APSE EXIGE UNA INVESTIGACIÓN TRANSPARENTE E INDEPENDIENTE CONTRA TODOS LOS ACTORES ACUSADOS POR CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA ESFERA PÚBLICA
Conforme el país conoce los resultados de las primeras indagatorias contra funcionarios públicos y sujetos privados por presuntos casos de corrupción, que involucran a figuras políticas y empresariales de diverso origen, se vuelve más evidente la necesidad de que este tema sea abordado en los estrados judiciales hasta las últimas consecuencias, sin distingo de color político, y eliminando cualquier medida que intente proteger personas o esconder pruebas que los vinculen con estos hechos.
APSE considera importante la decisión de haber asignado a una Fiscal General a.i. en el Ministerio Público, con carácter independiente, para encabezar el proceso de investigación judicial que le permitirá a nuestro país conocer los pormenores de casos tan sonados como los denominados “Cementazo”, la “Trocha fronteriza”, el “caso Crucitas”, y otros tantos en los cuales se han visto señalados funcionarios públicos de todos los poderes del Estado. Confiamos en que estas investigaciones llegarán hasta el final y harán responder ante la justicia a quienes hayan cometido actos que provocan grave perjuicio a la institucionalidad costarricense.
Entre los aspectos más preocupantes, se van revelando presuntos vínculos de amistad y entendimiento entre los acusados, quienes se habrían valido de las instituciones de Gobierno para afianzar redes de corrupción y tráfico de influencias, amparados por relaciones de amistad para actuar con impunidad. Todo parece indicar que se trata de un plan orquestado para haber cometido actos ilícitos o irregulares, con plena confianza de que los mismos tampoco serían procesados judicialmente.
De confirmarse esta hipótesis, Costa Rica estaría atestiguando la existencia de una red de amiguismos e intereses personales entre funcionarios de las más altas esferas de los 3 poderes públicos, la cual debe ser erradicada de raíz antes de que sus efectos nocivos se expandan al resto de instituciones y que se afiance este modelo de aprovecharse de la política y del Poder Judicial para facilitar intereses personales y empresariales particulares.
El daño que le provocan estos comportamientos a nuestra democracia y sus instituciones es grave, por lo que el país debe aprovechar esta circunstancia para blindarse a futuro contra estas prácticas, realizando las reformas legales que sean necesarias para impedir que estos hechos se puedan repetir en el futuro, garantizando que solo personas probas y con una ética ejemplar puedan alcanzar los principales cargos de función pública.
La corrupción está en todos los niveles de la actividad social y política. Por lo tanto, no solamente las autoridades y los poderes del Estado deben actuar contra la corrupción, sino que cada uno de nosotros y nosotras, debemos actuar y denunciar los actos de corrupción, vengan de quien vengan, debido a que perjudican a toda la sociedad por igual.
Ricardo Molina Vega
Presidente
Marvin Padilla Lemus
Vicepresidente
Hugo Marín Guillén
Secretario General
29 de noviembre de 2017