APSE considera que las pruebas de Especialidades Técnicas, programadas para el curso lectivo 2021, deben suspenderse, por no existir las condiciones necesarias para su aplicación a los estudiantes de duodécimo año de los Colegios Técnicos.
Este planteamiento, fue comunicado mediante carta remitida el 29 de junio de 2021 a la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública.
La suspensión de las pruebas de Especialidades Técnicas se fundamenta en las condiciones sanitarias que vive el país, que han provocado un cambio drástico en la enseñanza formal. Se ha manifestado una fuerte desigualdad en el acceso a la educación, lo que implica graves diferencias en la formación técnica de las personas estudiantes.
En vez de realizar las pruebas de Especialidades Técnicas, y causar mayores dificultades al proceso de aprendizaje de las personas estudiantes, APSE considera necesario realizar otra prueba, bajo los siguientes parámetros:
A. La prueba será realizada por el docente a cargo de la subárea y nivel de doceavo año, abarcando los contenidos que él mismo crea conveniente y que han sido desarrollados en el curso lectivo 2020 y 2021.
B. Que la prueba sea parte de la evaluación del segundo semestre del 2021,
C. Que la prueba no sea un requisito de graduación, para de esta forma darle la oportunidad de trabajo a todos aquellos estudiantes que necesitan llevar un mejor bienestar a sus familias.
Estaremos informando de la respuesta que el MEP brinde a esta iniciativa.
CONSULTE LA CARTA ENVIADA POR APSE AL MEP, LA CUAL SE PUBLICA ADJUNTA
En moción aprobada en sesión extraordinaria celebrada el pasado 19 de junio de 2021, el Tribunal Electoral de APSE, acordó «suspender de manera temporal el planteamiento realizado para las elecciones 2021 (Junta Directiva del periodo 2022-2023), por lo que se procederá a replantear a la mayor brevedad, una nueva calendarización con su respectivo proceso para las elecciones nacionales».
Esta medida, se fundamenta en el estado de alerta sanitaria vigente por la enfermedad Covid-19 (Decreto Ejecutivo 42227 MP-S) que a su vez, causó la suspensión temporal de la Asamblea General 2021.
Ante la aprobación en primer debate, del proyecto de ley 21336, Ley Marco de Empleo Público, el jueves 17 de junio, APSE felicita a su afiliación por la lucha brindada contra esta iniciativa nefasta y llama a sus miles de afiliadas y afiliados a reforzar las acciones de protesta.
El hecho de que 15 diputaciones hayan votado en contra del expediente, pone en evidencia el creciente rechazo contra esta propuesta de ley, sobretodo por los atropellos a la Constitución Política y a las políticas laborales vigentes hasta la fecha.
APSE estará dando seguimiento al proceso que sigue este proyecto, tal como es su envío a consulta de constitucionalidad y su votación en segundo debate. Cabe recordar que este proyecto requerirá el apoyo de al menos 38 diputaciones para ser aprobado en segundo debate, según criterio de la Corte Plena, que había señalado esta condición por cuanto considera que el proyecto violenta su autonomía. Esperamos que la Sala Constitucional mantenga ese criterio.
Llamamos a toda nuestra afiliación a seguir en esta lucha, así como llamamos a toda la clase trabajadora tanto del sector público y privado, a manifestarse en defensa de sus derechos laborales y sociales, los cuales se verán pisoteados si este nefasto proyecto se convierte en ley de la República.
En próximos días, APSE estará informando de las acciones a seguir en esta lucha.
En sesión de la Junta Directiva de APSE del viernes 11 de junio de 2021, se aprobó en firme una moción, donde se acordó «cancelar, de manera temporal, las fechas designadas para las votaciones nacionales de los puestos de la próxima Junta Directiva, el 22 de julio 2021, y las fechas para de la Asamblea General 2021, los días 12 y 13 de agosto 2021», debido a la situación sanitaria vigente causada por la pandemia de Covid-19.
Esta medida es adicional a la tomada por el propio Consejo Nacional, de suspender las Asambleas Regionales programadas para los días 7 al 11 de junio y, con ellas las elecciones regionales.
A esta situación, se suman las dificultades causadas por la suspensión temporal del curso lectivo, que provoca que se mantengan paralizadas las clases presenciales hasta el día 12 de julio.
APSE y la Secretaría de Asuntos del Pensionado, el Jubilado y el Adulto Mayor, extienden un fraterno y cariñoso saludo a toda su afiliación, en especial, a nuestra afiliación Adulta Mayor, en esta fecha, del 15 de junio. La III Convención Colectiva de Trabajo del 2021, del Ministerio de Educación Pública (MEP), establece que, cada 15 de junio, se reconozca, como el Día mundial de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez, incluyéndola en su Calendario Escolar.
Definir el concepto de vejez, no es fácil, sin embargo la mayoría de los especialistas en este tema, concuerdan, que envejecer es un proceso, de transformaciones físicas, funcionales, metabólicas y mentales, disminuyendo las capacidades para hacer frente a los cambios propios de la edad, y del entorno, lo que pone a la persona Adulta Mayor, en un estado de vulnerabilidad y fragilidad. Envejecer es un proceso dinámico e inevitable, inherente de nuestro proceso de vida.
Según datos del I Informe del estado de situación de las Personas Adultas Mayores, en Costa Rica se proyecta para el 2025, que las personas de 65 años y más, serán cerca de 600 mil, 11.5% de la población, en familias más pequeñas, por la baja en la tasa de natalidad. En el documento Costa Rica: Prospectiva en cambio demográfico, al 2045 de MIDEPLAN, se proyecta que la esperanza de vida al nacer será cada vez mayor, con un promedio de 81 años al 2025.
Este dato debe alertar a nuestra sociedad costarricense, hacía el futuro, pues esta población deberá vivir con dignidad física, bienestar social, trato digno, a través de diferentes estrategias, que incrementen un envejecimiento activo, saludable, en el marco de protección de los Derechos Humanos.
Todo lo anterior deberá traducirse, en el estar atentos, al bienestar físico de la Persona Adulta Mayor, en cuanto, a su seguimiento y tratamiento médico, su aseo e higiene personal. A la salud psicológica o emocional, en el trato amable, cortes, respetuoso, afectivo, en el involucrarles en las diferentes actividades familiares, sociales en las que pueda participar y un dialogo constante, para comprender sus deseos y necesidades, haciéndoles sentir confiados y protegidos. Por lo que se deben de evitar actos que causen daño y sufrimiento a la persona de edad, tales como la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y en detrimento de su dignidad, como así lo apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las Personas Adultas Mayores, han sido discriminadas, por su edad, lo cual ha llevado a violentar sus derechos humanos. Se ha tendido a ver la vejez, desde la óptica, de pérdida de capacidades y dependencia, lo cual es un enfoque que limita el bienestar de esta población, ya que la condiciona a un estado de vulnerabilidad, exclusión social y mayor dependencia.
En nuestro país, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN, reporta según sus registros, que en el año 2019, se dieron 1130 denuncias y consultas por distintas formas de violencia hacía las Personas Adultas Mayores.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) refieren que al 27 de marzo 2020 existían, 650 Personas Adultas Mayores, abandonadas en las calles y Hospitales en nuestro país, a 20 días del primer contagio diagnosticado con Covid19.
A nivel internacional y nacional se han dado esfuerzos y políticas para proteger los derechos, el bienestar y calidad de vida de las Personas Adultas, como por ejemplo:
-. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, Ley 7935, decretada el 25 de octubre de 1999, en nuestro país.
-. La Carta a San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. San José Costa Rica, del 8 al 11 de mayo del 2012.
-. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores, ratificada por Costa Rica mediante la promulgación de la Ley No. 9394 del 8 setiembre 2016.
-. Ley 9857 firmada el 15 de junio 2020, que Penaliza el Abandono de las Personas Adultas Mayores. Esta ley se firma en conmemoración del Día Nacional Contra El Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores y el Día Mundial Sobre la Toma de Conciencia Sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Desde APSE y en el marco de los antecedentes anteriormente anotados, instamos a las autoridades gubernamentales a velar por la defensa de la Población Adulta Mayor, como sujetos de plenos derechos, promulgados en estas leyes. Esta ha de ser una labor de forma constante y permanente.
A nuestra sociedad costarricense, les exhortamos, a una mayor toma de conciencia, de percibir la vejez desde una perspectiva positiva, favoreciendo así, un envejecimiento activo, inclusivo, saludable, con dignidad, afecto y cuido responsable de la familia, donde no tengan cabida, todas las formas de discriminación, abandono, maltrato, y abuso de nuestras personas Adultas Mayores. Permitamos que las Personas Adultas Mayores vivan la experiencia de esta etapa de vida, como una experiencia saludable, con dignidad, pues lo que hagamos hoy en la defensa de esta población, será la senda, que en su momento tendremos que recorrer.
Desde la Comisión de la Mujer de APSE Sindicato repudiamos las acciones de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social al pretender equiparar la edad de pensión del régimen de IVM de las mujeres, y por lo tanto, generar una mayor inequidad. Este hecho deja de lado los poquísimos logros en virtud de la equidad de género que se han alcanzado en este país y representa un retroceso importante para todas.
Cabe mencionar que es una verdad insoslayable que la mujeres ocupamos los puestos menos remunerados en las instituciones públicas, lo cual nos ubica en desventaja y que, en instituciones privadas se contabiliza un 27% menos de salario con respecto de los hombres. Asimismo, las mujeres hemos estado envueltas en las labores de cuido de la familia como trabajo no remunerado y esto representa el 25,3% del PIB, según datos de la señora Marta Rodríguez, representante del sector trabajador ante la Junta Directiva de la CCSS.
Estos datos de injusticia social y de falta de equidad en nuestra sociedad actual, se unen al hecho de que las mujeres son las que toman, mayoritariamente, las licencias sin goce de salario para asumir las labores de cuido de las personas adultas mayores y de sus hijos e hijas, lo cual redunda en menos cotizaciones al final de su historia laboral y una innegable afectación en su pensión.
Cuatro miembros varones de la Junta Directiva de la CCSS son quienes definirían estas políticas que eliminan la acción afirmativa que otrora se tomara para compensar la diferencia entre hombres y mujeres a nivel laboral. Sin duda alguna, estas acciones son detestables y ponen en evidencia el retroceso que esta área viene teniendo nuestro país.
Sabemos que el avance en los derechos humanos continúa siendo un reto en la sociedad costarricense, pero estas medidas anuncian una afectación muy importante contra las mujeres en el tema de seguridad social, les niega instrumentos de incalculable valor legal y el análisis de sus intereses.
También reconocemos que esta pandemia ha afectado mucho más a las mujeres por el tipo de empleos (muchos de ellos son de carácter informal y del sector servicios) y su rol en la sociedad se ha visto afectado de forma importante.
Denunciamos que bajo la sombrilla de la pandemia se gestan acciones en detrimento de las mujeres, de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables de este país. Exigimos transparencia y discusión pública sobre estos temas y la no afectación de las mujeres en este caso tan particular y en ningún otro.
El periodo de vacunación contra Covid-19 para el personal que labora en educación, arrancó oficialmente con un acto protocolario, la mañana de este miércoles 2 de junio, en el Colegio Técnico Profesional Dos Cercas de Desamparados, San José.
El evento contó con la presencia de la Presidenta de APSE, Zaray Esquivel Molina, y el Secretario General, Dennis Solís Cruz, además de la Ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, el segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, así como integrantes de las juntas directiva de los sindicatos miembros de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales del MEP.
La directora del centro educativo, doña Damaris Picado, manifestó que el centro cumple a cabalidad con los protocolos sanitarios, lo que sin embargo, no ha impedido que varios trabajadores así como sus familias, se hayan enfermado.
Resaltó la grave afectación psicológica que ha implicado la pandemia, tanto para el personal del centro educativo como para los estudiantes, a quienes reconoce el esfuerzo por acatar las disposiciones sanitarias, pero a la vez las incumplen en aspectos tan básicos como el distanciamiento social.
Nelsy Zúñiga, Orientadora, y Carol Jiménez, profesora de Español, destacaron como sí se cumple con las normas sanitarias. De hecho, doña Nelsy es integrante de uno de los equipos institucionales que brinda seguimiento a los casos sospechosos y confirmados de Covid-19. Ambas expresaron su alegría por haber sido vacunadas ya que esto les garantiza más tranquilidad y seguridad para poder realizar su labor con los estudiantes, estando así todos protegidos.
Actualmente, la CCSS se encuentra habilitando el periodo de vacunación para trabajadores del MEP (integrados en el grupo 4) en la mayoría de áreas de salud del país.
El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, suspendió el proceso de calificación de la huelga denominada “Jornada por la vida”, ejecutada el pasado 19 de mayo de 2021, la cual fue convocada por los sindicatos del Magisterio Nacional (APSE, ANDE, SEC y SITRACOME) como medida de protesta ante la negativa del MEP de convocar a un modelo educativo a distancia ante el incremento de contagios de Covid-19, que ha causado la muerte de casi 60 trabajadores de la educación activos.
El pasado 26 de mayo, la APSE y los otros sindicatos convocantes, fuimos notificados del proceso de calificación de huelga, planteado por la Procuraduría General de la República, a solicitud del MEP, con el fin de declarar la ilegalidad del movimiento de presión convocado y ejecutado el 19 de mayo del año en curso. Para tales efectos, conforme a las nuevas disposiciones del artículo 661 del Código de Trabajo, se nos otorgó un plazo de 24 horas para presentar nuestra defensa y conforme al artículo 663 de ese mismo Código, se nos convocó a una audiencia virtual ante el Jueza tramitadora y demás partes intervinientes, para el 01 de junio a las ocho horas, en la que los sindicatos participantes del movimiento, pudiéramos ampliar y justificaran los motivos del llamado a esta acción de protesta.
Sin embargo, mediante auto de las 8:15 horas del 31 de mayo del 2021, el Juzgado de Trabajo procede a suspender todo el proceso de calificación de huelga, así como la audiencia convocada, hasta tanto no se resuelva en definitiva la acción de inconstitucionalidad, planteada contra varios artículos de la Ley para Brindar Seguridad Jurídica a las Huelgas y sus Procedimientos, N.° 9808; que fuera admitida para estudio por la Sala Constitucional, mediante resolución de las de las ocho horas siete minutos del dieciséis de abril del dos mil veintiuno.
Cabe destacar que esta suspensión del proceso de calificación de huelga se fundamentada en la solicitud expresa de la APSE, contenido en el escrito de defensa, suscrito por la señora Zaray Esquivel Molina, Presidenta de APSE, presentado el pasado 28 de mayo, en el sentido que:
“En el Expediente N°21-005712-007-CO, planteado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se tramita una Acción de Inconstitucionalidad, para que se declaren inconstitucionales los artículos 349 inciso d), 371 inciso b), 376 incisos a, b, c, d, h, 377 inciso c), 378 p. 2, 379 p. 2 y 4, 661 p. 2, 663 p. 1 inciso b), 375 bis, 376 bis p. 1, 376 ter incisos a, b, c, d, e, f, g, 376 quater, 376 quinquies, 661 bis, 664 bis, de la Ley para Brindar Seguridad Jurídica a las Huelgas y sus Procedimientos, N.° 9808 . Y que mediante resolución de las ocho horas siete minutos del dieciséis de abril del dos mil veintiuno, la Sala Constitucional dio curso a esta acción.
Con base en lo anterior, para una aplicación correcta de las reglas y efectos jurídicos reseñados por la Sala Constitucional, el primer paso que debe seguir el operador jurídico, es ajustarse a la resolución de la Sala Constitucional, en la cual, entre otras cosas, se admite la acción. Y por consiguiente, siendo que en este proceso de calificación de huelga, se alega y se discute la aplicación de normas cuestionadas, se debe suspender el dictado de la sentencia final mientras la Sala no se haya pronunciado. Asimismo, en el tanto también se cuestionan normas del procedimiento de calificación de huelga, debe suspenderse el procedimiento judicial, en el que las normas de procedimiento cuestionadas tengan que ser aplicadas.”
Conforme a lo expuesto y con sustento en la defensa de carácter procesal y otros argumentos expuestos por la APSE, el proceso de calificación de huelga, permanecerá en suspenso, hasta que la Sala Constitucional resuelva la acción de inconstitucionalidad contra la legislación impugnada.
Estaremos procediendo a demandar ante las autoridades del MEP, se suspenda toda acción de rebajo salarial, para las personas trabajadoras que participaron en la paralización de labores del 19 de mayo 2021, hasta que la Sala Constitucional resuelva en definitiva.
