El día de ayer, 6 de abril de 2020, APSE participó en video conferencia con la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte, y las Centrales de trabajadores, el BUSSCO y el Magisterio, para informarles que a raíz de la emergencia nacional provocada por la presencia del COVID-19 en Costa Rica, en días pasados se tomaron medidas que permiten a las empresas suspender contratos de trabajo y reducir jornadas laborales, esto con el fin de que los trabajadores puedan mantener algún ingreso económico, y los propietarios no tengan que cerrar del todo sus empresas, pensando que posterior a la emergencia habría que iniciar con un proceso de reconstrucción económica.
Ante este panorama a los trabajadores del sector público también se les suspendió el pago del aumento salarial del segundo semestre de 2020, para atender esta emergencia nacional, siendo los que han estado en primera fila atendiendo la emergencia.La Ministra agregó a lo anterior que en los próximos días se va a plantear a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que no se le pague a los funcionarios públicos la anualidad que corresponde al año 2019, excluyendo de esta medida a los del sector salud y policías, policía de tránsito y policía penitenciaria, y que se cancela en el presente año, pero que será retribuida en el 2021, esto por un problema de falta de liquidez. Esto es parte del aporte para completar los subsidios a 360000 personas por 3 meses.
Ante este panorama es muy desalentador ver como las y los trabajadores, quienes son los más vulnerables, porque sin salario no tienen asegurada su sobrevivencia; deben sacrificarse, mientras otros, cubiertos por las siglas de la UCCAEP, ya tienen asegurada su sobrevivencia por el dinero que han logrado acumular con sus grandes empresas.
APSE en varias ocasiones ha manifestado que reducir los salarios de las personas trabajadoras no es la manera de resolver esta crisis, y así se le hizo saber a la Ministra. Para el trabajador, su salario es su medio de sobrevivencia y para la gran mayoría apenas les alcanza para completar el mes, no puede ser que el costo de esta crisis termine siendo recargada sobre los hombros de las personas trabajadoras, cuando son quienes dinamizan la economía. Consideramos que esta crisis se debe enfrentar de manera solidaria, en donde todos aporten de acuerdo a sus posibilidades, siempre en atención a los más desfavorecidos.
El día 1 de Abril de 2020, los presidentes de las organizaciones magisteriales Zaray Esquivel (APSE), Gilberth Díaz (SEC) y Gilberto Cascante (ANDE), sostuvieron una reunión virtual con el señor Pablo Zúñiga (Asesor Jurídico de la Ministra de Educación), en la cual se trataron temas de interés para los trabajadores y trabajadoras de la educación en relación al contexto vivido por la emergencia nacional (Coronavirus), a raíz de la preocupación por las medidas a implementar en la reorganización del curso lectivo. Lo anterior con el fin de resguardar el derecho a la salud y la vida humana, así como garantizar las mejores condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. En dicha reunión se abordaron los siguientes aspectos:
Información general sobre la situación del curso lectivo 2020 frente a la pandemia COVID 19.
Reanudación del curso lectivo con cambio de modalidad en la mediación pedagógica a partir del 13 de abril del 2020.
Solicitud de los sindicatos para que no se impongan cargas adicionales al salario docente.
Solicitud de los sindicatos para que se aclare la situación del personal no docente durante el resto de la emergencia.
Nominalización del Incentivo didáctico.
Problemas de pago en la última quincena.
Suspensión del FEA y otras actividades previstas en la Convención Colectiva de Trabajo.
Reuniones sindicales y permisos sindicales para esas reuniones. En aras de obtener un proceso continuo de formación y el bienestar laboral y económico de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, así como el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes, se llega a los acuerdos que se adjuntan en la minuta de dicha reunión. Desde nuestras organizaciones, exigimos se detenga el discurso de odio y ataque contra los trabajadores públicos, lanzado desde los sectores empresariales, políticos y periodísticos, que solicitan rebajas salariales e impuestos para nuestros afiliados; en este contexto de emergencia, donde hemos estado al frente, en la defensa contra la epidemia COVID 19. Además, son muchos compañeros del sector público que se convierten en soporte económico y emocional de familiares del sector privado que han perdido sus trabajos o han visto disminuido su salario por las medidas de reducción de jornada laboral. No existe justificación alguna para estos ataques, ya que queda claro en la Resolución N° MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020 de este 3 de abril de 2020, que los trabajadores y trabajadoras de la educación, a partir del 13 de abril, procederán a readecuar la metodología a sus estudiantes, a distancia y con reorganización de calendario escolar, de acuerdo a las características de cada región. Hacemos un llamado a todo el sector magisterial, de que debemos unirnos en la lucha contra el COVID 19, en defensa de la vida humana y siendo responsables del proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, en beneficio de la educación costarricense y del bienestar social y económico de nuestro país.
APSE brindó su apoyo a una iniciativa presentada este miércoles 1 de abril de 2020 ante la Junta Directiva de Caja de ANDE que proponen medidas de respaldo de las personas trabajadoras de la educación ante la actual crisis causada por el coronavirus COVID-19.
Las propuestas fueron sometidas hoy a debate en el cual participaron Joselito Barquero Cordero y Flor Aguilar Solano, representantes de APSE ante dicho órgano, y resultaron aprobadas por la Junta Directiva de la Caja de ANDE de la siguiente forma:
1. Hacer la devolución de las cuotas completas del crédito corriente, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020. Además, se estaría analizando para ver cómo evoluciona la situación del Covid-19 para ampliar el plazo. Aplica únicamente para aquellos accionistas que tienen sus operaciones al día y en el caso de que no desee tener este beneficio, podrá manifestarlo en un plazo de 15 días naturales, contado a partir de que la Junta Directiva tome el acuerdo y sea comunicado a los accionistas.
2. La demanda de crédito se ajustará al presupuesto original aprobado en el programa de crédito del periodo 2020.
3. Respecto a tarjetas de crédito, el accionista no tendrá que realizar los próximos dos pagos mínimos, los cuales pasarán a ser parte del saldo y se amortizarán en el plazo de la tarjeta. La aplicación de esta medida se hará de manera automática a todos los tarjetahabientes, excepto para aquellos que expresen lo contrario y quieran seguir con sus pagos en forma normal, lo cual deberán manifestar en un periodo de 15 días naturales a partir de que el acuerdo de la Junta Directiva sea comunicado a los accionistas.
4. Habilitar una línea de teléfono, gratuita, además de sitio web y redes sociales, para que la persona accionista realice estos trámites.
5. Suspender de inmediato las gestiones de cobro administrativo, medida que se mantendrá hasta que la Junta Directiva lo valore, de acuerdo con la situación de emergencia del COVID-19.
6. Que se le otorgue un subsidio de 100 mil colones una sola vez a los accionistas diagnosticados con COVID-19 positivo, y que presente los documentos que lo comprueben. La Administración será la encarga de la operación requerida. Todo ello como lo establece el acuerdo de sesión extraordinaria de Junta Directiva N°7616 del 1 de abril de 2020.
Es importante indicar que los representantes de APSE solicitan a este órgano el pronto estudio técnico financiero para apoyar a compañeros con otras líneas de crédito, especialmente en vivienda, así como el estudio de la posibilidad de devolver a los trabajadores de la educación algún porcentaje de su fondo de ahorro capital. Así también se solicita ampliar el plazo de gracia en el crédito corriente.
Ante la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus COVID 19
Desde nuestro Sindicato, nos hemos dado cuenta de cómo la situación del país ha modificado nuestras vidas en muy pocos días. Estamos alistándonos para una nueva crisis, y esta debe ser afrontada con absoluta entereza, con el afán de ayudar a los que más van a ser golpeados: los más desfavorecidos; sin intereses egoístas y mezquinos. Desde APSE, pensamos y sentimos que la solidaridad debe ser la clave, pero una solidaridad sin mezquindades, sin ideologías vacías, sin estrategias o juegos políticos y, principalmente, sin intereses económicos de por medio; en la cual, los que más tienen, aporten más y donde el bien común y la equidad sean lo que debe prevalecer. La crisis mundial está dejando grandes enseñanzas: la primera, es que la economía debería estar al servicio de las personas y no viceversa, las personas al servicio de la economía. Anteponer cualquier otro interés será siempre repudiable. La calamidad social que vivimos nos muestra que las políticas económicas de austeridad, como la regla fiscal o el recorte a la inversión social, son un fracaso cuando se trata de salvar vidas humanas y atender a los que más necesitan; que la cura que nos vendieron terminará siendo más grave que la enfermedad. Costa Rica tiene un Estado Social fuerte y robusto que no está al servicio del mercado y la ganancia, sino al servicio de sus ciudadanos. El ICE, en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, aportaron más de ciento veinte horas continuas de trabajo y habilitaron, en tiempo récord, un hospital para atender la emergencia del COVID-19; al mismo tiempo que suspenden recortes por mora en los pagos y garantizan el servicio de electricidad, sin excepción. La Universidad de Costa Rica ha puesto a disposición del país, un contingente de sus mejores médicos interinos para ampliar los servicios de salud, además de sus laboratorios para hacer las pruebas clínicas a sospechosos de portar el virus COVID-19; y el TEC, pone todo su ingenio humano y tecnológico para fabricar respiradores artificiales. En un momento cuando las aseguradoras privadas se lavan las manos en todo el mundo, el INS ha anunciado a los trabajadores que sus seguros los cubren ante esta emergencia. Trabajadores del AyA luchan por garantizar el abastecimiento del agua potable en todo el país, mientras han suspendido el cobro por mora y trabajan por la reinstalación de todos los servicios, indistintamente de quién sea el usuario. Por otra parte, el INA ha puesto a trabajar sus talleres para suplir el abastecimiento de ropa en los hospitales públicos. Fanal y Correos de Costa Rica han coordinado el suministro democrático de alcohol a las poblaciones más vulnerables. La banca estatal flexibiliza los pagos de los créditos por extensos lapsos de tiempo. La Caja Costarricense del Seguro Social y su equipo de trabajadores, en todos los campos, han presentado perfecta coordinación y disciplina y han demostrado ser un ejemplo para el mundo en el manejo y la atención de la crisis. Desde el MEP, los trabajadores de la educación hacen grandes esfuerzos por garantizar la alimentación y seguridad de los estudiantes de más bajos recursos. Todos estos son trabajadores y trabajadoras que están en la primera línea de la emergencia, con gran compromiso, a pesar del riesgo al cual están expuestos ellos y sus familias. Lo que, en algún momento, los medios y grupos varios trataron de invisibilizar, hoy es imposible de ocultar. No se vale que en esta crisis, haya sectores y medios de comunicación corporativos que siguen aprovechando la coyuntura para impulsar agendas políticas; que piden a gritos la apertura del negocio del alcohol, que hablan de la privatización de los servicios de salud. Esos mismos, aprovechan las circunstancias para acelerar agendas políticas personales y mezquinas, para defender intereses de pequeños sectores. Los hemos visto en la Asamblea Legislativa dirigiendo amenazas por la reducción de intereses a las tarjetas de crédito y defendiendo, a gritos, al sector bancario; en otros momentos, los hemos visto obstaculizando presupuestos para afrontar este momento crítico. Entre tanto ruido, hacen piruetas argumentativas para hacer parecer sus acciones y palabras como si fueran de buena fe, cuando lo que esconden es su avaricia y su codicia. Se acabó el tiempo de los modos, de las poses y de los gritos que solo hablan del pueblo, pero no ofrecen nada por él. Esos sectores están aprovechando sus influencias en la Asamblea Legislativa, le han perdido miedo al virus y aprovechan la desmovilización causada por el COVID -19 para pactar acuerdos. Sin pudor, anuncian públicamente la conformación de un grupo de presión hacia el Gobierno. Estos grupos han destinado una serie de medidas a la salvación de un solo sector de la economía nacional, nos referimos a un pequeño grupo del empresariado formal, representado en su sindicato, la UCCAEP. En la política de las patadas que han adoptado, ya se lanzaron contra el sector público y los derechos de los trabajadores. Los planes de salvamento, que tan rápido corren en la Asamblea, dejan en abandono al gran sector de la economía informal, los cuales son los sectores de la economía que están más desprotegidos, al cual pertenece más del 46% de la población y que viven desde hace mucho en una economía de la subsistencia. Es el sector que hoy tiene que elegir entre la infección del COVID-19 o morir de hambre. Las políticas económicas de estos sectores también están trasladando el impacto de la crisis a los trabajadores formales, ya que no solamente se habla de castigar los salarios del sector público con más impuestos, sino que, en complicidad con el Ministerio de Trabajo, se facilitan herramientas para los despidos masivos y se promueven aceleradamente medidas como la reducción de jornadas laborales. Es evidente que estamos ante un plan de salvamento selectivo, que termina recargando el costo económico sobre los hombros de la gran mayoría de los trabajadores. Mientras tanto, de los radares del gobierno siguen perdidas las grandes fortunas, los paraísos fiscales, las ganancias de capital y los evasores de impuestos. La generalización e intensificación de estas políticas a todo el sector de la economía formal e informal, terminará siendo desastroso; no solo para las familias de los trabajadores y trabajadoras, sino para la economía nacional, en general. Desde APSE afirmamos categóricamente que la vía no debe ser, de ninguna manera, reducir o afectar los ingresos de las personas trabajadoras. Nuestros salarios son los que mueven la economía del país; golpearnos a nosotros implica afectar la demanda de consumo. Este es el golpe de muerte también para las pequeñas y medianas empresas que dependen de ese consumo. El costo lo terminarán pagando, la soda del pueblo, los salones de belleza, los comercios y locales comerciales, el vendedor de lotería, los agricultores; en general, la mayoría de la población. Si el desempleo era ya preocupante, después de la emergencia lo será aún más en los pequeños y medianos sectores. Por todo lo anterior, consideramos indispensable la procura de un acuerdo nacional sincero, que tenga como meta salvaguardar, en primera instancia, la salud de toda la población y mitigar el impacto económico en los trabajadores y trabajadoras sin afectar sus derechos. Exigimos la puesta en práctica, de inmediato, de una serie de medidas encaminadas a salvaguardar a la mayor cantidad de personas, guiadas desde los principios de justicia y solidaridad social: 1. No escatimar en esfuerzos y gastos por la crisis que hoy enfrentamos.2. No promover medidas que debiliten o amenacen la estabilidad de la CCSS.3. Pedir la repatriación de los capitales de origen costarricense que se encuentren en cuentas de paraísos fiscales. 4. Impulsar una política clara ante los organismos financieros para el replanteamiento del pago de las deudas de los países de bajo desarrollo o, en desarrollo, como el nuestro. 5. Gravar las ganancias de capital.6. Bajar tasas de interés a los sectores más perjudicados.7. Incorporar un impuesto solidario a los grandes capitales.8. Plantear un impuesto solidario a las empresas en Zonas Francas.9. Implementar una moratoria de créditos, sin sanción de ningún tipo.10. Suspender las deudas por tarjetas de crédito.11. Condonar pagos por servicios, a las familias más afectadas.12. Limitar la usura en las tarjetas de crédito.13. Garantizar, por parte del Estado, el acceso a los bienes de consumo básicos de las familias; y eso implica una moratoria en el pago de los servicios. Del sistema de salud y de esta situación, hemos aprendido un principio sobre el cual, todos deberíamos estar de acuerdo, “nadie tiene más derecho a la vida que otro, ningún ser humano es inferior, el bienestar de todos debe ser la guía”. Los principios no deben estar regidos por la lógica de las patadas, por la división, o el odio. No se trata de que si yo me enfermo, entonces todos deben enfermar. Se trata de buscar el bienestar para todos y todas. Que el enfermo tenga cura y que los que no lo estén, no se enfermen. Ojalá ese mismo principio, que rige nuestra salud pública, sea extensivo a toda la política, en especial a la económica, que tanto lo va a necesitar.
Zaray Esquivel Molina, Presidenta
Silvia Rovira Abarca, Vicepresidenta
Dennis Solís Cruz, Secretario General
Prensa APSE, 1 de abril de 2020
Publicado en Diario Extra, edición miércoles 1° de abril, p. 3
