Varias instituciones vinculadas al sector educativo costarricense, han presentado intervenciones de coadyuvancia ante la Sala Constitucional, en respaldo a la acción de inconstitucionalidad contra el Presupuesto Ordinario de la República 2023 por no asignar el 8% del PIB a educación, la cual fue presentada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, el 7 de febrero de 2023.
Una coadyuvancia es un proceso jurídico mediante el cual una parte actora se suma a un proceso por tener un vínculo jurídico sustancial con la parte a la que quiere ayudar. La acción de inconstitucionalidad presentada por APSE se tramita bajo el expediente 23-002835-0007-CO, y la sala le dio curso el 23 de febrero.
El Consejo Nacional de Rectores, CONARE, acudió por este motivo ante la Sala Constitucional el pasado viernes. Su coadyuvancia expone ampliamente jurisprudencia constitucional, como una resolución del año 2000 que indica que el mínimo presupuestable para la educación tiene fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos y varios institutos jurídicos más. También se cita la resolución de 2018 ante el trámite de consulta del entonces proyecto de ley 20.580, aprobado como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el cual se determinó que por medio de una ley no se pueden obviar las obligaciones presupuestarias constitucionalmente ya establecidas.
También presentó su coadyuvancia el Sindicato de Trabajadora y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, donde citan la sentencia 012803-16, la cual indica que no respetar el destino específico de un fondo atado constitucionalmente viola el artículo 78 constitucional y además el derecho a la educación y el principio de progresividad.
Ese voto citado fue resultado de una acción de inconstitucionalidad presentada y ganada por APSE contra el presupuesto 2016, ocasión en la cual se acudió a la Sala por el mismo motivo. Ese fallo ha sido incumplido año tras año por la propia Asamblea Legislativa, como lo detalló la Presidente de APSE, Ana Doris González, ante la Comisión Especial de Educación del congreso, el pasado 14 de marzo.
Ahora, le corresponderá a la Sala Constitucional determinar si hace respetar el precepto constitucional de asignar el 8% del PIB a la educación pública, así como a los poderes Legislativo y Ejecutivo cumplir a cabalidad este mandato.
Ana Doris González González, Presidente
Nydia Durán Rodríguez, Vicepresidente
Marvin Padilla Lemus, Secretario General
Prensa APSE, 22 de marzo de 2023
COADYUVANCIA-23-002835-0007-CO-1
