El 12 de julio de 2016, el Presidente de la República en conjunto con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de Obras públicas y Transportes, firmaron el Decreto Ejecutivo 39793 y la Directriz No 50 MP- MTSS en las cuales se establecen modificaciones en las jornadas y horarios de las y los trabajadores del Sector Público.
Desde nuestro Sindicato, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), y cumpliendo con nuestra responsabilidad de defender los derechos laborales de la clase trabajadora de este país, queremos manifestar nuestra oposición a este Decreto y Directriz, que flexibilizan las jornadas laborales en detrimento de los derechos de las y los trabajadores del sector público, a la vez que representa un peligroso antecedente para las personas que trabajan en el sector privado.
Tanto el Decreto como la Directriz plantean en resumen dos modificaciones:
1.- Tres rangos de horarios de inicio de la jornada laboral que serían: a las 6:30, 8:00 y 9:30 de la mañana. Los horarios de salida se adaptarán según las reglas en cada institución. Estos horarios escalonados son de obligatoria aplicación para todos los Ministerios y órganos adscritos del Área Metropolitana. Se invita a las Instituciones autónomas a aplicarlos. Se exceptúan los servicios públicos esenciales de salud, policía, emergencias y los centros educativos públicos. Sin embargo, sí aplica para las Oficinas Centrales y Direcciones Regionales del MEP.
2.- Jornada laboral acumulativa de 10 horas durante 4 días, hasta completar las 40 horas semanales. Serán 4 días laborales y podrán tener como día libre el martes, miércoles o jueves. Esta jornada solo se podrá modificar consensualmente y con el visto bueno del jefe inmediato. Aplica para los Ministerios de horarios escalonados explicados en el punto anterior y se invita a las Instituciones autónomas a promoverla entre sus funcionarios y funcionarias.
A pesar de que estas medidas no se aplicarán en los Centros Educativos donde trabaja la mayoría de nuestra afiliación, es nuestro deber pronunciarnos sobre el impacto negativo que tendría la aplicación del mismo.
En primer lugar, el anuncio de este Decreto demuestra el irrespeto de este gobierno a las Organizaciones Sindicales, ya que está modificando unilateralmente las jornadas y horarios laborales sin tener en cuenta a las organizaciones que representan a las y los trabajadores.
Lo único que establece el Decreto es que la jornada acumulativa se podrá acordar consensualmente. Pero se refiere a una negociación individual. Estos son aspectos fundamentales de la relación laboral que deben ser objeto de una negociación colectiva. De lo contrario, las personas trabajadoras, al estar en una relación de subordinación están indefensas, especialmente quienes están en condición de interinazgo, ya que su permanencia en el trabajo puede estar condicionada a la aceptación de estas jornadas u horarios.
En segundo lugar, estas modificaciones de horarios y jornadas, tendrían un impacto negativo para las personas que tienen responsabilidades de cuido de sus hijas e hijos, que son principalmente las mujeres trabajadoras. Para las trabajadoras, salir de sus casas varias horas antes y/ó regresar varias horas después se convierte en una dificultad más resolver el cuido que ya hoy es un problema sin solución. Son horarios más complicados para dejar o recibir a sus hijas e hijos en la escuela o kinder y atender sus necesidades de cuido y acompañamiento. En general, para las personas que realizan el trabajo doméstico, el cual recae también principalmente en las mujeres, los horarios ampliados implicarán menos tiempo en casa, y por tanto, significarán menos tiempo para realizar estas labores que no se pueden acumular y lo más común es que se realicen en el horario que deberían tener para descansar. Esto, afecta la salud física, emocional y el bienestar general de las personas trabajadoras y sus familias.
En tercer lugar, estas modificaciones de horarios y jornadas también podrían impactar negativamente a las personas trabajadoras que están realizando estudios después de la jornada laboral. El plazo para que este decreto se implemente es máximo de tres semanas, período que nos parece demasiado corto para hacer cambios en planes de estudio, que no dependen solo de su voluntad, sino de los horarios ya establecidos en las Instituciones educativas. Es muy probable además que algunas personas tengan que abandonar sus estudios y no encuentren un horario compatible con los nuevos horarios laborales. Esto repercute negativamente en su desarrollo profesional o técnico, y tendrá también impacto en su futuro como trabajador o trabajadora.
En cuarto lugar, nos preocupa que aspectos tan importantes y sensibles de las relaciones laborales, que tienen impacto en los derechos de las personas trabajadoras se modifiquen unilateralmente a partir de un análisis del Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Y no solamente esto, sino que la evaluación de impacto también estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas solamente para evaluar si se aminora o no el tema de las presas, sin importar el impacto que tendrían estas medidas para las personas trabajadoras. Esto demuestra la poca importancia que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le da a los Derechos Laborales y su supeditación de la Política laboral a todas las demás políticas del país.
Además de los puntos antes explicados, queda un vacío tanto en el Decreto como en la Directriz respecto a si es posible combinar ambas medidas. Es decir, si se puede tener un horario de entrada a las 9:30 de la mañana con una jornada laboral de 10 horas, lo cual sería ilegal porque se convertiría ya en jornada mixta, que no puede ser mayor de 8 horas.
Por todo lo anterior, hacemos del conocimiento público nuestra oposición a estas nuevas políticas decretadas por el Gobierno de Luis Guillermo Solís, que además de afectar negativamente las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público representan un pésimo precedente para quienes trabajan en el Sector Privado. Las empresas y cámaras empresariales que llevan años impulsando la Flexibilidad Laboral, tendrán ahora mayor legitimidad para que los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa sean aprobados.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales a enfrentar estos ataques y exhortamos a la más amplia unidad sindical y de toda la clase trabajadora, pública y privada para defender los Derechos Laborales.
Ricardo Molina
Presidente de APSE
