical e introducción al sindicalismo.

Estos contenidos serán abordados en dos días consecutivos de sesiones de trabajo, cubriendo la materia pendiente de ser vista el año pasado.

Se trata de talleres participativos y dinámicos donde los afiliados(as) interactúan entre sí, realizan trabajo de grupos, brindan exposiciones y desarrollan productos que les permiten explicar los fenómenos conocidos en clase.

Los días 25 y 26 de febrero, reciben talleres los grupos de San José 01 y Siquirres. Los días 29 y 30 de enero le toca el turno al grupo San José 02, el 30 y 31 de enero recibirá clases el grupo de Liberia, y el 1 y 2 de febrero corresponde a los grupos San José 03 y Puntarenas.

Una vez concluidos los dos días de lecciones, se procederá con la graduación de los estudiantes de cada grupo.

Como parte del taller, los participantes reciben charlas con especialistas en distintos temas, a cargo de la economista Sofía Guillén, el sociológo José Esquivel, y los profesores de Estudios Sociales José Solano y Hugo Marín.

Mélida Cedeño Castro
Presidenta

Roblin Apú Murillo
Secretario General

25 de enero de 2019
Prensa APSE

CONSEJO NACIONAL DE APSE INICIÓ PERIODO DE SESIONES DEL AÑO 2019

El Consejo Nacional de APSE celebró el viernes 18 de enero, su primera sesión ordinaria del periodo del año 2019.

En ocasión de esta primera sesión anual, se tomó juramento a los nuevos coordinadores y coordinadoras regionales electos para ocupar el cargo durante este periodo.

Se brindó audiencia al Lic. Róger Porras, Director Ejecutivo de JUPEMA y a la Licda. Mirna Ramírez, jefa del Departamento de Inversiones de dicha junta, para que expusieran acerca del proyecto de ley que permitiría a JUPEMA invertir los recursos de sus fondos de pensiones en obras públicas, generando dividendos adicionales a futuro que generen sostenibilidad y rentabilidad en beneficio del régimen jubilatorio del RCC.

Fueron conocidos en correspondencia los informes anual de labores del año 2018, de parte de los representantes de APSE ante la Caja de ANDE, Flor Aguilar y Joselito Barquero; y de parte de la representante de APSE ante JUPEMA; Elvira Solano.

La Presidenta de APSE, Mélida Cedeño Castro, expuso con detalle los resultados de las reuniones celebradas con el Ministro de la Presidencia y otros funcionarios de Gobierno para abordar temas de interés. La primera reunión ocurrida el 19 de diciembre fue exploratoria. En las reuniones realizadas los días 11 y 17 de enero se estableció una agenda de temas, entre los cuales cabe resumir:

  • Reforma al Empleo Público: El Gobierno está elaborando un
    nuevo proyecto de ley sobre reformas al Empleo Público que dará a conocer a los sindicatos.
  • Educación Dual: APSE reiteró su absoluto rechazo al proyecto de ley 20786, Ley de Educación Dual. El Poder Ejecutivo no puede excluir el proyecto de la corriente legislativa, pero se comprometió a dar tiempo en el trámite para incluir eventuales cambios.
  • Reformas al Sistema de Pensiones: APSE planteó su rechazo al proyecto de ley 20.927, que pretende unificar los regímenes de pensiones. El Gobierno aseguró que no está convocando dicho proyecto de ley.
  • Proyecto de ley para invertir recursos de JUPEMA en obra pública: Queda pendiente la aprobación del Foro de Presidentes y Secretarios Generales y de la Junta Directiva de JUPEMA sobre el tema.
  • Proyectos de 21.049, 21.097 y otros: Se manifestó el rechazo a estos proyectos de ley que cambiarán la regulación del ejercicio del derecho a huelga, la definición de servicios esenciales, y modificarán el Código de Trabajo vigente.

Los resultados de las reuniones celebradas, han sido expuestos ante la Junta Directiva de APSE, y ante nuestra afiliación por medio de información publicada en el sitio APSE Informa.

En la reunión celebrada con el Gobierno el 17 de enero, se estableció el siguiente calendario de reuniones:

  • Miércoles 23 de enero, 2:00 p.m.: Reunión con los ministros de Educación y de Trabajo para referirse a Educación Dual.
  • Viernes 25 de enero, 8:00 a.m.: Reunión con la Ministra de Planificación sobre Empleo Público.
  • Lunes 28 de enero, 1:00 p.m.: Reunión con el Ministro de Trabajo sobre Empleo Público.
  • Martes 29 de enero, 3:00 p.m.: Reunión en Casa Presidencial con el Presidente de la República.

APSE participará de estas reuniones para conocer la posición del Gobierno y señalar aspectos a los que nos oponemos en materias como reforma al empleo público, evaluación del desempeño y educación dual.

Al término de la sesión del Consejo, el Fiscal General de APSE, Apolo Vivas Rizo, realizó una exposición pormenorizada sobre aspectos relacionados con el funcionamiento, integración y funciones del Consejo Nacional, a efecto de que los nuevos coordinadores y coordinadoras dominen plenamente esta información necesaria para el desempeño de su cargo.

Prensa APSE

21 de enero de 2019

APSE RECHAZA EL PROYECTO 21.009 POR CAUSAR DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES Y POR LA INTROMISIÓN EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SINDICATOS

APSE se pronunció en rechazo al proyecto de ley 21.009 “Ley de alternancia temporal en las organizaciones sindicales”, porque generaría una discriminación contra las mujeres al restringir su derecho a participar libremente en procesos electorales, además de implicar una intromisión en la organización interna de los sindicatos.

Esta posición fue externada por APSE mediante una consulta de criterio requerida por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la cual fue contestada en escrito enviado el 14 de enero de 2019.

PROYECTO 21.009 DISCRIMINA A LAS MUJERES

El concepto de “alternancia histórica” que establece el proyecto 21.009 no queda suficientemente claro y carece de sustento jurídico. Actualmente, la ley N° 8901 ya garantiza la paridad de género en los espacios de toma de decisiones de sindicatos, asociaciones y otras organizaciones.

La gran mayoría de trabajadores de la educación costarricense son mujeres,  ocupando un porcentaje mayoritario del sector docente, de trabajadores misceláneos y de personal de comedores escolares (70% o más).  A pesar de esta notable disparidad en la composición de nuestra afiliación, los procesos electorales en APSE se rigen por el principio de paridad, fomentando la libre participación tanto de mujeres como de varones, como lo establece nuestro Estatuto.

El proyecto 21007 es absolutamente injusto, porque pretende impedir a las mujeres el derecho de presentar su candidatura y quedar electas en un puesto en específico en una Junta Directiva, solamente porque el mismo ya fue ejercido por otra mujer en el periodo anterior.

Esta imposición más bien desestimula la libre participación de las mujeres en procesos políticos. De igual forma, también limita el ejercicio del mismo derecho para los hombres. En el caso de un sindicato como APSE, la aplicación de la “alternancia histórica” podría provocar una excesiva representación del género masculino en los puestos directivos.

Este requerimiento se constituye más bien en una discriminación odiosa en función del sexo o género, lo cual está claramente prohibido por los preceptos constitucionales y las normas legales vigente.

PROYECTO 21.009  CAUSA INTROMISIÓN EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SINDICATOS

Se trata de una iniciativa que pretende reformar el inciso e) del artículo 345 del Código de Trabajo, a efecto de imponer en los estatutos de las organizaciones sindicales, como modo de elección, la obligatoria “alternancia histórica de ambos sexos en todos los cargos”. Esto implica una intromisión en la organización interna de los sindicatos, como se detalla.

El proyecto 21.009 desconoce los mecanismos electorales internos que rigen en nuestro sindicato, donde la elección de los cargos directivos se realiza de forma nominal (los electores votan por un candidato para cada puesto) y no por papeleta. La “alternancia histórica” impediría a las bases de nuestra afiliación, postularse libremente al cargo para el que se quiera elegir.

El proyecto desconoce la dinámica histórica y política interna de cada sindicato. Si en determinado momento surge un liderazgo político claro, y la voluntad de la afiliación es elegir a quien consideran la persona idónea para ocupar el cargo, no debería existir una ley que impida este ejercicio.

Se violentaría así el ejercicio de la libertad sindical garantizado por el artículo 60 de la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Convenio N° 87 de la OIT, referente a la autonomía de las organizaciones sindicales para autorregularse.

De conformidad con lo expuesto, APSE hace manifiesto su rechazo absoluto a este proyecto de ley, y solicita que se archive de forma inmediata.


CONSULTE EL DOCUMENTO CON LA CONSULTA DE CRITERIO COMPLETA

PUBLICAN TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL, EXPEDIENTE 20.786

En alcance a La Gaceta N° 209 del miércoles 12 de diciembre de 2018, se publicó el texto sustitutivo del proyecto de ley N° 20.786, “Ley de Educación Dual y Formación Técnica Dual”.

APSE hizo oficial su rechazo a este proyecto de ley ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, mediante consulta de criterio realizada en relación con el proyecto, del 03 de agosto de 2018.

Así se consigna en el Dictamen Afirmativo Unánime de esta comisión, del 15 de noviembre de 2018, donde se indica que APSE “en el pasado y  actualmente rechazan en todos sus extremos, toda iniciativa de ley que pretenda imponer la formación dual en nuestro país y que involucre dentro de su ámbito de aplicación, a los Colegios Técnicos de Segunda Enseñanza pertenecientes al Ministerio de Educación Pública. Mencionan que han sido claros y advierten sobre la gravedad de esta modalidad educativa, cuyo propósito es poner la educación costarricense al servicio de las cámaras empresariales, creando mano de obra barata, y formando personal “obediente” con un mínimo de educación general o académica, entre otros. Rechazan de esta absoluta este proyecto en tanto incluya a los Colegios Técnicos Profesionales del sistema público del país.”

Este proyecto ya recibió Dictamen Afirmativo Unánime en la comisión que lo tramitaba, por lo que puede ser conocido y votado por el Plenario legislativo.


LEA EL PROYECTO DE LEY 20.786 EN EL SIGUIENTE ENLACE:


Consulta de criterio remitida por APSE a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, 03  de agosto de 2018:

APSE RECHAZA ROTUNDAMENTE EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL EXPEDIENTE 20.786

APSE externa ante la comunidad educativa y ante el país en general, el criterio solicitado por y emitido ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, respecto al proyecto de ley 20.786 “Ley de Educación Dual”. APSE rechaza este proyecto de ley, por considerar que esta iniciativa coloca en desprotección al estudiantado, resta competencias al cuerpo docente, pretende beneficiar al sector empresarial con personal humano no pagado y no asegurado, e implica la inobservancia plena de la legislación laboral vigente.


03 de agosto del 2018

Señores y Señoras

Diputados y Diputadas

Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación

Asamblea Legislativa

S.D.

Estimados señores y señoras:

La suscrita, MÉLIDA CEDEÑO CASTRO, en mi condición de Presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza  (APSE);  conforme a la consulta de criterio realizada en relación con el Proyecto de Ley Nº 20786, denominado “ Ley de Educación Dual”; en el plazo otorgado al efecto, con el debido respeto MANIFIESTO:

1.-   La APSE rechaza y ha rechazado en el pasado  en todos sus extremos, toda iniciativa de ley que pretenda imponer la formación dual en nuestro país y que involucre dentro de su ámbito de aplicación, a los Colegios Técnicos de Segunda Enseñanza pertenecientes al Ministerio de Educación Pública.

2.- Siempre fuimos claros y advertimos sobre la gravedad de esta modalidad educativa, cuyo propósito es poner la educación costarricense al servicio de las cámaras empresariales, creando mano de obra barata,  y formando personal “obediente” con un mínimo de educación general o académica, entre otros.

3.- En esta oportunidad, se somete a nuestra consideración un nuevo Proyecto de Ley, que sin duda contiene cambios significativos en relación con el  PROYECTO DE LEY DE PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN O FORMACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA EN LA MODALIDAD DUAL EN COSTA RICA, EXPEDIENTE N.° 19.019.  No obstante, en el tanto esta iniciativa de ley aplica tanto para instituciones públicas como privadas, entre ellas los centros educativos del sistema educativo formal del Ministerio de Educación Pública, debemos hacer las siguientes observaciones:

a.- Si bien es cierto,  se concibe la  educación dual como un mecanismo de educación y aprendizaje metódico, integral, practico, productivo y formativo, complementario  y no  excluyente tal y como se establece en el artículo 2 del proyecto de Ley,  no debe dejarse de lado, la obligación  del MEP y demás instituciones participantes del sistema educativo,  de garantizar la integralidad de la educación, no   solo centrada en el aprendizaje técnico y la formación para el trabajo, sino también en el conocimiento académico, histórico y valores. Es por ello que dentro de los objetivos plasmados en el artículo 3, debe complementarse  su inciso a), a efecto  de que se incluya como parte del objetivo la siguiente frase: “sin dejar de lado la formación académica, valores y complementos que le permitan incorporarse a la sociedad como un ciudadano de bien”.

b.- El artículo 5 sobre la aplicación del principio dual en el proceso,  establece la duración del proceso según “… el diseño curricular del programa de educación y formación correspondiente”.  Sin embargo, es necesario considerar, que  por la estructura del sistema educativo,  no es posible ni conveniente, que un estudiante en ninguna especialidad, se integre de inmediato a la empresa. Es decir, debe primero establecerse cierta base teórica que le permita al estudiante, al menos haber desarrollado conocimientos y habilidades básicas para luego proceder a la puesta en práctica en la empresa.

Por lo tanto  recomendamos, que en este articulo se establezcan plazos de tiempo, de al menos 6 meses luego del  inicio del programa, para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos básicos y teórico necesarios y luego de este plazo establecerse un proceso paulatino de formación hasta llegar a los  dos tercios (2/3) establecidos.

c.- El artículo 6 propone la creación de la “Promotora de Educación Dual”, como un órgano superior jerárquico nacional, con desconcentración máxima, adscrito y bajo la rectoría del Ministerio de Educación Pública.

Al respecto consideramos, que la situación económica del país, marcada por un serio  déficit fiscal, que ha impedido cumplir con el mandato constitucional de asignar el 8% del PIB para el presupuesto del Ministerio de Educación Pública  y donde más bien se pretende reducir el gasto y castigar a la clase trabajadora con más impuestos,  no es posible  pensar en la creación de un nuevo ente público con cargo al presupuesto del MEP.

Debe buscarse otra opción, que no permita incurrir en mayor erogación  presupuestaria.

d.- En el artículo 16 no se establece que características debe tener el personal de las empresas formadoras. En su inciso b) solo se indica que el personal debe ser “competente. Sin embargo no se establecen las competencias o certificaciones  con que  debe contar ese personal, como requisito mínimo. Lo mismo ocurre con las condiciones de la empresa, no se dice si deben tener aulas de entrenamientos, sistemas de seguridad, equipos de entrenamiento, entre otros.

e.- En el artículo 17 se establece sobre  la pérdida de acreditación, por parte de la institución educativa que incumpliere los requisitos establecidos. No obstante  no existe regulación alguna sobre la  seguridad  que se le ofrece al estudiante, en relación  con la continuidad  del programa, ante una situación de esa naturaleza.

f.- En el artículo 22  deben cerrarse los requisitos de edad y nivel educativo necesarios para acceder al programa, de manera que  no solo aplique  la edad mínima de 18 años. Deben establecerse como requisitos adicionales los siguientes:

“Para ser estudiante de un plan o programa de educación dual se requiere:

1- Que  los estudiantes  hayan concluido los estudios secundarios o de educación técnica establecidos por el MEP

2-  Ser  mayor de 18 años y haber permanecido fuera del sistema educativo formal por al menos 2 años.

3:   Ser  mayor a 18 años y  que pertenecer al campo laboral por al menos 1 año.

Los requisitos establecidos en los puntos 2 y 3 deberán ser demostrados por los interesados.”

g.- En el artículo 23 se establecen las condiciones para la persona estudiante, sin embargo,  esta queda desprotegida debido a que no hay ninguna responsabilidad por parte de las empresas participantes.  Debe establecerse una suma de dinero con un  porcentaje definido a favor del participante  al inicio del Programa, sin que esté condicionado a otorgamiento de una beca monetaria. Sin embargo conforme el estudiante avanza, no se le puede catalogar como un principiante, sino que el sistema debe certificarlo  de acuerdo a las funciones y competencias adquiridas. Es por esto, que el estudiante debe  tener por parte de la Empresa un reconocimiento económico mayor.

h.- El artículo 29 no hace responsable a la institución, la empresa y la promotora en cuanto a la contratación del estudiante, es necesario que la promotora se involucre en el proceso de contratación respaldando a la persona estudiante una vez finalizado el proceso de formación.

i.- Respecto a la Junta examinadora no establece ningún incentivo para los docentes de la institución, debe establecerse el pago de viáticos adecuados establecidas por la normativa vigente dado que el tutor debe trasladar se a los diferentes lugares donde se encuentren los estudiantes.

4.- De no atenderse nuestras observaciones concretas, con las que se deja patente nuestra posición de excluir del ámbito de aplicación de esta iniciativa de ley a los Colegios Técnico Profesionales del sistema educativo público, conforme lo indicado supra, estaríamos ante un Proyecto de Ley que cuenta con nuestra rotunda oposición por las siguientes razones:

a.-) DESPROTECCIÓN DEL ESTUDIANTE

  • Obliga a la persona estudiante a desempeñar tareas y funciones en la empresa, sin recibir suma de dinero alguna, quedando a criterio discrecional el otorgamiento de una beca monetaria,  que en caso de no ser otorgada,  debe el estudiante  aportar de su peculio los recursos necesarios para su formación y  desempeño  en la empresa. ( artículo 23)
  • Deja a los estudiantes en absoluta indefensión, pues no éste contará con seguro social, ni pólizas, ni seguros de riesgo de trabajo, ni derecho a gozar de licencias, incapacidades, cesantía, preaviso,  ni ninguna figura de salud ocupacional,  permisos especiales ni ninguna otra figura de protección.
  • No se delimita la cantidad de horas ni días que debe dedicarse, ni las jornadas de formación y capacitación, sometiendo al estudiante a un régimen de explotación laboral, favorecida por la falta de formación y experiencia laboral, sumado a las necesidades de la persona.
  • Obliga al estudiante a conservar el secreto comercial de la empresa, lo que lo expone a un eventual problema jurídico si incumple con estas normas. ( 30 inciso g)
  • Obliga al estudiante a brindar un preaviso de 4 semanas, sin el cual se dará por terminada la relación formativa en perjuicio de la persona estudiante. ( artículo 25)
  • No obliga al empresario a brindar justificación para dar por terminada anticipadamente la relación de educación dual, sino que ésta podrá darse por terminada por parte del empresario, con solo aducir “motivos válidos”, los cuales no están delimitados ni definidos. ( artículo 25)
  • Limita las posibilidades de formación didáctica al imponer un oficio formativo de acuerdo con los criterios de la empresa, la cual tendrá amplias potestades para definir quiénes y en que especialidades empleará, por lo cual se limita la posibilidad de escogencia vocacional de la persona estudiante, y lo expone al riesgo de no contar con las habilidades o las aptitudes necesarias para desempeñar las funciones que le asignan.
  • Convierte las responsabilidades del estudiante en obligaciones, mientras no cambia las responsabilidades de las otras partes.
  • Permite a las empresas discriminar sin observancia alguna de la ley, a quiénes requerirá, imponiendo un límite de 10% sobre la totalidad de su planilla para emplear estudiantes, lo que se presta para que en zonas con poca dinámica económica, muchos estudiantes no tengan oportunidad real de estudiar en la educación dual. (artículo 31 inciso d)
  • El régimen disciplinario del estudiante queda sujeto a las reglas de la empresa, al eliminar la cláusula que establecía que se debía regir por la normativa interna del centro educativo.
  • Se elimina el plazo límite para dar por concluido el proceso formativo.
  • Se aumenta a 5 estudiantes por cada mentor. ( artículo 31 inciso c)
  • Se deja abierto el portillo para que estudiantes que no han formalizado sus estudios puedan optar por otros programas para terminarlos, sin definir los mecanismos didácticos necesarios para ello.
  • Se elimina la obligación de ocupar al estudiante solamente en actividades correspondientes a su proceso de formación-capacitación.

b.- DESPROTECCIÓN E INOBSERVANCIA DE LAS NORMATIVAS LABORALES, DESPROTECCIÓN DE LA FIGURA DOCENTE

  • El docente pierde toda potestad de ser quien esté a cargo del proceso formativo, compartiendo esta condición con la empresa.
  • No existen mecanismos para garantizar que la persona en formación adquiera correctamente las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones, ni existe la posibilidad de que el docente corrobore que el estudiante ha adquirido estas competencias y lo acompañe en ese proceso.
  • Ni el docente ni la institución educativa tienen potestad para supervisar las condiciones en que se encuentra la persona estudiante, así como tampoco verificar las condiciones y recursos que le brinda la empresa.

c.- SOBRE LAS POTESTADES DE LA PROMOTORA

  • Asume funciones propias de una figura con potestad contractual.
  • Asume las funciones de elaboración de los programas de estudio, de su aplicación y de su adaptación, viéndose forzada a tener que identificar y promover las necesidades del sector empresarial.
  • Se convierte en la última instancia administrativa.
  • El currículum y los programas serán determinados por los intereses del mercado.
  • Estandariza los programas de educación dual al no ajustarle a la realidad de las condiciones y particularidades de las distintas ofertas educativas que existen.
  • Aumenta la representación del sector empresarial, sus potestades y su peso en la toma de decisiones.
  • Deja sin definir la integración, el concepto ni las competencias de la Promotora y del Consejo. Este último no está definido ni limitado, ni quedan claras sus funciones.
  • No queda claro quién es el obligado a pagar pólizas, y las mismas serán solo de naturaleza estudiantil, dejando en absoluta desprotección al estudiante laboral y civilmente, sin posibilidades de entablar ningún proceso de reclamo sobre este asunto.

De conformidad con lo expuesto, en nombre de la membresía de la Organización que represento, dejo  manifiesto nuestras observaciones y el rechazo absoluto a este Proyecto de Ley en el tanto incluya a los Colegios Técnicos Profesionales del sistema educativo público del país.

Finalmente, solicito a esta Comisión, se nos otorgue una audiencia presencial, en la cual podamos ampliar los razonamientos vertidos en este documento.

Atentamente,

Mélida Cedeño Castro

Presidenta APSE






ESTOS SON LOS DIPUTADOS(AS) QUE VOTARON A FAVOR DEL COMBO FISCAL, LEY DE LA REPÚBLICA QUE CAUSARÁ EL EMPOBRECIMIENTO DE MILES DE FAMILIAS


Los siguientes 35 legisladores, votaron a favor del nefasto proyecto de ley 20.580 (Combo Fiscal).

Los intereses privados y los poderes de la República se hicieron una sola mancuerna para aprobar esta Ley de la República, N° 9635.

Estos diputados hicieron oídos sordos al clamor popular que exigía detener el Combo Fiscal para construir una reforma tributaria que sí fuera justa y solidaria.

Hicieron caso omiso a estudios que demuestran que miles de familias caerán en la pobreza ó sufrirán efectos perjudiciales.

Ignoraron una huelga absolutamente justa, que emprendimos contra este proyecto fiscal complaciente con los grandes evasores fiscales, empresas y grupos financieros que no pagan sus impuestos, que son los mismos que aparecen en la lista publicada por el Ministerio de Hacienda.

Optaron por precarizar los salarios de la clase trabajadora, por aplicar impuestos a los principales productos de consumo diario, y por afectar a las pequeñas y medianas empresas.

El pueblo no debe perder su memoria histórica. Costarricenses: no olvidemos.

—————————————

DIPUTADOS(AS) QUE VOTARON A FAVOR DEL COMBO FISCAL:

– Carolina Hidalgo (PAC),
– Víctor Morales (PAC),
– Nielsen Pérez (PAC),
– Mario Castillo (PAC),
– Paola Vega (PAC),
– Enrique Sánchez (PAC),
– Luis Carranza (PAC),
– Laura Guido (PAC),
– Welmer Ramos (PAC),
– Catalina Montero (PAC),
– Otto Vargas (PRSC),
– Carlos Ricardo Benavides (PLN)
– Silvia Hernández (PLN)
– Wagner Jiménez (PLN)
– Karine Niño (PLN)
– Roberto Thompson (PLN)
– María José Corrales (PLN)
– Daniel Ulate (PLN)
– Luis Fernando Chacón (PLN)
– Luis Antonio Aiza (PLN)
– Ana Lucía Delgado (PLN)
– Jorge Fonseca (PLN)
– Gustavo Viales (PLN)
– Yorleny León (PLN)
– Davin Gourzong (PLN)
– Aida Montiel (PLN)
– Aracelly Salas (PUSC),
– Pablo Heriberto Abarca (PUSC),
– Óscar Cascante (PUSC),
– Rodolfo Peña (PUSC),
– Erwen Masís (PUSC),
– María Inés Solís (PUSC),
– Pedro Muñoz (PUSC),
– María Vita Monge (PUSC),
– Erick Rodríguez (independiente)

—————————————

Mélida Cedeño Castro
Presidenta

Roblin Apú Murillo
Secretario General

13 de diciembre de 2018

Prensa APSE

(Campo pagado publicado en edición de Diario Extra, jueves 13 de diciembre de 2018)