El engaño de las pruebas FARO:
El Colectivo Sindical ‘Magisterio en Acción’ exige explicaciones al Gobierno sobre la aplicación de FARO y propone NO aplicar la prueba de “factores asociados” de secundaria.
- Exigimos explicaciones del MEP, del Consejo Superior de Educación y del Gobierno de la República: ¿Por qué no se han disculpado y dado explicaciones a los cerca de 70 mil niños y niñas de 5to grado, y a sus familias?
- Se exige que las pruebas FARO sean únicamente diagnósticas para todos los niveles, que no tengan ningún carácter evaluativo. Y que la prueba de “factores asociados” NO sea aplicada en secundaria.
- El grave accionar de las autoridades del MEP vulnera los derechos de la niñez de quinto grado de escuela, y existe una posible violación de los artículos 5 y 9 de la ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, y también una afrenta al Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 5.
- Las pruebas FARO siempre fueron un secreto en la cúpula del MEP: NUNCA se capacitó al personal docente sobre las preguntas o la metodología de la prueba de “factores asociados”. Se ordenó completar todas las pruebas sin excepción.
El Colectivo Sindical ‘Magisterio en Acción’ exige al Gobierno de Carlos Alvarado una explicación a los 77 mil niños y niñas de primaria, y a sus familias, por las graves acciones cometidas por el MEP al aplicar la prueba FARO de “factores asociados”.
El accionar del Ministerio de Educación Pública violenta el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia que resguarda el interés superior de la niñez, y establece que cualquier actividad que involucre personas menores de edad debe considerar su edad, su madurez, su capacidad de discernimiento, las condiciones socioeconómicas en que vive, y la correspondencia entre el interés individual de la niñez y el interés social o estatal.
La aplicación y el contenido de las 621 preguntas de la prueba FARO de “factores asociados” también atenta contra la Ley 8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, específicamente el artículo 5 y 9, pues se le solicitaron datos sensibles a niños y niñas sin el consentimiento expreso de sus personas encargadas. Esa misma ley califica de falta grave el accionar del MEP.
Los hechos ocurridos el pasado viernes 12 de noviembre son un reflejo de la actitud prepotente y autoritaria de este Gobierno, pero fueron muy lejos. Que la ex-ministra de Educación haya dado una respuesta de 35 segundos diciendo que fue un “error técnico” es una falta de respeto para el estudiantado, la comunidad educativa y la sociedad costarricense.
El Consejo Superior de la Educación emitió un comunicado de prensa en donde se exime de toda responsabilidad. También renunció Giselle Cruz, ahora ex-ministra de Educación. Así lo hicieron también Melania Brenes, Viceministra Académica, y Pablo Mena, Director de Gestión y Evaluación de Calidad. Pero, ¿quién va a responder por el desastre y el evento de violencia contra el estudiantado y sus derechos como niñez?, y ¿quién sabía de las preguntas que se harían en esa prueba FARO de “factores asociados”?
En múltiples ocasiones las organizaciones aquí presentes argumentamos que aplicar las pruebas FARO eran contraproducentes en este contexto de pandemia, que significaba mantener al estudiantado y al personal en una situación de estrés innecesaria, pues esta prueba es conocida como de “alto impacto”. El MEP NO escucha a sus docentes, a sus estudiantes, no escucha a nadie: estas son las consecuencias.
Si el MEP hubiese escuchado a los sindicatos, a las organizaciones de madres y padres de familia, a sus estudiantes, nada de esto hubiese pasado. Las Pruebas FARO debían ser canceladas. Ya la educación pública se encuentra en crisis, como para que el MEP ponga sus inexplicables intereses por encima del bienestar de quienes son la razón de la educación: el estudiantado.
Denunciamos el oneroso gasto que implican estas pruebas para el MEP y las finanzas públicas, que puede llegar a ser hasta 4 veces más caro que las de bachillerato tradicional. Para el periodo del 2018 se gastó en la gestión de FARO ¢424 millones, y para el 2019 casi ¢588 millones. Además, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP planificó ¢2.560 millones como el costo total del proceso en este 2021.
Es decir, en solamente tres años, se han gastado más de 3500 millones en las pruebas FARO, que resultaron haciendo un daño incalculable al estudiantado y a la confianza que tiene la ciudadanía y la niñez en sus instituciones. Eso es gravísimo.
‘Magisterio en Acción’ es un colectivo sindical formado por APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), UCEPA (Unión de Conserjes de Educación Pública y afines), ADEM (ADEM Sindicato de Directores, Directoras y Administradores del Sistema Educativo Costarricense), SINPAE (Sindicato Patriótico de la Educación), y SINAPRO (Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación).