APSE denuncia y pone sobre aviso a la opinión pública de este país de la persecución por parte del Gobierno de Carlos Alvarado, que insiste, en seguir cargando a los funcionarios del sector público con el costo económico para enfrentar la pandemia de Covid-19, y atender el déficit fiscal del país.
El tema viene desde el 2018 cuando se aprueba la Ley #9635 de Fortalecimiento de la finanzas públicas, que conlleva rebajas salariales para los funcionarios públicos, aplicadas por medio de un proceso de nominalización de los incentivos y sobre sueldos del salario de los trabajadores del sector público, lo cuales se reflejan en el salario a partir de febrero 2020, en muchos casos con rebajas de hasta 100.000 colones en el salario mensual.
Se insiste en aplicar recortes a los trabajadores del sector público, que son los que en este momento sostienen, en gran medida, la economía interna del país, y, a las familias que, por despido o recorte de jornada laboral en el sector privado se han quedado sin una entrada salarial en el hogar. Además, están en la primera y segunda línea atendiendo la pandemia por COVID-19, a través de los servicios de salud pública, fuerza pública, instituciones educativas en la atención a la distribución de alimentos para miles de familias y atención a la población estudiantil, tratando de que los niños, niñas y jóvenes no se desvinculen de las escuelas y colegios, instituciones del estado como ICE, A y A, RECOPE, Fanal, INA, Universidades públicas, I nstituto Clodomiro Picado, entro otros.
La arremetida en contra de los funcionarios públicos continúa en medio de la pandemia cuando, en el mes de marzo, se decreta el no pago del aumento por costo de vida del año 2020. Luego se dan intentos de aprobar un impuesto solidario aplicable a salarios de 500.000 colones o un millón de colones. También se propone un proyecto de ley para el no pago de la anualidad 2019, que luego cambió a la del 2021-2022. Se retoma el proyecto de ley 21336, Ley marco de empleo público, con un nuevo texto sustitutivo. Además, se intenta anular la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, decreto N°35730-MTSS, haciendo una reforma al artículo 9 inciso a), para el no pago del aumento por costo de vida por algunos años, aplicando para ello la Regla Fiscal, que también es producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y lo último ha sido la noticia de que el gobierno presentó un proyecto de ley (22029) a la Asamblea Legislativa para eximir la aplicación del pago del impuesto al valor agregado (IVA), que se aplicaría en cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas a partir del primero de julio del 2020, pero, para compensar esta disminución en el ingreso fiscal, se propone aplicar el impuesto de la renta al salario escolar de los funcionarios públicos para el próximo año. ¡Si esto no es una campaña en contra de los funcionarios públicos, entonces que nos digan que es!
Desde la APSE nos manifestamos muy indignados por esta situación con la cual, aparte de la afectación por el COVID-19, nos vemos acechados día a día en un proceso constante de incertidumbre.
No puede ser que esta situación tan lamentable se dé con las personas trabajadoras de Costa Rica, pues el sector de trabajadores privados también está intranquilo porque no recibe ayuda, solamente recortes de jornadas laborales o despidos sin responsabilidad patronal.
Zaray Esquivel Molina, Presidenta
Silvia Rovira Abarca, Vicepresidenta
Dennis Solís Cruz, Secretario General
Prensa APSE,12 de junio de 2020