Costa Rica vive un periodo de crecientes tensiones económicas, sociales y políticas, que corresponden a un modelo neoliberal agotado, incapaz y desgastado, cuya clase política no ha sido ni remotamente capaz de eliminar la pobreza, ofrecer pleno empleo, o darle un futuro a la juventud costarricense.
Ese mismo modelo neoliberal y esa misma clase gobernante, disfrazada de uno u otro partido político, está entrando en un punto de quiebre, desesperado por no encontrar más formas de extraer riqueza si no es por medio de un recrudecimiento de las condiciones de trabajo y vida de la sociedad costarricense.
Para la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) la problemática de la violencia en el país no puede reducirse a poner más policías en la calle o a cambiar un artículo en una ley, ni tampoco puede reducirse a un llamado a una paz vacía, una paz a medias, es decir, paz para los ricos mientras los demás sufren la violencia de la pobreza.
APSE sostiene que la violencia en Costa Rica es el resultado directo de un sistema económico y social que perpetúa la desigualdad y que busca, cada vez de manera más drástica, recortar presupuestos públicos vitales y disminuir la calidad de vida de las personas.
La falta de inversión en la educación pública es una de las principales causas de la creciente violencia en Costa Rica. Con un 30% de adolescentes de 15 años desertando de la secundaria y otro 30% careciendo de competencias básicas en ciencias, matemáticas y comprensión de lectoescritura, se están creando condiciones propicias para la desigualdad y la violencia.
El recorte de 40 mil millones de colones a la Educación Pública en 2023, refleja una falta de compromiso con el desarrollo integral de la sociedad. La consecuencia directa es un deterioro en la calidad educativa y una desventaja significativa para los jóvenes, lo que contribuye al aumento de la violencia.
La desigualdad profunda en Costa Rica, bien documentada por el Estado de la Nación y la Universidad de Costa Rica, alimenta la intensidad de la violencia. Los niveles alarmantes de homicidios en ciertos cantones son un reflejo directo de la falta de oportunidades y desarrollo en estas áreas.
El año 2022 marcó un récord histórico de homicidios en Costa Rica, con 656 personas asesinadas, y el 2023 presenta una escalada alarmante, registrando 824 asesinatos a falta de un mes para terminar el año. De hecho, en este 2023 contabiliza ya 68 homicidios contra mujeres, la cifra más alta de la historia.
Los datos coinciden con la percepción. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana del PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, el 65% de la población considera a Costa Rica como poco o nada seguro. Este sentimiento se intensifica entre las mujeres, alcanzando un 72,7% a nivel nacional y un 41,6% a nivel local.
La falta de confianza en la justicia también prevalece, con el 76% de los encuestados creyendo que el Ministerio Público actúa de manera desigual entre ricos y pobres, agravado por la percepción de impunidad en casos de corrupción pública y privada.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza hace un llamado urgente a la reflexión y la acción. Exigimos una revisión profunda de las políticas que perpetúan la desigualdad y el desfinanciamiento de la educación, la salud y la cultura. Es imperativo que el Gobierno adopte medidas concretas para crear oportunidades, mejorar la educación y fortalecer la seguridad ciudadana.
El discurso de la famosa paz costarricense no puede ser un instrumento de represión para que los pobres no se quejen o para que no demanden sus derechos básicos. La desdichada Ley Anti Huelgas fue vendida como un instrumento de paz social, pero solamente es una estrategia para que los trabajadores no se quejen, no cuestionen, y no protesten.
Por esa razón buscan pasar proyectos de ley como el de las jornadas de 12 horas diarias: si el trabajador no puede protestar, no puede evitar que le quiten sus derechos. La supuesta paz social que nos venden los políticos y empresarios del país, está resguardada por un deseo de explotación económica terrible.
La creación de oportunidades de empleo, el fortalecimiento de la educación pública, el resguardo de un Seguro Social universal, una fuerte inversión en cultura, una mejora sustancial del transporte público, son todos síntomas de una sociedad de paz, de una paz verdadera para las personas trabajadoras.
Una vez que han sido cubiertas las necesidades básicas y fundamentales de las personas trabajadoras y sus familias, veremos cómo disminuye la violencia, cómo se fortalecen las comunidades, cómo vuelve el optimismo a nuestros corazones.
La APSE está comprometida con la construcción de una Costa Rica más segura, equitativa y educada. La unión y acción colectiva son fundamentales para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad.
Ana Doris González González, Presidente
Nydia Durán Rodríguez, Vicepresidente
Marvin Padilla Lemus, Secretario General
Prensa APSE, 01 de diciembre de 2023
