APSE REPUDIA CORRUPCIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL PODER JUDICIAL
APSE expresa ante la opinión pública costarricense su profunda preocupación por los las acusaciones por presuntos actos de corrupción, oportunismo, impunidad y falta de transparencia en las decisiones tomadas recientemente por algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que socavan la confianza depositada por nuestro pueblo en el Poder Judicial como garante del sistema democrático.
Durante las últimas semanas, varios acontecimientos generaron fuertes señalamientos contra los magistrados. El 12 de julio de 2018, la Corte Plena votó sobre la aplicación de sanciones contra cuatro altos jueces de la Sala Tercera (incluyendo al entonces Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla) señalados por aparente favorecimiento a favor de dos exdiputados investigados por el caso conocido como “el cementazo”. El informe recomendaba su suspensión del cargo por dos meses sin goce de salario, por haber cometido una falta grave, pero al votar no se obtuvo la mayoría necesaria, y se decidió aplicar solo una amonestación escrita.
El lunes 16 de julio, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, se acogió a la jubilación de forma sorpresiva, apenas 14 meses después de haber sido electo para ocupar la dirección del Poder Judicial. Además, Chinchilla demandó al Estado por haber apelado la aplicación de la amonestación aplicada por el caso del cementazo, la cual evadió al pensionarse. De esta forma, Chinchilla abandona el Poder Judicial de forma deslucida y atropellada, dejando atrás serios cuestionamientos por las decisiones tomadas bajo su dirección en la Corte.
Ante la fuerte crítica de la ciudadanía por la votación de las sanciones, la Corte revisó la decisión acordada y optó por suspensión sin goce de salario por dos meses a los magistrados. Esto provocó que dos de las magistradas sancionadas acudieran a demandar al Estado ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, el cual resolvió en apenas pocas horas las demandas presentadas por ella, lo que causó a su vez que el Ministerio Público allanara la oficina de juez que restituyó a estas togadas, acusándolo de presunto prevaricato.
Estos hechos lamentables permiten inferir que en las altas jerarquías del Poder Judicial, ocurren prácticas que permiten la impunidad, la evasión de responsabilidades y la falta de transparencia en esta institución. Los cuestionamientos no son nuevos, en el año 2017 por ejemplo surgieron serias acusaciones contra el entonces Fiscal General, Jorge Chavarría, quién también sorpresivamente optó por jubilarse sin responder ante estos señalamientos.
Estas pensiones anticipadas y millonarias de jerarcas judiciales que evaden responder a críticas, son una burla a la ciudadanía costarricense y ponen en riesgo la legitimidad de los actos y decisiones de nuestro sistema de justicia. Pero también constituyen una afronta contra todas y todos los funcionarios judiciales, quienes el año pasado se lanzaron a la lucha por la defensa de su régimen de pensiones, resultando en una huelga perseguida y declarada ilegal por el mismo Poder Judicial. El argumento de la necesidad de reformar este y otros regímenes de pensiones, o el empleo público, se viene abajo, cuando por una parte se exige austeridad a los funcionarios, mientras que los jerarcas se aprovechan del sistema para tener jubilaciones de lujo a pesar de los señalamientos en su contra.
APSE exige transparencia absoluta y el fin de la impunidad en nuestro Poder Judicial. Consideramos necesarias reformas profundas en la forma de elegir a los magistrados, y sobretodo en la manera de sentar sus responsabilidades disciplinarias y políticas, para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en uno de los pilares de la democracia.
26 de julio de 2018
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Giannina Francesa Blanco
Vicepresidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
