APSE condena al Ministerio de Educación Pública por el abandono de la infraestructura de numerosos centros educativos que sufren problemas en sus instalaciones físicas, así como la pésima planificación de obras de mejora o renovación de estos centros, de parte de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP (DIEE).
El caso más reciente ocurre en el CTP de Calle Blancos, Goicoechea, donde el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria de cierre del centro educativo a partir de lunes 3 de junio, debido al deterioro en la instalación eléctrica, hacinamiento, presencia de asbesto en los techos y otros daños que ponen en riesgo inminente la seguridad y la vida de estudiantes y personas trabajadoras de este lugar.
La situación crítica que sufre este colegio es ampliamente conocida por el DIEE desde hace años. Incluso recientemente, la Sala Constitucional había fallado a favor un recurso de amparo que ordena la intervención inmediata del colegio. Sin embargo, la ausencia de medidas efectivas provoca que otro centro educativo más sea cerrado, todo por la negligencia del parte del DIEE y el MEP.
A este colegio se suman más centros educativos, como el Liceo de Chacarita de Puntarenas, el Liceo de Paraíso de Sixaola, el Liceo Napoleón Quesada en Guadalupe, el Colegio Pacto del Jocote en Alajuela, el IEGB Limón 2000 en Limón, y otros tantos donde recientemente se han registrado protestas estudiantiles, debido a que el MEP incumple con solucionar los problemas denunciados durante años.
La situación se torna aún más crítica, debido a la pésima planificación de parte del DIEE de las obras de mejora, ampliación o construcción de nuevas instalaciones para cientos de centros educativos en todo el país.
Durante los últimos años, la única respuesta ofrecida por el MEP para afrontar estas obras urgentes, era incluirlas en el listado de proyectos a financiar con un fideicomiso de $167 millones, otorgado por el BID, que fue aprobado por Ley N° 9124 en el año 2013.
5 años después, se pone en evidencia que los recursos del fideicomiso que el propio Ministerio calculó, son insuficientes, ya que el DIEE no realizó correctamente las proyecciones sobre costos de las obras, necesidad de compra de terrenos, y otros gastos adicionales.
Esto provoca que 47 de las 103 obras incluidas en el fideicomiso no se puedan llevar a cabo. Se estima que el MEP requerirá $138 millones más para cubrir estos gastos. Esto no incluye otros proyectos urgentes surgidos en últimos años que tampoco se están realizando.
APSE condena la gestión financiera del Ministro de Educación Pública, Édgar Mora Altamirano, que ha dado prioridad a gastos que no son prioritarios, como la millonaria compra de cientos de drones, mientras no cumple con garantizar las condiciones mínimas de infraestructura en los centros educativos, provocando la pérdida de lecciones y exponiendo a estudiantes y docentes a grave riesgo con su salud. Otro ejemplo de la mala administración es que a la fecha sigue adeudando ¢28 mil millones a las Juntas de Educación correspondientes a finales del año 2018.
Exigimos que se investigue la ejecución que realiza el DIEE de su presupuesto ordinario y de los recursos asignados en el fideicomiso de 2013, para determinar las responsabilidades por estos atrasos y omisiones.
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General