En primer término resulta preciso señalar que en ninguno de los espacios unitarios en los que participan todas las Organizaciones de trabajadores de la educación, se ha tomado un ACUERDO UNITARIO para organizar una lucha o movilización de ningún tipo.
Fue en el marco del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional que en sesión del 16 de mayo del año en curso, se acordó organizar el Foro titulado: “Amenazas para el Sistema de Pensiones Costarricense: Consecuencias y Estrategias para su defensa”, mismo que se realizó el 23 de mayo y que contó con la participación de una representación de la APSE.
En este Foro se llega a la conclusión de que efectivamente el Gobierno de la República promueve graves reformas a los Regímenes de Pensiones y Jubilaciones en general y que las iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa son prueba de ello.
En la APSE responsablemente se han hecho análisis de fondo sobre el impacto y repercusiones de estos regresivos y nefastos proyectos de ley.
Somos conscientes entes que para lograr rescatar y defender la seguridad social de nuestro país se requiere del desarrollo de la conciencia social, de la conciencia de clase, así como de la necesidad de la articulación unitaria de todos los sectores y organizaciones del país. Es por ello, que trabajamos incansablemente en la tarea de llevar la información a nuestras bases y al pueblo en general. Una prueba de esto fue el logro obtenido con la movilización masiva de la afiliación apsina y miembros de las comunidades del país el pasado 01 de mayo.
Conforme a lo expuesto, manifestamos al Gobierno de la República y a los legisladores, nuestro absoluto repudio a toda iniciativa de ley que pretenda debilitar la seguridad social de nuestro país. Y en este sentido, no escatimaremos esfuerzos de ninguna índole en su defensa y en defensa de la clase trabajadora.
El Tribunal de Elecciones de la APSE, comunica las candidaturas por Tendencia que fueron inscritas y aprobadas para los 13 puestos que conforman la junta Directiva de APSE Sindicato, con el fin de llevar a cabo las Elecciones Nacionales, que se realizaran el próximo 28 de julio del presente año.
Cualquier consulta relacionada a materia Electoral comunicarse al teléfono del TEAPSE (2547-7890) o también vía correo electrónico (teapse@apse.cr).
Durante este año 2023, la Asociación de Desarrollo de Segunda Enseñanza, APSE, destina ¢70.000.000 de su presupuesto anual en becas que se otorgan a estudiantes de centros educativos de los diferentes niveles.
Esta ayuda de APSE para el movimiento estudiantil, consiste en la entrega de un monto por única vez a lo largo de las 7 provincias y 84 cantones del país. Cada una de las 1700 bases del sindicato APSE determina a quién favorecerá anualmente con esta ayuda.
De esta manera, APSE colabora con el desarrollo social y educativo costarricense, al ser la única organización sindical magisterial que entrega becas para fomentar el estudio entre los estudiantes de centros educativos públicos, colaborando con la reducción de la deserción escolar provocada por la falta de recursos económicos.
La entrega de los cheques con fondos becarios se realiza en centros educativos públicos de Costa Rica, tanto de primaria como de secundaria, lo que implica que este apoyo económico de APSE impacta positivamente todo el país, tanto en zonas urbanas como rurales.
Ana Doris González González, Presidente Nydia Durán Rodríguez, Vicepresidente Marvin Padilla Lemus, Secretario General
La Junta Paritaria de Relaciones Laborales de la III convención colectiva del sector educativo recibió al Director del Servicio Civil, Francisco Chang, este martes 25 de mayo, para referirse a la estimación de los salarios globales definitivos.
El señor Chang indicó que Servicio Civil ha trabajado en la definición del valor del punto de cada una de las clases docentes. En segundo lugar, se refirió a las necesidades del sistema educativo de mantener sobrecargas, aumentos de lecciones y otros recargos. La ley de empleo público no acepta ninguna clase de pluses salariales. Ante ello, los 76 recargos del MEP están sometidos a análisis para valorar bajo que concepto se pagará.
Ricardo Vindas, asesor de APSE, comentó que la organización conoce este tema desde el año 2012, cuando las figuras de recargo fueron definidas como ampliaciones de jornada laboral. 5 años después, Servicio Civil emitió un criterio distinto a este. En algunas modalidades, el pago de estos recargos fueron instrumentalizados para reconocerse como lecciones. La viceministra Ramírez agradeció la explicación de APSE y consideró que lo más indicado sería escuchar las propuestas en una sesión de trabajo más amplia. La Presidente de APSE estuvo de acuerdo con la propuesta, siempre y cuando la propuesta sea considerada por Servicio Civil y que no sea un espacio solo para exponer.
Otros temas planteados en la Junta Paritaria fueron:
La viceministra administrativa Sofía Ramírez indicó a la Junta que ya la Asamblea Legislativa ya solicitó al MEP su criterio sobre el proyecto de ley 23573 (reforma a la ley 9999). Dicha cartera ya está elaborando su respuesta.
Respecto al pago del zonaje, el MEPindicó que ya fueron cancelados 1019 millones de colones. Queda pendiente cancelar 587 millones a 21952 funcionarios. Los depósitos de las sumas pendientes se estima que se realicen a más tardar la primera quincena de julio 2023 por la vía de la resolución administrativa.
Ana Doris González, Presidente de APSE, reclamó que el acuerdo suscrito por la Junta Paritaria en diciembre pasado, que APSE no firmó, no contempló los cálculos en el presupuesto del año 2024. Manifestó que no es posible que se presupuesten 8 mil millones para el próximo año. Esta discusión provocó que la Junta Paritaria tomara un acuerdo para revisar el valor así como la metodología del pago de zonaje.
Las 63 estructuras regionales de APSE en todo el país llevan a cabo un día de asambleas y elecciones regionales, proceso en el cual se registra una nutrida participación de afiliados.
Este proceso se lleva a cabo los días 15, 16, 17, 24 y 24 de mayo de 2023. Las regionales cuentan con un día de licencia sindical, el cual es válido por toda la fecha correspondiente a su Regional y aplica para todos los afiliados a APSE.
Este miércoles 17 de mayo, correspondió celebrar las Asambleas de las regionales 05, 11, 13, 16, 22, 33, 35, 43, 44, 45, 48, 55 y 58.
Paralelamente a la celebración de las Asambleas, el Tribunal Electoral de APSE celebra las elecciones regionales, donde se eligen las plazas vacantes de la Directiva Regional. Estas son elecciones regionales donde puede participar toda la afiliación apsina.
Las candidaturas a los puestos a elegir, así como el calendario de asambleas regionales y el permiso del MEP para estas actividades, pueden ser consultados en el sitio web www.apse.cr
Si usted se pensionó o jubiló a partir del 1 de enero de 2020, comuníquese con el Departamento de Pensiones de APSE para realizar reclamo administrativo por costo de vida ante el MEP, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ejecutivo 43732-H-MTSS-MIDEPLAN.
Puede: – llamar al teléfono 2547-7824, – escribir al correo electrónico pensiones@apse.cr – o enviar un mensaje de texto vía whatsapp al número 8956-2476 opción # 3.
APSE estuvo presente hoy martes 10 de mayo ante la Junta Paritaria de Relaciones Laborales de la III Convención colectiva del sector educativo, espacio en el que se conocieron avances en varios temas laborales que seguían pendientes.
Se conoció una circular del MEP para aclarar el tema de la asignación del período de vacaciones, que fue avalada por todos los sindicatos. El MEP se comprometió a enviarla esta semana.
La Dirección de Recursos Humanos del MEP expuso acerca del pago de recargos y ampliaciones de jornada, indicando que tienen identificadas 76 modalidades de recargos y ampliaciones, que incluyen 15 categorías de ampliación de jornada, 5 recargos de funciones correspondientes a puestos de Título I y 56 recargos de funciones del Título II.El principal inconveniente ha ocurrido con los coordinadores de educación técnica, a quienes se les calcula el pago según la atinencia de la clase de puesto, método que no es posible de acuerdo con la Ley Marco de Empleo Público.La propuesta del MEP es reconocer los montos de los recargos mediante el pago de fracciones de jornadas laborales.
APSE consultó si dicha propuesta implica el pago de un tiempo y medio o si implica el pago de horas extras, a lo que el MEP respondió que ese criterio técnico debe resolverlo el Servicio Civil. Marvin Padilla, Secretario General de APSE, señaló que la administración pública es la responsable de este tipo de incoherencias.Él reiteró que APSE ya ha señalado estos problemas desde hace muchos años sin obtener respuesta.
Sobreel pago zonaje del año 2022, el MEP afirmó que el Ministerio de Hacienda no puede ejecutarlo en un solo pago. Durante la primera quincena de mayo se cancelarán 2056 casos, para la segunda de mayo serán 24000 personas y el resto en la primera y segunda quincena de junio. Respecto al zonaje 2023, dicho pago aún no ha sido parametrizado, por lo que se acordó solicitarle a Hacienda el mecanismo de pago del zonaje del primer semestre del año 2023.
El monto correspondiente a las anualidades acumuladas por antigüedad de los períodos 2020-2021, 2021-2022 y las anualidades retroactivas a enero de 2023, el MEP estima pagarlo a quienes corresponde durante el mes de junio de 2023.
APSE consultó finalmente sobre la exigencia del MEP a profesores de informática educativa de utilizar un software que requiere el dominio del idioma inglés, tema donde los docentes han señalado que no tienen pleno conocimiento. El MEP afirmó que no se puede exigir como un requisito para el cargo.
APSE estuvo presente hoy jueves 4 de mayo de 2023 en una reunión con legisladores de varias fracciones integrantes de la Comisión Especial de Educación con sindicatos del sector educativo para conocer un proyecto de ley con el fin de corregir un error en el pago del Incentivo para el Desarrollo de la Docencia (IDD).
El pago de este incentivo se modificó según la ley 9635 en el año 2018, por lo que el IDD se debía nominalizar a la base salarial. Sin embargo, el IDD implica un pago del 8,33% sobre el salario total, situación que provocó que su nominalización no fuera posible.
Posteriormente, en febrero del año 2022 se reformó la nominalización del IDD mediante la ley 10137, pero no se resolvió qué pasaría con los montos pagados de más incorrectamente en el plazo de vigencia de la ley 9635 (4 de diciembre de 2018) y la promulgación de la ley 10137 (17 de febrero de 2022). Esto provocó que miles de trabajadores recibieran, de buena fe, montos superiores a los que correspondía según la norma.
Marvin Padilla Lemus, Secretario General de APSE, aclaró que el problema fue en la elaboración de las leyes y no es culpa de los trabajadores. Se trata de un error de la administración pública por lo que esta reforma de ley no corresponde a una deuda.
Los diputados atendieron con gran aceptación la inquietud del sector sindical, pero advirtieron que en este momento la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones extraordinarias.
Sugirieron que los sindicatos le planteen a la Ministra de Educación Pública que solicite al Poder Ejecutivo que el proyecto se incluya en el orden del día del plenario.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, presentó una demanda hoy jueves 27 de abril contra el Estado costarricense en reclamo del pago del incremento salarial a los empleados públicos correspondiente al año 2020. La demanda fue presentada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo bajo el número de expediente 24602.
El aumento salarial al que hace referencia la demanda, fue aprobado por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público del 17 de diciembre de 2019. El acuerdo tomado reconocía un único incremento salarial general a la base por un monto de ¢7.500.00, con incremento diferenciado para los grupos de menor salario por un total de ¢8.750.00.
Dicho acuerdo fue instrumentalizado por el Poder Ejecutivo en decreto ejecutivo 42121-MTSS-H-MIDEPLAN publicado en La Gaceta del 6 de enero de 2020, estableciendo que se haría efectivo de ser posible en la segunda quincena de febrero, con reconocimiento retroactivo al 1 de enero de 2020.
Sin embargo, este reajuste salarial no se hizo efectivo a los trabajadores del gobierno central, incluido el Ministerio de Educación Pública, ya que, bajo el argumento de la emergencia nacional provocada por el Covid-19, fue suspendido su pago mediante decreto ejecutivo 42286-MTSS-H-MIDEPLAN del 4 de abril de 2020.
Posteriormente el Poder Ejecutivo promulgó el decreto ejecutivo 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, publicado en La Gaceta el 12 de octubre de 2022, en el que se deroga el decreto ejecutivo 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, mediante el cual se había autorizado el aumento salarial para el año 2020.
No obstante este último decreto dejó sujeto el pago de incremento salarial al cumplimiento de las condiciones de la regla fiscal, la cual fue establecida en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El decreto ejecutivo 43732-H-MTSS-MIDEPLAN es sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico porque condiciona el reconocimiento del incremento salarial a la regla fiscal. Esto es improcedente y manifiestamente ilegal porque al momento de la aprobación del aumento salarial, el país no es encontraba aún en el escenario más restrictivo de la regla fiscal y para la aplicación del ajuste por costo de vida del año 2020 no se cumplía con los supuestos del artículo 11 del Título IV de la ley 9635. No es sino hasta el año 2021, cuando el país superó una relación deuda/PIB superior al 60%, activando las medidas extraordinarias de contención del gasto público más fuertes de la regla fisca, que incluyen el congelamiento salarial por costo de vida, tal como dispone el artículo 13 del Título IV de la ley 9635.
Esta situación violenta el artículo 695 párrafo tercero del Código de Trabajo, el cual establece que los acuerdos logrados en la Comisión serán vinculantes entre las partes. Además, tiene un efecto retroactivo que lesiona derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, violentando el artículo 34 de la Constitución Política.
En todo caso, el fin de la demanda de APSE es el reconocimiento de que este hecho constituye una supervivencia del derecho abolido por el decreto 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, tema que ha sido abordado por la Corte Suprema de Justicia desde el año 1978.
La pretensión de esta demanda es que se declare la nulidad absoluta del decreto 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, Se ordene el pago del aumento general al salario base para todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública, cubiertos por el Título I y Titulo II del Estatuto de Servicio Civil, acordado en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público el 17 de diciembre del 2019 e instrumentalizado en el Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, del 17 de diciembre del 2019, en forma retroactiva al 01 de enero del 2020 y hasta la fecha de firmeza de la sentencia, conjuntamente con las resultantes por los ajustes correspondientes a aguinaldo, salario escolar y otros, intereses e indexación desde que resultó exigible la obligación.
