*Nota: El título original fue editado por el periódico
El periódico LA NACIÓN publica en su edición impresa de hoy jueves 7 de marzo de 2019, el derecho de respuesta ejercido por APSE contra el reportaje publicado por ese medio el pasado 28 de febrero.
Cabe señalar que el título original de este artículo era «APSE RECHAZA TODAS LAS FORMAS DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN EL MAGISTERIO Y DESMIENTE QUE RESPALDE A ABUSADORES SEXUALES MEDIANTES MENTIRAS Y MONTAJES EN SU DEFENSA», sin embargo, el medio editó el titular y realizó algunos cambios en la redacción original, aunque no eliminó ningún asunto de fondo.
Con ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer 2019, durante el mes de marzo APSE lleva a cabo una campaña para honrar a las mujeres que dieron la lucha y resistieron con valentía en la gran Huelga contra el Combo Fiscal del año 2018.
Las Regionales de APSE, han seleccionado a una mujer de su estructura, destacada por su labor ejemplar durante la huelga, para rendir un homenaje simbólico en representación de todas las compañeras afiliadas de su región y de otras tantas mujeres que dieron la lucha.
APSE denuncia ante la opinión pública los acontecimientos de persecución antisindical, despidos arbitrarios e incumplimiento de la normativa laboral vigente en el Código de Trabajo, que ha estado ocurriendo desde finales del año 2018 en la empresa piñera Empaques Bellavista S.A., de Los Chiles de Alajuela, en perjuicio de cientos de trabajadores.
A finales del año 2018, trabajadores(as) de esta empresa agrícola fundaron un sindicato para defender sus derechos. A partir de ese momento, el patrono inició un proceso de persecución contra los trabajadores sindicalizados, con amenazas de despido que se concretaron en pocas semanas. Los empleados fueron cesados incumpliendo con el debido proceso establecido por la Reforma Procesal Laboral. La ejecución de los despidos fue informal, mediante el impedimento de ingreso de las personas cesadas a su sitio de trabajo, haciendo caso omiso a sus garantías laborales, e inclusive intimidando con la presencia de funcionarios de Migración, en amenaza a los numerosos trabajadores extranjeros que laboran allí.
Empaques Bellavista S.A. tampoco cumplió con el pago de los aguinaldos ni antes ni después de la fecha establecida por ley, que es el 20 de diciembre. En ese mes, obligó a los trabajadores a trasladarse a más de 100 kilómetros del sitio de trabajo, con el pretexto de entregarles el dinero adeudado. Sin embargo, al apersonarse al lugar indicado, los trabajadores eran forzados a firmar un documento donde se ponía fin a su relación laboral, lo que provocó nuevas protestas. La empresa no cumplió con el pago de ese derecho, sino que ha optado por forzar a los afectados a realizar negociaciones individuales con para obligarles a aceptar montos muy bajos por concepto de liquidación.
Todas estas violaciones a la legislación laboral, motivaron a los trabajadores de Empaques Bellavista a iniciar un movimiento de huelga a inicios del año 2019, cuyas acciones de presión cesaron hace unos 15 días. La empresa ha evadido el diálogo, se ha negado a reinstalar a los empleados despedidos injustamente, y no ha cumplido con los acuerdos asumidos con los trabajadores, muchos de los cuales están a la espera de que los tribunales resuelvan su situación.
Este atropello a los derechos laboirales no constituye un caso aislado, sino que ocurre en el contexto de varios movimientos de huelga registrados este año en empresas agrícolas de la Zona Norte, además de numerosas denuncias sobre atropellos contra empleados de industrias similares. Las personas con bajos niveles educativos, con fuertes necesidades económicas o situación migrante irregular, son los más propensos a sufrir la persecución y a que se tomen represalias en su contra.
Todas estas prácticas laborales desleales ocurren ante los ojos del Ministerio de Trabajo, del cual demandamos acciones más enérgicas contra estas conductas del patrono y que haga valer la legislación laboral por todos los medios posibles.
APSE hace un llamado a todas las mujeres de Costa Rica y del mundo, para que rompan el silencio y denuncien todas las formas de amenaza y violencia en su realidad familiar, laboral, personal y en la vida cotidiana. En ocasión del Día Internacional de la Mujer (a conmemorarse el próximo 8 de marzo), nos solidarizamos con todas las mujeres quienes han denunciado episodios de violencia sexual, física y psicológica. Sus acciones han inspirado a otras mujeres a alzar su voz, descubriendo que no estaban solas, y de paso han generado un debate sobre algunas poderosas figuras públicas, que por años se han valido de su posición privilegiada en los círculos económicos, políticos y sociales para cometer actos abusivos contra las mujeres.
No debemos olvidar que la gran mayoría de las mujeres siguen sufriendo en silencio, han sido intimidadas y no se atreven a dar la lucha contra los abusadores. Todas estas formas de violencia contra las mujeres se desarrollan en el contexto de una sociedad desigual, intolerante y machista, donde el poder se ejerce en todos los espacios.
Esta realidad no se limita al ámbito familiar o personal, sino que ocurre con frecuencia en los espacios laborales. Por eso, también es necesario levantar la voz contra el trato desigual en el trabajo, compartir testimonios con sus compañeras(os), no guardar silencio ante la injusticia ni las amenazas, y denunciar todas las formas de persecución y discriminación laboral. Reafirmamos el compromiso que tenemos como sindicato, de combatir toda forma de violencia física, sexual o psicológica contra las mujeres. En los Estatutos de APSE, se establece como uno de nuestros fines: “…la consecución de una convivencia pacífica, basada en la justicia y la humanización de las relaciones entre hombres y mujeres para la eliminación de la violencia y de toda forma de discriminación”. Nos preocupamos porque el sindicato no sea un espacio que reproduzca la violencia machista de la sociedad, por el contrario, debe ser un ejemplo y un lugar donde las mujeres trabajadoras se sientan seguras.
Romper el círculo vicioso de la violencia contra las mujeres no es una tarea fácil. A pesar de los avances, debemos seguir generando sensibilidad sobre el tema, respaldar a quienes se atreven a romper el silencio y no tolerar el menosprecio contra las denunciantes. Solo así podremos aspirar a la construcción de una sociedad que sí pueda considerarse justa, igualitaria y democrática.
En la lucha contra la violencia hacia las mujeres, APSE también está presente. Por eso invitamos a toda la afiliación, en especial a las mujeres apsinas, a participar de la marcha que se llevará a cabo este viernes 8 de marzo de 2019, a partir de las 5:30 p.m. en el Parque Central de San José, para unir nuestra voz de denuncia y exigencia de justicia, a la de muchas otras organizaciones, agrupaciones y mujeres.
Con motivo de conmemorarse este mes de marzo el Día Internacional de la Mujer (el próximo viernes 8 de marzo 2019) APSE honra a todas las mujeres valientas, decididas, mujeres que resistieron con fuerza y coraje durante la gran Huelga contra el Combo Fiscal del año 2018, donde mujeres y hombres luchamos en unidad exigiendo justicia e igualdad para el pueblo costarricense.
Sus dedicación, esfuerzo y beligerancia son motivo de orgullo y homenaje. Por eso, APSE lanza este mes de marzo esta campaña de reconocimiento a las miles de compañeras afiliadas que participaron de aquella lucha histórica.
Sumado a ello, también APSE alza la voz este mes en respaldo a todas las mujeres que de forma valiente han denunciado episodios de acoso o violencia en su contra, rompiendo el silencio e inspirando a más mujeres a seguir su ejemplo.
¡MUJERES UNIDAS LUCHANDO POR NUESTROS DERECHOS! ¡ES HORA DE ROMPER EL SILENCIO!
APSE reitera ante la sociedad costarricense, su absoluto rechazo a todas las formas de acoso y abuso sexual que ocurren en el sistema educativo y en la sociedad en general.
Además, desmentimos la nota publicada en el diario La Nación el 28 de febrero de 2019, donde afirma tendenciosamente que «sindicatos dan abogados a maestros denunciados por abusos a alumnas», así como afirma que planeamos mentiras ni montajes, o que somos «el principal respaldo de docentes denunciados por acoso o abuso sexual».
APSE es una organización sindical responsable y consecuente con las políticas que persiguen estas prácticas repudiables. En todos los espacios internos y externos de nuestro sindicato, inculcamos una posición de pleno respeto entre hombres y mujeres, rechazamos todas las formas de abuso o acoso, sean laboral, sexual o personal, e instamos a las personas afiliadas a denunciar todas las prácticas negativas que ocurren en sus relaciones de trabajo y personales.
Por otra parte, es falso que los abogados de APSE recurran a «mentiras o montajes» para librar a los docentes de los procesos en su contra, como afirma falsamente este medio.
Todas las acciones de asesoría legal que se brindan a las personas afiliadas en estos procesos disciplinarios, se apegan estrictamente a la verdad y al derecho, con observancia absoluta de los procedimientos, pruebas y testimonios existentes. Semejante afirmación externada por la jefe de la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP, Dahiana Chacón, constituye un ataque injurioso contra la ética profesional de nuestro equipo de abogados, lo cual forma parte de una campaña de desprestigio contra las organizaciones sindicales liderada por La Nación.
Es falso que APSE brinde abogados para defender afiliados por denuncias de abuso sexual, que constituyen un delito en sede penal. La asesoría legal de APSE se brinda únicamente en casos de denuncias por acoso sexual o laboral, que se ventilan únicamente en vía administrativa.
Una vez más queda en evidencia la cizaña de la periodista Daniela Cerdas y del periódico La Nación contra las organizaciones sindicales, al trasladar de forma tendenciosa el fondo del asunto a los sindicatos, como si fuéramos responsables de haber causado estas acciones repudiables.
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
28 de febrero de 2019
Prensa APSE
LOS SINDICATOS DEL MAGISTERIO NACIONAL RECHAZAMOS EL ATAQUE SOBRE EL TEMA DEL ABORDAJE DE DENUNCIAS POR ACOSO O ABUSO SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO:
Publicado en Diario Extra, sábado 02 de marzo de 2019.
APSE alerta a su afiliación, que algunas personas trabajadoras de la educación, han reportado rebajos no autorizados, en sus salarios de la primera quincena de febrero de 2019.
Estas deducciones automáticas, solo pueden ser ejecutadas por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Se registran rebajos similares con funcionarios de otras instituciones públicas.
APSE exige a los ministerios de Educación y de Hacienda, una explicación pública del motivo de haber aplicado estas deducciones no autorizadas. Demandamos una solución inmediata para reintegrar las sumas retenidas.
Recomendamos a nuestra afiliación revisar con detenimiento el desglose de sus salarios de esta quincena, y en caso de reportar rebajos no autorizados, canalizar su denuncia ante el Departamento Laboral de APSE, para brindarle la asesoría respectiva.
Los sindicatos del Magisterio Nacional informan a su afiliación y al pueblo de Costa Rica, que en el marco del acercamiento promovido por el Gobierno de la República, se han sostenido una serie de reuniones con diferentes autoridades gubernamentales (Ministro de la Presidencia, Ministra de Planificación, Ministro de Educación Pública y Ministro de Trabajo y Seguridad Social), tal y como oportunamente ha sido comunicado.
El día 29 de enero de 2019, se sostuvo una reunión con el señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, donde se le plantearon las siguientes solicitudes puntuales:
1.Los Sindicatos del Magisterio Nacional comunican la aprobación y firma del proyecto de ley 21.007, donde se recuperan los porcentajes establecidos para recargos y otros componentes salariales de los trabajadores del Magisterio Nacional, como resultado de la lucha por las reivindicaciones salariales.
2. Asunto: supresión del pago del sobresueldo de Doble Jornada para Directores de Colegios Rurales, para el curso lectivo 2019.
Esta situación lesiona el derecho a la educación de los estudiantes, especialmente en pueblos indígenas y zonas rurales.
Solicitud: se giren instrucciones a la Dirección General de Servicio Civil, a efecto que se modifique la resolución DG-167-2017 y el Informe Técnico AOTC- UCOM -INF -033-2018 mediante los cuales se suprimen estos sobresueldos, siendo que desconocen las particularidades propias del funcionamiento de los Liceos Rurales, donde se requiere la presencia del Director ante la ampliación de la jornada laboral de estas modalidades educativas, con el objetivo de cumplir con su plan de estudios y malla curricular. Es importante destacar que la mayoría de estas instituciones educativas, se ubican en pueblos indígenas y zonas rurales de difícil acceso y de muy bajas condiciones socioeconómicas, por lo que, medidas como ésta, lesionan el derecho a la educación de las poblaciones más vulnerables.
Resultado: el Gobierno asume el compromiso de resolver esta problemática a la mayor brevedad posible, girando las instrucciones pertinentes a la Dirección General de Servicio Civil.
Demandamos la solución inmediata a esta situación.
3. Asunto: cambio en el calendario de pagos de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto, por parte del Ministerio de Hacienda, que implicó un ajuste en la fecha de pago para mediados de cada mes.
El cambio en la fecha de pago de las personas pensionadas y jubiladas, que incluye una importante población adulta mayor, y en algunos casos personas con algún tipo de discapacidad, tiene serias repercusiones en su calidad de vida, al alterar el flujo normal de sus pagos.
Solicitud: mantener la fecha de pago de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) en la primera quincena de cada mes, tal y como históricamente se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda, y conforme a lo indicado en el oficio FPS-001-01-2019 del 16 de enero 2019, dirigido al señor Presidente de la República.
Es importante recordar, que los argumentos externados, por parte de Hacienda, para el cambio del cronograma de pagos en razón de una mayor recuperación de sumas pagadas de más a personas fallecidas, NO son atendibles para el Magisterio Nacional.
Resultado: el planteamiento de los Sindicatos es mantener las fechas de pago establecidas, solicitud que no fue atendida en los términos expuestos. No obstante, el compromiso asumido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Presidencia de la República fue emitir una directriz dirigida a la Instituciones Públicas y Bancarias para que puedan adaptar las fechas de cobro al calendario actual de pagos. Asimismo, se solicitaría apoyo al Sistema Financiero en general a efecto que se pueda acoger la directriz para sus operaciones.
A la fecha esta directriz no ha sido emitida.
4. Asunto: pago de la deuda recurrente que se tiene con las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
Solicitud: resolver de forma urgente, el problema recurrente que representa el traslado de los fondos que se adeudan a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, provenientes de la Ley N° 6746, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018. Esos recursos resultan indispensables para cumplir con el Plan Anual de Trabajo que ejecutan dichas Juntas y se encuentran directamente asociados al derecho de la educación de nuestra población estudiantil.
Resultado: Tal y como se ha comunicado por parte del Ministerio de Educación Pública, se han girado parcialmente los recursos adeudados a las Juntas de Educación y Administrativas, por tanto, nos mantendremos vigilantes para que se complete el pago.
5. Otros temas de interés:
Además de los asuntos puntuales supra mencionados, se mantuvo la presión sobre otros temas de trascendencia nacional que perjudican al sector educativo y que tienen afectación directa sobre la educación pública costarricense:
• Modificaciones al sistema de pensiones del Magisterio Nacional: la discusión sobre el tema de pensiones en Costa Rica debe basarse en criterios técnicos, de tal forma que no afecten a las clases más desposeídas o vulnere la sostenibilidad de regímenes de pensiones estables, como el Régimen de Capitalización Colectiva.
• En materia de educación se analizan temas como:
Educación dual: los Sindicatos del Magisterio Nacional reiteramos nuestra oposición al proyecto de ley 20.786 sobre educación dual. Este proyecto restringe y atenta contra el derecho humano a la educación costarricense; además, significa un retroceso para la sociedad en términos de calidad de vida y trabajo digno.
Evaluación del desempeño: la Ley 9536 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su Título III, capítulo VI, artículos del 45 al 50, establece lineamientos generales para la construcción de un instrumento de evaluación del desempeño. La población trabajadora del Ministerio de Educación Pública es particular en cuanto a su proceso y condiciones de trabajo, por tal motivo, abogamos por mantener el actual instrumento de calificación, que ya contempla elementos cualitativos de medición.
• Reactivación económica: el desarrollo de un país está directamente correlacionado con la base material para el crecimiento económico. La discusión sobre este tema recién inicia y la agenda planteada requiere ser completada. En este punto, es importante el aprovechamiento de los recursos provenientes del ahorro nacional generado por los fondos de pensiones para inversión en obra pública, como parte de una estrategia nacional para mejorar las condiciones de infraestructura educativa (la cual pasó de ser una necesidad a una demanda real del sector), como elemento clave que permita mejorar la educación pública, así como garantizar el efectivo pago de las pensiones.
• Derecho a la Huelga: defendemos el derecho humano fundamental a la huelga, ya que en la Asamblea Legislativa se promueven dos proyectos de ley que pretenden limitar su ejercicio y criminalizar la protesta social, como instrumentos de lucha que tiene la clase trabajadora, lo que contraviene convenios internacionalesy recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Por tanto, rechazamos y exigimos el retiro inmediato de estos proyectos de ley de la corriente legislativa.
Los Sindicatos del Magisterio Nacional demandamos de manera enfática y directa al Gobierno de la República la pronta resolución a las situaciones expuestas.
Magisterio Nacional 13 de febrero de 2019
— Campo pagado publicado en edición impresa de Diario Extra del miércoles 13 de febrero de 2019. —
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE; participó el martes 15 de enero de 2019 en una audiencia convocada por los diputados de la Comisión especial que tramita por vía rápida el proyecto de ley 21.049, que pretende imponer restricciones al ejercicio del derecho a huelga y amenaza con crear nuevas causales de disolución de los sindicatos. APSE manifestó el rechazo absoluto de nuestro sindicato a este proyecto de ley, por los siguientes motivos:
1.- En primer lugar, advertimos que no es prudente ni objetivo que se impulse una iniciativa legislativa, que tenga de referente, el último movimiento de huelga que convocamos los sindicatos contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
No queda la menor duda que se trata de una iniciativa legislativa de carácter reactiva, visceral, que la emprende animosamente contra la huelga, derecho fundamental de la clase trabajadora y los sindicatos.
2.- En segundo lugar, deploramos que este proyecto se tramite al cobijo de un procedimiento extraordinario, fundamentado en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que restringe la participación de los actores sociales interesados en este asunto.
Mucho menos podríamos estar de acuerdo que este proyecto, que concierne a un derecho fundamental, se tramite a la sombra de un procedimiento de esa especie, que defrauda el sistema democrático y los pilares de la actividad parlamentaria.
Denunciamos, entonces, que el derecho de huelga queda secuestrado en los pactos políticos que licenciaron este desafortunado procedimiento legislativo ad hoc.
3.- La iniciativa de ley responde a una lógica política reaccionaria, antidemocrática y autoritaria, que configura una auténtica contrareforma laboral, un retroceso histórico y social, que nada tiene que envidiarle a los proyectos de reforma que están impulsando en Chile el presidente Piñera, en Argentina el presidente Macri y en Brasil el presidente Bolsonaro, todos que proponen la destrucción de los sindicatos y los derechos fundamentales de la clase trabajadora, para luego, en definitiva, acometerse contra lo poco que quede de la democracia.
Establece nuevas causales de disolución de los sindicatos. Se pretende modificar el artículo 350 del Código de Trabajo, penalizando diversas formas de manifestación pública, y adicionando nuevas causales de disolución de los sindicatos.
4.- El Estado Social y Democrático reconoce la huelga como un derecho fundamental de la clase trabajadora.
El proyecto de ley, como se demostró, ataca el núcleo esencial del derecho de huelga y en consecuencia, hace imposible la actividad de los sindicatos. Por contrario a su título, en lugar de brindar seguridad jurídica acerca de la huelga, el proyecto lo que asegura es el desbaratamiento del derecho de huelga.
5.- La iniciativa legislativa sanciona económicamente a los trabajadores, imponiendo el descuento retroactivo de los salarios devengados, a consecuencia de una huelga que sea declarada ilegal.
En consecuencia, el proyecto penaliza patrimonialmente el ejercicio de un derecho fundamental, quebrando la presunción de legalidad y legitimidad de la huelga, de base constitucional.
6.- El proyecto invade la autonomía sindical, particularmente la autonomía estatutaria, quebrantando el Convenio N° 87 de OIT, imponiendo a los sindicatos la obligación de modificar sus estatutos, para que definan un medio electrónico para atender notificaciones, de cualquier naturaleza, particularmente demandas de calificación de ilegalidad de huelgas, cuya omisión tendría consecuencias muy serias para los sindicatos.
7.- En su desenfreno, el proyecto no tiene reparo de violentar el principio de tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa, de la solera constitucional, imponiendo, de manera arbitraria, plazos absolutamente irrazonables para contestar una demanda de calificación, apelar la sentencia y dictar los pronunciamientos judiciales, configurando un pseudoproceso judicial, reducido a un mero trámite procesal, incompatible con los principios de justicia y del Estado de Derecho.
8.- El proyecto autoriza a los jueces de trabajo para que, con una simple solicitud del patrono, puedan finalizar un movimiento de huelga que haya sido declarado legal.
De esta manera, el proyecto fomenta prácticas patronales desleales y le pone desde el principio un límite temporal a aquellas huelgas, afectando su efectividad, cuando por contrario, el legislador debería potenciar al máximo la efectividad de este derecho fundamental.
Además, es de muy dudosa constitucionalidad que los jueces, por un mandato draconiano, puedan intervenir y ordenar la finalización de un movimiento de huelga, con mayor razón, por tratarse de un derecho fundamental, que debe tener la máxima protección del ordenamiento.
9.- La prohibición absoluta del derecho de huelga en los servicios esenciales, desnuda su contenido autoritario contra la clase trabajadora, ya que los trabajadores que prestan sus actividades en estos servicios, no están proscritos del derecho de huelga.
Al tenor del artículo 61 constitucional, no existe sustento para sostener esa prohibición absoluta del derecho de huelga, desconociendo, además, importantes pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical.
Así mismo, advertimos que por más que se prohíba la huelga en los servicios públicos esenciales, los trabajadores no renunciarán al ejercicio de este derecho fundamental. Por tanto, en lugar de prohibir, lo que corresponde es que en estas actividades, se regule adecuadamente el ejercicio del derecho de huelga partiendo de lo que estipula el inciso d) del artículo 376 del Código de Trabajo.
10.- El proyecto criminaliza la manifestación pública, la libertad de reunión, la movilización de las personas trabajadoras, que son manifestaciones de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, valor supremo de nuestro ordenamiento, inseparables del ejercicio del derecho de huelga, las cuales el proyecto establece como nuevas causas de disolución de los sindicatos, haciendo evidente y manifiesto el contenido represivo de la propuesta legislativa.
11.- En las sociedades democráticas el conflicto se asume como un componente estructural, manifestación de la voluntad popular, que debe encauzarse por los procedimientos de solución dispuestos en el ordenamiento jurídico.
El conflicto no se resuelve vaciando de contenido, ni prohibiendo el derecho de huelga, ni mucho menos reprimiendo, penalizando las acciones de tutela de los trabajadores y liquidando a los sindicatos.
12.- En definitiva, nuestra organización advierte que este proyecto de ley refleja el autoritarismo y la hegemonía de la clase política que gobierna este país, que tiene sumida en una profunda crisis la democracia costarricense.
Esta crisis denota que los cauces institucionales se están agotando y no
existen instrumentos suficientes y eficaces para garantizar la supervivencia de los derechos sociales, laborales y democráticos.
13.- Finalmente, advertimos que este proyecto de ley afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
APSE Sindicato se opone rotundamente a estenefasto proyecto de ley y exige su archivo definitivo.
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
09 de febrero de 2019
Prensa APSE
— Campo pagado publicado en edición impresa de Diario Extra del sábado 09 de febrero de 2019 —