Año: 2015

El proyecto de Ley para la Regulación de la Educación o Formación Profesional-Técnica en la Modalidad Dual en Costa Rica, expediente N.° 19.019, conceptualiza la formación dual como una manera de capacitación, para conseguir empleo y ofrecer al sector empresarial capital humano competente y mano de obra barata.

Pretende enlazar la realidad del comportamiento del mercado laboral, las necesidades de los estudiantes, sus familias y el esquema productivo nacional. Pero nunca define las responsabilidades y compromisos de las empresas en el proceso formativo de las personas que capacita.

Su fundamento jurídico requiere de la buena voluntad del sector empresarial y el trinomio INA – empresa – estudiante, también de la ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje y los acuerdos de su Junta Directiva, con respaldo de su asesoría legal.

Los proponentes justifican su implementación en que es un mecanismo para el desarrollo y la generación de empleo, valora la importancia de la formación profesional – técnica, la competitividad, la alta demanda y los salarios crecientes (mismos que en la realidad no se visualizan porque, incluso, se ubican por debajo del salario mínimo establecido), como una forma de romper los círculos de pobreza.

En el artículo 1 establece que no cubre a los colegios técnicos, pero el artículo 2 define la educación o formación profesional – técnica en la modalidad dual como “aquella que permite el proceso de enseñanza-aprendizaje en una entidad educativa tanto pública como privada y en una empresa de forma simultánea…”

Deficiencia: El proyecto de Educación Dual, expediente N.° 19.019, diminuye la formación académica – técnico – integral

La iniciativa sujeta el proceso de formación educativa a los intereses del sector empresarial y crea la Conafodual, sin representación de los sindicatos ni gremios magisteriales (forma una clase trabajadora que no luche por sus derechos).

En su artículo 13 cita a las empresas formadoras, pero no delimita el tipo de personal calificado, ni de dónde se obtendrán los recursos para equipo e infraestructura; cita las pólizas, pero no define si la paga la empresa, el discente o el centro educativo.

¿Por qué rechazamos este proyecto de ley?

Disminuye las horas de formación académico – técnico – integral de los estudiantes, factor que implica serias deficiencias en el proceso de formación.

– Llevaremos personas menores de edad a las empresas (art. 23), exponiéndolas a ser mano de obra barata, a trabajar con gente que quizá conozca el trabajo de la empresa, pero carece de aspectos didácticos y metodológicos para enseñar.

– Los jóvenes se exponen a accidentes laborales, por su escasa formación dentro de la empresa y por su corta edad.

– Debemos preguntarnos si las empresas están preparadas para atender las necesidades de las personas menores de edad que pretenden capacitar, atendiendo los recesos necesarios por su edad o actividades lúdicas, por citar algunos ejemplos.

El proyecto fue presentado el 11 de febrero de 2014, y en este momento se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa.

Para el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) cotizan un 8% los trabajadores, un 6.75% los patronos y un 0.58% el Estado. Los rendimientos generados por las inversiones en el mercado de valores y en la cartera de crédito garantizan el pago oportuno de las pensiones.

Pertenecen a este régimen, creado por la Ley Marco de Pensiones N.° 7302, los trabajadores del sector educativo nacional que empezaron a laborar desde el 15 de julio de 1992.

Incluye a los trabajadores del Magisterio Nacional (primaria, secundaria y universitaria), tanto del sector público como del privado. Circunscribe, también, a los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Con las cotizaciones y los rendimientos obtenidos a través de las inversiones se pretende garantizar el pago presente y futuro de las pensiones de sus afiliados.

El RCC es administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), ente encargado de cobrar las cotizaciones, invertir los recursos, controlar el nivel de riesgo de las inversiones y pagar las pensiones.

Iniciativa de ley. El proyecto de Reforma de la Ley N.° 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, expediente N.° 18.888, pretende garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones del RCC por las siguientes razones:

– Diversifica el portafolio de inversiones: fomenta nuevas posibilidades de inversión en obra pública o privada, resguarda los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad de los recursos que invierte. Amplía los programas de crédito, brindando préstamos con las garantías que aseguren la inversión.

– Mejora la recaudación de las cotizaciones por medio de instrumentos jurídicos, principalmente en los centros educativos privados, que, bajo la cultura de la evasión fiscal, lesionan a la clase trabajadora.

Debemos defender el RCC mejorando el portafolio de inversión, recaudando mejor las cotizaciones, manteniendo la edad de retiro, el número de cotizaciones y el monto de pensión.

Falacias del proyecto de ley

– No es verdad que Jupema otorgue créditos sin ningún tipo de respaldo. La unidad de riesgo otorga y controla la tasa de morosidad.

– Es falso que el proyecto es de carácter neoliberal. Más bien tiene un carácter social, que garantiza el pago de las pensiones.

– Es falso que pone en riesgo el fondo de pensiones. Lo que busca es garantizar y resguardar los dineros del RCC. Jupema garantiza el derecho de los (as) trabajadores (as) del disfrute de una pensión digna y, además, garantiza la estabilidad del RCC.

La ASOCIACION DE PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANZA (APSE) cumpliendo con el compromiso de defensa y reivindicación de los derechos de sus asociados, INFORMA:

I.- Que mediante escrito de fecha 07 de abril del 2014, la señora Ana Doris González González, Presidenta de la APSE, manifestó al señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública, la imperiosa necesidad de plantear una nueva consulta a la Procuraduría General de la República, en la que se argumentaran una serie de aspectos nunca antes expuestos, y que habían provocado que en los dictámenes vertidos, se considerara que el personal que labora en estos centros educativos, mantenía una relación laboral de subordinación con el centro educativo privado, no con el Estado. Fundamentamos la necesidad de la consulta en lo siguiente:

1.- Que existen trabajadores y trabajadoras que laboran en estos centros educativos, en condición de propietarios ingresados por el Régimen del Servicio Civil y a quienes indistintamente de su condición de interinos o propietarios, se les debe considerar para todos los efectos como “funcionarios públicos” destacados en estas instituciones.

2.- Que resulta fundamental considerar que el MEP no solo se limita al pago de sus salarios, sino que también para efectos del régimen de seguridad social, el MEP les inscribe como empleados del MEP ante la CCSS, pagando las cuotas patronales y realizando la retención de la cuota obrera.

3.- Que el MEP en su condición de patrono, cubre lo relativo al pago de las póliza de riesgos del trabajo, del Fondo de Capitalización Laboral y el pago de las prestaciones legales.( auxilio de cesantía).

4.- Que precisamente por su condición de funcionarios públicos, es que estos trabajadores figuran como accionistas de la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE, cuyos cotizantes según lo dispone su ley constitutiva, son únicamente los funcionarios que laboran para el Ministerio de Educación Pública.

5.- Que como funcionarios pagados por el MEP, y como afiliados a las organizaciones gremiales y sindicales del Magisterio Nacional, les asiste no solo el Derecho de Sindicalización, sino también el Derechos a gozar de las Licencias o Permisos sindicales otorgados por el MEP en su condición de patrono público, para su participación en actividades, congresos y asambleas.

II.- El señor Ministro de Educación Pública, atendiendo nuestra petición, que recogía el clamor de todos los compañeros y compañeras que laboran en esos centros educativos; procedió a dejar planteada ante la Procuraduría General de la República, la consulta requerida, la cual se recoge en el Oficio DM-608-05-2014 de fecha 06 de mayo del 2014 y recibida por en la Procuraduría el día 07 de mayo del 2014, a las 10:21 horas, es decir a escaza hora y media que el señor Ministro de Educación, dejara su mandato.

III.- Con gran júbilo, recientemente hemos conocido el histórico, relevante y trascendental criterio jurídico emitido por la Procuraduría General de la República, N° C-057-2015 de fecha 16 de marzo del 2015, en el que este ente cambia sus anteriores criterios jurídicos sobre este tema, y de una forma que incluso reinterpreta la jurisprudencia constitucional y laboral, últimamente vertida, arriba a conclusiones, que rescatan la condición de funcionarios públicos destacados en esos centros educativos, a quienes el MEP haya contratado mediante una relación de empleo público.

Lo anterior significa que quienes así se encuentren nombrados por el MEP, quedarán cubiertos por todos los derechos, beneficios y estabilidad que otorga el Régimen de Servicio Civil, así como el goce de los permisos sindicales previstos en el Código de Trabajo.

Con el fin de explicar los alcances de este histórico pronunciamiento, se convoca a una reunión de Presidentes de Base (o en su defecto algún representante de la directiva, o afiliado de la institución), para el día martes 16 de junio en curso, 5:00 p.m., en las instalaciones de la APSE.

Elaborado por Licda. Ileana Vega Montero