Gobierno pretende otorgar el 8% del PIB para educación en el 2018
– APSE denuncia maniobras dilatorias para no acatar el mandato constitucional
Norma Umaña/APSE/Octubre 2014
!/media/import/2014/10Octubre/fts/1.jpg!“Denunciamos las maniobras de los políticos neoliberales para desmantelar la educación pública con recortes al presupuesto y haciendo caso omiso al mandato constitucional”, dijo la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Ana Doris González González.
El financiamiento de educación debe ser de un mínimo de 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2015, tal y como lo establece el artículo 78 de la Constitución Pública.
El transitorio I del artículo 78 indica que la inversión en educación podrá ser inferior al 8% durante los periodos fiscales anteriores al 2014, y en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto podrá ser más bajo que el del año precedente.
En el proyecto del Presupuesto de la República del próximo año se le asigna al Ministerio de Educación Pública solo el 7,4% del PIB, cifra que podría bajar en caso de prosperar algunas de las mociones de reducción de las partidas.
Tras una consulta de la APSE a la ministra Educación Pública, Sonia Marta Mora, sobre cuándo se alcanzará el 8% del PIB, respondió: “Estamos proyectando llegar a esa cifra en el 2018”.
La presidenta González indicó que “no podemos esperar a que al Gobierno se le ocurra otorgar los recursos en esa fecha, cuando son múltiples las carencias que sufre el sector educativo”.
La Ministra dijo hace pocos días que el “Gobierno ha tenido la voluntad de avanzar hacia ese porcentaje”, pero ahora preparan otro recorte, entonces ¿de qué voluntad está hablando?, manifestó la dirigente González.
El primer recorte por ¢178.000 millones al presupuesto de educación lo hizo el Ministerio de Hacienda antes de enviar el proyecto a la Asamblea Legislativa.
Otro de los incumplimientos radica en que desde el 2012 venció el plazo para que se aprobara la ley que implemente las características técnicas del mandato constitucional de asignar al menos el 8% del PIB. El proyecto, en el cual se proponen las bases del cálculo del producto interno bruto, se encuentra en el plenario legislativo en la lista de los primeros debates.