Ante el grave anuncio hecho al país el 1 de agosto por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sobre la dificultad para cubrir gastos del sector público por falta de liquidez en el erario; la APSE exige al Poder Ejecutivo, una explicación detallada sobre la situación real de las finanzas estatales, ya que su mensaje ha generado alarmas que pueden llevar a la toma de medidas tributarias y salariales lesivas para la clase trabajadora y de los funcionarios públicos.
Desde que el Presidente Solís emitió este anuncio han surgido contradicciones sobre el estado de las finanzas públicas, inclusive de parte de funcionarios del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, que consideran que estas limitaciones de liquidez corresponden a ciclos financieros ya conocidos. Se ha generado gran incertidumbre sobre si el problema anunciado es realista o ha sido sobrevaluado, todo ello en medio de rumores como un posible incumplimiento con el pago de aguinaldos y salarios escolares.
El Presidente Solís argumenta esta falta de liquidez para impulsar la aprobación urgente de un plan fiscal, posición que es imprudente. Este tema ha sido largamente debatido durante varias administraciones, sin encontrar una solución real. La falta de voluntad política ha impedido la reforma fiscal que el país urge, y los proyectos presentados tienen gran rechazo popular por insistir en sobrecargar con más impuestos a la clase trabajadora, sin tocar el bolsillo de los más pudientes.
Sectores políticos, económicos y medios de comunicación, achacan la culpa del problema fiscal a los trabajadores públicos. De nuevo se oyen las voces que exigen eliminar componentes de los salarios públicos señalándolos como privilegios, cuando en realidad corresponden a incentivos que se pagan en reconocimiento de situaciones extraordinarias, por sobrecargas de trabajo que deben ser cubiertas por funcionarios, o en reconocimiento de su antigüedad y experiencia. Además, los salarios del sector público no gozan de un crecimiento real, pues los reajustes salariales apenas cubren la inflación acumulada.
Tampoco es justo que se promueva el incremento a impuestos como Ventas o Renta, o que se creen nuevos tributos como el IVA, pues solo cargarán aún más a la clase trabajadora. Numerosos estudios demuestran cómo la política de exoneraciones fiscales, sumadas a la elusión y evasión fiscal, son los principales responsables del déficit, pero las propuestas planteadas no contemplan tocar las finanzas de los más poderosos.
Por encontrarse la agenda legislativa en manos del Poder Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias, exigimos al Presidente Solís que se desconvoquen los proyectos de ley de materia de empleo público y los que componen el plan fiscal, pues los mismos podrían ser aprobados con base en la sensación de alarma generada por esta situación, sin un análisis verdadero del impacto negativo que implicará para la economía nacional y de la clase trabajadora.
Ricardo Molina Vega
Presidente
Marvin Padilla Lemus
Vicepresidente
Hugo Marín Guillén
Secretario General
