Categoría: Noticias

APSE tuvo una intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este lunes 27 de julio de 2020, en defensa de los derechos de las y los trabajadores, que se han visto afectados por las políticas del Gobierno de la República de Costa Rica.

El Lic. Manuel Hernández Venegas, en su carácter de delegado de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), compareció a dicha audiencia a complementar las observaciones que oportunamente remitió este sindicato a la Corte Interamericana, en memorial fechado el 14 de mayo de 2020.

En su exposición, el Lic. Hernández recalcó que no es aventurado afirmar que desde hace muchas décadas, sufrimos una pandemia antisindical, muy fuerte en la década del 90, intensificada en la última década, resultado de las exigencias de los organismos financieros internacionales. Los patronos y  empresarios han demostrado un comportamiento rabioso contra el derecho de las y los trabajadores de constituir sindicatos para la defensa de sus intereses. Esta práctica antisindical está más que constatada.

Pese a una legislación reciente que en teoría  tutela la libertad sindical, en la práctica ha sido inefectiva, prevaleciendo la represión contra los trabajadores del sector privado.  Las prácticas discriminatorias antisindicales que están a la orden del día, se acompañan de sustanciales restricciones de la negociación colectiva, cuya cobertura es muy limitada.  

En el ámbito de la educación pública, la reforma impuso un severo disciplinamiento del derecho de huelga, determinando la duración máxima de su ejercicio temporal, totalmente desproporcionado, que produce la pérdida de efectividad de la medida de presión directa.

Estas reformas legislativas que se han impuesto en los últimos dos años, en menoscabo del derecho de negociación colectiva y huelga, violentan el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales, contemplado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tema que también se abordó ampliamente en el memorial presentado por APSE.

Desdichadamente, para responder a la actual pandemia por Covid-19, la gran mayoría de Estados latinoamericanos están reaccionando con más medidas neoliberales, salvo algunos  pocos países que no se puede dejar de reconocer que asumieron posiciones progresistas, basadas en el Diálogo Social, enfocados a proteger el empleo, el mantenimiento de la sostenibilidad de los salarios y una mayor protección social.

En Costa Rica, la gobernanza de las relaciones laborales, en tiempos de pandemia, ha sido unilateralista, excluyente y antidemocrática, dejando en estado de interdicción el Diálogo Social, por lo menos, con los actores sociales que representan los legítimos intereses de la clase trabajadora; que por contrario, las cámaras empresariales han tenido abiertas las puertas de Casa Presidencial.

Sostenemos que la libertad sindical es la mejor vacuna para contener la precarización de las condiciones de trabajo y  la recuperación del empleo decente. Es absolutamente necesario potenciar la libertad sindical, para frenar las tentaciones autoritarias de los Estados.

Zaray Esquivel Molina, Presidenta

Silvia Rovira Abarca, Vicepresidenta

Dennis Solís Cruz, Secretario General

Prensa APSE, 28 de julio de 2020

A raíz de muchas consultas realizadas por compañeras y compañeros del Título I y Título II especialmente en los últimos días, APSE procedió a elevar estas dos consultas, acerca de la obligación del personal de presentarse a actividades presenciales durante el estado actual de pandemia por Covid-19, en los cantones con declaratoria de alerta naranja, en la semana del 13 al 19 de julio.

La consulta de APSE se elevó vía correo electrónico, ante el despacho de la Viceministra Académica, Melania Brenes Monge, a quien se le preguntó si “se permitirá suspender la entrega de las GTA en los centros educativos, dada la afluencia de personas que esto implica, además de las restricciones al transporte que se han anunciado”.

A esta solicitud, la Viceministra Brenes nos contestó el día 13 de julio a las 10:20 a.m., lo siguiente:

“las acciones presenciales previstas en zonas declaradas “naranja” quedan suspendidas. No obstante, la entrega de materiales de trabajo académico por otros medios que se han solicitado a personas docentes, en general en todo el país, se mantiene tal y como lo ha sido comunicado a través de Direcciones Regionales de Educación.”

La segunda consulta era sobre la obligación o no del personal del Título I de presentarse a trabajar durante la actual alerta sanitaria, sobre lo cual el Viceministro Administrativo del MEP, Steven González, adjuntó los documentos en los que basó su respuesta, la “Reforma a la Directriz N°077-S-MTSS-MIDEPLAN, del 25 de marzo de 2020, sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por Covid-19” así como la “Resolución N° MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020”, respondiendo que:

 “los casos o situaciones más específicas, las define cada jefatura, con base en estos lineamientos generales”.

Lo anterior significa que un Director o Directora institucional o jefe inmediato, puede permitir que un trabajador(a) no se presente a trabajar debido a su situación particular, luego de haber demostrado su situación con la documentación necesaria, con fundamento en la resolución y en la directriz indicados.

Zaray Esquivel Molina, Presidenta
Silvia Rovira Abarca, Vicepresidenta
Dennis Solís Cruz, Secretario General

Prensa APSE, 13 de julio de 2020

APSE presentó un recurso de amparo contra la decisión inconsulta, ilegal y unilateral, tomada por la Ministra de Educación Pública de cancelar el pago del Índice de Desarrollo Social / Zona de Menor Desarrollo, IDS/ZMD, por cuánto implica un atropello a los derechos fundamentales de las personas afiliadas de nuestra organización sindical y de miles de personas trabajadoras de la educación, además de violentar los convenios internacionales suscritos por Costa Rica en ese orden.

Este recurso de amparo pretende que este Tribunal deje sin efecto la supresión ilegítima y arbitraria del pago de este concepto por cuanto se violentan los principios constitucionales que protegen el derecho a la negociación colectiva, el derecho al salario y derechos subjetivos adquiridos, consagrados en Convenios Internacionales y en nuestra Constitución Política.
Esa decisión unilateral de las autoridades recurridas, afecta grave y directamente los derechos laborales del colectivo profesional con derecho al pago de este concepto.

Con fundamento en los hechos expuestos, se solicitó que se admita para su estudio y se declare con lugar el presente Recurso de Amparo y se ordene:

1.- A las autoridades recurridas, dejar sin efecto la supresión del pago del salario por concepto de Zona de Menor de Menor Desarrollo, correspondiente al año 2020.

2.- Se proceda a su efectivo pago, en favor de las personas trabajadoras del MEP, con derecho a recibir este salario, en los tres tractos establecidos, a saber: Un primer desembolso en el mes de octubre, que contempla los meses de febrero a octubre 2020, inclusive; un segundo desembolso en el mes de diciembre de 2020 y el tercer desembolso en el mes de febrero del 2021, a fin de honrar lo correspondiente al mes de enero del 2021.

3.- Se condene a las autoridades recurridas al pago de las costas daños y prejuicios causados con su omisión.

Zaray Esquivel Molina, Presidenta
Silvia Rovira Abarca, Vicepresidenta
Dennis Solís Cruz, Secretario General

Prensa APSE, 10 de julio de 2020