La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) presentó ante la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Costa Rica, una queja formal contra el Gobierno de la República de Costa Rica, por prácticas laborales antisindicales cometidas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en contra de la APSE y sus 38.000 afiliados y afiliadas.
El fundamento de la interposición de esta queja se motiva en la violación cometida por el Gobierno de Costa Rica, de los derechos y garantías contemplados en los Convenios n° 87, 98, 135, 151, y 154 de la OIT, en menoscabo de la función de representación y actividad sindical de la APSE.
La queja se sustenta en la exclusión unilateral sufrida por la APSE del proceso de negociación colectiva, acontecida en dos ocasiones consecutivas. En la primera exclusión ocurrida en 2016, el MEP manifestó explícitamente que apartaba a la APSE de la negociación, por haber llamado a una huelga el 29 de junio de 2016, a pesar de que los motivos de dicha protesta no iban dirigidos contra el MEP ni el Gobierno de la República, sino contra varios proyectos de ley que amenazaban y amenazan la estabilidad laboral y social de los trabajadores públicos. Aunque el MEP ya había reconocido el derecho de APSE de ser suscribiente de la Convención, optó por reunirse de manera oculta con otros sindicatos participantes para suscribir en secreto el convenio, sin notificar a la APSE. Esto constituye un acto de represalia y discriminación antisindical incompatible con los convenios 87, 987, 151 y 154 de la OIT.
En la segunda exclusión, ocurrida en 2017, el MEP ignoró la presentación de un proyecto de Convención Colectiva de parte de la APSE, que forzaba a denunciar el convenio vigente, así como una solicitud para estudiar la titularidad de la negociación. El MEP entonces prorrogó la convención vigente de nuevo en secreto, contradiciendo tanto el anuncio hecho previamente mediante la prensa de su intención de denunciar el convenio, así como una Directriz Presidencial que ordenaba la denuncia de las convenciones vigentes para su revisión. De esta forma el MEP dejó por fuera de la Convención Colectiva a la APSE por segunda vez, a pesar de que APSE es el sindicato industrial con mayor representación de todas las clases de puestos laborales del MEP. Este atropello tendiente a entorpecer la actividad legítima de este sindicato fue cometido por el patrono en figura de la Ministra de Educación, Sonia Marta Mora, infringiendo los convenios 98, 151 y 154, además de relacionarse con el numeral 87 de la OIT.
La práctica de discriminación antisindical del MEP no solo quebranta los Convenios de la OIT, sino también los Derechos Fundamentales en que se asienta la democracia costarricense, tales como el artículo 56 del Código de Trabajo y los artículos 5, 7, 8 del Reglamento de Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público.
Igualmente se denunció la denegación de información solicitada por APSE ante la Directora de Recursos Humanos del MEP, Yaxinia Díaz, quien aduciendo motivos de “legalidad” carentes de fundamento, se negó a certificar la cantidad de afiliados de los distintos sindicatos del sector educativo, violentando de esta manera el Convenio n° 135 y la Recomendación n° 143 de la OIT.
La pretensión de la denuncia presentada por APSE ante la OIT por las prácticas laborales antisidicales cometidas por el MEP, tiene como fin que se declare que el Gobierno de la República de Costa Rica violentó los citados Convenios de la OIT, advertirle al Gobierno de la obligación de respetar el derecho que tiene la APSE de negociar una convención colectiva de trabajo, prevenirle al MEP que le facilite a la APSE toda la información que solicite necesaria para su formal y eficiente funcionamiento, y advertir al Gobierno para que se abstenga en el futuro de las conductas y prácticas aquí denunciadas. Se solicitó dar trámite urgente a esta denuncia, pues la conducta antisindical del MEP puede provocarle a la APSE consecuencias negativas muy graves e irreversibles.
