MAGISTERIO EN ACCIÓN DENUNCIA CONDICIONES INADECUADAS PARA EL INICIO DEL CURSO LECTIVO 2021

En todo momento, nuestra vocación nos ha motivado a regresar a las aulas, para continuar con la labor que desempeñamos en la sociedad, que es la educación. Pero esta labor, no puede desempeñarse bajo condiciones inseguras, que es la gran lección que hemos aprendido en la actual pandemia de Covid-19.

Los siguientes, son temas que el MEP no ha resuelto a la fecha:

– Problemas con presupuesto de Juntas de Educación y Juntas Administrativas: El MEP ha emitido una serie de normas orientadas para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, de forma tal que estos órganos sepan de antemano en qué deben invertir. El problema es que a las Juntas no les alcanzan los recursos económicos para cumplir con los protocolos que les permitirán regresar a un curso lectivo presencial, lo que coloca a las personas trabajadoras en un dilema.

Desde el segundo semestre del año anterior, por orden precisa de autoridades de Hacienda y del Ministerio de Educación Pública, estos organismos auxiliares de las instituciones educativas, devolvieron los recursos económicos a las arcas del Estado, y a la fecha no han recibido transferencia alguna que les permita ejercer su función de proveer a los centros educativos de los insumos y la infraestructura necesaria, incluyendo protocolos de salud. Hacemos un llamado a las autoridades competentes: Poder Legislativo, Ministerio de Educación Pública y Gobierno en General para que honren lo que el estado Costarricense por orden de la Constitución Política y a través de su historia ha procurado, la continuidad y eficiencia del sistema educativo para ofertar el Derecho a la Educación sin discriminación y el cumplimento del principio constitucional de invertir en la Educación Estatal el 8% del producto interno bruto; mismos que en este momento se ven violentados ante los recortes mencionados.

– Recorte de plazas que por distintos motivos quedan vacantes (según la norma #12 de la ley 9879): el congelamiento de plazas vacantes es uno de los temas más delicados.

Lo ideal en la situación actual sería que el MEP pudiera disponer de la totalidad de plazas vacantes para que sean ocupadas por más personal, el cual a su vez cumpliría con la demanda de trabajo.

Con la reducción de plazas vacantes establecida en la ley mencionada, el Ministerio de Educación Pública podrá nombrar solo un 20% de dichas plazas (80% no serán sustituidas), esto considerado como un error garrafal, afecta desde ya la cobertura, continuidad, regularidad, igualdad, universalidad y la calidad del acceso al Derecho a la Educación; en síntesis, la eficiencia y la eficacia del Sistema Educativo está siendo castigado. Esto corresponde a los recortes del año 2020, por 69.000 millones en el presupuesto del MEP.

  • Protocolos de transporte: los protocolos de transporte de estudiantes no son claros, y pueden darse muchísimas situaciones de hacinamiento tanto a la entrada como a la salida de las instituciones. Tampoco se ha establecido cómo ni quiénes deben hacer cumplir y supervisar estas medidas.

– Presencialidad de personas trabajadoras en centros educativo: El tema de las presencia de personas trabajadoras en centros educativos es sumamente complejo, porque implica cumplir con todos los protocolos que dispuso el Ministerio de Salud, tanto a nivel de infraestructura institucional como condiciones laborales para estudiantes y personal en general de las instituciones (docentes, conserjes, agentes y auxiliares de seguridad, administrativos, técnico-docentes, administrativos-docentes personal de mantenimiento), en especial con aquellos que están en condiciones de riesgo, que estarían en grave peligro. Otro tema que tiene que ver con la presencialidad, es la importancia de la vacunación de los trabajadores de la educación contra la Covid-19, lo que daría seguridad a las familias que envíen a sus hijos a las instituciones educativas.

No hay claridad acerca de qué pasará con los cientos de centros educativos donde ya se han dictado cierres preventivos, órdenes de clausura, ni cómo se hará en las decenas de reportes de centros educativos sin acceso al agua potable, que es un bien fundamental para la vida misma y si el cual no debería permitirse la apertura de ningún centro de trabajo, como lo indican los protocolos del Ministerio de Salud.

– Sobrecarga laboral: La sobrecarga laboral es un tema que cobró aún más vigencia en el curso lectivo 2020, conforme se adentraba en la virtualidad. Esto afectó tanto a personal docente como a padres de familia y estudiantes, por la falta de claridad de los horarios lectivos. El temor persiste, y la falta de claridad y experiencia en una modalidad de educación combinada, hace que se prevea la presencia de un curso lectivo con una fuerte sobrecarga laboral. Por ello, solicitamos que las circulares que emanan del MEP sean lo más explicativas posibles, para que no se presten a malas interpretaciones.

Este será sin duda, un curso lectivo complicado, con medidas de prevención por COVID que deben cumplirse para disminuir el riesgo de contagio.

Estamos de acuerdo con un regreso presencial, pero seguro: los niños y las niñas deben socializar con sus compañeros, lo que constituye parte del desarrollo del ser humano.

Cada centro educativo es particular, por eso, hacemos un llamado a las autoridades del MEP, para estar al tanto de las diferentes situaciones que se presenten, y que su respuesta sea pronta. Que sean responsables con la vigilancia de las condiciones sanitarias de los centros educativos. Hacemos un llamado al Gobierno, para que reviertan las medidas tomadas en contra de la Educación, en particular, con los recortes presupuestarios que están llevando a un retroceso social a Costa Rica. Llamamos a nuestra afiliación para que denuncien cualquier situación en que se dé incumplimiento de los protocolos y a que observen todas las medidas sanitarias.
El MEP debe asegurar la viabilidad del curso lectivo. No se debe poner sobre cada docente, conserje y estudiante una responsabilidad que le corresponde al Estado.

CONSIDERAMOS QUE EL MEP, Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, DEBEN CUMPLIR CON SU DEBER PATRONAL: DOTAR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LA TOTALIDAD DE HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.