Categoría: 2013
Conserjes denuncian violación a su periodo de vacaciones
Conserjes denuncian violación a su periodo de vacaciones
En muchos colegios los convocan a laborar días antes de lo establecido en el Reglamento de Conserjería
Norma Umaña/APSE/2014
El sábado 7 de diciembre de 2013, los(as) conserjes afiliados(as) a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza participaron en una jornada informativa, en la que plantearon una gran cantidad de dudas y preguntas relacionadas con la naturaleza propia de su puesto; asimismo, recibieron una charla sobre el nefasto plan de Contingencia Fiscal que promueve el Gobierno liberacionista.
Aunque muchas se atrevieron a denunciar abusos acometidos contra sus derechos por parte de algunos directores; otras, por el contrario, ante el temor a represalias, optaron por guardar silencio, sobre todo las(os) interinas(os), manifestó el secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Mariano Rodríguez Pacheco.
La Licda. Vivian Chaves, coordinadora del departamento Laboral de la APSE
, evacuó dudas de los conserjes afectados por
constantes violaciones a su Reglamento.
El dirigente Rodríguez los alertó sobre el riesgo de la tercerización (privatización) de los servicios de conserjería en los colegios, y los instó a “permanecer vigilantes ante cualquier intento del MEP por irlos debilitando como sector, tal y como ha sucedido en los últimos años”.
!/media/import/2013/12Diciembre/fts/conserjes/3.jpg!La encargada del departamento Laboral de la APSE, Vivian Chaves, evacuó dudas de los(as) conserjes, quienes mostraron preocupación por la violación al Reglamento en cuanto al periodo de vacaciones, al rebajo de horas por asistir a citas médicas, entre otros asuntos.
Irrespeto al periodo de vacaciones. La coordinadora y miembro de la Comisión de Conserjes, Maricruz Villegas Ramírez, manifestó que, en la mayoría de colegios, les indicaron que salieran a vacaciones dos días después que los docentes, es decir el 13 de diciembre, y los están convocando a ingresar a laborar el 3 de febrero de 2014.
No obstante, el artículo 37 del Reglamento de Conserjería dice que este sector de trabajadores tiene los mismos periodos de vacaciones que los docentes, y solo pueden ser convocados un día antes a una reunión para organizar el curso lectivo, no para trabajar.
El secretario general de la APSE, Mariano Rodríguez Pacheco (centro), exhortó a los
conserjes a “estar vigilantes ante cualquier intento del MEP por irlos debilitando
como sector, tal y como ha sucedido en los últimos años”.
El director que los convoque en un periodo no reglamentado, podrá ser sancionado disciplinariamente, según lo estipula el artículo 38.
La abogada Chaves dijo que la recomendación que se les ha dado es que no se presenten a laborar.
La presidenta electa de la APSE, Ana Doris González González (segunda a la izq.),
acompañó a las(os) apsinas(os) de la Regional 12.
Rebajos. Los conserjes denunciaron que los directores les están rebajando el día completo o las horas en que asistieron a las citas médicas, a pesar de que presentan un comprobante del centro de salud.
Calificación. Otra preocupación externada en la jornada informativa radica en el periodo de calificación de su trabajo.
La Licda. Chaves explicó que a los conserjes los calificaron en forma adelantada en noviembre, pero ahora los van a calificar en febrero de 2014, como parte del ordenamiento exigido por el Ministerio de Hacienda al pasar el sistema informático del MEP a Integra 2.
El rebajo salarial de las horas que las y los conserjes utilizan para asistir
a las citas médicas es una de las principales preocupaciones.
El Reglamento de Conserjería dice que se les debe calificar al mismo tiempo que los docentes a más tardar el 15 de noviembre, igual que a los docentes.
La dirigente Villegas hizo un llamado a los conserjes para que denuncien, con el apoyo legal de la APSE, a los directores que les atropellan sus derechos.
Huelga en Liceo de Tobosi por desalojo
Iglesia desaloja a estudiantes
Huelga en Liceo de Tobosi por falta de infraestructura
Prensa APSE/Marzo 2013
Estudiantes, profesores y personal administrativo del Liceo de Tobosi, Cartago, con el apoyo de los padres de familia, estuvieron en huelga el jueves 7/3/2013, para exigir que las autoridades de la iglesia Católica permitan seguir utilizando el salón de la segunda planta.
Desde hace cinco años, el centro educativo funciona en seis aulas del primer piso del salón parroquial, cuyo alquiler tiene un costo de ¢1,700.000 por mes.
La presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto (centro), se reunió con los profesores e intercedió
ante las autoridades educativas para buscar una solución inmediata al problema
de infraestructura del Liceo de Tobosi.
Al aumentar, este año, la matrícula en 90 estudiantes, el Consejo Económico Social concedió, en calidad de préstamo, el salón de la planta alta. Una vez que se reestructuró la jornada laboral y los horarios de los estudiantes para este curso lectivo, se les comunicó que ya no podían ocupar esas instalaciones.
El presidente de base de la APSE, Hugo Marín, se mostró muy preocupado porque los
estudiantes de quinto año no cuentan con las condiciones para
enfrentarse a las pruebas de bachillerato.
Al cerrarles la planta alta, las clases se impartieron en los corredores, soportando las bajas temperaturas.
“Las condiciones que puso la iglesia para prestar el salón fueron cumplidas, como grupos pequeños, no clavar ni rayar las paredes”, manifestó el presidente de base de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Hugo Marín, quien al igual que los demás docentes, resaltó el buen comportamiento de los alumnos y los principios de la comunidad.
A los profesores les preocupa que los muchachos no tengan las condiciones necesarias para hacerles frente a las pruebas de bachillerato este año.
“El Consejo Económico y Social de la iglesia nos desaloja, a pesar de que respetamos las condiciones
estipuladas en un documento”, dijo la directora Vera Elizondo.
La directora Vera Violeta Elizondo informó de que están a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de fideicomiso para la construcción de un edificio propio.
La presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto, intercedió a favor de la comunidad educativa de Tobosi y se comunicó con la viceministra administrativa, Silvia Viquez, quien prometió buscar una solución a corto plazo mientras se aprueba el fideicomiso.
Es la segunda ocasión en que el centro educativo es desalojado del salón parroquial, lo que afecta la autoestima de los estudiantes, dijo la dirigente.
Documento de parte de la coalición de organizaciones sindicales y gremiales costarricenses
El siguiente documento contiene una serie de reflexiones relacionadas con la situación actual de Costa Rica en torno a los derechos laborales y el trabajo tanto en el sector público como privado en nuestro país. Expresa, sin tapujos, la posición de una serie de organizaciones sindicales que, de manera unitaria, venimos discutiendo y analizando una propuesta que le permita a todos nuestros afiliadas y afiliados tener los insumos necesarios para que , desde las bases, estudiemos y compartamos como otras y otros costarricenses que urgen de criterios para entender la coyuntura actual que atraviesa el país. El esfuerzo desplegado por ANDE, APSE, UNDECA, CGT, CCTD, SINTRAJAP, UNT, Unión Medica Nacional , FIT/ICE, entre otros desde el debate y la discrepancia respetuosa ha constituido un mecanismo de fortalecimiento de la democracia interna de nuestras organizaciones. Este documento que ponemos a la disposición de cada una y uno de ustedes es una muestra inequívoca de ello. Imprímalo, llévelo a su centro de trabajo y utilícelo como recurso para explicarle a muchos otros trabajadoras y trabajadores en la encrucijada que se halla Costa Rica. Entrelazamos esfuerzos desde el movimiento sindical y social para fortalecer los anhelos y esperanzas de toda la clase trabajadora costarricense.
COALICIÓN DE ORGANIZACIONES SINDICALES Y GREMIALES COSTARRICENSES
San José, 28 de Junio de 2013
Señor
Bernard Guy Ryder
Director General
Organización Internacional del Trabajo, OIT
Estimado señor:
De parte de ésta coalición de organizaciones sindicales y gremiales costarricenses, nos permitimos presentarle este documento, que contiene nuestra posición acerca de la situación que está sufriendo nuestro pueblo y su clase trabajadora, con énfasis en la mayor problemática en que nos tiene el Proyecto de Ley de Reforma del Código de Trabajo.
1- ES URGENTE SU INTERMEDIACION Y PRONUNCIAMIENTO EN TORNO A LA HUELGA BANANERA DE SIXAOLA
Visita usted nuestro país en momentos en que un numeroso grupo de trabajadores bananeros se encuentra desde hace 23 días en pie de huelga, ante la más artera persecución de parte de la transnacional Del Monte, consistente en el despido de sindicalistas, amparada en una espuria declaratoria de ilegalidad de una huelga anterior ya finiquitada, declaratoria emitida muy a poseteriori por los Tribunales de Trabajo.
Los trabajadores bananeros de Sixaola son sometidos a condiciones de precariedad y sobre-explotación, mientras campea la más completa impunidad para los patrones, en cuanto a sus prácticas antisindicales.
De manera que, como punto previo y con carácter de urgencia, le solicitamos interceda de inmediato ante el Gobierno de Costa Rica para una pronta solución a este conflicto, que requiere como presupuesto fundamental el reintegro de los trabajadores despedidos y la atención de sus demandas.
2- EL DETERIORO DEL SISTEMA SOCIAL Y DEMOCRATICO
En términos generales, la situación en Costa Rica, en materia de derechos laborales y libertades civiles, se torna cada vez más grave. El Gobierno de la República y el sector empresarial intensifican la arremetida contra la clase trabajadora y por otra parte, la sociedad sufre el embate de las políticas neoliberales.
La Caja Costarricense de Seguro Social, institución encargada de la prestación de los servicios de salud y pensiones, sufre una profunda crisis financiera e institucional, que la tiene al borde del colapso y que ha causada un grave deterioro en la prestación de los servicios asistenciales y hospitalarios. La principal causa de la crisis se debe a la altísima morosidad patronal e incumplimiento del Estado de sus obligaciones económicas y presupuestarias. Para que se tenga una idea, en el último informe presentado por la gerencia financiera, el 8 de febrero del presento año, la deuda total que tenía oficialmente registrada el Estado, asciende a la astronómica cantidad de 367,072.4 millones de colones al Régimen Público de Enfermedad y Maternidad y 765,6 millones de colones al Régimen de Pensiones, de Invalidez, Vejez y Muerte de la Seguridad Social, que para un conjunto de organizaciones la deuda real duplica esos montos.
Los servicios portuarios, telecomunicaciones, energía, seguros y otras actividades han sido o están en vías privatizarse, a raíz de las exigencias del TLC firmado con EEUU, CAFTA.
En esta Administración, más que en cualquier otra, se ha recurrido al uso permisivo de la figuera de concesión de obra pública, para privatizar un conjunto de actividades estratégicas, que ha sido el caldo de cultivo de escandalosas denuncias de corrupción en la función pública.
La embestida contra los derechos de los trabajadores, individuales y colectivos, en el sector privado y público, ha llegado a niveles completamente intolerables.
Lo anterior se corona con la represión policial y judicial, intensificada en los últimos meses, que han sido detenidos y pasados al Ministerio Público más de un centenar de personas y trabajadores(as), que han participado en las dierentes manifestaciones en las que el pueblo ha manifestado su justificado repudio contra la clase política gobernante.
3- ESTADO DE LA CUESTION DE LA LIBERTAD SINDICAL
La agresión sistemática de los derechos fundamentales de los trabajadores, se da igualmente en el sector empresarial y sector público.
– La flexibilización y prácticas antisindicales en el sector privado.
En el sector privado, se impone la flexibilización salvaje de las relaciones laborales y la precariedad de las condiciones laborales. Una tercera parte de los trabajadores, no devengan ni el salario mínimo, con la tolerancia de las autoridades del Ministerio de Trabajo.
En este sector existe una desenfrenada represión contra el derecho de organización sindical, principalmente en el sector industrial y plantaciones agrícolas (bananeras, piñeras, etc) que ante el menor intento de los trabajadores de organizarse, sufren el despido indiscriminado, prácticamente impune. Desdichadamente nuestra legislación carece de un sistema de protección efectiva del os representantes de los trabajadores.
Esta ausencia de tutela se acompaña del uso del arreglo directo, titularizado por los comités permanentes de trabajadores, promovido por el Ministerio de Trabajo, que ha sido la herramienta emblemática del empresario para destruir las organizaciones sindicales.
Este es un tema que ha sido constantemente denunciado en OIT, cuyos pronunciamientos han sido insuficientes para promover la tutela efectiva del a Libertad Sindical, que en nuestro criterio, con el mayor respeto, estos pronunciamientos han quedado en deuda con la clase trabajadora.
– Salario único y ataque sistemático de los derechos colectivos del personal de los servicios públicos.
En el sector público el panorama no es más alentador. El Gobierno amenaza con una iniciativa legislativa para imponer el “salario único” – una prueba más de la flexibilización neoliberal- y suprimir todos los sobresueldos e incentivos salariales; que además pretende desaparecer las convenciones colectivas.
Los derechos colectivos de funcionarios y servidoras públicas están en la mirilla de las autoridades. Hay una política pública, tácita, articulada entre los diferentes poderes del Estado e instituciones, dirigida a violentar estos derechos del personal de la función pública.
En esta estrategia juega un papel, de primer orden, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuya jurisprudencia se ha encargado de expulsar de nuestra Constitución los derechos colectivos de los funcionarios públicos, cuya evolución podemos resumir de la siguiente manera: primero, fue la prohibición del derecho de conflictos colectivos de trabajo (1992), luego vino la prohibición de la negociación de convenciones colectivas, en la mayoría de los servicios públicos (2000), seguida de la anulación de cláusulas de convenciones colectivas (2000) y finalmente, la prohibición de la huelga en los servicios esenciales, principalmente sanitarios y hospitalarios (2011). Toda esta jurisprudencia ha sido dictada a contrapelo de nuestra Constitución y la propia ley reguladora de la jurisdicción constitucional; que por contrario, obliga al Tribunal Constitucional a velar por el respeto de los derechos fundamentales y la supremacía de las normas internacionales de derechos humanos, entre ellos los Convenios de OIT.
También aquí de manera recurrente hemos presentado denuncias a OIT, cuyos pronunciamientos, algunos muy prudentes y otros más contundentes, son completamente ignorados por las autoridades, que no ha sido posible una acción más efectiva de OIT.
No puede ser más patente, señor Director General, la constante agresión que sufre la clase trabajadora de este país centroamericano.
4- EL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL LABORAL Y LA LIBERTAD SINDICAL
La cuestión de la Libertad Sindical en Costa Rica, en esta coyuntura que atravesamos, no se puede analizar en abstracto, sino que necesariamente pasa por tomar una definición acerca del denominado Proyecto de Reforma Procesal Laboral (Exp. No. 15990), en adelante PRPL.
– Falta de transparencia y participación democrática en la tramitación del proyecto.
Este proyecto se tramita en la Asamblea Legislativa desde 2005. En el año 2010, el proyecto fue dictaminado por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que fue regresivo, una verdadera contra-reforma laboral, principalmente en materia de contratación colectiva en sector público y huelga.
Ese dictamen fue cuestinado por un grupo de organizaciones sindicales, en buena parte las que firmamos este documento, que presentamos una propuesta de enmienda, cuyos planteamientos fueron parcialmente aceptados.
En esta etapa de la tramitación del proyecto, en definitiva, el tema de discordia fue el arreglo directo y comités permanentes de trabajadores. Este estadio legislativo se superó a merced de un pacto que firmaron algunas organizaciones sindicales con la cópula del sector empresarial (UCCAEP), en virtud del cual acordaron que se mantuvieran incólumes las perniciosas normas del Código de Trabajo en esta materia.
Esta transacción política facilitó que el proyecto se aprobara en los dos debates legislativos, en setiembre del año 2012, que fue vetado por el Gobierno, particularmente en el tema del a huelga en los servicios públicos esenciales.
En esta accidentada etapa del proyecto, el Gobierno convocó a un reducido grupo de organizaciones sindicales – ANEP y RERUM NOVARUM- a negociar una solución alternativa. Tenemos que advertir, señor Director, que la gran mayoría de organizaciones sindicales y gremiales fueron totalmente excluidas de este proceso de discusión.
Al final de ese proceso, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto alternativo al veto, que mantiene la prohibición absoluta de la huelga en los servicios esenciales. Además, estableció un nuevo listado de servicios que se denominan de “trascendental relevancia”, en los que la huelga queda prohibida o restringida (financieros, bancarios, refinería, combustibles, muelles, atracaderos, transporte público de personas, Imprenta Nacional, etc.).
Las organizaciones que suscribimos esta carta, manifestamos nuestra oposición a este proyecto alternativo, que por cierto el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en un recientísimo dictamen determinó que fue presentado extemporáneamente, por lo que carece de toda viabilidad legislativa.
Señor Director General, por los motivos expuestos anteriormente, porque desde nuestra óptica los acuerdos pactados entre cuatro paredes son poco transparentes, no estamos de acuerdo con el Proyecto de Reforma Procesal Laboral, que refleja que no ha existido participación democrática y genuina de todos los sectores interesados.
– El proyecto no soluciona la exigencia de Justicia Laboral, ni promueve la Libertad Sindical.
Pero estamos contra el Proyecto no solo por la forma en que ha sido manipulado, sino también por el fondo, porque no viene a resolver las principales necesidades de justicia de la clase trabajadora, ya sea en el ámbito individual y mucho menos en el colectivo.
En primer lugar, en el plano de los procesos individuales, específicamente el ordinario de trabajo, que es el más común, el proyecto no garantiza a los trabajadores una tutela judicial efectiva.
La mora judicial, que ciertamente es uno de los principales problemas que padecen los trabajadores, lamentablemente el PRPL pretende “solucionarla” a costa del irreparable sacrificio de la justicia.
El nuevo modelo procesal, tratándose de los procesos ordinarios – de mayor cuantía o inestimable- y procedimientos de fueros especiales, solo contempla dos instancias, suprimiendo la instancia de apelación que actualmente existe en el Código de Trabajo. Aquí la flaqueza que tiene este nuevo modelo, consiste en que la sentencia de primera instancia la dicta un juez unipersonal, que no ofrece las ventajas o garantías que tiene una sentencia dictada por un tribunal colegiado; que solo puede impugnarse ante la Sala Segunda de la Corte, mediante el correspondiente recurso de casación. Como ya no hay segunda instancia, este diseño puede saturar y provocar una mora excesiva en la resolución de los asuntos que le compete conocer al Tribunal de Casación.
Asimismo, el proyecto exige una serie de requisitos y formalismos que tiene que reunir el recurso de casación, bajo sanción de inadmisibilidad, que no están actualmente en el Código. La exigencia de estos requisitos es absolutamente impertinente en esta clase de materia, que significa una manifiesta restricción de acceso a justicia.
Además, el recurso de casación quedó prohibido en ciertas materias, por ejemplo, en riesgos de trabajo, que es un asunto de fundamental importancia para las personas trabajadoras y que resulta arbitraria esa denegación.
Tampoco el proyecto garantiza la defensa pública y gratuita, por lo menos para los trabajadores de menos ingresos. Si bien es cierto existe una disposición que contempla – en teoría- esta defensa, por otra parte, una norma transitoria del proyecto (transitorio VIII), se encargó de enterrar la defensa gratuita.
Como se desprende de lo anterior, en este plano de los procesos individuales, el proyecto no resuelve las principales exigencias de justicia.
En segundo lugar, en el plano colectivo, el proyecto de reforma está muy lejos de promover un sistema que democratice las relaciones colectivas de trabajo y fomente la Libertad Sindical.
En el tema de fuero sindical, se podría tener la ligera impresión que se dio un aparente y tímido paso, pero la realidad es que la conservación de las normas del arreglo directo y comités permanentes – que repetimos, se dejaron intangibles-, hace absolutamente imposible que la Libertad Sindical avance. El arreglo directo ha sido una de las principales armas del empresario para combatir los sindicatos; por lo que si estas normas no se derogan, sería ilusorio creer que a corto plazo va existir algún progreso de la Libertad Sindical.
En el tema de huelga, para que se declare legal, el proyecto establece un conjunto de requisitos y condiciones que tienen que estrictamente cumplirse, que francamente hacen materialmente imposible el ejercicio de este derecho: desproporcionado requisito numérico para que el sindicato sea titular del derecho de huelgam obligatoriedad de la conciliación previa, restricción de la huelga solo por determinadas causas (de orden económico y social y ciertos conflictos jurídicos), quedando prohibida la huelga de solidaridad y contra las políticas públicas (en materia de salarios, empleo, seguridad social, etc.).
De toda suerte, si se logran vencer estos múltiples obstáculosm en definitvam la huelga legal – salvo supuestos excepcionales imputables al patrono- será siempre sin goce de salario; es decir, imponiéndose un castigo económico a los trabajadores, que de esta manera el sistema les “recompensa” que han respetado la legalidad, penalizándose el ejercicio de un derecho fundamental.
Por otra parte, el veto del Gobierno prohíbe, de manera radical, la huelga en los servicios esenciales, que es una prohibición que estas organizaciones no estamos en lo absoluto dispuestas a admitir.
Desafortunadamente, las mismas organizaciones que estuvieron reunidas en Casa Presiencial, negociando el veto, terminaron aceptándolo y como si lo anterior no fuera poco, ahora le están implorando al Parlamento que acepte este veto, para que lo que quedó del maltrecho y mutilado proyecto se apruebe.
POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS MOTIVOS EXPUESTOS:
Manifestamos nuestra profunda preocupación por el deterioro del sistema democrático, por la constante violación de las libertades públicas de las personas y la sistemática violación de la Libertad Sindcial en Costa Rica.
Hacemos constar nuestra oposición al Proyecto de Ley de Refoma Procesal Laboral y cualquier otro intento de socavar el derecho de organización, negociación colectiva y huelga.
Declaramos nuestra oposición a los arreglos directos y comités permanentes de trabajadores, cuya regulación debe ser derogada.
Rechazamos, categóricamente, cualquier regulación que coarte el derecho de huelga, en el sector privado y en el sector público.
Denunciamos ésta situación y solicitamos la actuación firme y un control más estricto de OIT, en resguardo de los intereses de la clase trabajadora costarricense y la tutela efectiva de la Libertad Sindical, consagrada en los Convenios Números 87, 98 y 135.
APSE denuncia que MEP no designa personal extra para vigilar a estudiantes
APSE denuncia que MEP no designa personal extra para vigilar a estudiantes
– Desde que se implementó el sistema de arrastre de materias, se le
*planteó a Garnier la imperativa necesidad de nombrar más personal*
– Estudiantes deambulan dentro y fuera de la institución porque tienen tiempo
*libre dentro de sus horarios*
– “No es culpa de los trabajadores del colegio lo sucedido con estudiante
*fallecida tras una aparente ingesta de alcohol alterado”, dijo la presidenta Beatriz Ferreto*
Norma Umaña/APSE/Octubre 2013
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Beatriz Ferreto López
Presidenta de la APSE
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) lamenta profundamente el fallecimiento de la estudiante de un centro educativo de Heredia tras una aparente ingesta de alcohol alterado; acontecimiento que refleja la problemática social que está afectando a toda la comunidad costarricense.
Sin embargo, el sindicato considera improcedente culpabilizar a los trabajadores y la institución educativa de este grave incidente ocurrido fuera del colegio.
“Desde que el ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo, y el Consejo Superior de Educación impusieron el sistema de arrastre de materias, la APSE y el resto del Magisterio en Acción le advirtieron de la imperativa necesidad de que se nombrara personal adecuado extra a cargo de los muchachos que deambulan por los pasillos y lugares aleñados a las instituciones al tener _huecos_en sus horarios”, dijo la presidenta del sindicato.
Explicó que cuando se le hizo el planteamiento en diciembre de 2008, Garnier respondió que para el año siguiente no había presupuesto, pero que se tenía que implementar. No obstante, a la fecha no existe ninguna política que les dé atención a los estudiantes dentro de la institución educativa.
“Es imposible para los trabajadores de un centro educativo dar clases o atender sus deberes y al mismo tiempo vigilar a los alumnos por decenas, y a veces por centenares, que quedan con espacios libres dentro de sus horarios”, acotó Ferreto López.
Considera legítima la protesta de los padres de familia y la comunidad, pero no dirigida contra la institución, sino contra el Gobierno que no pone en práctica políticas de protección a los jóvenes dentro de las instituciones, sobre todo luego de la entrada en vigencia del arrastre de materias.
La presidenta de la APSE hizo un llamado a los padres de familia a asumir su rol porque es inaceptable que desatiendan a sus hijos luego de que salen de los centros educativos.
Fotogalería de la concentración frente al Ministerio de Trabajo contra de la eliminación de los incentivos
Fotogalería
Manifestación contra la eliminación de los incentivos salariales
Ministerio de Trabajo
Jueves 21-2-2013
Fotos: Norma Umaña/APSE
Apsinos y apsinas de diferentes regionales se concentraron frente al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, mientras los dirigentes sindicales se reunían con los
representantes del Gobierno, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios
del Sector Público, para reafirmar su rechazo al anteproyecto de eliminación
de los incentivos salariales que han obtenido tras duras luchas.
La presión sindical en contra del anteproyecto Ley para el Ordenamiento de las
Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público obligó al Gobierno a
comprometerse a desistir de enviarlo a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno aceptó reunirse el 7 de marzo de 2013 con la representación de los
trabajadores, para conocer el prediagnóstico sobre las remuneraciones de los
empleados públicos, elaborado por el sector sindical.
Las organizaciones insisten en que debe incluirse en la agenda de discusión la
propuesta que elaboró el sector sindical en agosto de 2010, para la
definición de una política de empleo y salarios.
La presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto López (der.), logró que el ministro de
Trabajo y vocero del Gobierno, Olman Segura, les entregue, en los
próximos días, un documento donde ratifiquen que no enviarán a
la Asamblea Legislativa ningún proyecto que lesione los
derechos laborales y salariales de los
trabajadores públicos.
Los sindicatos reiteraron el rechazo ad portas del anteproyecto de ley de
ordenamiento de las remuneraciones. En la gráfica, uno de los dirigentes
lee carta que le entregaron a la representación gubernamental
durante la corta sesión de la Comisión Negociadora.
La presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto, advirtió que ningún plus (incentivo)
de los trabajadores es negociable.
Sindicatos no descartan protestas contra restricción del derecho de huelga
Momentos en que los representantes de las organizaciones sindicales, sociales y comunales
acordaban rechazar el proyecto de reforma al Código Procesal Laboral que
violenta el derecho de huelga. (25/5/2013)
Gobierno presentó nuevo texto de la Reforma Procesal Laboral__
Sindicatos no descartan protestas contra restricción del derecho de huelga
– Presidenta Chinchilla desoyó petición de sindicatos para ser incluidos en la discusión del proyecto
Norma Umaña/APSE – Mayo 2013
Los participantes en el Encuentro por la Unidad Sindical y Social, el sábado 25/5/2013, acordaron rechazar categóricamente el proyecto de reforma__al Código Procesal Laboral, por violentar los derechos de huelga, de sindicalización y de negociación de convenciones colectiva. Además, no descartaron la convocatoria de protestas para evitar su aprobación en la Asamblea Legislativa.
El proyecto inicial había sido aprobado por la Asamblea Legislativa, pero en octubre pasado fue vetado por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, y el 20 de mayo de 2013 presentó un texto sustitutivo que elimina el derecho de huelga en la mayoría de instituciones.
!/media/import/2013/5Mayo/fts/encsindical/2.jpg!La iniciativa fue consensuada entre el Gobierno, dos organizaciones sindicales que no representan a la mayoría de los trabajadores y un diputado.
Los afectados serían miles de funcionarios de los sectores de salud, transporte público, electricidad, agua, seguridad, protección y cuido de la niñez y adultos mayores, telecomunicaciones, migración, tribunales, alimentación de la niñez, bancos, muelles, Tribunal Supremo de Elecciones, expendio de combustibles, Imprenta Nacional y aseo de vías y sitios públicos.
El Gobierno de Laura Chinchilla también pretende que los trabajadores en huelga sean despedidos y que en un plazo de tres días los tribunales declaren la ilegalidad o legalidad de la protesta, pese a que violenta la Constitución Política y el convenio suscrito con la Organización Internacional del Trabajo.
La presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto López, denunció que los sindicatos que negociaron con la Administración Chinchilla no pueden arrogarse la representación de la clase trabajadora costarricense.
Hace un par de meses, cuando se estaban realizando las conversaciones a puerta cerrada en la Casa Presidencial, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el resto de organizaciones sindicales enviaron una carta a la presidenta Chinchilla, solicitándole que se les recibiera a la mayor brevedad posible porque “la discusión del proyecto de reforma del Código Procesal Laboral concierne a los sindicatos representativos de los sectores de educación, telecomunicaciones, Fuerza Pública, muelles, entre otros”.
“Aún estamos esperando la respuesta. La mandataria nunca nos contestó”, denunció la presidenta de la APSE, Ferreto López.
En el Encuentro Sindical y Social se disertó sobre temas trascendentales para la clase trabajadora
como la influencia de la crisis de los sindicatos en la realidad costarricense a la luz del esquema
europeo, a cargo de Ricardo Segura (der.). En la gráfica, el presidente de la ANDE, Gilberto
Cascante, y el secretario general de la APSE, Mariano Rodríguez Pacheco (centro).
Para paliar el acecho del Gobierno contra la clase trabajadora, los dirigentes sindicales apuestan a reforzar la unidad sindical y social. La dirigente Ferreto López, en su llamado a luchar unidos, advirtió que “en esa unidad no caben aquellos que no tienen una posición transparente entre nosotros mismos”.
En el Encuentro por la Unidad Sindical hubo conferencias sobre el impacto de la crisis europea en Costa Rica y los retos de la unidad sindical en el contexto de la crisis social.
Direcciones Regionales y Centros Educativos deben re programar actividades que coincidan con el 31 de julio, por permiso otorgado a afiliados de APSE
“Descargar documento PDF.”:/media/import/2013/7Julio/fts/CIRCULAR%20DVM_A_28-2013.pdf
APSE cuestiona las restricciones al derecho constitucional de petición
APSE CUESTIONA LAS RESTRICCIONES AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICIÓN.
El día14 de marzo del 2013, en el Alcance Digital número 49 del Diario Oficial La Gaceta, se publicó la Ley Número 9097, denominada Ley de Regularización del Derecho de Petición.
El derecho de petición se fundamenta en los artículos 27, 30 y 41 de la Constitución Política, los cuales garantizan la libertad de petición,*el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de solicitar información sobre asuntos de interés público y el derecho a obtener pronta resolución y el derecho de acceso a la justicia pronta y cumplida.*
La Ley de Regularización del Derecho de Petición viene a restringir esa libertad de petición que hemos gozado los habitantes de país por más de 50 años al estipular una serie de requisitos innecesarios y abusivos, tales como, indicar el objeto de la petición, es decir, para qué propósito se va a utilizar la información que se solicita, contraviniendo con ello esa total libertad que la Constitución Política de Costa Rica otorga a los habitantes del país de acceder a la información pública, siempre y cuando no correspondan a secretos de Estado.
La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Departamento Legal de APSE se fundamenta en un Recurso de Amparo contra la Junta Administrativa de un Centro Educativo que se negó a brindar una información que se le solicitó, aduciendo que el escrito mediante el cual se realizó la petición no especificaba el OBJETO, es así como, el día 26 de julio, la Sala Constitucional ordena lo siguiente: “ … para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso” Esto quiere decir, que no se debe aplicar la Ley de Regularización del Derecho de Petición, sino hasta que la Sala haya resuelto la Acción de Inconstitucionalidad.
Licda. Denia Vargas Azofeifa.
MEP inició envío masivo de listados que absuelve apsinos de procesos disciplinarios abiertos por comprobantes del Congreso 2012
¡APSE CELEBRA VICTORIA!
MEP INICIÓ ENVÍO MASIVO DE LISTADOS QUE ABSUELVE APSINOS DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ABIERTOS POR COMPROBANTES DEL CONGRESO 2012
Despues de largos meses de espera el Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP, inicio el envio de las resoluciones mediante las cuales se absuelve de toda responsabilidad a los apsinos que fueron acusados dentro de procesos disciplinarios por el comprobante de asistencia al CONGRESO NACIONAL LVII, el cual se realizo los días 8, 9 y 10 de agosto 2012.
Para mayor informacion, los interesados pueden comunicarse al departamento legal mediante el número 2547-7800 ó bien escribirnos a nuestro correo electronico legalapse@gmail.com
¡APSE CELEBRA ESTA VICTORIA Y AGRADECE A TODA SU AFILIACION POR SUS MUESTRAS DE SOLIDARIDAD Y MADUREZ POLITICA!