Pronunciamiento de la APSE sobre la megamoción de recorte presupuestario y su impacto en la educación

Pronunciamiento de la APSE sobre la megamoción de recorte presupuestario y su impacto en la educación

– Propuesta del diputado Ottón Solís es irracional y violenta la Constitución Política

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza calificó de muy grave e irracional la moción presentada por el diputado Ottón Solís, que pretende recortar ¢109.283 millones al presupuesto del Ministerio de Educación del 2015.

La posición del diputado del PAC es irracional y contraviene lo dispuesto por la Constitución Política, que en su artículo 78 y su transitorio establece un financiamiento para la educación estatal, incluida la superior, no inferior al 8% del PIB durante los periodos fiscales anteriores al año 2014, y en ningún caso el porcentaje podrá ser más bajo que el del año precedente.

En el proyecto presupuestario, al MEP se le asigna un total de ¢2.2 billones, monto que supera en ¢263.380 millones al gasto del 2014; es decir, el incremento es de 13,6%. Esos recursos equivalen al 7,4% del PIB, luego de un recorte de ¢175.000 millones que le hizo Hacienda antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa.

A este incumplimiento, se aúna el duro golpe que le pretende asestar el diputado Solís al presupuesto de educación, con un recorte de 4,94%, lo que equivale a ¢109.283 millones.

De prosperar la moción, el monto asignado pasaría del 7,4% al 7,03% del PIB, o sea, estaría por debajo del porcentaje asignado en el 2014, que es de 7,2% del PIB. La rebaja propuesta por Solís equivaldría al 0,37% del producto interno bruto.

Los recortes en los distintos programas causarían un grave perjuicio a los estudiantes, los trabajadores y al sistema educativo en general.

En la megamoción se observan tres apartados de modificaciones donde se le rebaja al MEP. En el primero, la reducción es de ¢91.000 millones; en el segundo, que se refiere a la retribución por años servidos (anualidades) es por ¢17.000 millones, y en el tercero, referente al pago de personal sustituto y para dar financiamiento a resoluciones de reasignaciones, el recorte es de ¢200 millones.

Los más afectados serían los estudiantes que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, ya que se estarían recortando partidas de comedores escolares, transporte estudiantil y  becas.

El acceso a Internet en las escuelas y colegios se vería limitado, por cuanto se propone una rebaja en el pago de servicio de telecomunicaciones por ¢1.309 millones.

Los derechos laborales no escapan del irracional tijerazo de Solís, ya que incluye las anualidades, pago de viáticos y pago de personal sustituto o reasignado. La reducción presupuestaria en el pago de viáticos afectaría a los docentes que tienen que desplazarse a lugares alejados del centro educativo para recibir capacitación, y violentaría la convención colectiva. Pero también los servicios de capacitación de los nuevos programas de estudio y en general de la actualización de los educadores estarían en peligro.

A las juntas administrativas y de educación se les reduciría los gastos de operación, que históricamente ejecutan en un 100%; mientras que el rebajo a  infraestructura y equipamiento sería de ¢15.000 millones.

La moción de Solís afectaría el pago del tiempo extraordinario en todas las áreas, incluyendo Recursos Humanos, y el alquiler de edificios que albergan las direcciones regionales.

La APSE también refuta el argumento de la Contraloría General de la República de que el presupuesto nacional debe sufrir una rebaja porque hay dinero que el Estado no ha sabido gastar.

La Contralora pone de ejemplo las transferencias destinadas al desarrollo de infraestructura tecnológica, pero el problema es que hay escuelas que no cumplen los requisitos para la instalación de un laboratorio.

Tampoco es culpa de los estudiantes los problemas de gestión que han generado atrasos en el otorgamiento de las becas necesarias para disminuir la inequidad y la expulsión de jóvenes del sistema educativo, y así evitar que engrosen la línea de pobreza.

Pese a las múltiples carencias en la educación pública, todavía no se garantiza la sostenibilidad financiera del 8% del PIB, todo lo contrario, hay quienes pretenden debilitarla. La infraestructura en el sistema educativo presenta grandes rezagos, se registra una baja cobertura de la educación diversificada, la exclusión en secundaria se mantiene por encima del 10%, los jóvenes están abandonando las aulas y persisten las amplias brechas educativas a nivel territorial.

¡APSE en defensa del presupuesto de educación!

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