APSE presentó este jueves 16 de diciembre, una acción de inconstitucionalidad contra la ley 9999, denominada Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense.
La acción de inconstitucionalidad pretende que se deje sin efecto esta norma «por violentar la normativa constitucional y de Derechos Humanos, en particular el derecho al debido proceso, derecho de defensa y principio de inocencia».
APSE es consciente de la importancia de esta ley, pero considera que toda normativa legal debe respetar a plenitud el derecho de las personas acusadas a ejercer todas las vías para demostrar su inocencia, lo cual consideramos que no queda garantizado en el procedimiento administrativo establecido por esta ley.
DESCARGUE LA ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD DEL SIGUIENTE ENLACE:
La afiliación de APSE se mantiene en la lucha contra el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, manifestándose esta tarde de hoy martes 7 de diciembre, en las afueras de la Asamblea Legislativa, en San José.
Quienes acuden a esta concentración coinciden en señalar las graves consecuencias que implicará este proyecto de ley respecto a su condición laboral y la situación económica precaria que implicaría, no solo para sus ingresos personales, sino también en perjuicio de sus familias y de múltiples sectores de la economía nacional.
APSE acudió este viernes 3 de diciembre ante la Sala Constitucional, a presentar una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 9808, Ley para brindar seguridad jurídica contra las huelgas, aprobada en el año 2020.
La acción presentada por APSE es puntualmente contra la última oración del párrafo tercero del artículo 371 y el último párrafo del artículo 376 quinquies del Código de Trabajo, reformados por dicha ley. Ambas normas son relativas a la extensión de las huelgas.
La acción se basa en la opinión consultiva sobre dicha ley que fue presentada por APSE y otras organizaciones sindicales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
APSE y otras organizaciones sindicales y sociales se manifiestan en rechazo al proyecto de Ley Marco de Empleo Público, con una concentración de protesta a las afueras de la Asamblea Legislativa, la tarde de hoy jueves 2 de diciembre.
En el marco del segundo día de sesión de la VIII Asamblea General de APSE 2021, se procedió con la elección de los nuevos integrantes del Tribunal de Elecciones y Tribunal de Ética de APSE.Los nuevos integrantes fueron seleccionados de una lista de candidaturas enviadas previamente.
El Fiscal General, Alexander Leiva Badilla, procedió con el proceso de elección de los nuevos miembros de estos órganos.
TRIBUNAL DE ELECCIONES:
3 miembros propietarios, por 3 años:
– Yensie Campos Fuentes
– Oscar Alfaro Chávez
– Silvia Elena García Salas
TRIBUNAL DE ÉTICA:
7 nuevos integrantes:
2 miembros propietarios, por 2 años:
– Juan Carlos Brenes Esquivel
– Marcos Gutiérrez Alpízar
1 miembro suplente por 2 años:
– Alejandra Avilés Madriz
3 miembros propietarios, por 1 año:
– Gabriel Hernández Parajeles
– Nelson Sequeira Masís
– Magaly Rodríguez Rodríguez
1 miembro suplente, por 1 año:
– Cecilia Barrios Cruz
Posteriormente a este proceso, se dio por concluída la VIII Asamblea General de APSE.
Los integrantes electos para los puestos de la Junta Directiva y Fiscalía General de APSE que ocuparán sus cargos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, se juramentaron ante la VIII Asamblea General de APSE, hoy martes 23 de noviembre de 2021.
La nueva integración de Junta Directiva y Fiscalía General que tomó juramento esta mañana, es la siguiente:
Estuvo ausente de esta Asamblea el día de hoy el señor Jhon Vega Masís, electo Vocal IV.
Ana Doris González González, presidenta electa de APSE, hizo un llamado a mantener en alto el espíritu de lucha, que se vuelve más complicado en este momento político-electoral, a la vez que llamó a fortalecer la defensa de los derechos de toda la clase trabajadora, no solo del sector educativo sino de todo el país.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, celebra su VIII Asamblea General los días lunes 22 y martes 23 de noviembre.
La Asamblea General se realiza de forma presencial en el Hotel Colinas Altavista, ubicado en Tarbaca, Aserrí.También se encuentra habilitado el acceso a la Plataforma Virtual, donde la afiliación puede brindar seguimiento a la transmisión en vivo de esta actividad, además de poder visualizar vídeos relacionados con los temas de Asamblea.
Hoy lunes 22, será el acto inaugural, a la 1:00 p.m. Durante el día de hoy, la agenda de la Asamblea contempla el conocimiento del informe de labores de labores conjunto de Junta Directiva y Consejo Nacional, el informe de labores de Fiscalía General, además de conocer el informe anual financiero y proyecto de presupuesto para el año 2022.
Mañana martes 23 de noviembre, corresponde conocer el resultado de la Elecciones Nacionales 2021, seguido de la juramentación de la Junta Directiva y Fiscalía General que asumirán sus cargos del año 2022 al 2023. También se procederá a la escogencia de nuevos miembros del Tribunal de Elecciones y del Tribunal de Ética.
Toda la afiliación de APSE cuenta con licencia sindical para participar en los 2 días de Asamblea General, el cual es válido para toda la jornada laboral de ambas fechas.
El Colectivo Sindical ‘Magisterio en Acción’ exige explicaciones al Gobierno sobre la aplicación de FARO y propone NO aplicar la prueba de “factores asociados” de secundaria.
Exigimos explicaciones del MEP, del Consejo Superior de Educación y del Gobierno de la República: ¿Por qué no se han disculpado y dado explicaciones a los cerca de 70 mil niños y niñas de 5to grado, y a sus familias?
Se exige que las pruebas FARO sean únicamente diagnósticas para todos los niveles, que no tengan ningún carácter evaluativo. Y que la prueba de “factores asociados” NO sea aplicada en secundaria.
El grave accionar de las autoridades del MEP vulnera los derechos de la niñez de quinto grado de escuela, y existe una posible violación de los artículos 5 y 9 de la ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, y también una afrenta al Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 5.
Las pruebas FARO siempre fueron un secreto en la cúpula del MEP: NUNCA se capacitó al personal docente sobre las preguntas o la metodología de la prueba de “factores asociados”. Se ordenó completar todas las pruebas sin excepción.
El Colectivo Sindical ‘Magisterio en Acción’ exige al Gobierno de Carlos Alvarado una explicación a los 77 mil niños y niñas de primaria, y a sus familias, por las graves acciones cometidas por el MEP al aplicar la prueba FARO de “factores asociados”.
El accionar del Ministerio de Educación Pública violenta el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia que resguarda el interés superior de la niñez, y establece que cualquier actividad que involucre personas menores de edad debe considerar su edad, su madurez, su capacidad de discernimiento, las condiciones socioeconómicas en que vive, y la correspondencia entre el interés individual de la niñez y el interés social o estatal.
La aplicación y el contenido de las 621 preguntas de la prueba FARO de “factores asociados” también atenta contra la Ley 8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, específicamente el artículo 5 y 9, pues se le solicitaron datos sensibles a niños y niñas sin el consentimiento expreso de sus personas encargadas. Esa misma ley califica de falta grave el accionar del MEP.
Los hechos ocurridos el pasado viernes 12 de noviembre son un reflejo de la actitud prepotente y autoritaria de este Gobierno, pero fueron muy lejos. Que la ex-ministra de Educación haya dado una respuesta de 35 segundos diciendo que fue un “error técnico” es una falta de respeto para el estudiantado, la comunidad educativa y la sociedad costarricense.
El Consejo Superior de la Educación emitió un comunicado de prensa en donde se exime de toda responsabilidad. También renunció Giselle Cruz, ahora ex-ministra de Educación. Así lo hicieron también Melania Brenes, Viceministra Académica, y Pablo Mena, Director de Gestión y Evaluación de Calidad. Pero, ¿quién va a responder por el desastre y el evento de violencia contra el estudiantado y sus derechos como niñez?, y ¿quién sabía de las preguntas que se harían en esa prueba FARO de “factores asociados”?
En múltiples ocasiones las organizaciones aquí presentes argumentamos que aplicar las pruebas FARO eran contraproducentes en este contexto de pandemia, que significaba mantener al estudiantado y al personal en una situación de estrés innecesaria, pues esta prueba es conocida como de “alto impacto”. El MEP NO escucha a sus docentes, a sus estudiantes, no escucha a nadie: estas son las consecuencias.
Si el MEP hubiese escuchado a los sindicatos, a las organizaciones de madres y padres de familia, a sus estudiantes, nada de esto hubiese pasado. Las Pruebas FARO debían ser canceladas. Ya la educación pública se encuentra en crisis, como para que el MEP ponga sus inexplicables intereses por encima del bienestar de quienes son la razón de la educación: el estudiantado.
Denunciamos el oneroso gasto que implican estas pruebas para el MEP y las finanzas públicas, que puede llegar a ser hasta 4 veces más caro que las de bachillerato tradicional. Para el periodo del 2018 se gastó en la gestión de FARO ¢424 millones, y para el 2019 casi ¢588 millones. Además, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP planificó ¢2.560 millones como el costo total del proceso en este 2021.
Es decir, en solamente tres años, se han gastado más de 3500 millones en las pruebas FARO, que resultaron haciendo un daño incalculable al estudiantado y a la confianza que tiene la ciudadanía y la niñez en sus instituciones. Eso es gravísimo.
‘Magisterio en Acción’ es un colectivo sindical formado por APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), UCEPA (Unión de Conserjes de Educación Pública y afines), ADEM (ADEM Sindicato de Directores, Directoras y Administradores del Sistema Educativo Costarricense), SINPAE (Sindicato Patriótico de la Educación), y SINAPRO (Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación).
APSE Sindicato presentó hoy viernes 5 de noviembre un Recurso de Amparo contra Guiselle Cruz, Ministra de Educación Pública, por la discriminación ejercida contra el personal de Seguridad y de Comedores Escolares, al no permitir su participación en la celebración del Día de la Cofraternidad, en igualdad de condiciones que el resto del personal. El Recurso de Amparo, presentado por APSE, busca que quede sin efecto la decisión discriminatoria y arbitraria contenida en la circular DM-0049-11-2021 enviada el pasado 3 de noviembre, pues viola los principios de igualdad y no discrminación.La decisión de la Ministra Cruz va en contra del Decreto Ejecutivo Nº 37251-MEP del 30 de mayo del 2012, donde se estableció que la celebración del Día de la Confraternidad era para TODAS y TODOS los funcionarios, sin exclusión alguna.
También, se violenta en artículo 50 de la III Convención Colectiva suscrita entre el MEP y la Coalición sindical compuesta por APSE, SEC, ANDE y SITRACOME en el 2021, donde se reafirma ”el derecho que tienen todas las personas trabajadoras del MEP a celebrar el Día de la Confraternidad”.
APSE espera que la Sala Constitucional resuelva a favor del personal de seguridad y de comedores escolares, con el fin de que participen en igualdad de condiciones con todo el personal del MEP, en una fecha tan importante como el Día de la Confraternidad.
Ayer 3 de noviembre de 2021, a las 9:00 p.m., se firmó un convenio de arreglo de pago entre la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Pública, para solucionar el estado de morosidad del MEP con la CCSS, que afectó a miles de trabajadores de la educación durante todo el mes de octubre.
A partir del día 3 de noviembre, no debe existir ningún contratiempo para que las personas funcionarias del MEP asegurados directas y sus dependientes, puedan recibir atención médica, servicios hospitalarios y de medicamentos, así como subsidios.
Este acuerdo se alcanzó gracias a la presión ejercida por los sindicatos integrantes de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, entre ellos APSE.
En caso de seguir presentando algún problema con este tema, puede acudir al Departamento Legal de APSE enviando un mensaje de texto a nuestra plataforma de whatsapp al número 8956-2476, opción 1.
