Salario único, una de las peores amenazas contra la clase trabajadora

Salario único: una de las peores amenazas contra la clase trabajadora

“Los derechos laborales se defienden colectivamente, no en

forma individual”, manifestó Ariane Grau Crespo.

Norma Umaña/APSE/ 7-8-2014

La política laboral que en este momento está discusión para el sector público pretende eliminar los derechos adquiridos y las convenciones colectivas, reducir los salarios  e imponer condiciones laborales similares a las del sector privado.

Mientras tanto, para el sector privado se propone la libertad de despido, la violación de derechos, salarios de hambre y una dictadura patronal mediante el solidarismo.

Así lo explicó Ariane Grau, coordinadora de la Escuela Sindical de la APSE, Luisa González Gutiérrez, en la charla “Amenazas a los derechos laborales y salariales de la clase trabajadora”, que impartió en la II Asamblea General de la APSE el jueves 7 de agosto del 2014.

Una de las propuestas de empleo y política salarial del sector público más peligrosas es la de la Academia de Centroamérica, porque se refiere a la eliminación de los pluses salariales y las anualidades, para establecer un salario global equiparado al “mercado”.

La conferencista advirtió que “si se equiparan los salarios con los del sector privado y con estudios de mercado, los más afectados serán los de menores ingresos porque ahí la brecha es menor, debido a que en el sector privado las ocupaciones no profesionales tienen salarios de hambre, muchas veces por debajo del mínimo legal”.

Manifestó que los sectores no profesionales pierden toda la expectativa de subir sus salarios al no tener anualidades y pluses porque se consolida una estructura jerárquica, donde la escala salarial se mantiene solo por jerarquía de puestos, en la que, obviamente, estarán los sectores profesionales de alto rango: gerentes, directores, ministros y asesores.

Otra de las consecuencias del deterioro del salario del sector público radica en que si los salarios se reducen, proporcionalmente se desfinanciará la Caja Costarricense del Seguro Social.

¿Qué está en discusión a nivel de política laboral?

No procede legalmente el rebajo de salarios a los huelguistas

No procede legalmente el rebajo de salarios a los huelguistas

– Huelga de trabajadores de la educación cumple con todos los requisitos para ser declarada legal

Norma Umaña/APSE/31-5-2014

Legalmente, el Gobierno de la República no puede rebajar los salarios a los compañeros que participan en el movimiento huelguístico por el pago del salario completo y oportuno,  dado que no ha sido declarado ilegal por un Tribunal de Trabajo del país; es decir, no ha cumplido con el  principio constitucional del debido proceso.

“Podemos estar absolutamente tranquilos de que si el Gobierno procede a rebajar salarios a partir del lunes 2 de junio, accionaríamos en forma inmediata ante la Sala Constitucional, y así se vería expuesto a una sanción grave no solo por parte la Sala IV, sino por los Juzgados de Trabajo, al haber emprendido una acción contraria totalmente al ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga”, dijo la asesora legal del Consejo Nacional de la APSE, Ileana Vega Montero, en la Asamblea de Presidentes de Base el sábado 31 de mayo.

Agregó que las amenazas de rebajo salarial a los huelguistas, emprendidas por el Gobierno de la República, constituyen una violación a la libertad sindical, que nos posibilitaría plantear una queja ante el Comité de Libertades Sindicales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por prácticas laborales desleales.

Declaratoria. La huelga de los trabajadores de la educación cumple con todos los requisitos para que sea declarada legal de conformidad con el Código de Trabajo:

– Es una huelga pacífica.

– El propósito es defender intereses económicos y sociales comunes como la falta de pago completo y oportuno del salario y el mejoramiento y normalización de las condiciones del pago de los trabajadores de la educación.

– Agotamos el procedimiento de conciliación previa debido a que hubo reuniones con el entonces ministro de Educación, Leonardo Garnier, para encontrar una solución al problema de falta de pagos.

– Superamos con creces el porcentaje establecido por los jueces de una participación del 40% en el movimiento huelguístico. Al haber un vacío en el Código de Trabajo sobre el porcentaje requerido, los jueces tomaron como fundamento lo que establece la Comisión de Expertos de la OIT.

La licenciada Vega Montero manifestó que es muy importante mantener la unidad de las organizaciones de trabajadores de la educación en esta huelga, que inició el 5 de mayo, para seguir cumpliendo con el porcentaje de apoyo suficiente para que sea declarada legal, ante una eventual solicitud de calificación de la huelga.

¡Sigamos unidos y  firmes en la lucha!

APSE se opone a invertir fondos de pensiones en mercados internacionales

No avala el proyecto de Reforma a la Ley N.° 7531

APSE alerta sobre peligros de ampliar inversión de fondos de pensiones

– 40% de los recursos se destinarán a obra pública y 30% a extranjera

– Proyecto no contempla la supervisión por parte de Jupema

La presidenta Ana Doris González (izq.) y la representante de la APSE ante la Jupema,

Sonia Ulate, explicaron los fundamentos del rechazo al proyecto de ampliación

de inversiones de los fondos de pensiones.

Prensa APSE/Febrero 2015

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) reitera su rechazo al proyecto de ley que pretende diversificar las inversiones del Fondo de Capitalización Colectiva, al poner en riesgo el financiamiento de las pensiones de los trabajadores de la educación.

El proyecto de Reforma a la Ley N.° 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional establece un portafolio de inversiones de un 70% de los recursos acumulados del Fondo, estimados en un billón de colones.

Un 40% del Fondo se destinaría a obra pública y un 30% a valores o productos extranjeros.

Ana Doris González, presidenta de la APSE, explicó en conferencia de prensa que los porcentajes de inversión son muy altos y no existen los mecanismos de regulación interna que aseguren la sostenibilidad del régimen.

La colocación de los recursos contará con la supervisión de la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Sin embargo, el proyecto no contempla una fiscalización desde la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

“Para nuestra tranquilidad debe existir una herramienta que le permita al Magisterio fiscalizar esos fondos”, manifestó la representante de la APSE ante la Junta Directiva de la Jupema, Sonia Ulate.

Desde el 2007 la organización ha advertido de los peligros que conlleva para la sostenibilidad del Régimen de Capitalización Colectiva la inversión extranjera.

La presidenta González indicó que se continúa con las acciones de lucha contra el proyecto.

La iniciativa de ley, bajo el expediente N.° 18.888, se encuentra en el sétimo lugar de los primeros debates de la Asamblea Legislativa, tras ser convocada por el Poder Ejecutivo en el periodo de sesiones extraordinarias.

Preparan estrategias para huelga del 25 de junio

Jornada Nacional por Costa Rica

Preparan estrategias para huelga del 25 de junio

Prensa APSE/Junio 2013

Encuentros sindicales, reuniones permanentes de las dirigencias y sesiones de trabajo del equipo de comunicación, son algunas de las actividades preparatorias que se están realizando para asegurar el éxito de la huelga regionalizada con “romerías” el martes 25 de junio de 2013, la cual ha sido denominado “Jornada Nacional  por Costa Rica”.

Los *motivos de las marchas*en todo el país están claramente definidos:

1. *Rechazo absoluto*a la pretensión del Gobierno de Laura Chinchilla de prohibir las huelgas en casi la totalidad de los servicios esenciales.

2. La anulación de Ley de Concesiones porque es un mecanismo de privatización de los servicios y beneficia, así, a las grandes empresas transnacionales.

3. Una mejor calidad de vida, es decir, en salud, seguridad,  pensiones, salarios, protección del medio ambiente, suministro de agua potable, protección de las instituciones públicas, soberanía alimentaria y defensa de los agricultores.

4. *Contra la corrupción y la impunidad*en el Gobierno: cárcel para los que roben y lucren con los dineros de todo el pueblo costarricense.

La huelga de un día marcará el inicio de una serie de protestas que podrían desencadenar en una huelga general indefinida sin precedentes porque el pueblo ya está cansado de sufrir las consecuencias del asalto a los recursos públicos por parte de los políticos, de las políticas salariales injustas, de la privatización de servicios, del encarecimiento de los bienes y servicios, del favoritismo del Gobierno a las transnacionales, entre otros desaciertos de la Administración Chinchilla y el bloque empresarial que la sostiene en el poder.

En este “día de las marchas” participarán las organizaciones sindicales y sociales, el Foro Nacional y los Foros Cantonales, estudiantes y vecinos de las comunidades.

El llamado a participar en la huelga es abierto a todos aquellos que sienten que la “plata” de los “salaritos” ya no les alcanza ni para lo básico.

En el Segundo Encuentro Sindical, realizado el sábado 8/6/2013, los dirigentes

sindicales, sociales y comunales aprobaron el plan de acción de cara a la

huelga de un día del 25 de junio, ocasión en que no solo se protestará

contra las políticas nocivas del Gobierno, sino que se harán

propuestas en beneficio del bienestar de

todos los costarricenses.

José Luis Castillo (der.) del Sintrajap, Sindicato de Trabajadores de Japdeva, expuso

sobre el tema de las concesiones y advirtió que son un medio para privatizar

los servicios que la Constitución Política prohíbe.

El secretario general de la APSE, Mariano Rodríguez Pacheco (centro), consultó al conferencista

Castillo si el tema de la tercerización en los servicios de conserjería y vigilancia se incluía

dentro de las políticas de privatización que ha promovido el Gobierno. Castillo le

respondió que, efectivamente,  se trata de un mecanismo de privatización.

(La tercerización es la transferencia o la contratación externa

de cualquier tipo de actividad, pero con menos

beneficios laborales).

Los sindicatos están unidos en esta lucha como lo demuestra la gráfica, donde

los dirigentes de la APSE comparten con los de la ANDE durante

el II Encuentro Sindical.

El Foro Nacional (inicialmente de Occidente) también participará en las

romerías del 25 de junio.

Los dirigentes expresaron su rechazo rotundo al pago de ¢350 millones que la

empresa OAS demanda por la ruptura del contrato de concesión para la

reparación y ampliación de la carretera San Ramón-San José.

Otra de las reuniones de la APSE y los sindicatos con representación en la Comisión

Negociadora de Salarios del Sector Público se realizó en el Centro de Recreo de

San Pablo de Heredia de la organización. La actividad fue coordinada por la

presidenta Beatriz Ferreto López y el secretario general

Mariano Rodríguez Pacheco.

La APSE, la ANDE, el SEC, el Magisterio en Acción, el Sintrajap, el Siteco, la Central

General de Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores, entre otros,

asistieron el lunes 10 de junio a la reunión preparatoria de la

huelga regionalizada del 25 de junio próximo.

Momentos en que la dirigencia  de las organizaciones sindicales y sociales revisa el

plan estratégico de comunicación realizado por los técnicos. En la gráfica, a la izq.,

el secretario general Mariano Rodríguez Pacheco y la presidenta de la

APSE, Beatriz Ferreto López. (Jueves 13/6/2013)

Directriz ministerial sobre RANGOS DE MATRÍCULA para el curso lectivo 2013

APSE INFORMA

PARA: Presidentes de Base, Directores  de los Centros Educativos, Funcionarios Administrativos, Administrativo Docentes, Técnico Docentes y Servidores Docentes

DE: Beatriz Ferreto López, Presidenta de APSE

FECHA: 11 de febrero de 2013

ASUNTO: DIRECTRIZ MINISTERIAL SOBRE RANGOS DE MATRICULA PARA EL CURSO LECTIVO 2013

Nos permitimos hacer del conocimiento de toda nuestra afiliación, el contenido de la Directriz DM-0130-02-12 de fecha 01 de febrero del 2012, suscrita por el señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública, en la que se establecen los criterios para determinar el tamaño de los grupos para el curso lectivo 2013,  cuando se hayan dado cambios significativos en aspectos como disminución de matrícula o limitaciones en la capacidad locativa del Centro Educativo.

Cabe destacar que su contenido aborda uno de los temas trascendentales sobre los cuales se fundamentó el movimiento de huelga  liderado por la APSE en el año 2008, en el que se le exigió al Ministro de Educación Pública, la emisión de  criterios claros  y uniformes, que permitieran definir los RANGOS DE MATRICULA  mínimos y máximos en  el III Ciclo y Educación Diversificada, atendiendo aspectos como la matrícula, la ubicación geográfica, las dimensiones del aula, la infraestructura del centro educativo, las necesidades educativas especiales y otras.

Con esta Directriz se cumple el mandato de la APSE, que siempre exigió al MEP, la emisión de las directrices administrativas necesarias a fin de que el Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria del MEP, se ajustara a la aplicación del  Decreto Ejecutivo Nº 2 del 05 de marzo de 1965 y sus reformas, que es el “Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación Media”, plenamente vigente, a fin de que  se aplicara en todos sus extremos lo dispuesto en  su artículo 4, que a la letra señala:

“ La matrícula de cada establecimiento será dividida en secciones, ninguna de las cuales contará con más de 35 ALUMNOS NI MENOS DE 15, salvo casos de absoluta necesidad y mediante aprobación previa del Ministerio de Educación.”      ( El énfasis es nuestro)

  Hoy día podemos decir que se está dando pleno cumplimiento a lo dispuesto en el citado numeral, cuando se dispone en términos generales y en sujeción a las consideraciones establecidas en la misma, los siguientes criterios que se aplicarán para este curso lectivo en los siguientes niveles y modalidades:

1.-) Preescolar, I, II y III Ciclos y Educación Diversificada

Las secciones estarán integradas por una matrícula no inferior a los 20 estudiantes ni mayor a los 35 estudiantes. Lo anterior excepto cuando la matrícula total por nivel ( o multinivel cuando corresponda) implique una cantidad menor a las 4 secciones, para lo cual se autoriza una matrícula mínima de 15 estudiantes por sección.

  Lo anterior significa que cuando la matrícula por nivel en cada centro educativo, no permita crear más de 4 secciones, se autoriza que la matrícula mínima por sección sea de 15 estudiantes. En los demás casos, cuando la matrícula por nivel permita conformar más de 4 secciones, los grupos se llenarán con un mínimo de 20 estudiantes y un máximo de 35 estudiantes, todo de conformidad con lo indicado en el cuadro N° 1, de la página 3, en el que se ilustra el número de secciones que pueden abrirse en el Centro Educativo, en atención  a la matrícula mínima y máxima alcanzada para este curso lectivo.

2.-) Educación Especial

La Directriz establece los rangos de sección  asociados al nivel académico, tipo de servicio y condición de discapacidad. En cada uno de los casos se define el rango de matrícula de acuerdo al número de secciones necesarias.

Cualquier consulta al respecto o tramitación de alguna denuncia ante el incumplimiento en la aplicación  de los criterios vertidos, sírvanse comunicarse inmediatamente a las Oficinas Centrales de la APSE, Tel 25477800, extensiones 301,303,314, 320 ó  327.

Elaborado por: Licda. Ileana Vega Montero

Asesora Legal de la Directiva Nacional, APSE

Incentivo de zona de menor desarrollo se pagará a los distritos aprobados por Mideplan y 33 más

Segunda reunión de la Comisión Bipartita de Alto Nivel. En la gráfica,

al fondo, la representante de la APSE, Beatriz Ferreto

Incentivo de zona de menor desarrollo se pagará a los distritos aprobados por Mideplan y 33 más

– El pago ser hará por separado entre el 28 y 29 de junio

Norma Umaña/APSE/23-6-2014

El pago por laborar en zona de muy bajo o bajo desarrollo se les reconocerá a los 33 distritos incorporados por la Comisión MEP-APSE, ANDE y SEC en el 2010 y con base en la Resolución DG-145-2010; además, los estipulados en el Índice de Desarrollo Social de Mideplan del 2013.

Así se informó en la segunda reunión de la Comisión Bipartita de Alto Nivel realizada el lunes 23/6/2014.

El dinero se depositará por separado entre el sábado 28 y domingo 29 de junio; es decir, después del pago de la segunda quincena de este mes, y el  impuesto sobre la renta se rebajará en doceavos. La base para el pago de la zona de menor desarrollo será la última planilla de mayo.

La representante de la APSE, Beatriz Ferreto López, sostuvo una larga discusión, en el seno de la Comisión de Alto Nivel, porque en la primera sesión se guardó silencio sobre el hecho de que estaban enviando telegramas a la gente que no iba a recibir el pago de zona de menor desarrollo.

“Primero se enviaron telegramas bajo la responsabilidad de Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos, y luego cartas, a pocos días de que se pague el incentivo, pero sin que se cumplieran los requisitos de una notificación. Es inaudito que una instancia inferior tome decisiones sin que los jerarcas se enteren, en momentos de una crisis por la falta de pago”, dijo Ferreto López.

En la primera sesión se había acordado que el MEP, en la siguiente reunión, iba a informar con base en qué resolución se pagaría el incentivo.

Pablo Zúñiga, asesor legal de la Ministra de Educación, dijo que están resolviendo 800 oposiciones de las personas a quienes se les informó que no les corresponde el pago del incentivo. En los casos en que no se les aplicó el debido proceso, se les pagará en la quincena siguiente a la resolución.

El MEP se comprometió a convocar a la Comisión Bipartia de Zona de Menor Desarrollo para que empiece a analizar los estudios técnicos de los distritos no incluidos en el informe de Mideplan, donde fueron excluidos 24 distritos e incorporados 26.

Esta Comisión dejó de ser convocada por el entonces ministro de Educación, Leonardo Garnier Rímolo, desde hace casi dos años.

En 5 de mayo del 2014, tras el criterio solicitado por la Auditoría Interna del MEP, la Procuraduría General de la República resolvió que la Comisión Bipartita de Zona de Menor Desarrollo está a derecho, previo estudio técnico, para incluir distritos.

Beatriz Ferreto indicó que la fórmula para el pago a los trabajadores de los equipos itinerantes no les llegó. Al respecto, el MEP prometió hacer la notificación en agosto para que reciban el pago en noviembre.

*Coletillas.El MEP informó de que a finales de esta semana estarán listas los desgloses salariales del próximo pago, y el 15 de julio saldrán las coletillas de los pagos atrasados. Para futuros pagos, se entregarán automáticamente, para lo cual pidió a los trabajadores activar el correo electrónico.*

El Ministerio de Hacienda y**la Tesorería Nacional se comprometieron a entregar un informe sobre las deducciones salariales y la forma de aplicar el impuesto sobre la renta.

La Comisión Bipartita sesionará el viernes 27 de junio a las 9 a.m., y entre los puntos de la agenda están la calentarización de temas importantes para los trabajadores de la educación y el informe de la Comisión Verificadora de pagos salariales.

Distritos recomendados por la Comisión de Zona de Menor Desarrollo que recibirán el pago del incentivo

San José

San Pablo

San Pedro

Carara

San Juan de Dios

Los Guido

Aserrí

Salitrillos

San Antonio

Concepción

Alajuela

San Antonio

San Isidro

Sabanilla

Desamparados

Tambor

San Isidro

Sabana Redonda

Cartago

Carmen

Aguacaliente

Santiago

Orosi

Cachí

Santa Lucía

San Diego

Concepción

Dulce Nombre

Río Azul

Potrero Cerrado

Santa Rosa

Patio de Agua

San Isidro**

Guanacaste

Líbano

Carmona

Aclaración acerca de la denuncia del nombramiento de la clase de puesto de Asesor Nacional de Filosofía

ACLARACIÓN ACERCA DE LA DENUNCIA DEL NOMBRAMIENTO DE LA CLASE DE PUESTO DE ASESOR NACIONAL DE FILOSOFÍA

Luego de efectuada la denuncia que se dio a conocer a varios medios de la prensa, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la persona que se mencionó en el escrito presentado al MEP, que ostenta la clase de puesto de Asesor Nacional de Educación, debido a que se le aplicó  reasignación de su puesto,  e inclusive pudimos observar la documentación que nos adjuntó, sobre la idoneidad que ostenta para el puesto, entre otras.

Desde esa perspectiva, debemos aclarar que nunca se ha cuestionado sobre la idoneidad de la servidora, ni se ha tratado de decir que ella ha incurrido en algún acto de corrupción. Lo que  desde un inicio se ha denunciado es el abandono que los (as) docentes de filosofía han tenido, por no contar durante muchos años con una personas que funja las funciones que realmente se requieren , según el Manual descriptivo de puestos de la Dirección General de Servicio Civil , para la clase de puesto de Asesor Nacional de Filosofía.

Inclusive, la Sra. Yaxinia Díaz Mendoza, Directora General de Recursos Humanos, indica que el código fue utilizado para utilizarlo en  otro puesto (matemáticas), mismo que a la vez tampoco está siendo utilizado para este puesto, sino también, al parecer, fue reasignado.

APSE mantiene la solicitud de que el MEP y la Dirección General de Servicio Civil,  honren el compromiso de sacar a concurso el puesto de Asesor Nacional de Filosofía , para que atienda las necesidades de las personas docentes de la rama de filosofía y en consecuencia , los beneficios sean extensivos al estudiantado a su cargo.

Violentan derechos del trabajador público incapacitado

Violentan derechos del trabajador público incapacitado

Prensa APSE/Marzo 2015

Los profesores Héctor Marín, Marisol Cubero (centro) y Dunnia Guzmán muestran preocupación por el irrespeto a los derechos de la persona que se incapacita por enfermedad.

Desde que se puso en marcha el sistema de pagos Integra 2, a las personas incapacitadas por enfermedad no se les aplica ningún rebajo. ¿Por qué? El 40% del salario que paga el Estado-Patrono durante el periodo de incapacidad por enfermedad está siendo considerado, erróneamente, como un subsidio y no como un salario.

A estas personas no se les están aplicando las deducciones de ley. Están como si no cotizaran para ningún régimen de pensiones ni para la póliza de la Sociedad de Seguros de Vida.

Cuando la persona sufre una enfermedad terminal o crónica puede realizar el trámite de pensión por invalidez, pero si no cuenta con la cantidad de cotizaciones requeridas, aunque la Comisión Calificadora de Invalidez la declare inválida, requisito para pensionarse, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional o el Ministerio de Trabajo, según sea el régimen, no autoriza la pensión. Entonces, la opción sería reponer el tiempo; sin embargo, mucha gente no lo puede hacer debido a la gravedad de su enfermedad. Es decir, se sufre un doble castigo: la enfermedad y trabajar más tiempo.

En el caso de la cuota de la póliza de la Sociedad de Seguros de Viva del Magisterio Nacional, el trabajador tiene que ir a pagarla personalmente porque tampoco se la están deduciendo del 40% del salario que recibe del MEP. La situación es más preocupante cuando el cotizante (por su enfermedad) no puede hacerlo y la familia no tiene ni idea de lo que está sucediendo.

La suspensión de las rebajas de las obligaciones financieras de las personas incapacitadas tiene graves consecuencias, ya que se corre el riesgo de perder casas de habitación y otros patrimonios, y también afecta a los fiadores que son del magisterio.

Desde hace casi un año, se planteó el caso en la Comisión Bipartita de Alto Nivel, y hasta el momento se ha incumplido el acuerdo de que el Poder Ejecutivo eleve una consulta a la Procuraduría General de la República.

Tema de agenda en Comisión Bipartita de Alto Nivel

La APSE advirtió el 9 de julio de 2014 que el cambio abrupto en la naturaleza del subsidio por incapacidad que paga el Estado afecta el monto de las pensiones y el salario escolar.

Si no hay deducción de la cuota de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la persona que lleva varios años o meses incapacitada no se podrá pensionar en el tiempo que le correspondía, con el agravante de que las cuotas de Jupema solo se pueden cancelar por deducción, y no personalmente.

La situación se agrava porque la Caja Costarricense del Seguro Social calcula el pago del subsidio con base en el último salario percibido correspondiente a tres meses antes de la incapacidad, y entre más se prolonga la incapacidad mayor será el grado de afectación económica para el trabajador. Por ejemplo, una persona que está incapacitada desde hace cinco años recibe, en este momento, un subsidio basado en el salario devengado tres meses antes de haberse incapacitado.

También se planteó que el beneficiario de la póliza de la Sociedad de Seguros de Vida perdería el derecho de recibirla si al momento de la muerte del funcionario existe un atraso de tres meses en el pago.

El 30 de julio de 2014, la Comisión Bipartita de Alto Nivel acordó convocar a una comisión de abogados MEP-Magisterio para que elaborara una propuesta tendente a que el pago que realiza el Ministerio de Educación por incapacidad se considere salario y no un subsidio. La ministra Sonia Marta Mora sería la encargada de presentar una consulta a la Procuraduría General de la República sobre el asunto en cuestión.

Los abogados presentaron el informe, con fecha 21 de agosto de 2014; sin embargo, en la sesión de la Comisión Bipartita de Alto Nivel, realizada el 5 de noviembre de ese mismo año, la representación gubernamental no había cumplido con el acuerdo.

Informe jurídico

La comisión de abogados señala en su informe los aspectos jurídicos que fundamentan la posición a favor de que los porcentajes a cargo del Estado-Patrono, durante periodos de incapacidad por enfermedad, deben tener la condición de salario para todo efecto legal, en especial, el rebajo de las deducciones de ley.

Considera que se debe corregir el sistema de pago en vigencia para todas las personas funcionarias adscritas al Régimen de Servicio Civil a la mayor brevedad posible.

Situación actual

La consulta a la Procuraduría de la República debe ir firmada por los ministros de Educación y de Trabajo. En la última sesión de la Comisión Bipartita de Alto Nivel, efectuada el 26 de enero de este año, se informó de que el documento fue enviado al  despacho del ministro de Trabajo, Víctor Morales. No obstante, ha transcurrido más de un mes y no lo ha firmado.

¡APSE en pie de lucha por los derechos del trabajador incapacitado!