APSE Sindicato condena el abuso y atropello de los derechos de cerca de 70 mil niños y niñas de 10 y 11 años por parte del Ministerio de Educación Pública, al aplicar autoritariamente las pruebas FARO y los cuestionarios de “factores asociados”, y exige que el Gobierno de Costa Rica se disculpe con la población estudiantil, con sus familias, y que siente verdaderamente las responsabilidades que demanda la situación.
En una jornada inhumana, el MEP aplicó un cuestionario de “factores asociados” a niños y niñas de 11 años que contenía preguntas sobre datos sensibles, sin el consentimiento de sus personas encargadas, y sin derecho a un receso durante más de 4 horas, lo que provocó angustia, estrés y hasta ampollas en los dedos de las personas estudiantes.
El accionar del Ministerio de Educación Pública violenta de manera frontal el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se resguarda el interés superior de la niñez, y se establece que cualquier actividad que involucre personas menores de edad debe considerar su condición como sujetos de derechos, su edad, su madurez, su capacidad de discernimiento, las condiciones socioeconómicas en que vive, y la correspondencia entre el interés individual la niñez y el interés estatal o social.
Es evidente que el MEP le pasó por encima al interés superior de los casi 70 mil estudiantes que tuvieron que contestar el cuestionario de “factores asociados”. Además, el accionar del MEP también atenta contra la Ley 8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, específicamente el artículo 5 y 9, pues se le solicitaron datos sensibles a niños y niñas sin el consentimiento expreso de sus personas encargadas. Esa misma ley califica de falta grave el accionar del MEP.
Tanto la ex Ministra de Educación, Giselle Cruz, como el Consejo Superior de Educación, aprobaron la aplicación de estas pruebas en el 2019, a sabiendas del tipo de preguntas que contendría el cuestionario de “factores asociados”. Lo sucedido el viernes 12 de noviembre no es casual, es sólo otro síntoma del accionar alienado del MEP, alejado de la realidad estudiantil y educativa.
El MEP ejecutó las pruebas FARO en contra de la solicitud del estudiantado, docentes, madres y padres de familia, y también, en contra del llamado realizado por la APSE desde inicios de año: las pruebas FARO debían ser suspendidas para el 2021. La pandemia ha provocado un grave deterioro en el tejido educativo, por lo que aplicar esos exámenes era contraproducente.
APSE ha solicitado en reiteradas ocasiones la suspensión de las pruebas FARO, debido al contexto en el que estamos, pero el MEP no ha querido escuchar. También, APSE exige que las pruebas NO sean un requisito de graduación para el estudiantado de primaria y secundaria, al considerar estas pruebas como una necesidad diagnóstica, y no evaluativa.
Las renuncias de jerarcas del MEP no solucionan nada por sí solas, y más bien deja en entredicho el interés del gobierno por aclarar y sentar responsabilidades. APSE es consciente de la gravedad de este asunto, y no descarta ejecutar cualquier acción legal contra las autoridades responsables de este atropello contra la niñez.
15 de noviembre 2021
Zaray Esquivel Molina, Presidenta APSE
Silvia Rovira Abarca, Vicepresidenta
Dennis Solís Cruz, Secretario General
