La Reforma Procesal Laboral: ¿avance o retroceso?
Hace poco más de dos años, tuve la oportunidad de participar en el proceso de análisis y discusión por parte del movimiento sindical, del Proyecto de Reforma Procesal Laboral.
Cuando me incorporé, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa acababa de votar afirmativamente el proyecto, que a pesar de contar con la “bendición” de dos organizaciones sindicales, contenía varios aspectos sumamente regresivos: Se eliminaba el cierre del centro de trabajo y la suspensión de todos los contratos en caso de huelga legal (lo que restaba sensiblemente eficacia a ese mecanismo de resolución de conflictos y derecho humano fundamental de la clase trabajadora); se otorgaba rango legal a la Comisión de Políticas de Negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo en el Sector Pública, famosa por vaciar de contenido la negociación colectiva en el Sector Público, limitando la mayoría de las convenciones a una copia fiel del Código de Trabajo o el Estatuto del Servicio Civil; se fortalecía los Comités Permanentes y Arreglos Directos, que históricamente han sido los principales instrumentos de la política antisindical en nuestro país; entre otras cosas no menos importantes.
Organizaciones que se caracterizan por su posición clasista y combatividad como APSE y UNDECA, lograron amalgamar un importante bloque de organizaciones sindicales que promovieron una propuesta de enmienda y lograron un avance importante al revertir muchos de los aspectos regresivos del proyecto. En el tema de Comités Permanentes y Arreglos Directos, no fue posible lograr que se eliminaran como lo ha recomendado infinidad de veces la propia OIT por considerarlos contrarios a los compromisos asumidos por Costa Rica al ratificar los Convenios sobre Libertad Sindical; sin embargo, la Presidenta de la República tenía que viajar a Ginebra y rendir cuentas en relación a la deuda que desde hace años tiene nuestro país con la libertad sindical.
Es así como aparece el Pacto entre algunos sindicatos, la UCAEPP y el Gobierno, para mantener el estado actual de las cosas en lo que a Comités Permanentes y Arreglos Directos se refiere, renunciando a una lucha cuya bandera han levantado históricamente los sindicatos, sobre todo los del Sector Privado. Se apostó por un pacto con la derecha, con esos empresarios que día a día se enriquecen a costa de la explotación de las personas trabajadoras, que por continuar un proceso de unidad sindical que había permitido incidir positivamente y lograr acuerdos muy importantes que revertían graves retrocesos que tenía el proyecto.
Lejos de apostar a la unidad sindical, a la divulgación del proyecto para que las personas se movilizaran a defender una reforma procesal laboral que constituyera un verdadero avance en los derechos laborales de nuestro país, se apostó por un pacto en la mesa, a espaldas de las trabajadoras y los trabajadores, que solo le iba a servir a doña Laura para ir a “lavarse la cara” a Ginebra, como a la postre ocurrió.
La Presidenta de este Gobierno que no ha movido un dedo para promover y proteger los derechos laborales en nuestro país, todo lo contrario, que se ha caracterizado por un permanente ataque a los derechos adquiridos por las y los trabajadores del Sector Público, fue aplaudida en Ginebra por su “liderazgo” para lograr un acuerdo tripartito para aprobar la tan ansiada Reforma Procesal Laboral, una deuda pendiente desde hace muchos años con la OIT.
Cuando doña Laura regresó de Ginebra, burlándose del acuerdo suscrito con los sindicatos, vetó el proyecto de Reforma Procesal Laboral por razones de constitucionalidad, oportunidad y conveniencia, dado que según ella, las disposiciones en relación al derecho de huelga, son contrarias a la constitución Política. Pese a ello, en esta etapa nuevamente las mismas organizaciones que habían consensuado el proyecto dictaminado por la comisión de Asuntos Jurídicos cuya versión fue modificada por el movimiento sindical consecuente y luchador; las mismas que firmaron el acuerdo con UCCAEP y el Gobierno renunciando a la lucha histórica para eliminar los Comités Permanentes y Arreglos Directos para que doña Laura y su Ministra de Trabajo fueran aplaudidas en Ginebra, vuelven a sus andadas y en reuniones secretas, en Casa Presidencial, arrogándose la representatividad del movimiento laboral costarricense, inician una nueva “mesa de negociación” que culmina con una serie de modificaciones al Proyecto de Reforma Procesal Laboral, que prohibiendo el derecho de huelga en los servicios públicos, significa una verdadera contra reforma laboral.
Hay quienes enumeran los aspectos positivos del proyecto, citando el procedimiento sumario para tutelar fueros especiales; las disposiciones que buscan hacer efectivo el principio constitucional de igualdad, prohibiendo expresamente la discriminación en el ámbito laboral; y la agilización de los procesos judiciales laborales, a través de la oralidad, la posibilidad de dictar sentencia anticipada en algunos procesos como los de puro derecho o aquello donde la parte demandada no conteste de demanda.
Sin embargo, estos avances o aspectos positivos, además de que quedan a merced de los aplicadores del derecho, quienes muchas veces incumplen los plazos establecidos en la ley sin asumir ningún tipo de responsabilidad, se quedan en el ámbito del derecho individual.
Los aspectos negativos del proyecto en cambio, en su mayoría, tienen que ver con el derecho laboral colectivo, que es precisamente el que busca equiparar la condición de desigualdad jurídica y de hecho en que se encuentra la persona trabajadora individualmente considerada, con respecto a su patrono; que es aquel que le garantiza a las trabajadoras y los trabajadores, que a partir de su organización, pueden establecer negociaciones de igual a igual con el patrono, y a través de esas negociaciones mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, superando los derechos mínimos ya reconocidos en una ley de orden público como es el Código de Trabajo. El derecho laboral colectivo es el que permite transformar las relaciones laborales a través de mejoras logradas en la negociación de los trabajadores y trabajadoras organizadas en sindicato.
La negociación colectiva es parte esencial de la libertad sindical, no se puede hablar de derecho de sindicalización si no se respeta el derecho a negociar colectivamente; y la ley de reforma procesal laboral, lejos de garantizar y promover ese derecho, lo debilita, manteniendo incólumes los Comités Permanentes y los Arreglos Directos, que son los instrumentos de la política antisindical en el Sector Privado, que han impedido que nazcan y se desarrollen los sindicatos en la empresa privada, y que estos puedan negociar colectivamente para garantizar y ampliar derechos.
Ahora, prohibiendo la huelga en los servicios públicos, en una coyuntura de amenaza real a los derechos conquistados por la clase trabajadora del Sector Público, el Gobierno de Liberación Nacional viene a asestar un nuevo golpe a la libertad sindical. Este derecho humano de la clase trabajadora se sustenta en tres pilares fundamentales: derecho a organizarse en sindicato, derecho a negociar colectivamente y derecho de huelga. Si uno solo de estos tres derechos no se respeta, no podemos hablar de que exista respeto a la libertad sindical.
Así las cosas, los tres derechos esenciales que dan contenido a la libertad sindical no están garantizados, dado que según lo expuesto, no se garantiza ni el derecho a negociar colectivamente ni el derecho de huelga, por eso no se puede hablar de que el Proyecto de Reforma Procesal Laboral sea un proyecto que signifique un avance en los derechos de la clase trabajadora de nuestro país.
Por último, concluyó reflexionando respecto a la urgente necesidad de un remozamiento, una renovación de la práctica sindical en nuestro país, que va más allá de un cambio de caras, sino que pasa por un cambio de actitud, por un cambio de práctica sindical. Hay que dejar el sindicalismo burocrático y autoritario y salir a trabajar con la gente, formándola, organizándola y empoderándola para su movilización en defensa de sus derechos; veamos el espejo de lo que ha ocurrido en Panamá y en otros países del mundo.
Susan Quirós Díaz
Secretaria General UNT
