APSE rechaza de forma contundente, las palabras incitadoras a la agresión y al odio expresadas por el diputado Erick Rodríguez Steller, quien manifestó en el seno de la Comisión Especial sobre Huelga el pasado 18 de marzo, que si él manejara un trailer y se hubiera topado con manifestantes en la pasada huelga contra el Combo Fiscal «sería uno de los primeros que desearía agarrar el tráiler y tirárselos encima», frase que reafirmó en el Plenario legislativo días después, indicando que él no se arrepiente de lo que dijo y de lo que haría.
Las afirmaciones hechas por este legislador, constituyen un acto de evidente desprecio por la vida humana, que se configura como una amenaza de naturaleza terrorista, y constituye un estímulo para permitir acciones agresivas y manifestaciones de odio por causas políticas. Se trata de una peligrosa incitación al ejercicio de la violencia contra la protesta social y la criminalización de la misma, propia de ideologías autoritarias. El diputado Rodríguez Steller ha puesto en evidencia su insensibilidad e insensatez. Al externar este tipo de amenazas contra la vida e integridad de otras personas, constituye suficiente motivo ético para apartarse de inmediato de la función pública. De igual forma, debería el legislador renunciar a su inmunidad parlamentaria, para dar cuentas a la justicia por sus palabras, que se enmarcan como apología de acciones de odio.
Este tipo de expresiones demuestran que el abordaje que ha brindado la Comisión Especial de Huelga al trámite del proyecto de ley N° 21049, no es más que un proyecto de carácter visceral contra quienes ejercimos el derecho constitucional y humano a la huelga, la cual fue declarada legal por los Tribunales de Justicia.
La intolerancia de algunos de los legisladores de esa comisión, ha quedado demostrada en otras ocasiones, como ocurrió en las audiencias brindadas a los sindicatos en enero de 2019, cuando se lanzaron ataques y acusaciones calumniosas contra los gremios. Precisamente, el diputado Rodríguez fue uno de los más virulentos en sus intervenciones, llegando a levantar la voz e interrumpir la palabra a otros, actitud propia de una conducta agresiva y violenta.
¿Cómo es posible que en la Asamblea Legislativa haya un diputado como el Sr. Rodríguez, elegido por el pueblo trabajador, al cual hoy le da la espalda y amenaza con violencia?
APSE denuncia los efectos negativos sufridos por numerosas Juntas de Educación, debido al retraso de parte del Ministerio de Educación Pública para girar los recursos correspondientes de su presupuesto.
A inicios del año 2019, el MEP adeudaba a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de los centros educativos, un total de ¢25 mil millones, que debieron haber sido depositados en el año 2018.
El prolongado retraso en los pagos causó efectos nocivos como dificultades para cubrir el pago a los servidores de comedores escolares, o la imposibilidad de ofrecer el servicio de alimentación, que depende directamente de estos depósitos. Esto se agrava porque el MEP depende de la aprobación de un presupuesto extraordinario para obtener el dinero que se adeuda a las Juntas.
Para APSE, es lamentable que, por una parte, se debata si los comedores escolares deben catalogarse o no como «servicio esencial», sirviendo como excusa para limitar el ejercicio del derecho a la huelga entre trabajadores del sector educativo, pero por otra parte, el propio Gobierno incumple con garantizar los recursos para que el servicio funcione de manera óptima. Queda en evidencia además, que los problemas ocurridos desde el año 2018 en la prestación de estos servicios NO fueron causados por la huelga contra el Combo Fiscal, como se dijo en una campaña sucia contra los sindicatos, sino que es producto de la negligencia del MEP y del Gobierno.
Los principales perjudicados por el desorden e improvisación en el MEP, son miles de estudiantes que acuden a diario a la educación pública. En APSE, exigimos que se investigue a fondo este asunto, para sentar las responsabilidades del caso.
– Se propone incluir a la educación pública, los comedores escolares y los servicios de limpieza de centros educativos, en la lista de servicios públicos esenciales donde NO se podrán realizar huelgas.
————————————————- El texto sustitutivo del proyecto de ley N° 21097, que busca redefinir el concepto de servicios públicos esenciales y limitar el derecho de huelga en los mismos, fue publicado en la edición N° 58 del diario oficial La Gaceta del viernes 22 de marzo. La publicación es un requisito para continuar con el trámite de este expediente en su comisión de la Asamblea Legislativa. La educación pública, el servicio de comedores escolares y además el servicio de limpieza en los centros educativos (conserjes), serían incluidos en el listado de servicios esenciales con prohibición del ejercicio de la huelga. La legislación vigente NO los contempla como tales.
Actualmente, el artículo 376 del Código de Trabajo considera como servicios públicos esenciales:
– transporte ferroviario, marítimo y aéreo,- trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, especialmente de medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos,- los que desempeñen los trabajadores en viaje de cualquiera otra empresa particular de transporte
– Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones.
De aprobarse el proyecto de ley 21097, este listado se ampliaría significativamente, para incluir además:
– La educación pública y la atención médica y de seguridad de los educandos mientras permanezcan en los centros educativos.
– Protección, cuido y alimentación a la niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, la atención de menores de edad en la red de cuido y en comedores escolares, así como los servicios de limpieza indispensables para las personas durante su permanencia en centros educativos, de cuido o albergues.
– Servicios de seguridad pública, policía, tránsito, guardacostas, protección de la infraestructura,
– Controladores aéreos, migratorios y aduanero, servicios de atención a pasajeros,
– Atención de emergencias, incendios, búsqueda de personas, rescate y atención de desastres,
– Suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.
– Producción, transporte o transmisión, distribución y suministro de energía- Sistemas de telecomunicaciones.
– El acceso a la Administración de Justicia, Complejo Médico Forense, atención de denuncias, pago de Pensión Alimentaria, traslados y custodia en celdas,
– Servicios bancarios de depósito y retiro de dineros;
– Celebración de elección nacionales,
Además, se propone agregar dos artículos al Código de Trabajo para limitar la huelga en servicios que NO son esenciales, pero donde «por la duración de la interrupción de su prestación puedan llegar a amenazar la vida, la salud o la seguridad de las personas, o causar un grave daño a la economía pública.» En esos casos, deberá aplicarse un plan de servicio mínimo suscrito por patronos y trabajadores.
De acuerdo con el proyecto de ley, «para la resolución de los conflictos laborales que se presente tratándose de personas que brinden un servicio público esencial, agotada la conciliación, los trabajadores estarán obligados a acudir la resolución jurisdiccional del conflicto o al arbitramiento de conformidad con los artículos 375, 429, 456 a 458 y 707 de este Código«.
APSE ya ha hecho manifiesto su absoluto rechazo a este proyecto de ley, debido a que limitará sensiblemente el derecho de las personas trabajadoras a defender sus condiciones laborales y sociales mediante el ejercicio de la huelga, derecho contemplado en el artículo 61 de la Constitución Política. APSE externó esta posición en una consulta de criterio ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa el 21 de enero de 2019, donde solicitó el archivo de este expediente.
– Queda pendiente que el Servicio Civil emita la resolución que fundamenta dichos porcentajes de pago y sus condiciones.
APSE informa que el viernes 15 de marzo de 2019, fue publicada en la edición N° 53 del Diario Oficial La Gaceta, la Ley 9655, la cual restaura los porcentajes correspondientes para el cálculo del pago de dedicación exclusiva y recargos, para las personas trabajadoras de la educación a quienes corresponde el reconocimiento de estos equiparamientos salariales.
Esta ley surge como producto de la huelga en contra del Combo Fiscal, Ley N°9635, la cual mandó a reducir sensiblemente los porcentajes por conceptos de pago de la recargos y dedicación exclusiva. Con la entrada en vigencia de esta ley se regresa al esquema de pago anterior. Sin embargo, aún queda pendiente que la Dirección General de Servicio Civil, emita la resolución que fundamenta dichos porcentajes de pago y sus condiciones.
Una vez emitida dicha resolución, se girarán las instrucciones respectivas a efecto del trámite de los nuevos porcentajes.
APSE estará vigilante de la publicación de dicha resolución y de su aplicación, sobre lo cual estaremos informando.
APSE condena públicamente, el asesinato del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, de Buenos Aires de Puntarenas, ocurrido la noche de este lunes 18 de marzo tras ser atacado en su propia casa de habitación.
Repudiamos de la manera más enérgica esta acción violenta, cuyo fin es intimidar y silenciar a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en las comunidades indígenas de la Zona Sur, donde existe un prolongado conflicto social debido a la posesión y usurpación de tierras dentro de los territorios indígenas.
El asesinato de cualquier activista debe ser causa de profunda preocupación para nuestra sociedad. No existe justificación alguna para esta clase de actos. Este homicidio, demuestra lo delicado del conflicto que ocurre en la Zona Sur y sus profundas implicaciones en las comunidades involucradas.
Exigimos al Gobierno de la República que aplique medidas que garanticen efectivamente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de todos los habitantes del país, pero en particular de las comunidades indígenas, que han sido históricamente agredidas y han tenido que dar la lucha para hacer valer sus derechos.
Los problemas vinculados a este asunto no son nuevos, sino que son largamente conocidos por autoridades de Gobierno, por lo que lamentamos que no se haya prestado más atención a las amenazas que ya se cernían contra don Sergio Rojas.
APSE hace un llamado a toda la sociedad costarricense para que este lamentable homicidio, sirva para llamarnos a la reflexión sobre las graves consecuencias de la creciente violencia en nuestra sociedad, sobre la urgencia de fomentar el diálogo y la negociación por encima de cualquier interés político, y para rechazar de plano cualquier manifestación de intolerancia y odio.
APSE se solidariza con los compañeros y compañeras quienes en este momento están enfrentando la apertura de procesos disciplinarios ordenados por el Ministerio de Educación Pública, por haberse mantenido en el movimiento de huelga hasta el día 20 de febrero de 2019, fecha en que es notificada la sentencia N°039-2018 del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, que finalmente declara legal el movimiento de huelga convocado por APSE, ANDE y SEC.
Como es de conocimiento de nuestra afiliación y del resto del movimiento sindical, por mandato de la Asamblea General de APSE, como órgano supremo, esta organización convocó a un movimiento de huelga contra el proyecto de ley N°20580 «Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas» o Combo Fiscal, que dio inicio el 10 de setiembre de 2018, y que finalizó el 10 de diciembre, por mandato de las Bases de APSE, en un proceso totalmente democrático, transparente y sin ningún tipo de injerencia, con fundamento en el artículo 373 del Código de Trabajo y en el ejercicio de la autonomía sindical y la autotutela colectiva.
No obstante lo anterior, APSE respeta la decisión y el derecho de aquellas personas trabajadoras de la educación, quienes se mantuvieron en el movimiento de huelga luego del 10 de diciembre de 2018, y repudiamos cualquier represalia en su contra, por haber ejercido el derecho constitucional de la huelga, como derecho humano fundamental.
APSE lleva a cabo esta campaña informativa dirigida a estudiantes, sus familias, al Magisterio y a la comunidad educativa en general, sobre las implicaciones, mitos y falsas promesas que se esconden detrás del modelo de Educación Dual, que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa en el proyecto de ley N° 20.786.
APSE REPUDIA LA APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN DUAL N°20786
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de Ley
sobre Educación Dual y Formación Técnica Dual expediente N° 20786, con
49 votos a favor y 2 en contra de 51 diputados presentes, en sesión del
periodo extraordinario de este lunes 12 de agosto de 2019.
De esta forma, el trámite para declarar este proyecto como ley de
la República continuará su trámite, pendiente de la ejecución con la
firma del Presidente de la República y su publicación en Diario Oficial
La Gaceta. APSE reitera una vez más su rechazo a esta iniciativa,
posición que se ha sostenido desde el inicio del debate de este
expediente en agosto de 2018 y que ha sido manifestado en diferentes
consultas de criterio emitidas por APSE, mediante campaña informativas,
foros, diálogo con sectores políticos y otras acciones orientadas a
impedir la aprobación del expediente 20786. APSE además solicitó
numerosas audiencias con diputados/as para exponer los fundamentos del
rechazo de APSE a este proyecto, pero no se encontró respuesta favorable
de parte de los legisladores.
El rechazo al proyecto de ley de Educación Dual fue uno de los
ejes de lucha de la pasada huelga intermitente convocada por APSE.
APSE considera que el modelo de Educación Dual aprobado por los
diputados no fortalece a la educación pública, sino que más bien afecta a
la educación técnica además de las labores y funciones de los
trabajadores de la educación, debilita la seguridad social al no brindar
aportes al régimen de IVM, desfinancia al INA al recargar en su
presupuesto el otorgamiento de becas (en especial en caso de pequeñas y
medianas empresas que quedarán exoneradas del pago de la beca
estudiantil), genera mano de obra barata en beneficio de las empresas y
no contempla la protección de derechos laborales debido a la naturaleza
civil del convenio de Educación Dual.
APSE considera gravísimo el hecho de que se haya aprobado una
modalidad de estudio del sistema educativo por vía de proyecto de ley en
la Asamblea Legislativa, imponiendo y restando potestades al Consejo
Superior de Educación, que es la institución encargada de establecer las
políticas educativas en nuestro país.
APSE REITERA SU RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL N° 20786
APSE REITERA SU RECHAZO AL PROYECTO DE LEY N° 20786 – EDUCACIÓN DUAL
APSE reitera una vez más ante la sociedad costarricense, su absoluto
rechazo al proyecto de ley de Educación Dual N° 20786, impulsado por el
diputado Wagner Jiménez del Partido Liberación Nacional.
Nos
oponemos a esta iniciativa porque su propósito es poner la educación
costarricense al servicio de las cámaras empresariales, creando mano de
obra barata, y formando personal obediente con un mínimo de educación
general o académica, sin garantizar sus derechos constitucionales ni
laborales.
APSE ha externado ante los diputados y diputadas su
rechazo a este proyecto, mediante consultas de criterio solicitadas por
los legisladores, y en próximos días enviará a la Asamblea Legislativa
un nuevo criterio sobre el texto sustitutivo de este expediente,
aprobado en Comisión el 13 de junio.
EL PROYECTO DE EDUCACIÓN
DUAL NO CREA TRABAJO, LO SUSTITUYE POR PRECARIZACIÓN: no asegura la
creación de puestos de trabajo, pues al no exigir que los estudiantes en
modalidad dual ingresen a nuevas plazas, abre el portillo a la
sustitución de plazas formales ya existentes.
– EL CONVENIO TIENE
NATURALEZA CIVIL, NO LABORAL: no reconoce la relación laboral existente
entre estudiante y empresa, a pesar de que el estudiante entregará a la
empresa su esfuerzo y energía convertido en trabajo. Esto constituye un
acto de explotación.
– NO SE RECONOCE EL TRABAJO CON UN SALARIO
(Artículo 4): Una evidencia más de la subvaloración del trabajo de la
persona estudiante es que pese a realizar una labor, no recibirá salario
por ella, solo podrá optar por una beca, que constituye una ayuda
complementaria que cubre viáticos y gastos básicos, pero no es un
salario. A su vez, el texto no determina un monto o porcentaje mínimo de
beca a entregar a la persona estudiante, por lo cual puede, o no,
recibir “beneficios adicionales”.
– AFECTA NEGATIVAMENTE A LA
SEGURIDAD SOCIAL: Al considerar que el convenio de educación dual es de
naturaleza civil, y no laboral, la empresa a cargo no cotizará ningún
aporte a la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que va en menoscabo
de la Seguridad Social, la cual atraviesa una crisis financiera que
debería ser atendida generando nuevas fuentes de cotización. Además, la
persona estudiante no quedará cubierta directamente por el seguro de
asegurado directo de enfermedad y maternidad (SEM), trasladando a la
CCSS la cobertura del financiamiento de la atención médica.
–
AMENAZA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA: la educación dual significa
una amenaza a la educación técnica, ya que los jóvenes podrían abandonar
sus estudios técnicos para irse a la educación dual, creyendo que
podrán entrar más pronto en el mercado laboral, lo cual no es cierto. El
financiamiento de la educación técnica también se vería afectado, ya
que la misma se financia con el 5% del superávit del INA (Ley N° 7372) o
en su defecto con el 5% del presupuesto de esa institución, lo que
incrementa la carga presupuestaria para el INA, que también tendrán que
destinar sus recursos para cubrir las becas.
Infórmese sobre las implicaciones del proyecto de ley de Educación Dual en el sitio web de APSE: apse.cr/educacion-dual
¡Las y los jóvenes de Costa Rica no son mano de obra barata o gratuita. Merecen trabajo remunerado y de calidad!
Mélida Cedeño Castro Presidenta
Roblin Apú Murillo Secretario General
Prensa APSE 27 de junio de 2019
La Asamblea Legislativa acordó en sesión del 10 de junio de 2019, devolver el proyecto de ley de Educación Dual N° 20.786 a su comisión dictaminadora, para que en un plazo de 8 días hábiles, rinda un nuevo dictamen acerca de este expediente.
Al respecto, APSE reitera su absoluto rechazo a este proyecto de ley impulsado por el diputado Wagner Jiménez (Partido Liberación Nacional), como ya lo manifestó en consulta de criterio enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 8 de mayo de 2019, así como en una campaña informativa publicada en redes sociales y prensa nacional durante el mes de abril.
Gracias a las presiones de las personas trabajadoras de la educación y a las acciones ejercidas durante la actual huelga, se logró detener la eventual aprobación de este proyecto, poniendo en evidencia las dudas de los legisladores sobre esta iniciativa. APSE se mantendrá vigilante del trámite que siga este proyecto de ley.
El proyecto de ley de Educación Dual, es uno de los ejes de lucha incluídos en la petitoria de la huelga intermitente convocada por APSE para los días 6, 7, 11, 18 y 25 de junio.
Entre los motivos que fundamentan el rechazo de APSEal proyecto de ley de Educación Dual, cabe recordar:
– NO CREA TRABAJO, LO SUSTITUYE POR PRECARIZACIÓN (Artículos 13 y 23): no asegura la creación de puestos de trabajo, pues al no exigir que los estudiantes en modalidad dual ingresen a nuevas plazas, abre el portillo a la sustitución de plazas formales ya existentes. Este portillo implica sustituir trabajo formal (plaza actual) por trabajo informal (modalidad dual) y contribuye a la precarización laboral del estudiante en modalidad dual y el trabajador (a) formal que es sustituído.
– EL CONVENIO TIENE NATURALEZA CIVIL, NO LABORAL (Artículo 17): no reconoce la relación laboral existente entre estudiante y empresa, a pesar de que el estudiante entregará a la empresa su esfuerzo y energía convertido en trabajo. Esto constituye un acto de explotación, porque implica normalizar la informalidad y exponer al estudiante a condiciones de trabajo fuera del ámbito de protección del Código de Trabajo, lo cual es simplemente inaceptable (especialmente para los menores de edad). Lo más grave es que el centro educativo proporcionará a las personas estudiantes una constancia de competencia, no un diploma de Técnico Medio.
– NO SE RECONOCE EL TRABAJO CON UN SALARIO (Artículo 4): Una evidencia más de la subvaloración del trabajo de la persona estudiante es que pese a realizar una labor, no recibirá salario por ella, solo podrá optar por una beca, que constituye una ayuda complementaria que cubre viáticos y gastos básicos, pero no es un salario. A su vez, el texto no determina un monto o porcentaje mínimo de beca a entregar a la persona estudiante, por lo cual puede, o no, recibir “beneficios adicionales”.
– DESFINANCIA AL INA MIENTRAS LA EMPRESA NO CONTRIBUYE (Artículo 30): El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), deberá asignar como mínimo el uno por ciento (1%) de su presupuesto ordinario anual para crear un Fondo de Becas. En versiones anteriores del texto, se establecía una contribución obligatoria de las empresas para aportar al fondo de becas, pero artículo fue eliminado a solicitud de las cámaras empresariales, y ahora el INA debe cargar con todo el peso financiero.
– AFECTA NEGATIVAMENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL: Al considerar que el convenio de educación dual es de naturaleza civil, y no laboral, la empresa a cargo no cotizará ningún aporte a la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que va en menoscabo de la Seguridad Social, la cual atraviesa una crisis financiera que debería ser atendida generando nuevas fuentes de cotización. Además, la persona estudiante no quedará cubierta directamente por el seguro de asegurado directo de enfermedad y maternidad (SEM), trasladando a la CCSS la cobertura del financiamiento de la atención médica.
– AMENAZA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA: la educación dual significa una amenaza a la educación técnica, ya que los jóvenes podrían abandonar sus estudios técnicos para irse a la educación dual, creyendo que podrán entrar más pronto en el mercado laboral, lo cual no es cierto. El financiamiento de la educación técnica también se vería afectado, ya que la misma se financia con el 5% del superávit del INA (Ley N° 7372) o en su defecto con el 5% del presupuesto de esa institución, lo que incrementa la carga presupuestaria para el INA, que también tendrán que destinar sus recursos para cubrir las becas. Por lo anterior, APSE reitera su posición de rechazoal expediente 20.786, Ley de Educación y FormaciónTécnica Dual, y solicita su archivo definitivo.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, remitió a la Asamblea Legislativa, la consulta de criterio respecto al proyecto de ley expediente N° 20786, «Ley de Educación Dual y Formación Técnica Dual», manifestando su rotundo rechazo a esta iniciativa de ley, debido a que su propósito es «poner la educación costarricense al servicio de las cámaras empresariales, creando mano de obra barata, y formando personal obediente con un mínimo de educación general o académica».
Este criterio, fue entregado el 8 de mayo de 2019, ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la solicitud de esta comisión parlamentaria.
EL CONTEXTO ECONÓMICO Y LABORAL PRECARIO EXIGE SOLUCIONES REALES, Y NO ESTE PROYECTO
La economía costarricense requiere urgentemente de reactivación económica responsable, justa y solidaria. Lo últimos datos, revelan que existe un desempleo abierto del 12%，con una fuerte tendencia al alza, siendo reflejo de problemas profundos en nuestra economía (causas estructurales asociadas al aparato productivo local, condiciones de mercado existentes, política económica ortodoxa y desactualizada). El desempleo es mayor en los sectores económicamente más vulnerables: en el caso de las mujeres, las tasa de desempleo ronda el 14,9%, mientras que la mitad del total de desempleados del país son personas jóvenes menores de 35 años.
A ello se suma, un modelo salarial con graves disparidades entre hombres y mujeres, y entre trabajadores de zonas urbanas y rurales. Otro agravante es la elevada tasa de informalidad en el empleo, que ronda el 44,9%.
En el caso particular de los jóvenes, el informe del Estado de la Nación 2018, indica que la participación laboral de los menores de 25 años se ha reducido de modo significativo, mientras los puestos de trabajo para personas de este grupo etario han disminuido.
A criterio de APSE, la sociedad costarricense debe abordar este grave problema creando puestos de trabajo formales, que aseguren sus garantías constitucionales y en cumplimiento del Código de Trabajo, que cumplan con la igualdad salarial entre sexos y que aseguren el pago del salario mínimo (al menos). La reducción de la desigualdad y de la pobreza está estrechamente relacionada con los niveles salariales y las condiciones laborales en cada sector productivo, de ahí la importancia de asegurar condiciones laborales dignas a las personas menores de 25 años.
Todos estos elementos no son contemplados por el proyecto de ley de Educación Dual, que más bien fomenta la existencia de mano de obra barata, sin garantías laborales ni estabilidad a futuro, como se evidencia al analizar la norma.
NO CREA TRABAJO, LO SUSTITUYE POR PRECARIZACIÓN (Artículos 13 y 23): el proyecto de ley no asegura la creación de puestos de trabajo, pues al no exigir que los estudiantes en modalidad dual ingresen a nuevas plazas, abre el portillo a la sustitución de plazas formales ya existentes. Este portillo implica sustituir trabajo formal (plaza actual) por trabajo informal (modalidad dual) y contribuye a la precarización laboral de las dos personas trabajadoras en cuestión: el estudiante en modalidad dual y el trabajador (a) formal que es sustituido.
EL CONVENIO TIENE NATURALEZA CIVIL, NO LABORAL (Artículo 17): El texto en discusión no reconoce la relación laboral existente entre estudiante y empresa, a pesar de que el estudiante entregará a la empresa su esfuerzo y energía convertido en trabajo. Esto constituye un acto de explotación, porque implica normalizar la informalidad y exponer al estudiante a condiciones de trabajo fuera del ámbito de protección del Código de Trabajo, lo cual es simplemente inaceptable (especialmente para los menores de edad). Lo más grave es que el centro educativo proporcionará a las personas estudiantes una constancia de competencia, no un diploma de Técnico Medio.
NO SE RECONOCE EL TRABAJO CON UN SALARIO (Artículo 4): Una evidencia más de la subvaloración del trabajo de la persona estudiante es que pese a realizar una labor, no recibirá salario por ella, solo podrá optar por una beca, que constituye una ayuda complementaria que cubre viáticos y gastos básicos, pero no es un salario. A su vez, el texto no determina un monto o porcentaje mínimo de beca a entregar a la persona estudiante, por lo cual puede, o no, recibir “beneficios adicionales”.
DESFINANCIA AL INA MIENTRAS LA EMPRESA NO CONTRIBUYE (Artículo 30): El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), deberá asignar como mínimo el uno por ciento (1%) de su presupuesto ordinario anual para crear un Fondo de Becas. En versiones anteriores del texto, se establecía una contribución obligatoria de las empresas para aportar al fondo de becas, pero artículo fue eliminado a solicitud de las cámaras empresariales, y ahora el INA debe cargar con todo el peso financiero.
AFECTA NEGATIVAMENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL: Al considerar que el convenio de educación dual es de naturaleza civil, y no laboral, la empresa a cargo no cotizará ningún aporte a la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que va en menoscabo de la Seguridad Social, la cual atraviesa una crisis financiera que debería ser atendida generando nuevas fuentes de cotización. Además, la persona estudiante no quedará cubierta directamente por el seguro de asegurado directo de enfermedad y maternidad (SEM), trasladando a la CCSS la cobertura del financiamiento de la atención médica.
AMENAZA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA: la educación dual significa una amenaza a la educación técnica, ya que los jóvenes podrían abandonar sus estudios técnicos para irse a la educación dual, creyendo que podrán entrar más pronto en el mercado laboral, lo cual no es cierto. El financiamiento de la educación técnica también se vería afectado, ya que la misma se financia con el 5% del superávit del INA (Ley N° 7372) o en su defecto con el 5% del presupuesto de esa institución, lo que incrementa la carga presupuestaria para el INA, que también tendrán que destinar sus recursos para cubrir las becas.
CONCLUSIÓN:
Por lo anterior, y dado que el presente proyecto de ley empeora las condiciones laborales de las personas jóvenes, APSE se pronuncia en contra del Expediente 20.786, Ley de Educación y Formación Técnica Dual.
Necesitamos más y mejor trabajo, en condiciones formales, que asegure las garantías constitucionales de la persona trabajadora y se apegue a nuestro visionario Código de Trabajo, que cumpla con la igualdad salarial entre sexos y que asegure el pago del salario mínimo.
La reducción de la desigualdad y de la pobreza está estrechamente relacionada con los niveles salariales y las condiciones laborales en cada sector productivo, de ahí la importancia de asegurar a las personas menores de 25 años condiciones laborales dignas.
¡Las y los jóvenes de Costa Rica no son mano de obra barata o gratuita. Merecen trabajo remunerado de calidad!
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
Prensa APSE – 8 de mayo de 2019
LEA ESTA CONSULTA DE CRITERIO EN EL SIGUIENTE ENLACE:
La Educación Dual es un proyecto que le autoriza a las empresas a
emplear estudiantes sin pagar salario, derechos laborales ni
obligaciones sociales.
¿Qué sabemos acerca del proyecto de Educación Dual?
¿Quién sale ganando con este proyecto de ley?
¿Sabrán más de educación los diputados y empresarios, que las educadoras y educadores?
¿Por qué a los estudiantes no los toman en cuenta?
¿Quiénes impulsan el proyecto de Educación Dual?
Detrás del proyecto de ley de Educación Dual N° 20.786, se encuentran
sectores empresariales, políticos y mediáticos, que ponen sus intereses
económicos por encima de la calidad y dignidad en el sistema educativo.
¿Nuestros hijos/as y estudiantes en “manos” de una empresa?
Los padres y colegios perderían la autonomía sobre los estudiantes
porque será la Proedual la encargada de supervisión y control de lo que
pase en el trabajo dentro de la empresa.
Educación Dual: ¿Experiencia exitosa o experimento?
El MEP junto con el INA y la UTN, iniciaron en el 2017 un proyecto piloto de Educación Dual, por acuerdo del Consejo Superior de Educación (06-67-2016). Este proyecto tiene una duración de 3 años. En este momento está en su tercer año, que termina en noviembre de 2019.
En este año, las y los estudiantes que iniciaron en el 2017 apenas están comenzando la práctica en la empresa. Ante solo hicieron visitas durante el primer año y pasantías dos veces al mes en el segundo año.
ENTONCES…
¿Cómo se entiende que el gobierno esté apoyando un proyecto de ley de Educación Dual sin haber concluido este Plan Piloto que se hace justamente para valorar las posibilidades de implementación de esta modalidad en el país?
El proyecto además, no se parece en nada a este Plan Piloto.
¿Tiene el gobierno alguna evaluación de esta experiencia que justifiquen un cambio tan radical? ¿Dónde está esta evaluación?
Educación Dual: ¿Salario o beca?
Los empresarios y diputados que los representan se niegan a pagar salarios. Ellos pretenden que sea solo una beca.
La propuesta anterior del Gobierno, incluía el pago de salarios por
recomendación del Ministerio de Trabajo. Esto enojó a las cámaras
empresariales.
El Gobierno cedió a las cámaras empresariales y los jóvenes trabajadores ya no tendrán un salario por su trabajo en la empresa.
Y las empresas ni siquiera pagarán esta beca, saldrá del INA, quien debe destinar un 1% de su presupuesto para este fondo.
LAS EMPRESAS SON LAS GANADORAS: Ya tienen mano de obra gratis, mientras que las familias y estudiantes aún no saben de cuánto será la beca que recibirán.
APSE realizó el martes 2 de abril de 2019, el foro «Educación Dual: ¿Reforma educativa o reforma laboral?», donde se realizó un análisis del proyecto de ley de Educación Dual expediente N° 20580, partiendo del debate si se trata de una reforma de naturaleza educativa o si es más bien una reforma laboral solapada.
La Presidenta de APSE, Mélida Cedeño Castro, agradeció la participación de la afiliación y el público en este espacio, donde APSE busca generar debate acerca del impacto de aprobar este proyecto de ley diseñado a la medida de intereses empresariales, sin que prevalezca una óptica educativa.
Manifestó que APSE está en contra del proyecto N° 20786 porque no es necesario, debido a que ya existen en la ley los principios para aplicar esta modalidad educativa, pero que la propuesta impulsada ahora por los legisladores es un esquema de explotación laboral juvenil y de precarización laboral.
Ariane Grau Crespo, socióloga y coordinadora de la Escuela Sindical de APSE, resaltó que la propuesta de Educación Dual es una reforma laboral escondida impulsada por sectores empresarial, que no podrían aprobar una reforma de esta naturaleza de forma general sin que resulte polémica con toda la clase trabajadora. Manifestó que el proyecto esconde una flexibilización del contrato de trabajo y contempla una derogatoria tácita de la Ley de Aprendizaje N° 4903 y de la figura de aprendiz, todo ello en función de interés concretos de las cámaras empresariales.
Entre los aspectos medulares de la propuesta, está la definición de si el contrato de educación dual debe considerarse un contrato de trabajo o de naturaleza civil. Si se define como contrato civil, no contemplará derechos ni garantías laborales que sí implican los contratos de naturaleza laboral.
La propuesta actual establece mecanismos para que el estudiante que participe del modelo, no pueda acceder a un contrato directo con la empresa, sino mediante intermediarios del sector educativo, lo que exime a las empresas de asumir responsabilidades del caso.
Al ser el contrato de tipo civil y no laboral, provoca que los estudiantes no puedan aspirar a la defensa colectiva de sus derechos provocándoles una situación de desprotección. Tampoco se establece el pago de un salario justo, sino de otras figuras como subsidios o becas, recargando además el origen de los fondos de becas al presupuesto del INA, lo que tendrá un impacto negativo para todo el sistema educativo en general.
Rocío Alfaro Molina, asesora sindical y legislativa, indicó que en Costa Rica se ha ido impulsando una serie de reformas legales de naturaleza laboral, que no han podido ser aprobadas de inmediato por la resistencia y movilización social, pero que son introducidas poco a poco mediante proyectos de ley como el de educación dual, empleo público, prohibición de huelga y otros, que forman parte de un gran proyecto que busca la reducción de los derechos laborales vigentes.
Indicó que el actual proyecto juega con las esperanzas de las personas jóvenes porque se muestra como una supuesta solución al problema del desempleo juvenil, cuando en realidad no implica de ninguna manera ninguna garantía de trabajo a futuro. Señaló que no es necesaria una ley nueva en la materia, sino que ya existen normas como la Ley de Aprendizaje o la Ley Orgánica del INA, que ya contempla mecanismos de aprendizaje similares. Realizó un análisis pormenorizado de las diferentes redacciones que ha tenido el proyecto de ley de Educación Dual y de su procedimiento legislativo.
Manifestó que este proyecto, que se debate en la Comisión de Ciencia y Tecnología, tiene inconsistencias de fondo, como el hecho de que se aprobara una moción para cubrir a los estudiantes con seguro de riesgos del trabajo, pero negando el carácter laboral del proyecto. Los sindicatos del sector educativo enviaron numerosas mociones al proyecto de ley, pero muchas de ellas han sido rechazadas sistemáticamente. Actualmente, el texto base ha recibido tantas modificaciones, que será necesario someterlo a una nueva ronda de consultas con instituciones vinculadas al tema.
Recordó que el sector empresarial argumentó que la educación dual como estaba planteada, les causaría pérdidas económicas, por lo que insistieron en no contemplar el pago de salario ni reconocer otras responsabilidades, pero esta excusa no es válida, porque el proceso de aprendizaje implica un incremento de la productividad de los aprendices en las empresas que aumenta con el paso del tiempo, lo que genera retornos positivos para los empresarios.
Junior Morales Molina, docente e integrante de la Comisión de Educación Técnica de APSE, realizó una reseña de origen de la educación dual y porqué el proyecto de ley actual no es más que una forma de explotación laboral. El origen de este modelo está profundamente arraigado en la educación alemana, donde surgió gracias a la necesidad de contar con aprendices que fueran adquiriendo el conocimiento necesario para desarrollar tareas técnicas. En el modelo alemán no se habla de estudiantes, sino de aprendices, guiados por monitores en la empresa y por tutores del sistema educativo.
Indicó que el modelo de educación dual alemán es profundamente exitoso, pero debido a que contempla mecanismos de protección para los aprendices, quienes además deben haber concluido de forma previa sus estudios formales antes de ingresar a este modelo. En Alemania, se considera que la empresa y las instituciones educativas tienen igualdad de potestades.
Además, en Alemania existe un acompañamiento de los formadores con el aprendiz, que contempla inclusive que el estudiante retorne a la institución formadora para perfeccionar sus conocimientos y pueda continuar con su formación dual en la empresa. Por su parte, la empresa emite un certificado de la formación brindada y garantiza el acceso del aprendiz una vez que ha concluido el proceso educativo.
Señaló que el proyecto de ley de educación dual costarricense no contempla todos estos aspectos, y más bien ha sido reformado para eliminar muchos de esos elementos. Luego de una visita de varios diputados a Alemania, se puso en evidencia que la propuesta costarricense está muy alejada del modelo alemán.
Aseguró que en caso de aprobarse este proyecto, el modelo de educación técnica será duramente golpeado, ya que causará la salida de estudiantes de los colegios técnicos profesionales (CTP) que se verán tentados a dejar los estudios formales para continuar en la educación dual. Pero también tendrá efectos negativos para colegios académicos y para todo el sistema educativo en general. Indicó que los diputados no han comprendido que la educación dual no funciona igual en todos los lugares, ni en todos los años de formación, ni en todos los niveles socioeconómicos.
APSE RECHAZA ROTUNDAMENTE EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL EXPEDIENTE 20.786
APSE externa ante la comunidad educativa y ante el país en general, el criterio solicitado por y emitido ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, respecto al proyecto de ley 20.786 “Ley de Educación Dual”. APSE rechaza este proyecto de ley, por considerar que esta iniciativa coloca en desprotección al estudiantado, resta competencias al cuerpo docente, pretende beneficiar al sector empresarial con personal humano no pagado y no asegurado, e implica la inobservancia plena de la legislación laboral vigente.
(Haga click en las imágenes para ampliarlas):
APSE RECHAZA ROTUNDAMENTE EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL EXPEDIENTE 20.786
APSE RECHAZA ROTUNDAMENTE EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL EXPEDIENTE 20.786
APSE RECHAZA ROTUNDAMENTE EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL EXPEDIENTE 20.786
Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el Proyecto de Ley de Educación Dual. Expediente N.° 20.786, hasta que se tomen en cuenta las observaciones del considerando N.° 6.
ACUERDO FIRME.
– Gaceta Universitaria N°3-2019 del 26 de marzo de 2019, pp. 12-14
(Lea este documento haciendo click en este enlace):
UCR RECOMIENDA NO APROBAR PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL N°20786 – Gaceta Universitaria N°3-2019 del 26 de marzo de 2019
UCR RECOMIENDA NO APROBAR PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL N°20786 – Gaceta Universitaria N°3-2019 del 26 de marzo de 2019
UCR RECOMIENDA NO APROBAR PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL N°20786 – Gaceta Universitaria N°3-2019 del 26 de marzo de 2019
UCR RECOMIENDA NO APROBAR PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL N°20786 – Gaceta Universitaria N°3-2019 del 26 de marzo de 2019
A. Comunicar a la Asamblea Legislativa que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, no apoya el proyecto de ley de Educación Dual N° 20786, en los términos en que está planteado.
B. Indicar a las diputaciones que, aunque se comparte la idea de vincular la educación con procesos innovadores, que permita brindar oportunidades integrales a los jóvenes, este proyecto de ley carece de un enfoque holístico de desarrollo humano.
C. Acuerdo firme (UNA-SCU-ACUE-036-2019).
Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO
(Lea este documento haciendo click en este enlace):
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
UNIVERSIDAD NACIONAL NO APOYA PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DUAL Acuerdo firme UNA-SCU-ACUE-036-2019 Consejo Universitario
La Asamblea General de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) aprobó una moción para convocar a huelga contra los proyectos de ley que afectarán sus derechos adquiridos y las condiciones de trabajo. Se trata de los proyectos de Empleo público N°21336 (que incluye el salario único o global), los proyectos N°21049 de prohibición de huelga en el sector público y expediente N°21097 de declaratoria de servicios públicos esenciales, las diferentes iniciativas de ley para unificación de regímenes de pensiones, y el expediente N°20786 Educación dual.
APSE decreta ir a huelga contra proyectos de ley que afecten derechos laborales
La Asamblea General de APSE aprobó en firme, en sesión extraordinaria celebrada el sábado 11 de mayo de 2019, una moción para convocar a huelga contra los proyectos de ley que afectan los derechos adquiridos y las condiciones de trabajo de la clase trabajadora (proyectos de ley de empleo público, salario único, prohibición de huelga, unificación de regímenes de pensiones y educación dual).
La campaña Educación dual, trampa laboral informará a los estudiantes y sus familias sobre las razones para oponerse al proyecto de ley que se discute en la Asamblea, anunció la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza.
Proyecto de Educación Dual apunta a su recta final, pese a dudas y oposición de los sindicatos
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) —que reúne a profesores colegiales— calificó el texto como una iniciativa que “desprotege al estudiantado, resta competencias al cuerpo docente, pretende beneficiar al sector empresarial con personal humano no pagado y no asegurado”.
«APSE: La educación dual forma mano de obra barata y obediente»:
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) reiteró su rechazo al proyecto 20.786 «Ley de Educación Dual», ya que no solo considera que coloca en desprotección al estudiantado, sino que le resta competencias al cuerpo docente. Además, el sindicato alega que pretende beneficiar al sector empresarial con personal humano no pagado y no asegurado, e implica la inobservancia plena de la legislación laboral vigente.
Los dirigentes del Magisterio Nacional mantienen una fuerte oposición al expediente 20.786, Ley de Educación y Formación Técnica Dual, al decir que no aumentará el empleo, pero sí la deserción estudiantil.
APSE se manifiesta ante la sociedad costarricense para solidarizarse con el pueblo de la provincia de Limón, antes las graves consecuencias económicas y sociales provocadas por la situación de abandono, carencia de políticas públicas y falta de legítimo interés respecto al desarrollo de la vertiente Caribe de Costa Rica.
Desde hace décadas, los Gobiernos de turno han hecho toda clase de promesas para abordar los problemas de pobreza, falta de fuentes de trabajo, difícil acceso a la educación ó carencia de infraestructura pública. Sin embargo, solo han sido promesas, porque nunca se han transformado en verdaderas políticas a largo plazo, mientras la desidia con esta provincia aumenta con el paso del tiempo.
Ejemplo de estas falsas promesas, fue la supuesta generación de cientos de fuentes de trabajo estables por la apertura de la terminal de contenedores de APM Terminals en Moín. Esta falacia se evidenció apenas la terminal entró en funcionamiento, cuando varias de las principales transnacionales dedicadas a labores de carga de mercancías (como Dole ó Chiquita Brands) despidieron a cientos de empleados, cesándolos sin previo aviso, sin alternativas laborales, y cuando el país se ve afectado por un creciente desempleo. La ausencia de fuentes de trabajo coloca a estos trabajadores despedidos y sus familias en la absoluta desesperanza y frustración.
A eso se suma el despido de empleados de otras empresas del sector, donde cientos de personas se han quedado sin trabajo. Lo más grave es que estos despidos masivos ocurren a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo, que no asume a cabalidad su papel de rector en política de empleo público, sino que se limita a constatar procedimientos laborales, sin involucrarse en el fondo del asunto.
Otro tema delicado en esta provincia tiene que ver con el funcionamiento de JAPDEVA, cuyo futuro también se verá en riesgo, debido a diferencias de criterios acerca de cuáles actividades de descarga puede desempeñar APM Terminals, lo que se traduce en una eventual reducción de ingresos para JAPDEVA. Distintos gobiernos aseguraron que la estabilidad de JAPDEVA no se vería comprometida con la nueva terminal, pero todo indica que esto también es falso, lo que podría provocar más despidos.
APSE se solidariza con todos los trabajadores que han sido despedidos y exige al Gobierno que cumpla las promesas hechas al pueblo limonense. Limón requiere una política de cambios reales, integrales, y transparentes. El malestar creciente en la provincia ya había sido advertido en la reciente huelga contra el Combo Fiscal, cuando su población se manifestó en las calles exigiendo cambios sociales, pero solo recibió como respuesta la represión policial y el silencio.
La frustración creciente del pueblo limonense no puede ser contenida por más promesas ni tampoco por más violencia, sino que requiere de una política completa, que empiece por la mejora del sistema educativo y la integración de actividades económicas, todo ello de la mano con la inversión social y comunal.
e la supuesta generación de cientos de fuentes de trabajo estables por la apertura de la terminal de contenedores de APM Terminals en Moín. Esta falacia se evidenció apenas la terminal entró en funcionamiento, cuando varias de las principales transnacionales dedicadas a labores de carga de mercancías (como Dole ó Chiquita Brands) despidieron a cientos de empleados, cesándolos sin previo aviso, sin alternativas laborales, y cuando el país se ve afectado por un creciente desempleo. La ausencia de fuentes de trabajo coloca a estos trabajadores despedidos y sus familias en la absoluta desesperanza y frustración.
A eso se suma el despido de empleados de otras empresas del sector, donde cientos de personas se han quedado sin trabajo. Lo más grave es que estos despidos masivos ocurren a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo, que no asume a cabalidad su papel de rector en política de empleo público, sino que se limita a constatar procedimientos laborales, sin involucrarse en el fondo del asunto.
Otro tema delicado en esta provincia tiene que ver con el funcionamiento de JAPDEVA, cuyo futuro también se verá en riesgo, debido a diferencias de criterios acerca de cuáles actividades de descarga puede desempeñar APM Terminals, lo que se traduce en una eventual reducción de ingresos para JAPDEVA. Distintos gobiernos aseguraron que la estabilidad de JAPDEVA no se vería comprometida con la nueva terminal, pero todo indica que esto también es falso, lo que podría provocar más despidos.
APSE se solidariza con todos los trabajadores que han sido despedidos y exige al Gobierno que cumpla las promesas hechas al pueblo limonense. Limón requiere una política de cambios reales, integrales, y transparentes. El malestar creciente en la provincia ya había sido advertido en la reciente huelga contra el Combo Fiscal, cuando su población se manifestó en las calles exigiendo cambios sociales, pero solo recibió como respuesta la represión policial y el silencio.
La frustración creciente del pueblo limonense no puede ser contenida por más promesas ni tampoco por más violencia, sino que requiere de una política completa, que empiece por la mejora del sistema educativo y la integración de actividades económicas, todo ello de la mano con la inversión social y comunal.
APSE realizó el sábado 16 de marzo de 2019, un acto de homenaje a las mujeres que dieron la lucha con perseverancia y fuerza en la gran huelga contra el Combo Fiscal del año 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer 2019.
La actividad contó con presencia de las mujeres elegidas por cada una de las 56 Regionales de APSE, en representación de las miles de compañeras de lucha que se sumaron a aquella huelga.
Mélida Cedeño Castro, Presidenta de APSE, destacó la importancia de la participación de las mujeres en el sindicalismo y la política, y la fuerza que aportó cada una a la lucha. Ella también recibió un reconocimiento simbólico de parte de las presentes por su liderazgo durante la huelga.
Ariane Grau, coordinadora de la Escuela Sindical de APSE “Luisa González Gutiérrez”, también destacó la importancia que revierte el hecho de que las mujeres se organicen y tomen conciencia en la defensa de sus derechos.
La actividad contó con un espacio de reflexión e intercambio de opiniones de todas las presentes, quienes expresaron el significado de esta lucha para cada una de ellas. Esta dinámica estuvo a cargo de Katherine Cerdas, coordinadora de la Regional 13.
Posteriormente se presentó la obra de teatro de títeres denominada ¡Oh Gilda! que reflexiona sobre las relaciones entre hombres y mujeres. El evento cultural concluyó con la declamación de un cuento e interpretación de una canción a cargo de la compañera Nora Gómez.
Las homenajeadas recibieron como obsequio un retablo con su semblanza, que les permitirá recordar por siempre su papel protagónico en esta histórica lucha.
