La huelga intermitente contra los proyectos de ley que afectan los derechos laborales y al pueblo trabajador, continúa este MARTES 11 DE JUNIO DE 2019, con actividades regionalizadas, tales como concentraciones en comunidades, volanteo, perifoneo y otras acciones informativas.
Esta huelga arrancó los días 06 y 07 de junio, y continuará luego los martes 18 y 25 de este mismo mes.
Nombre de la persona autorizada por la Asamblea de Base respectiva para representarlos en la VII Asamblea General Ordinaria, 8 y 9 de agosto, 2019.
Remitir al fax 2233-3616 o al e-mail designados@apse.cr (enviar en pdf y únicamente por estos dos medios para mejor orden en la recepción de los documentos)
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR ESTE REPORTE:30 de junio, 2019
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JUSTIFICACIÓN POR PARTICIPACIÓN EN MOVIMIENTO DE HUELGA INTERMITENTE DURANTE LOS PRIMEROS DOS DÍAS DE SU CONVOCATORIA (06 Y 07 DE JUNIO DEL 2019)
Documento de justificación por participación en la huelga intermitente convocada por APSE, durante los primeros dos días de movimiento (jueves 06 y viernes 07 de junio 2019)
Esta justificación, debe ser entregada al jefe inmediato durante los siguientes dos días posteriores de regreso al trabajo.
APSE estará publicando en el sitio web y redes sociales la respectiva justificación, al final del día de cada una de las fechas que comprende la convocatoria a la huelga intermitente.
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Hoy viernes 07 de junio de 2019 continúa huelga intermitente convocada por APSE contra políticas que afectan a la clase trabajadora, en su segunda jornada, con actividades de huelga regionalizada en todo el país. En las 56 estructuras regionales de APSE, se desarrollan acciones informativas sobre los motivos de la huelga, concentraciones en parques y plazas, volanteo y perifoneo en comunidades.
Esta jornada informativa ocurre un día después de la masiva marcha realizada en San José este jueves 06 de junio, donde participaron miles de trabajadores de la educación que protestaron bajo la lluvia y el frío rumbo a la Asamblea Legislativa, para exigir a los diputados y el gobierno el archivo de los proyectos de ley que afectan a la clase trabajadora, tales como los N° 21.049, N° 21.97, Educación Dual, Empleo Público o las reformas a regímenes de pensiones.
La huelga intermitente convocada por APSE tendrá su tercera jornada de acciones el próximo martes 11 de junio, de manera regionalizada.
La primera jornada de huelga intermitente contra proyectos de ley que afectan a la clase trabajadora costarricense contó con el apoyo masivo de miles de afiliados y afiliadas a APSE, que se sumaron a la gran marcha llevada a cabo este jueves 06 de junio de 2019 en San José.
La marcha en avenida segunda reunió a miles de personas que se concentraron a lo largo de unas 4 cuadras con presencia de trabajadores de la educación de todos los niveles, quienes protestaron a pesar del frío y la lluvia, y a pesar de las intimidaciones de parte del Ministro de Educación, Édgar Mora. La concentración marchó desde el Parque Central hasta la Asamblea Legislativa.
Más de 100 buses viajaron desde diferentes rincones del país con afiliados y afiliadas que se sumaron a esta manifestación.
Se reportó el apoyo a la huelga en centros educativos de todo el territorio nacional, registrándose la participación de afiliados y afiliadas que paralizaron labores este jueves. En algunos centros se suspendieron lecciones producto del apoyo a la huelga.
El viernes 07 de junio continúa la huelga convocada por APSE con actividades regionalizadas en todo el país, volanteo y divulgación de información en comunidades.
APSE desmiente una información falsa que circula en redes sociales de manera anónima, que dice que APSE no cumplió con el proceso que establece la (Reforma) Procesal Laboral para irse a huelga. APSE ha acudido a vías de conciliación previas a la declaratoria de huelga, tales como reuniones con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo para exponer la oposición a los proyectos de ley y políticas públicas lesivas.
Esto incluye el envío de parte de APSE de dos consultas de criterio ante la Comisión especial de la Asamblea Legislativa acerca del proyecto de ley N° 21049 Antihuelgas, en audiencia celebrada el de 15 enero y de manera escrita el 4 de junio, contra el expediente N° 21.097 “Servicios Esenciales” de manera escrita el 21 de enero, y contra el proyecto N° 20.786 “Educación Dual” de forma escrita el 8 de mayo, manifestando su oposición y solicitando el archivo de estos expedientes. Además de haber denunciado el expediente N° 21.049 ante la OIT desde el 09 de noviembre de 2018.
La afiliación a APSE reúne más de la mitad del total de personas trabajadoras del sector educativo, por lo que cumple con las condiciones de porcentaje de apoyo al movimiento.
La convocatoria a huelga fue acordada mediante moción aprobada en firme en Asamblea General Extraordinaria de APSE celebrada el 11 de mayo de 2019. Las fechas y método de huelga intermitente fueron acordado en moción en firme del Consejo Nacional de APSE del 1° de junio de 2019. La APSE cumple con cada uno de los requisitos señalados, teniendo claro que aunque algunas de las causas reales y concretas del conflicto colectivo que genera este movimiento de huelga intermitente, son de carácter laboral, en términos concretos, se trata de una huelga de carácter general contra Políticas Públicas o Económicas, que puede denominarse como una huelga “DEFENSIVA DE DERECHOS” , originada por las nefastas implicaciones de los Proyectos de Ley N° 21097 “ Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales” y N° 21.049 “ Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos.
Así las cosas, y conforme lo resuelto en la Sentencia N°039 de las 10:00 horas del 19 de febrero del 2019, dictada por el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José , que declara legal el pasado movimiento de huelga del sector educativo, en el Considerando VI, sobre “La huelga contra políticas económico sociales”, señaló: “Por tratarse de una forma atípica de huelga, a nada con duce aplicarle los requisitos de las disposiciones 371,377 y 381 del Código de Trabajo, porque en última instancia impediría la materialización del ejercicio del derecho de libertad de expresión, nótese que en casos como estos, el agotamiento de las vías de conciliación se torna virtualmente imposible y además, el ordenamiento jurídico no prevé mecanismos de solución, como sí lo dispone en la hipótesis de la huelga contractual…”
APSE hizo entrega formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde el 09 de noviembre de 2018, de un documento de denuncia por prácticas antisindicales del Ministro de Educación Pública, Édgar Mora Altamirano; e igualmente contra el entonces proyecto de ley 20580 (Combo Fiscal, hoy Ley N° 9635) y contra el proyecto de ley expediente N° 21049 del diputado Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional. En aquella ocasión fuimos recibidos en audiencia por la directora regional de la OIT, Sra. Carmen Moreno. En la denuncia presentada en noviembre pasado ante la OIT, se señalaron los elementos antisindicales, antidemocráticos, autoritarios y de injerencia en la organización interna de los sindicatos que implica el proyecto 21049, que en aquel momento se discutía con base en su redacción original. El proyecto ha sido modificado, siendo dictaminado un texto sustitutivo que resulta aún más drástico en su articulado. Hasta la fecha, la OIT no ha cursado respuesta a la denuncia presentada por APSE desde octubre de 2018, a pesar del carácter de urgencia de la gestión realizada por nuestro sindicato. APSE ha hecho las denuncias a nivel interno en nuestro país, así como ante los organismos internacionales que velan por los derechos laborales, contra estas políticas nefastas, y dará seguimiento al curso que tengan las mismas en los organismos competentes. APSE sindicato ha ejercido y agotado todos los mecanismos contemplados en la ley para que estos proyectos no sean aprobados. Mélida Cedeño CastroPresidenta Roblin Apú MurilloSecretario General 05 de junio de 2019Prensa APSE
APSE condena al Ministerio de Educación Pública por el abandono de la infraestructura de numerosos centros educativos que sufren problemas en sus instalaciones físicas, así como la pésima planificación de obras de mejora o renovación de estos centros, de parte de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP (DIEE).
El caso más reciente ocurre en el CTP de Calle Blancos, Goicoechea, donde el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria de cierre del centro educativo a partir de lunes 3 de junio, debido al deterioro en la instalación eléctrica, hacinamiento, presencia de asbesto en los techos y otros daños que ponen en riesgo inminente la seguridad y la vida de estudiantes y personas trabajadoras de este lugar.
La situación crítica que sufre este colegio es ampliamente conocida por el DIEE desde hace años. Incluso recientemente, la Sala Constitucional había fallado a favor un recurso de amparo que ordena la intervención inmediata del colegio. Sin embargo, la ausencia de medidas efectivas provoca que otro centro educativo más sea cerrado, todo por la negligencia del parte del DIEE y el MEP.
A este colegio se suman más centros educativos, como el Liceo de Chacarita de Puntarenas, el Liceo de Paraíso de Sixaola, el Liceo Napoleón Quesada en Guadalupe, el Colegio Pacto del Jocote en Alajuela, el IEGB Limón 2000 en Limón, y otros tantos donde recientemente se han registrado protestas estudiantiles, debido a que el MEP incumple con solucionar los problemas denunciados durante años.
La situación se torna aún más crítica, debido a la pésima planificación de parte del DIEE de las obras de mejora, ampliación o construcción de nuevas instalaciones para cientos de centros educativos en todo el país. Durante los últimos años, la única respuesta ofrecida por el MEP para afrontar estas obras urgentes, era incluirlas en el listado de proyectos a financiar con un fideicomiso de $167 millones, otorgado por el BID, que fue aprobado por Ley N° 9124 en el año 2013.
5 años después, se pone en evidencia que los recursos del fideicomiso que el propio Ministerio calculó, son insuficientes, ya que el DIEE no realizó correctamente las proyecciones sobre costos de las obras, necesidad de compra de terrenos, y otros gastos adicionales.
Esto provoca que 47 de las 103 obras incluidas en el fideicomiso no se puedan llevar a cabo. Se estima que el MEP requerirá $138 millones más para cubrir estos gastos. Esto no incluye otros proyectos urgentes surgidos en últimos años que tampoco se están realizando.
APSE condena la gestión financiera del Ministro de Educación Pública, Édgar Mora Altamirano, que ha dado prioridad a gastos que no son prioritarios, como la millonaria compra de cientos de drones, mientras no cumple con garantizar las condiciones mínimas de infraestructura en los centros educativos, provocando la pérdida de lecciones y exponiendo a estudiantes y docentes a grave riesgo con su salud. Otro ejemplo de la mala administración es que a la fecha sigue adeudando ¢28 mil millones a las Juntas de Educación correspondientes a finales del año 2018.
Exigimos que se investigue la ejecución que realiza el DIEE de su presupuesto ordinario y de los recursos asignados en el fideicomiso de 2013, para determinar las responsabilidades por estos atrasos y omisiones.
El martes 04 de junio de 2019, APSE hizo
entrega formal ante los ministerios de Educación Pública y de Trabajo, del
documento de anuncio y petitoria de la huelga intermitente contra los proyectos
de ley lesivos a la clase trabajadora, la cual dará inicio el jueves 06 de
junio.
La
entrega se realizó de manera personal
ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímolo, en
audiencia solicitada por APSE la tarde del martes 04, donde participaron la
Presidenta de APSE, Mélida Cedeño Castro, el Secretario General, Roblin Apú
Murillo, el Tesorero Nacional, Noel Carrillo Aguirre, y la asesora legal,
Ileana Vega Montero, quienes expusieron al jerarca los principales ejes de la
petitoria y los fundamentos de esta movilización.
Cabe
resaltar que esta convocatoria a huelga
fue aprobada en la Asamblea General Extraordinaria celebrada por APSE el 11 de
mayo de 2019, donde se acordó autorizar al Consejo Nacional y Junta
Directiva de APSE a definir la modalidad y extensión de la huelga, la cual fue determinada en el Consejo Nacional
celebrado el 1° de junio.
APSE
también remitió la petitoria, al despacho
del Ministro de Educación Pública, Édgar Mora Altamirano, con quien no se
pudo concretar una reunión, debido a la
orden del jerarca de cortar todo canal de diálogo con APSE y no atender a
ninguna representación de nuestro sindicato.
FUNDAMENTOS DE LA PETITORIA DE HUELGA
INTERMITENTE
La
convocatoria a huelga realizada por APSE se fundamenta en la amenaza que
implican para los derechos de la clase trabajadora y sus condiciones de vida,
los siguientes proyectos de ley:
–
Expediente N° 20786 «Ley de Educación Dual y Formación Técnica Dual»:
APSE rechaza en todos sus extremos esta iniciativa de ley, porque su propósito
es poner la educación costarricense al
servicio de las cámaras empresariales, creando mano de obra barata, y
formando personal obediente con un mínimo de educación general o académica,
entre otros.
–
Proyecto de ley N° 21097 «Ley de Declaratoria de Servicios Públicos
Esenciales»: Es un proyecto de ley que contradice la propia
definición de servicios esenciales que establece el artículo 1° del mismo
proyecto, así como la definición dada por la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que define servicio esencial como
aquel cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad y la
salud de las personas. El objetivo de incluir la educación en esta categoría
(junto a otro largo listado de servicios) es prohibir a las personas trabajadoras del sector educativo y de otros en
el ámbito público y privado, el ejercicio legítimo de la huelga como
derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 61 de la Constitución
Política.
–
Proyecto de ley N° 21049 «Ley para brindar seguridad jurídica sobre la
huelga y sus procedimientos»: Este proyecto no tiene el más mínimo
reparo de violentar la libertad
sindical, las libertades públicas de los trabajadores y quebrantar los
convenios de la OIT que tutelan estos derechos. Responde a una lógica política reaccionaria, antidemocrática y
autoritaria, que configura una auténtica contrarreforma laboral, sanciona
económicamente a los trabajadores, invade la autonomía sindical, criminaliza la
manifestación pública, la libertad de reunión y la movilización de personas
trabajadoras.
–
Aspectos de carácter laboral. Incumplimiento de la Ley N° 9655: La Ley
9655 redefinió los porcentajes dedicación exclusiva y recargos a las personas
trabajadoras de la educación modificados por la Ley 9635 (Combo Fiscal). Se
publicó el 15 de marzo, pero luego de
transcurridos dos meses y medio, la Dirección General de Servicio Civil no ha emitido la resolución que implemente
su aplicación, con la consecuente afectación económica para las personas
trabajadoras.