Exigen la derogación de la Ley del Servicio de Salud Animal
APSE se solidariza con los pequeños productores de San Carlos
– Los exagerados requisitos sanitarios los está ahogando
La presidenta Ana Doris González expresó el apoyo de la APSE-Sindicato a los
pequeños productores durante la manifestación en el Parque Central.
Prensa APSE/Febrero 2014
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se solidariza con los pequeños productores de la zona norte que piden la derogación de la Ley del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, debido a que les impone regulaciones sanitarias imposibles de cumplir y los está llevando a la quiebra.
Mientras se presentan los proyectos para dejar sin efecto la ley, demandan la aplicación de medidas paliativas, como la eliminación del requisito de la matrícula para los transportistas y dueños de ganado.
A raíz de la Ley Senasa, los campesinos han perdido la
producción de leche, queso, ganado y pollos.
El jueves 30/1/2014, los pequeños productores de San Carlos se manifestaron en el Parque Central e interpusieron un recurso de amparo contra la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, por haber puesto condiciones para recibirlos.
La presidenta de la APSE, Ana Doris González, denunció que la Ley Senasa forma parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio; por eso, fue creada para favorecer a los grandes productores y deja desprotegidos a los pequeños.
Dinora Arce tiene que contar con una guía o permiso para transportar los pollos;
mientras que Gerardo Fernández denuncia que va al trabajo en caballo,
pero teme que se lo decomisen por no portar la guía.
“Nuestros pequeños productores están siendo maltratados; les piden requisitos para el transporte de los animales y algunas normas sanitarias desproporcionadas, lo que les genera grandes pérdidas”, dijo la dirigente apsina.
En una ocasión, tras una falsa alarma de un brote de brucelosis, obligaron a los productores a botar 9.000 kilos de leche, pero no los indemnizaron. A otros les han matado cientos de pollos, sin que haya existido una real emergencia sanitaria.
Momentos en que recogen dinero para pagar una planta eléctrica para un grupo
musical debido a que la Municipalidad de San José, al parecer,
les negó la conexión eléctrica en el Parque Central.
Los transportistas de ganado y productos derivados de la leche también están sufriendo las consecuencias de esta ley. A Carlos Soto, de Santa Rosa de Pocosol, le decomisaron unos terneros porque no tenían las marcas de fierro legibles, no se los entregaron al dueño y le cobraron una multa de ¢30.000.
Los costos para el pequeño productor se han vuelto insostenibles; por ejemplo, tienen que pagar el transporte al matadero, la consulta del veterinario para que revisen y maten los animales, además del permiso o guía.
