REGIONAL 13 SE ALZA CON TÍTULO DE AJEDREZ EN COPA APSE 2018
El afiliado Emilio Arroyo, integrante de la Regional 13 de APSE, se coronó este jueves 9 de agosto como Campeón del torneo de ajedrez de la Copa APSE 2018.
MEP EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE REUBICADOS POR SALUD Y POR FUNCIONES
Ante las gestiones planteadas por APSE en carta dirigida el 31 de julio a la Dirección de Recursos Humanos del MEP, este Ministerio emitió el 1 de agosto de 2018 la circular VM-A-DRH-008-2018, con instrucciones adicionales acerca del lugar de trabajo para personal reubicado por motivos de salud o readecuación de funciones.
APSE, cumpliendo con el compromiso de defensa y reivindicación de los derechos de su afiliación, informa:
1. Que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, procedió a emitir la circular DRH-006-2018, de fecha 30 de julio del 2018, en la que se establecen nuevas disposiciones en relación con el lugar donde deben desempeñarse las personas reubicadas por salud, así como las personas con readecuación de funciones, según los artículos 254 del Código de Trabajo y 41 del Reglamento de Servicio de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales.
2. Conforme los términos de la referida circular, “… a partir del 01 de agosto del 2018, toda nueva solicitud de Reubicación por salud o por Readecuación de Funciones, así como de prórroga de ambos extremos que ingrese a la Unidad de Licencias, sólo se aprobará y hará efectiva en el entendido de que el servidor continuará desempeñándose en el mismo lugar de trabajo donde posea nombramiento, sea este en propiedad o interino. Bajo ninguna circunstancia se aceptará el traslado a otra ubicación geográfica.”
3. La justificación legal que utiliza la Dirección de Recursos Humanos del MEP para fundamentar su decisión, es totalmente improcedente, toda vez que la regulación contenida en los artículos 254 del Código de Trabajo, 22 bis del Reglamento del Título I del Estatuto de Servicio Civil y 41 del Reglamento de Conserjería, no tienen la virtud de impedir que la reubicación o readecuación de funciones de la persona trabajadora por recomendación médica emitida por la CCSS o por el INS, se pueda realizar en otro lugar o dependencia de la empresa o institución donde labora.
4. La tesis esgrimida por la Dirección de Recursos Humanos del MEP resulta arbitraria y violatoria del derecho a la salud, cuando en muchos casos el regreso de la persona trabajadora al lugar de trabajo donde ostenta su nombramiento interino o en propiedad, le causaría un serio perjuicio y riesgo a su salud.
5. Aunado a lo anterior, es claro que con estas nuevas disposiciones, el MEP estaría cuestionando en muchos casos las valoraciones médicas contenidas en los dictámenes médicos extendidos, en las que se recomiende un cambio de ambiente laboral para mejorar el estado de salud y calidad de vida del trabajador, lo cual no resulta de su competencia.
6. Pero además, la decisión de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, constituye una violación al Convenio 159 de la OIT Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (personas inválidas) del año 1983, que fue ratificado por Costa Rica ante la OIT el 23 de julio de 1991, razón por la cual tiene rango superior a la ley (artículo 7 de la Constitución Política).
Cabe destacar que su ámbito de aplicación (artículo 1) cubre a la persona inválida, entendida como “toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.”
Y que conforme lo dispone su artículo 2, “Todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.”
7. Conforme a lo expuesto APSE estará enviando nuestra posición a las altas autoridades del MEP, a fin de que de forma inmediata se deje sin efecto la citada circular. De lo contrario, nos reservamos el derecho a emprender las acciones legales correspondientes.
Elaborado por Licda. Ileana Vega Montero, Asesora Legal Junta Directiva APSE
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Giannina Francesa Blanco
Vicepresidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
MOVIMIENTO SINDICAL ENTREGA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA PROPUESTA DE REFORMA FISCAL JUSTA Y SOLIDARIA
El Movimiento Sindical costarricense realizó el lunes 30 de julio de 2018 la entrega formal ante el Gobierno de la República, de la propuesta elaborada de manera conjunta para impulsar una reforma fiscal solidaria y progresiva, en vez del proyecto de ley 20.580.
La propuesta fue entregada en manos del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en audiencia celebrada en Casa Presidencial. Se le reiteró al Presidente Alvarado, el requerimiento sindical de desconvocar el proyecto de ley 20.580, para abrir paso a un diálogo social con diversos sectores, para construir una alternativa tributaria diferente al regresivo Combo Fiscal.
Los sindicatos expresaron al mandatario, que el Combo Fiscal actual es ingrato, carga con impuestos al pueblo, y trasladan la carga del déficit fiscal a los empleados públicos y la clase trabajadora.
La delegación sindical se reunió con el Presidente de la República, Carlos Alvarado, el Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, el Ministro de Trabajo, Steven Núñez, y el Viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro.
Al salir de la audiencia, la delegación sindical atendió a los medios de comunicación, acompañados por el Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero.
En la conferencia de prensa, el Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, afirmó que existen algunos puntos de la propuesta sindical que sí comparten, como lo referente al combate de la evasión y la elusión fiscal, mientras que existen otros elementos en los cuales discrepan. Indicó que tienen clara posición del movimiento sindical, de exigir que se desconvoque el proyecto 20.580. El vicepresidente Rodríguez afirmó que esperan entablar un diálogo con el sector sindical sobre este tema, y que pronto brindarán respuesta a la propuesta de reforma fiscal presentada hoy por los sindicatos.
CONSULTE LA PROPUESTA EN EL SIGUIENTE ENLACE:
MOVIMIENTO SINDICAL UNIDO ENTREGA PROPUESTA DE REFORMA FISCAL JUSTA Y SOLIDARIA PARA COSTA RICA
El Movimiento Sindical costarricense, hizo entrega este lunes 30 de julio de 2018, de la propuesta denominada “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica”, elaborada en el marco del diseño de una reforma fiscal alternativa y no complementaria al proyecto de ley 20.580.
La entrega del documento, se llevó a cabo en la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en presencia de Mons. Daniel Blanco, Obispo Auxiliar de San José. El objetivo es que la Iglesia Católica funga como actor y garante en el proceso de diálogo social, que el sector sindical solicita para establecer una mesa multisectorial donde se aborde la reforma fiscal con una visión más justa y progresiva.
La delegación sindical también hará entrega de esta propuesta fiscal al Poder Ejecutivo, en audiencia programada hoy a las 3:00 p.m.en Casa Presidencial. Igualmente, se hará entrega de la misma ante la Asamblea Legislativa en el transcurso de esta semana.
Representantes de diversas organizaciones sindicales, entre ellas la APSE, elaboraron esta propuesta con respaldo de la mesa técnica sindical, conformada por expertos en economía, ciencias sociales y otras disciplinas, quienes brindaron sus aportes para construir una alternativa de proyecto fiscal, en vez del regresivo proyecto de ley 20.580.
El objetivo del Movimiento Sindical, es que esta propuesta permita alcanzar soluciones tanto estructurales (de mediano plazo) como de impacto inmediato (de corto plazo) al déficit fiscal que Costa Rica atraviesa actualmente, para lo cual hemos agrupado las iniciativas en dos bloques de análisis según el plazo en el cual actúan sobre el déficit: A) Soluciones estructurales y B) Medidas de impacto inmediato.
El Movimiento Sindical costarricense, reiteró el requerimiento elevado ante el Poder Ejecutivo, para que se desconvoque el proyecto de ley 20.580, y en su lugar, se abra una mesa de diálogo multisectorial, con participación de diversos sectores sociales y económicos, para construir una reforma fiscal que sí sea justa, democrática y progresiva.
La Mesa de Unidad Sindical ha elaborado un paquete fiscal progresivo, justo y solidario que permite solventar al menos el déficit fiscal primario (aporta entre 2.387% PIB y 4.208%PIB), sin empobrecer a la clase trabajadora de Costa Rica y que aporta soluciones tanto estructurales como de impacto inmediato.
A continuación, se resumen los principales ejes de la propuesta entregada por el Movimiento Sindical costarricense, a las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y con la intermediación de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
• OCHO MEDIDAS PARA COMBATIR EL FRAUDE FISCAL:
1. Levantar el velo de la personalidad jurídica
2. Desjudicializar el requerimiento de información tributaria
3. Reformar la ley orgánica del banco central de costa rica n° 7558 y sus reformas para la supervisión consolidada de los grupos financieros
4. Reformar la sección primera, segunda y tercera del capítulo iii, del título ii, y a los artículos 41, 195 y 197 del código de normas y procedimientos tributarios, ley n°4755, para modernizar las definiciones de obligados tributarios, sus deberes, y el regimen jurídico de las responsabilidades tributarias.
5. Reformar y adicionar a la ley de impuesto sobre la renta, ley n° 7092 de 21 abril de 1988, ley para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal.
6. Establecer una clausula antielusiva general, adición de un artículo 12 bis al código de normas y procedimientos tributarios, ley n° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas.
7. Concretar una ley contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales.
8. Concretar una ley para la transparencia de las sociedades inactivas.
• OCHO MEDIDAS PARA CONSOLIDAR UN SISTEMA TRIBUTARIO PROGRESIVO:
1. Reforma a la ley n° 7092, ley del impuesto sobre la renta, del 19 de mayo de 1988, y sus reformas, para gravar a las herencias, legados y donaciones de lujo.
2. Establecer una escala tarifaria progresiva para las personas jurídicas en el impuesto de renta.
3. Gravar las ganacias de capital
4. Concretar el paso transitorio hacia un esquema completo de renta mundial y renta global.
5. Mejorar la eficacia de la valoración aduanera. Ley de ejecución eficaz de la valoración aduanera.
6. Proteger la progresividad de la carga tributaria en bienes y servicios de consumo necesarios para la vida.
7. Establecer un impuesto a las transacciones financieras (tasa tobin).
8. Implementar el escaneo de contenedores para la inspección intrusiva.
• CUATRO MEDIDAS PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL:
1. Establecer el empleo como objetivo rimordial del banco central, no solo la inflación.
2. Generar recursos frescos al sistema de banca para el desarrollo para apoyar emprendimientos en zonas rurales.
3. Establecer iniciativas de mujeres y personas jóvenes como prioridad del sistema de banca para el desarrollo.
4. Ley contra la usura.
• CUATRO MEDIDAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN:
1. Fortalecer el combate a la corrupción y transparentar los patrimonios y los intereses económicos de los altos mandos del sector público.
2. Fortalecer a la procuraduría de la ética.
3. Garantizar el conocimiento de los informes de las comisiones especiales de investigación.
4. Eliminar la inmunidad de miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción.
SOLUCIONES DE IMPACTO INMEDIATO
– Crear un impuesto sobre ganancias extraordinarias obtenidas por los bancos con altas tasas de interés.
– Hacer que los bancos asuman el costo de la supervisión.
– Aumentar, temporalmente, la tarifa de impuesto sobre grandes utilidades, de 30% a 36%, solamente a los grandes contribuyentes (empresas que tributan 250 millones o más, o con renta bruta de 40 mil millones o más, o con activos de 40 mil millones o más, que corresponde aproximadamente las 400 empresas más grandes del país).
– Eliminar los privilegios tributarios para los rendimientos de los fondos de inversión
– Congelar los salarios de lujo de toda la alta jerarquía del Sector Público y de funcionarios con remuneraciones superiores a 5 millones, por dos años.
– Congelar los montos de las dietas pagadas a miembros de juntas directivas de entidades públicas, por dos años.
– Aumentar temporalmente (2 años) impuesto sobre dividendos en 1,5 puntos porcentuales.
– Prohibir que se otorguen y mantengan exoneraciones a personas físicas o jurídicas que no están al día con el fisco o con la CCSS.
– Bajar el impuesto sobre la renta de los salarios pequeños y subirlo para los salarios de lujo.
– Hacer que los bancos paguen una contribución especial temporal para financiar la educación pública. Crear una exoneración temporal para el alquiler de locales comerciales por parte de micro, pequeñas y medianas empresas.
– Crear un impuesto extraordinario al existente sobre los casinos y las salas de juego.
– Detener las pensiones de lujo de Ex Presidentes de la República.
– Reducir el financiamiento de los Partidos Políticos para las próximas elecciones municipales y nacionales.
– Establecer temporalmente una contribución especial solidaria de apoyo a las finanzas públicas proveniente de las empresas que se acogen al Régimen de Zona Franca.
CONSULTE LA PROPUESTA EN EL SIGUIENTE ENLACE:
Regional 18 Puntarenas – 1 set vs. Regional 27 Coto Brus – 2 sets
Parciales 25/22 , 22/25 , 15/12
Las personas afiliadas a APSE que laboran como Agentes y Auxiliares de Seguridad en los centros educativos de todo el país, celebran su día el sábado 28 de julio, con diversas actividades organizadas por nuestro sindicato en todas las estructuras Regionales del país.
APSE llevó a cabo 16 eventos regionalizados, donde los compañeros y compañeras guardas son recibidos con alimentación, música y otras amenidades.
Integrantes de la Junta Directiva de APSE, coordinadores regionales y el equipo de promotores acompañan estos actos y transmiten el mensaje de compromiso de nuestro sindicato con los fines y necesidades de este grupo laboral.
Abogados y asesores legales de APSE asisten a todos los eventos para brindar una charla explicativa sobre derechos de este colectivo, las normas que los regulan, la aplicación de la jornada diurna de 40 horas, y la forma de canalizar reclamos legales. Además, se atienden y aclaran dudas laborales de los presentes, y se levantaron listas de apsinos y apsinas que requieren iniciar procesos formales de reclamo, para asistirles en la defensa de sus derechos.
Varias organizaciones, cooperativas y agencias cercanas al Magisterio se hicieron presentes en las actividades, lo que permitió a muchos asistentes aprovechar ofertas especiales en productos y servicios.
La celebración de estos eventos es posible gracias a la normativa contenida en el Reglamento de Agentes de Seguridad y Auxiliares de Vigilancia del MEP, que permite otorgar licencia de un día para organizar conmemorar y honrar el importante trabajo que realizan estos compañeros y compañeras.
El derecho a gozar este día de licencia no puede ser negado por los directores de los centros educativos ni las Juntas Administrativas, debido a que es un mandato directo del superior jerárquico del Ministerio de Educación Pública.
Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Sra. Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda
Sr. Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública
ASUNTO: REQUERIMIENTO CIUDADANO DE CUMPLIMIENTO CONSTITUCIONAL
Estimados señores y señora Ministra:
En la construcción democrática de nuestro país, la Educación ha jugado un papel histórico, determinante, que ha sellado su impronta en nuestro Estado Social de Derecho.
La educación promueve la realización de la personalidad y dignidad de la persona, valores superiores de nuestro ordenamiento.
El acceso efectivo a la educación facilita mejores condiciones de empleo, ingresos y en general, una mejor calidad de vida.
La educación es herramienta de movilidad social, factor de desarrolle que contribuye a reducir la desigualdad social y económica de la población.
La importancia histórica de la Educación se expresa en la constante voluntad del legislador constitucional, desde el siglo XIX, de promover y fortalecer de manera progresiva este Derecho Fundamental, consagrado en el Titulo VII le la Constitución Política, denominado «De la educación y la cultura», artículos 77, 78, 84, 85, entre otros.
Además, existen instrumentos internacionales de Derechos Humanos que reconocen el Derecho Fundamental de Educación, entre los cuales podemos citar los siguientes: artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo XII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La extraordinaria relevancia reconocida a la Educación se refleja particularmente en la evolución progresiva que ha tenido el artículo 78 de nuestra Constitución Política, que culminó con la última reforma de 2011:
«ARTÍCULO 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.
“En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
”El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a carca del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley.»
El objetivo de esta reforma constitucional consistió en incrementar la inversión pública, con la finalidad de fortalecer el sistema de educación pública, de cara a las exigencias que demanda el futuro y realizar una reforma educativa “que tenga como centro del proceso a la persona humana, porque invertir en educación es invertir en desarrollo humano» (exposición de motivos del proyecto de reforma del art. 78 constitucional).
Esta reforma contiene dos aspectos sustanciales que amerita destacar: por una parte, la obligatoriedad de la educación comprendió el único ciclo que hacía falta que se le diera este carácter: la educación diversificada, y por otra parte, la asignación presupuestaria mínima a la educación pública se incrementó de un 6% a un 8% anual del PIB.
Este mandato del legislador constitucional desafortunadamente ha sido en enervado por los diferentes gobiernos de turno y el legislador presupuestario, porque no se ha destinado efectivamente a la educación pública los recursos que ordena el precepto constitucional, que por lo visto, la actual Administración marcha por el mismo camino, pero de manera más regresiva que las anteriores.
La actual Ministra de Hacienda le asignó al Ministerio de Educación Pública el siguiente límite máximo para el período 2019:
Esta asignación implica un congelamiento del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que solo «aumenta» en la cantidad de 30.000 colones el monto del presupuesto del período 2018, equivalente tan solo al 7.07% del PIB.
Esta asignación porcentual es la más baja de los últimos cinco años, evidenciando no solo una infracción grave, manifiesta y evidente del artículo 78 de la Constitución Política de la República, sino además, una política de Estado absolutamente regresiva, irreconciliable con el principio de progresividad de los derechos fundamentales.
La asignación de esta insuficiente partida presupuestaria tendría un desproporcionado impacto que afectaría sustancialmente la calidad de los servicios de educación, tales como transporte, becas estudiantiles, infraestructura, comedores escolares y dotación de personal.
No omitimos manifestar que a raíz del incumplimiento de este disposición constitucional, que la actual Administración no se queda corta, sino que por el contrario, ahora este incumplimiento deviene ostentoso y regresivo, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2015, porque se le signó a la educación pública un presupuesto insuficiente, cuya acción fue declarada con lugar en los siguientes términos:
«Por tanto: Se declara con lugar la acción, en consecuencia se declara a la inconstitucionalidad por omisión del Título 210-Ministerio de Educación Púbica del artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 (N° 9289 de 1 de diciembre de 2014), por no cubrir el monto mínimo del 8% de gasto público en educación estatal, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política. Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.» (Res. N° 2016-012803).
Esta advertencia está siendo olímpicamente ignorada por la Administración Alvarado Quesada.
Así las cosas, la APSE, de manera respetuosa, pero vehemente, les comunica a las autoridades de este Gobierno este requerimiento ciudadano, con objetivo que se instruya asignar en el proyecto de presupuesto del periodo 2019, la suma que corresponda al 8% anual del PIB, con la finalidad que se procure el debido cumplimiento del artículo 78 constitucional.
Al tenor de lo resuelto en la anterior sentencia de la Sala Constitucional, los exhortamos a no cometer la misma infracción de los Gobiernos antecesores que bien podría constituir desacato e incumplimiento de deberes.
Señor Presidente de la República, señora Ministra de Hacienda y señor Ministro de Educación Pública, esperamos que no hayan olvidado el juramento que rindieron tan solo unos dos meses atrás y cumplan con el mandato constitucional.
Esperamos que no sea necesario recurrir a otras instancias judiciales en resguardo de la supremacía de la Constitución Política y el fortalecimiento del sistema de educación pública costarricense.
Atentamente,
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Giannina Francesa Blanco
Vicepresidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
CARTA ENVIADA POR APSE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
FÚTSALA MASCULINO
Sábado 28 de julio
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
– Regional 24 vs Regional 27 9:00 a.m.
– Regional 18 vs Regional 31 10:00 p.m.
FÚTSALA FEMENINO
Sábado 28 de julio
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
– Regional 28 vs Regional 50 11:00 a.m.
– Regional 29 vs Regional 25 12:00 m.d.
VOLEIBOLL MASCULINO
Sábado 28 de julio
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
Triangular
– Regionales 27, 24 y 18 1:00 p.m.
VOLEIBOLL FEMENINO
Sábado 28 de julio
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
Las Regionales 24 y 27 pasan directo a la final (descalificación Reg. 18)
FÚTBOL 11
Sábado 4 de agosto
Estadio Ernestro Rohrmoser, Pavas, San José
– Regional 11 vs Regional 21 5:00 p.m.
– Regional 09 vs Regional 15 7:00 p.m.
FÚTBOL 11
Miércoles 8 de agosto, 5:00 p.m. y 7:00 p.m.
Estadio Ernestro Rohrmoser, Pavas, San José
— Contrinctantes por definir —
AJEDREZ
Jueves 9 de agosto 9:00 p.m.
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
Regional 38 vs Regional 23
FÚTSALA FEMENINO
Jueves 9 de agosto 9:00 p.m.
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
— Contrincantes por definir —
FÚTSALA MASCULINO
Jueves 9 de agosto 10:00 p.m.
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
— Contrincantes por definir —
VOLEIBOLL MASCULINO
Jueves 9 de agosto 12:00 m.d.
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
— Contrincantes por definir —
VOLEIBOLL FEMENINO
Jueves 9 de agosto 1:00 p.m.
Liceo del Sur, Barrio Cuba, San José
— Contrincantes por definir —
APSE REPUDIA CORRUPCIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL PODER JUDICIAL
APSE expresa ante la opinión pública costarricense su profunda preocupación por los las acusaciones por presuntos actos de corrupción, oportunismo, impunidad y falta de transparencia en las decisiones tomadas recientemente por algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que socavan la confianza depositada por nuestro pueblo en el Poder Judicial como garante del sistema democrático.
Durante las últimas semanas, varios acontecimientos generaron fuertes señalamientos contra los magistrados. El 12 de julio de 2018, la Corte Plena votó sobre la aplicación de sanciones contra cuatro altos jueces de la Sala Tercera (incluyendo al entonces Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla) señalados por aparente favorecimiento a favor de dos exdiputados investigados por el caso conocido como “el cementazo”. El informe recomendaba su suspensión del cargo por dos meses sin goce de salario, por haber cometido una falta grave, pero al votar no se obtuvo la mayoría necesaria, y se decidió aplicar solo una amonestación escrita.
El lunes 16 de julio, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, se acogió a la jubilación de forma sorpresiva, apenas 14 meses después de haber sido electo para ocupar la dirección del Poder Judicial. Además, Chinchilla demandó al Estado por haber apelado la aplicación de la amonestación aplicada por el caso del cementazo, la cual evadió al pensionarse. De esta forma, Chinchilla abandona el Poder Judicial de forma deslucida y atropellada, dejando atrás serios cuestionamientos por las decisiones tomadas bajo su dirección en la Corte.
Ante la fuerte crítica de la ciudadanía por la votación de las sanciones, la Corte revisó la decisión acordada y optó por suspensión sin goce de salario por dos meses a los magistrados. Esto provocó que dos de las magistradas sancionadas acudieran a demandar al Estado ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, el cual resolvió en apenas pocas horas las demandas presentadas por ella, lo que causó a su vez que el Ministerio Público allanara la oficina de juez que restituyó a estas togadas, acusándolo de presunto prevaricato.
Estos hechos lamentables permiten inferir que en las altas jerarquías del Poder Judicial, ocurren prácticas que permiten la impunidad, la evasión de responsabilidades y la falta de transparencia en esta institución. Los cuestionamientos no son nuevos, en el año 2017 por ejemplo surgieron serias acusaciones contra el entonces Fiscal General, Jorge Chavarría, quién también sorpresivamente optó por jubilarse sin responder ante estos señalamientos.
Estas pensiones anticipadas y millonarias de jerarcas judiciales que evaden responder a críticas, son una burla a la ciudadanía costarricense y ponen en riesgo la legitimidad de los actos y decisiones de nuestro sistema de justicia. Pero también constituyen una afronta contra todas y todos los funcionarios judiciales, quienes el año pasado se lanzaron a la lucha por la defensa de su régimen de pensiones, resultando en una huelga perseguida y declarada ilegal por el mismo Poder Judicial. El argumento de la necesidad de reformar este y otros regímenes de pensiones, o el empleo público, se viene abajo, cuando por una parte se exige austeridad a los funcionarios, mientras que los jerarcas se aprovechan del sistema para tener jubilaciones de lujo a pesar de los señalamientos en su contra.
APSE exige transparencia absoluta y el fin de la impunidad en nuestro Poder Judicial. Consideramos necesarias reformas profundas en la forma de elegir a los magistrados, y sobretodo en la manera de sentar sus responsabilidades disciplinarias y políticas, para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en uno de los pilares de la democracia.
26 de julio de 2018
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Giannina Francesa Blanco
Vicepresidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General