La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, celebra su VIII Asamblea General los días lunes 22 y martes 23 de noviembre.
La Asamblea General se realiza de forma presencial en el Hotel Colinas Altavista, ubicado en Tarbaca, Aserrí.También se encuentra habilitado el acceso a la Plataforma Virtual, donde la afiliación puede brindar seguimiento a la transmisión en vivo de esta actividad, además de poder visualizar vídeos relacionados con los temas de Asamblea.
Hoy lunes 22, será el acto inaugural, a la 1:00 p.m. Durante el día de hoy, la agenda de la Asamblea contempla el conocimiento del informe de labores de labores conjunto de Junta Directiva y Consejo Nacional, el informe de labores de Fiscalía General, además de conocer el informe anual financiero y proyecto de presupuesto para el año 2022.
Mañana martes 23 de noviembre, corresponde conocer el resultado de la Elecciones Nacionales 2021, seguido de la juramentación de la Junta Directiva y Fiscalía General que asumirán sus cargos del año 2022 al 2023. También se procederá a la escogencia de nuevos miembros del Tribunal de Elecciones y del Tribunal de Ética.
Toda la afiliación de APSE cuenta con licencia sindical para participar en los 2 días de Asamblea General, el cual es válido para toda la jornada laboral de ambas fechas.
El Colectivo Sindical ‘Magisterio en Acción’ exige explicaciones al Gobierno sobre la aplicación de FARO y propone NO aplicar la prueba de “factores asociados” de secundaria.
Exigimos explicaciones del MEP, del Consejo Superior de Educación y del Gobierno de la República: ¿Por qué no se han disculpado y dado explicaciones a los cerca de 70 mil niños y niñas de 5to grado, y a sus familias?
Se exige que las pruebas FARO sean únicamente diagnósticas para todos los niveles, que no tengan ningún carácter evaluativo. Y que la prueba de “factores asociados” NO sea aplicada en secundaria.
El grave accionar de las autoridades del MEP vulnera los derechos de la niñez de quinto grado de escuela, y existe una posible violación de los artículos 5 y 9 de la ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, y también una afrenta al Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 5.
Las pruebas FARO siempre fueron un secreto en la cúpula del MEP: NUNCA se capacitó al personal docente sobre las preguntas o la metodología de la prueba de “factores asociados”. Se ordenó completar todas las pruebas sin excepción.
El Colectivo Sindical ‘Magisterio en Acción’ exige al Gobierno de Carlos Alvarado una explicación a los 77 mil niños y niñas de primaria, y a sus familias, por las graves acciones cometidas por el MEP al aplicar la prueba FARO de “factores asociados”.
El accionar del Ministerio de Educación Pública violenta el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia que resguarda el interés superior de la niñez, y establece que cualquier actividad que involucre personas menores de edad debe considerar su edad, su madurez, su capacidad de discernimiento, las condiciones socioeconómicas en que vive, y la correspondencia entre el interés individual de la niñez y el interés social o estatal.
La aplicación y el contenido de las 621 preguntas de la prueba FARO de “factores asociados” también atenta contra la Ley 8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, específicamente el artículo 5 y 9, pues se le solicitaron datos sensibles a niños y niñas sin el consentimiento expreso de sus personas encargadas. Esa misma ley califica de falta grave el accionar del MEP.
Los hechos ocurridos el pasado viernes 12 de noviembre son un reflejo de la actitud prepotente y autoritaria de este Gobierno, pero fueron muy lejos. Que la ex-ministra de Educación haya dado una respuesta de 35 segundos diciendo que fue un “error técnico” es una falta de respeto para el estudiantado, la comunidad educativa y la sociedad costarricense.
El Consejo Superior de la Educación emitió un comunicado de prensa en donde se exime de toda responsabilidad. También renunció Giselle Cruz, ahora ex-ministra de Educación. Así lo hicieron también Melania Brenes, Viceministra Académica, y Pablo Mena, Director de Gestión y Evaluación de Calidad. Pero, ¿quién va a responder por el desastre y el evento de violencia contra el estudiantado y sus derechos como niñez?, y ¿quién sabía de las preguntas que se harían en esa prueba FARO de “factores asociados”?
En múltiples ocasiones las organizaciones aquí presentes argumentamos que aplicar las pruebas FARO eran contraproducentes en este contexto de pandemia, que significaba mantener al estudiantado y al personal en una situación de estrés innecesaria, pues esta prueba es conocida como de “alto impacto”. El MEP NO escucha a sus docentes, a sus estudiantes, no escucha a nadie: estas son las consecuencias.
Si el MEP hubiese escuchado a los sindicatos, a las organizaciones de madres y padres de familia, a sus estudiantes, nada de esto hubiese pasado. Las Pruebas FARO debían ser canceladas. Ya la educación pública se encuentra en crisis, como para que el MEP ponga sus inexplicables intereses por encima del bienestar de quienes son la razón de la educación: el estudiantado.
Denunciamos el oneroso gasto que implican estas pruebas para el MEP y las finanzas públicas, que puede llegar a ser hasta 4 veces más caro que las de bachillerato tradicional. Para el periodo del 2018 se gastó en la gestión de FARO ¢424 millones, y para el 2019 casi ¢588 millones. Además, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP planificó ¢2.560 millones como el costo total del proceso en este 2021.
Es decir, en solamente tres años, se han gastado más de 3500 millones en las pruebas FARO, que resultaron haciendo un daño incalculable al estudiantado y a la confianza que tiene la ciudadanía y la niñez en sus instituciones. Eso es gravísimo.
‘Magisterio en Acción’ es un colectivo sindical formado por APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), UCEPA (Unión de Conserjes de Educación Pública y afines), ADEM (ADEM Sindicato de Directores, Directoras y Administradores del Sistema Educativo Costarricense), SINPAE (Sindicato Patriótico de la Educación), y SINAPRO (Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación).
APSE Sindicato condena el abuso y atropello de los derechos de cerca de 70 mil niños y niñas de 10 y 11 años por parte del Ministerio de Educación Pública, al aplicar autoritariamente las pruebas FARO y los cuestionarios de “factores asociados”, y exige que el Gobierno de Costa Rica se disculpe con la población estudiantil, con sus familias, y que siente verdaderamente las responsabilidades que demanda la situación.
En una jornada inhumana, el MEP aplicó un cuestionario de “factores asociados” a niños y niñas de 11 años que contenía preguntas sobre datos sensibles, sin el consentimiento de sus personas encargadas, y sin derecho a un receso durante más de 4 horas, lo que provocó angustia, estrés y hasta ampollas en los dedos de las personas estudiantes.
El accionar del Ministerio de Educación Pública violenta de manera frontal el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se resguarda el interés superior de la niñez, y se establece que cualquier actividad que involucre personas menores de edad debe considerar su condición como sujetos de derechos, su edad, su madurez, su capacidad de discernimiento, las condiciones socioeconómicas en que vive, y la correspondencia entre el interés individual la niñez y el interés estatal o social.
Es evidente que el MEP le pasó por encima al interés superior de los casi 70 mil estudiantes que tuvieron que contestar el cuestionario de “factores asociados”. Además, el accionar del MEP también atenta contra la Ley 8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, específicamente el artículo 5 y 9, pues se le solicitaron datos sensibles a niños y niñas sin el consentimiento expreso de sus personas encargadas. Esa misma ley califica de falta grave el accionar del MEP.
Tanto la ex Ministra de Educación, Giselle Cruz, como el Consejo Superior de Educación, aprobaron la aplicación de estas pruebas en el 2019, a sabiendas del tipo de preguntas que contendría el cuestionario de “factores asociados”. Lo sucedido el viernes 12 de noviembre no es casual, es sólo otro síntoma del accionar alienado del MEP, alejado de la realidad estudiantil y educativa.
El MEP ejecutó las pruebas FARO en contra de la solicitud del estudiantado, docentes, madres y padres de familia, y también, en contra del llamado realizado por la APSE desde inicios de año: las pruebas FARO debían ser suspendidas para el 2021. La pandemia ha provocado un grave deterioro en el tejido educativo, por lo que aplicar esos exámenes era contraproducente.
APSE ha solicitado en reiteradas ocasiones la suspensión de las pruebas FARO, debido al contexto en el que estamos, pero el MEP no ha querido escuchar. También, APSE exige que las pruebas NO sean un requisito de graduación para el estudiantado de primaria y secundaria, al considerar estas pruebas como una necesidad diagnóstica, y no evaluativa.
Las renuncias de jerarcas del MEP no solucionan nada por sí solas, y más bien deja en entredicho el interés del gobierno por aclarar y sentar responsabilidades. APSE es consciente de la gravedad de este asunto, y no descarta ejecutar cualquier acción legal contra las autoridades responsables de este atropello contra la niñez.
Informamos a nuestra afiliación y público en general, que el día lunes 15 de noviembre de 2021, los servicios de las Oficinas Centrales de APSE, así como de Atención Virtual, se encontrarán suspendidos a partir de las 2:30 p.m., debido a reunión de personal.
Estaremos reabriendo el martes 16 de noviembre, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
El TRIBUNAL ELECTORAL DE APSE SINDICATO, en ejercicio de sus funciones, y en cumplimiento de su deber, les informa sobre la reprogramación de los procesos electorales regionales, a realizarse la fecha 30 de noviembre de 2021, con un horario de 9 am a 1 pm. A la brevedad posible se comunicarán, ambas sedes de votación.
En la regional 01 el puesto a elegir será coordinación.
En la regional 18 los puestos a elegir serán fiscal y fiscal suplente.
El día de hoy lunes 8 de noviembre, las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa acordaron conocer en el Plenario Legislativo el informe de mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad sobre el proyecto de ley marco de Empleo Público.
Este informe se hizo para intentar corregir las 27 inconstitucionalidades que traía el proyecto de ley, que fueron señaladas por la Sala IV. Después de conocer y aprobar ese informe de mayoría, el proyecto será enviado a consulta a diferentes instituciones durante 8 días hábiles.
Una de las consultas más importantes, será a la Corte Suprema de Justicia, pues si los magistrados determinan que la nueva versión afecta el funcionamiento e independencia del Poder Judicial se necesitarían 38 votos para aprobar el proyecto de ley en segundo debate.
Según las informaciones de la Asamblea Legislativa, después de la consulta a instituciones, el plenario podrá conocer el proyecto en Primer Debate, y se espera que sea así para la última semana de noviembre, según la presidenta del Congreso.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el Congreso también debe terminar de discutir y aprobar el Presupuesto 2022, cuya fecha límite de aprobación es el 30 de noviembre.
APSE Sindicato estará informando a toda la clase trabajadora del país sobre el estado de este peligroso proyecto de ley, así como de las acciones que se estarán tomando para protestar y exigir la salida de corriente legislativa de la Ley marco de Empleo Público.
APSE Sindicato presentó hoy viernes 5 de noviembre un Recurso de Amparo contra Guiselle Cruz, Ministra de Educación Pública, por la discriminación ejercida contra el personal de Seguridad y de Comedores Escolares, al no permitir su participación en la celebración del Día de la Cofraternidad, en igualdad de condiciones que el resto del personal. El Recurso de Amparo, presentado por APSE, busca que quede sin efecto la decisión discriminatoria y arbitraria contenida en la circular DM-0049-11-2021 enviada el pasado 3 de noviembre, pues viola los principios de igualdad y no discrminación.La decisión de la Ministra Cruz va en contra del Decreto Ejecutivo Nº 37251-MEP del 30 de mayo del 2012, donde se estableció que la celebración del Día de la Confraternidad era para TODAS y TODOS los funcionarios, sin exclusión alguna.
También, se violenta en artículo 50 de la III Convención Colectiva suscrita entre el MEP y la Coalición sindical compuesta por APSE, SEC, ANDE y SITRACOME en el 2021, donde se reafirma ”el derecho que tienen todas las personas trabajadoras del MEP a celebrar el Día de la Confraternidad”.
APSE espera que la Sala Constitucional resuelva a favor del personal de seguridad y de comedores escolares, con el fin de que participen en igualdad de condiciones con todo el personal del MEP, en una fecha tan importante como el Día de la Confraternidad.
El Tribunal Electoral de APSE Sindicato, en ejercicio de sus funciones, y en cumplimiento del proceso electoral, informa, los resultados obtenidos en las elecciones Nacionales, realizadas el día 25 de octubre del 2021.
El TEAPSE da fe, que estos resultados definitivos, están sustentados en la documentación oficial, emanada de un proceso abierto, democrático y representativo, de nuestro sindicato.
El Tribunal agradece profundamente, a todas y todos, los actores, que de una u otra manera, engalanaron nuestro sindicato, dando las muestras de los valores que nos conforman, en un proceso de tal relevancia.
APSE Sindicato presentó hoy viernes 5 de noviembre un Recurso de Amparo contra Guiselle Cruz, Ministra de Educación Pública, por la discriminación ejercida contra el personal de Seguridad y de Comedores Escolares, al no permitir su participación en la celebración del Día de la Cofraternidad, en igualdad de condiciones que el resto del personal.
El Recurso de Amparo, presentado por APSE, busca que quede sin efecto la decisión discriminatoria y arbitraria contenida en la circular DM-0049-11-2021 enviada el pasado 3 de noviembre, pues viola los principios de igualdad y no discrminación.
La decisión de la Ministra Cruz va en contra del Decreto Ejecutivo Nº 37251-MEP del 30 de mayo del 2012, donde se estableció que la celebración del Día de la Confraternidad era para TODAS y TODOS los funcionarios, sin exclusión alguna.
También, se violenta en artículo 50 de la III Convención Colectiva suscrita entre el MEP y la Coalición sindical compuesta por APSE, SEC, ANDE y SITRACOME en el 2021, donde se reafirma ”el derecho que tienen todas las personas trabajadoras del MEP a celebrar el Día de la Confraternidad”.
APSE espera que la Sala Constitucional resuelva a favor del personal de seguridad y de comedores escolares, con el fin de que participen en igualdad de condiciones con todo el personal del MEP, en una fecha tan importante como el Día de la Confraternidad.
Ayer 3 de noviembre de 2021, a las 9:00 p.m., se firmó un convenio de arreglo de pago entre la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Pública, para solucionar el estado de morosidad del MEP con la CCSS, que afectó a miles de trabajadores de la educación durante todo el mes de octubre.
A partir del día 3 de noviembre, no debe existir ningún contratiempo para que las personas funcionarias del MEP asegurados directas y sus dependientes, puedan recibir atención médica, servicios hospitalarios y de medicamentos, así como subsidios.
Este acuerdo se alcanzó gracias a la presión ejercida por los sindicatos integrantes de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, entre ellos APSE.
En caso de seguir presentando algún problema con este tema, puede acudir al Departamento Legal de APSE enviando un mensaje de texto a nuestra plataforma de whatsapp al número 8956-2476, opción 1.
