El Programa Estado de la Nación realizó en febrero del 2019 una consulta telefónica a 719 hogares de todo el país, para conocer la valoración de los padres y madres de familia sobre el sistema educativo público; sus actitudes y percepciones sobre la huelga y los impactos que ésta tuvo en las dinámicas cotidianas de los hogares.
Entre los hallazgos identificados en este estudio, resalta que las personas jefes de hogar tienen una alta valoración del sistema educativo público. La mayoría de los consultados indicó que esta apreciación no cambió a raíz de la huelga contra el Combo Fiscal ocurrida en 2018.
Un 62% de las personas consultadas, manifestó que no hubo un cambio en la percepción sobre los docentes y el centro educativo al que asistían sus hijos producto del desarrollo de la huelga.
85% de los encuestados, indicó estar satisfecho o muy satisfecho con el centro educativo al cual enviaban a sus hijos, así como con su valoración respecto a los docentes.
La Presidenta de APSE, Mélida Cedeño Castro, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en este estudio. «Se reafirma así nuestro compromiso como sindicalistas del sector educativo por mantener y mejorar la educación pública en beneficio de todas las familias costarricenses, en especial las de menores ingresos económicos que son la inmensa mayoría de quienes acuden a las aulas.»
De conformidad con el artículo 52 del Estatuto, me permito convocarles a la ASAMBLEA ORDINARIA DE PRESIDENTES DE BASE, por llevarse a cabo el SÁBADO 30 DE MARZO DE 8:00 A.M. A 11:30 A.M. EN EL LICEO LUIS DOBLES SEGREDA, con la siguiente agenda:
1. Proyectos: Salario único, Educación dual, pensiones, prohibición de huelga, servicios esenciales y pruebas FARO. El parque Tico tico, diagonal al Banco Nacional de Costa Rica, ubicado al inicio del Paseo Colón, estará disponible de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. para los que deseen hacer uso de este servicio.
APSE rechaza de forma contundente, las palabras incitadoras a la agresión y al odio expresadas por el diputado Erick Rodríguez Steller, quien manifestó en el seno de la Comisión Especial sobre Huelga el pasado 18 de marzo, que si él manejara un trailer y se hubiera topado con manifestantes en la pasada huelga contra el Combo Fiscal «sería uno de los primeros que desearía agarrar el tráiler y tirárselos encima», frase que reafirmó en el Plenario legislativo días después, indicando que él no se arrepiente de lo que dijo y de lo que haría.
Las afirmaciones hechas por este legislador, constituyen un acto de evidente desprecio por la vida humana, que se configura como una amenaza de naturaleza terrorista, y constituye un estímulo para permitir acciones agresivas y manifestaciones de odio por causas políticas. Se trata de una peligrosa incitación al ejercicio de la violencia contra la protesta social y la criminalización de la misma, propia de ideologías autoritarias. El diputado Rodríguez Steller ha puesto en evidencia su insensibilidad e insensatez. Al externar este tipo de amenazas contra la vida e integridad de otras personas, constituye suficiente motivo ético para apartarse de inmediato de la función pública. De igual forma, debería el legislador renunciar a su inmunidad parlamentaria, para dar cuentas a la justicia por sus palabras, que se enmarcan como apología de acciones de odio.
Este tipo de expresiones demuestran que el abordaje que ha brindado la Comisión Especial de Huelga al trámite del proyecto de ley N° 21049, no es más que un proyecto de carácter visceral contra quienes ejercimos el derecho constitucional y humano a la huelga, la cual fue declarada legal por los Tribunales de Justicia.
La intolerancia de algunos de los legisladores de esa comisión, ha quedado demostrada en otras ocasiones, como ocurrió en las audiencias brindadas a los sindicatos en enero de 2019, cuando se lanzaron ataques y acusaciones calumniosas contra los gremios. Precisamente, el diputado Rodríguez fue uno de los más virulentos en sus intervenciones, llegando a levantar la voz e interrumpir la palabra a otros, actitud propia de una conducta agresiva y violenta.
¿Cómo es posible que en la Asamblea Legislativa haya un diputado como el Sr. Rodríguez, elegido por el pueblo trabajador, al cual hoy le da la espalda y amenaza con violencia?
APSE denuncia los efectos negativos sufridos por numerosas Juntas de Educación, debido al retraso de parte del Ministerio de Educación Pública para girar los recursos correspondientes de su presupuesto.
A inicios del año 2019, el MEP adeudaba a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de los centros educativos, un total de ¢25 mil millones, que debieron haber sido depositados en el año 2018.
El prolongado retraso en los pagos causó efectos nocivos como dificultades para cubrir el pago a los servidores de comedores escolares, o la imposibilidad de ofrecer el servicio de alimentación, que depende directamente de estos depósitos. Esto se agrava porque el MEP depende de la aprobación de un presupuesto extraordinario para obtener el dinero que se adeuda a las Juntas.
Para APSE, es lamentable que, por una parte, se debata si los comedores escolares deben catalogarse o no como «servicio esencial», sirviendo como excusa para limitar el ejercicio del derecho a la huelga entre trabajadores del sector educativo, pero por otra parte, el propio Gobierno incumple con garantizar los recursos para que el servicio funcione de manera óptima. Queda en evidencia además, que los problemas ocurridos desde el año 2018 en la prestación de estos servicios NO fueron causados por la huelga contra el Combo Fiscal, como se dijo en una campaña sucia contra los sindicatos, sino que es producto de la negligencia del MEP y del Gobierno.
Los principales perjudicados por el desorden e improvisación en el MEP, son miles de estudiantes que acuden a diario a la educación pública. En APSE, exigimos que se investigue a fondo este asunto, para sentar las responsabilidades del caso.
– Se propone incluir a la educación pública, los comedores escolares y los servicios de limpieza de centros educativos, en la lista de servicios públicos esenciales donde NO se podrán realizar huelgas.
————————————————- El texto sustitutivo del proyecto de ley N° 21097, que busca redefinir el concepto de servicios públicos esenciales y limitar el derecho de huelga en los mismos, fue publicado en la edición N° 58 del diario oficial La Gaceta del viernes 22 de marzo. La publicación es un requisito para continuar con el trámite de este expediente en su comisión de la Asamblea Legislativa. La educación pública, el servicio de comedores escolares y además el servicio de limpieza en los centros educativos (conserjes), serían incluidos en el listado de servicios esenciales con prohibición del ejercicio de la huelga. La legislación vigente NO los contempla como tales.
Actualmente, el artículo 376 del Código de Trabajo considera como servicios públicos esenciales:
– transporte ferroviario, marítimo y aéreo,- trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, especialmente de medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos,- los que desempeñen los trabajadores en viaje de cualquiera otra empresa particular de transporte
– Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones.
De aprobarse el proyecto de ley 21097, este listado se ampliaría significativamente, para incluir además:
– La educación pública y la atención médica y de seguridad de los educandos mientras permanezcan en los centros educativos.
– Protección, cuido y alimentación a la niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, la atención de menores de edad en la red de cuido y en comedores escolares, así como los servicios de limpieza indispensables para las personas durante su permanencia en centros educativos, de cuido o albergues.
– Servicios de seguridad pública, policía, tránsito, guardacostas, protección de la infraestructura,
– Controladores aéreos, migratorios y aduanero, servicios de atención a pasajeros,
– Atención de emergencias, incendios, búsqueda de personas, rescate y atención de desastres,
– Suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.
– Producción, transporte o transmisión, distribución y suministro de energía- Sistemas de telecomunicaciones.
– El acceso a la Administración de Justicia, Complejo Médico Forense, atención de denuncias, pago de Pensión Alimentaria, traslados y custodia en celdas,
– Servicios bancarios de depósito y retiro de dineros;
– Celebración de elección nacionales,
Además, se propone agregar dos artículos al Código de Trabajo para limitar la huelga en servicios que NO son esenciales, pero donde «por la duración de la interrupción de su prestación puedan llegar a amenazar la vida, la salud o la seguridad de las personas, o causar un grave daño a la economía pública.» En esos casos, deberá aplicarse un plan de servicio mínimo suscrito por patronos y trabajadores.
De acuerdo con el proyecto de ley, «para la resolución de los conflictos laborales que se presente tratándose de personas que brinden un servicio público esencial, agotada la conciliación, los trabajadores estarán obligados a acudir la resolución jurisdiccional del conflicto o al arbitramiento de conformidad con los artículos 375, 429, 456 a 458 y 707 de este Código«.
APSE ya ha hecho manifiesto su absoluto rechazo a este proyecto de ley, debido a que limitará sensiblemente el derecho de las personas trabajadoras a defender sus condiciones laborales y sociales mediante el ejercicio de la huelga, derecho contemplado en el artículo 61 de la Constitución Política. APSE externó esta posición en una consulta de criterio ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa el 21 de enero de 2019, donde solicitó el archivo de este expediente.
– Queda pendiente que el Servicio Civil emita la resolución que fundamenta dichos porcentajes de pago y sus condiciones.
APSE informa que el viernes 15 de marzo de 2019, fue publicada en la edición N° 53 del Diario Oficial La Gaceta, la Ley 9655, la cual restaura los porcentajes correspondientes para el cálculo del pago de dedicación exclusiva y recargos, para las personas trabajadoras de la educación a quienes corresponde el reconocimiento de estos equiparamientos salariales.
Esta ley surge como producto de la huelga en contra del Combo Fiscal, Ley N°9635, la cual mandó a reducir sensiblemente los porcentajes por conceptos de pago de la recargos y dedicación exclusiva. Con la entrada en vigencia de esta ley se regresa al esquema de pago anterior. Sin embargo, aún queda pendiente que la Dirección General de Servicio Civil, emita la resolución que fundamenta dichos porcentajes de pago y sus condiciones.
Una vez emitida dicha resolución, se girarán las instrucciones respectivas a efecto del trámite de los nuevos porcentajes.
APSE estará vigilante de la publicación de dicha resolución y de su aplicación, sobre lo cual estaremos informando.
APSE condena públicamente, el asesinato del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, de Buenos Aires de Puntarenas, ocurrido la noche de este lunes 18 de marzo tras ser atacado en su propia casa de habitación.
Repudiamos de la manera más enérgica esta acción violenta, cuyo fin es intimidar y silenciar a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en las comunidades indígenas de la Zona Sur, donde existe un prolongado conflicto social debido a la posesión y usurpación de tierras dentro de los territorios indígenas.
El asesinato de cualquier activista debe ser causa de profunda preocupación para nuestra sociedad. No existe justificación alguna para esta clase de actos. Este homicidio, demuestra lo delicado del conflicto que ocurre en la Zona Sur y sus profundas implicaciones en las comunidades involucradas.
Exigimos al Gobierno de la República que aplique medidas que garanticen efectivamente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de todos los habitantes del país, pero en particular de las comunidades indígenas, que han sido históricamente agredidas y han tenido que dar la lucha para hacer valer sus derechos.
Los problemas vinculados a este asunto no son nuevos, sino que son largamente conocidos por autoridades de Gobierno, por lo que lamentamos que no se haya prestado más atención a las amenazas que ya se cernían contra don Sergio Rojas.
APSE hace un llamado a toda la sociedad costarricense para que este lamentable homicidio, sirva para llamarnos a la reflexión sobre las graves consecuencias de la creciente violencia en nuestra sociedad, sobre la urgencia de fomentar el diálogo y la negociación por encima de cualquier interés político, y para rechazar de plano cualquier manifestación de intolerancia y odio.
APSE se solidariza con los compañeros y compañeras quienes en este momento están enfrentando la apertura de procesos disciplinarios ordenados por el Ministerio de Educación Pública, por haberse mantenido en el movimiento de huelga hasta el día 20 de febrero de 2019, fecha en que es notificada la sentencia N°039-2018 del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, que finalmente declara legal el movimiento de huelga convocado por APSE, ANDE y SEC.
Como es de conocimiento de nuestra afiliación y del resto del movimiento sindical, por mandato de la Asamblea General de APSE, como órgano supremo, esta organización convocó a un movimiento de huelga contra el proyecto de ley N°20580 «Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas» o Combo Fiscal, que dio inicio el 10 de setiembre de 2018, y que finalizó el 10 de diciembre, por mandato de las Bases de APSE, en un proceso totalmente democrático, transparente y sin ningún tipo de injerencia, con fundamento en el artículo 373 del Código de Trabajo y en el ejercicio de la autonomía sindical y la autotutela colectiva.
No obstante lo anterior, APSE respeta la decisión y el derecho de aquellas personas trabajadoras de la educación, quienes se mantuvieron en el movimiento de huelga luego del 10 de diciembre de 2018, y repudiamos cualquier represalia en su contra, por haber ejercido el derecho constitucional de la huelga, como derecho humano fundamental.
